Por: Redacción Pares Aunque todos dicen haber leído Cien años de soledad pocos han ido a Aracataca. Lo deslumbrante de este municipio del Magdalena son los contrastes. A la región bananera se suma lo que Gabo en su momento catalogó como la región encantada, un pedazo de la sierra Nevada que la besa y la baña con un río de rocas tan gigantescas y blancas como huevos prehistóricos. Allí está la guerra.   Para los días 3,4 y 5 de diciembre el Consejo Comunitario Jacobo Pérez se tomó conocimiento de amenazas directas contra autoridades étnicas de esta subregión PDET, poniendo en riesgo la vida de estos, así como la inestabilidad organizativa de estos territorios étnicos. Las medidas que se tomaron fue el de suspender estas actividades.   Por eso mismo se exige al gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro activar mecanismos de defensa para preservar la vida y los derechos humanos de los líderes de esta subregión PDET y se retirera la necesidad de crear un puente de diálogo con los altos mandos del gobierno. Así lo hizo saber el Mecanismo Especial de Consulta de la Subregión de la Sierra Nevada y Perijá.   Por otro lado la comunidad Barí, en otro lugar mágico como El Carmen, encallado en el Catatumbo con sus casas de adobe y sus calles de piedra, han denunciado la presencia y hostigamiento del frente Camilo Torres del ELN que exigieron que se levantara la mesa de trabajo organizada por la ANT y la organización ÑATUBAIYIBARI. Los líderes de la etnia Barí le están pidiendo al gobierno nacional que se activen los mecanismos de protección contra sus líderes.   La guerra regresa con toda su fuerza a territorios ancestrales. Desde la Sierra Nevada hasta el Catatumbo lo que piden las comunidades es presencia estatal. El abandono ha hecho que estos territorios sean copados, desde hace décadas, por grupos armados irregulares. Desde el pasado 3 de agosto cuando se levantó el cese al fuego con el ELN la guerra regresó con su rostro más terrorífico. Lugares de belleza sobrenatural y riqueza extrema han sido condenados por sus bondades a una guerra sin fin.

Por: Redacción Pares Don Fabio Ochoa Restrepo era un reconocido empresario y ganandero paisa. Era amigo de figuras respetables de la sociedad paisa como Don Alberto Uribe Sierra y de sus hijos, Alvaro y Santiago. Tenía varios dolores de cabeza. Al menos eso decía públicamente. Sus hijos, Juan David, Jorge Luis y Fabio Ochoa Vasquez estaban, a finales de los setenta, pegados a los “mágicos”, así se les llamaba coloquilamente a esos empresarios que de la noche a la mañana, como por un acto de magia, se hacían ricos. Después se les conocería como narcos.   Don Fabio de dientes para afuera parecía ser un tipo correcto. Pero entre casa veía con buenos ojos las nuevas fórmulas de financimiento de sus hijos. Lo que sí le molestaba a él y a todos los nuevos ricos de Medellín es que los forajidos del M-19 los estuvieran extorsionando, secuestrando, a veces matando. La gota que rebozó la copa fue el secuestro de Martha Nieves Ochoa, el 12 de noviembre de 1981. La hija querida de don Fabio. Dos semanas después los Ochoa Vásquez convocan a un congreso de mafiosos. El lugar era el Hotel Intercontinental de Medellín y a este evento asistieron 223 personas. Allí estaba la crema y nata del Cartel, Lehder con su andar acelerado por culpa de la coca, Rodríguez Gacha con sus sombreros y sus diamantes. La idea era hacer una colecta -2 millones por narco- para armar a muchachos, formar ejeércitos personales y darles a todo lo que oliera a guerrilla y comunismo. Según datos de Verdad Abierta se recolectaron 446 millones de pesos de la época que sirvió para formar un ejército de 2.230 hombres.   El lanzamiento no pudo ser más espectacular: durante un clásico América vs Cali una avioneta sobrevoló el estadio Pascual Guerrero. Allí dejó caer cientos de papeles anunciando que nacía el MAS, que eran las siglas de Muerte a Secuestradores. A punta de torturas fueron encontrando nombres como el de Luis Gabriel Bernal Villegas quien fue el responsable del secuestro. En pocos días el MAS detuvo a 25 personas cercanas de Bernal Villegas, incluída su esposa. Antes de que fuera 1982 Martha Nieves Ochoa apareció frente a las instalaciones del diario el Colombiano, atada de pies y manos.   Desde entonces empezó una relación compleja entre los carteles de la mafia y el Cartel de Medellín. Pablo Escobar siempre se declaró “un hombre de izquierda” y admiró golpes como la toma a la Embajada de República Dominicana o el robo de las armas del Cantón Norte, pero dentro de su misma organización Gonzalo Rodríguez Gacha, después de lo que las FARC le hicieron a su producción de cocaína en Tranquilandia, le declaró la guerra hasta el punto de que fue el primer gestor del genocidio de los miembros de la UP.   A mediados de los ochenta estos ejercitos se fueron volviendo más grande y más sofisticados gracias a la llegada al país de mercenarios como el israelita Yahir Klein. En el Magdalena Medio el arbol se ramificaba gracias a Ramón Isaza y Henry Pérez y, después de la caída de Escobar, tomaron las banderas de la lucha antisubversión como excusa para apoderarse de cientos de miles de hectáreas. La casa Castaño y Mancuso, con la ayuda de buena parte de las Fuerzas Armadas, instauraron sus banderas del terror. Pero todo nació por el secuestro de la hermana de Fabio Ochoa, quien acaba de ser liberado y está de vuelta en Colombia.

Por: Redacción Pares El pasado martes 3 de noviembre la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de cinco años de cárcel contra el ex jefe de prensa del Palacio de Nariño en tiempos de Uribe, César Mauricio Velásquez y contra el ex secretario jurídico de Palacio, Edmundo del Castillo. Muchos de ustedes son muy jóvenes y no recuerdan la importancia que tenía este último nombre para el autodenominado presidente eterno. La magistrada Rosa Elena Suárez tomó la decisión de condenarlos por el delito de concierto para delinquir. Así pagaban el plan que les encomendó su jefe en el 2007: desprestigiar las cortes quienes se convirtieron en el palo en la rueda de Uribe en su intento por volverse un autócrata. Para hacer este plan de desprestigio ambos funcionarios abrazaron las chuzadas del DAS y las pusieron a funcionar contra los enemigos del gobierno.   Nos vamos a detener en Edmundo del Castillo por el nivel de importancia que tenía, sobre todo en el segundo periodo presidencial de Uribe. Abogado de la Universidad del Rosario con estudios posteriores en Harvard fue creador en 1995 de su propia buffet, “Del Castillo y asociados”. Llegó al gobierno Uribe por uno de los alfiles más fieles al ex presidente, Alicia Arango. También tenía otra aliada en quien Uribe confiaba plenamente, María del Pilar Hurtado, quien tiempo después terminaría enrredada y de qué forma en el capítulo de las chuzadas del DAS.   El cargo era lo de menos, lo más importante en regimenes tan duros como los de Uribe es estar en el circulo de confianza. Y en el 2006 ya está ahí. Ese circulo lo componían las siguientes personas: José Obdulio Gaviria, máximo ideólogo y defensor del uribismo, el abogado Jaime Lombana, la omnipresente Alicia Arango, Bernardo Moreno y Edmundo del Castillo. El era el puente entre Palacio y los Estados Unidos y su trabajo fue fundamental para extraditar en el 2007 a los 14 jefes paramilitares a los Estados Unidos, en un acto que Mancuso califica como de traición.   Según el magnífico perfil que tiene la Silla Vacía sobre él, justo en el momento en el que tocaba el sol con las manos terminó quemándose, como si fuera un viejo mito griego: “ Cuando ya Del Castillo estaba acomodado, estalló el escándalo de la visita del paramilitar alias ‘Job’. En abril de 2008, Del Castillo y  Cesar Mauricio Velásquez  se reunieron con el paramilitar, presuntamente porque éste tenía pruebas de la relación entre magistrados de la Corte Suprema y narcotraficantes. Del Castillo  quedó en el ojo del huracán , acusado de reunirse para conspirar contra la Corte Suprema puesto que no había mostrado las supuestas pruebas; la Procuraduría y la Fiscalía le abrieron investigaciones en septiembre de ese mismo año, cuando cumplía un año en el Palacio”.   Al poco tiempo, con la salida de José Obdulio del gobierno y de Bernardo Moreno, Edmundo del Castillo se frotó las manos y pensó que nadie podría detenerlo si al lado tenía la frondosa sombra del presidente eterno. Daba por descontado que la presión que estaba ejerciendo con las cortes para aprobar el referendo reeleccionista daría sus frutos. Pero nada de esto sucedería así, la presión sería completamente indebida y, al fina, terminó hundiéndose. Lo que creía iba a ser un mandato que duraría varias décadas terminó en un pinchazo y en lo que el uribismo puro y duro consideró la traición suprema: el cuatrenio de Juan Manuel Santos.   A más de 15 años de estos hechos la justicia, que es lenta pero a veces tiene manos largas, lo ha puesto en cintura. A su muerte política tendrá que sumarle una condena. Este fue otro caso de los uribistas pura sangre que se acercaron tanto al sol que terminaron quemándose.

Por: Oscar A. Chala y Diego Alejandro Pedraza, investigadores de la Línea de Democracia y Gobernabilidad El escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se ha cobrado una nueva cabeza y no es otra que la del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla quien en horas de la tarde del 4 de diciembre presentó formalmente su renuncia a la cartera ministerial por cuenta de la solicitud que horas antes le había hecho el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X. Este desarrollo resulta relevante en el contexto de declaraciones previas del presidente Petro, quien el 3 de diciembre expresó su respaldo al ministro Bonilla, afirmando conocerlo y confiando en su inocencia respecto al caso, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción enfrentados por el gobierno actual. Este evento se enmarca en las consecuencias derivadas del caso de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En las últimas dos semanas, las autoridades judiciales han intensificado sus actuaciones en relación con diversos implicados, mientras el gobierno mantiene una postura reservada frente al tema, y sectores de la ciudadanía expresan un descontento creciente por los hechos revelados. Cronología del caso Fuente: Cablenoticias. El caso de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se hizo público a inicios de este año tras la renuncia de Olmedo López a su cargo como director de la entidad, en medio de un escándalo relacionado con carrotanques destinados al departamento de La Guajira. Sin embargo, en mayo, la situación tomó un giro significativo cuando Olmedo López y el subdirector Sneyder Pinilla buscaron un preacuerdo con la Fiscalía. En este proceso, argumentaron su participación en los hechos, señalando que formaban parte de la estructura involucrada, aunque describieron su rol como secundario dentro del esquema de corrupción en la unidad. En este punto comenzaron a surgir múltiples nombres asociados con el caso, lo que llevó a revelar un esquema de corrupción significativo. Inicialmente, se planteó la posibilidad de que el caso permaneciera sin avances, como ha ocurrido con otros escándalos relacionados con la gestión de recursos públicos y altos funcionarios. Sin embargo, en las últimas semanas el desarrollo del caso ha generado un cambio importante. Por ahora, varios funcionarios, exfuncionarios y congresistas enfrentan investigaciones y procesos judiciales, mientras se espera cómo avanzarán sus declaraciones y estrategias de defensa en un intento por mitigar las consecuencias legales. Sandra Ortiz, Name, Calle y la Comisión de Crédito Público Fuente:  El País, edición América - Colombia. El inicio del caso estuvo marcado por la apertura de una investigación por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra Iván Name y Andrés Calle el 5 de noviembre, como lo reseñamos anteriormente en esta historia . La investigación se centra en las acusaciones realizadas por Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes señalaron a los expresidentes del Congreso como presuntos receptores de 4 mil millones de pesos provenientes de recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Posteriormente, se abrió una investigación formal contra los congresistas Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, además del excongresista Juan Diego Muñoz. Estas personas, integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, fueron señaladas como presuntos beneficiarios de los contratos asignados por la UNGRD, según lo indicamos en esta historia . Luego, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Sandra Ortiz, señalándola como presunta integrante del esquema investigado. Según la imputación, Ortiz habría desempeñado el rol de intermediaria en la transferencia de recursos hacia Iván Name, presuntamente bajo instrucciones de Carlos Ramón González. El objetivo señalado por la imputación era garantizar el apoyo de los congresistas implicados al paquete de reformas presentado por el gobierno nacional. María Alejandra Benavides: el eslabón débil Fuente:  Caracol Radio. Mientras la Corte avanzaba en las investigaciones contra los congresistas y Sandra Ortiz enfrentaba cargos, la Fiscalía dirigió su atención hacia María Alejandra Benavides, asesora del exministro Ricardo Bonilla. En la última semana, su nombre ha ganado relevancia debido a la divulgación de audios que la implican en el caso de corrupción y en los que se menciona a otros funcionarios del gabinete. Según los audios revelados por la Revista Semana y Noticias Caracol , que corresponden al interrogatorio de Benavides, se plantea la posibilidad de que esté buscando un preacuerdo con la Fiscalía. En estos registros, Benavides afirma que las órdenes relacionadas con las irregularidades investigadas fueron emitidas por el exministro Ricardo Bonilla y que los llamados cupos indicativos eran asignados bajo la dirección del exministro de Interior, Luis Fernando Velasco.  En su declaración, María Alejandra Benavides también señaló al senador Julio Chagüi (Partido de la U) como intermediario en negociaciones realizadas en representación de nueve senadores aún no identificados de la Comisión Primera de Senado. Según el testimonio, estas negociaciones tenían como objetivo obtener cupos y beneficios en entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) o el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), a cambio de asegurar votos favorables a iniciativas del gobierno. El testimonio de Benavides también llevó a la vinculación formal de varios congresistas, entre ellos Juan Diego Echavarría (Partido Liberal), Jairo Castellanos (ASI), Efraín Cepeda (Partido Conservador y presidente del Congreso), Juan Carlos Garcés (Partido de la U), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), Liliana Bittar (Partido Conservador), Karina Espinosa (Partido Liberal) y el secretario de la Comisión Tercera del Senado, Rafael Oyola. De acuerdo con su relato, estos legisladores habrían recibido beneficios relacionados con contratos para la ejecución de obras en diversas regiones del país, gestionados a través del INVÍAS y entregados a petición suya. Estos hechos, según Benavides, contaron con el conocimiento y aprobación de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Hasta el momento, el caso se encuentra en una etapa en la que Sandra Ortiz continuará su proceso de imputación el 11 de diciembre. Por su parte, Iván Name y Andrés Calle ya rindieron indagatoria, y se espera un pronunciamiento por parte de la Corte Suprema. Los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público también se encuentran en indagatorias, en las que han optado por acogerse a su derecho al silencio. Paralelamente, la Corte Suprema ha iniciado allanamientos a las oficinas de algunos de ellos, comenzando por la representante de Arauca, Karen Manrique, el 4 de diciembre. Los congresistas recientemente mencionados en el caso han emitido declaraciones públicas en defensa de su inocencia y reputación, mientras que se mantiene la expectativa de que la Corte pueda vincularlos formalmente en cualquier momento. Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco están en proceso de preparación de su defensa ante la Fiscalía, al igual que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ramón González, señalado por Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes lograron un preacuerdo con la Fiscalía en las últimas semanas. Por su parte, María Alejandra Benavides ha señalado públicamente que su seguridad personal está en riesgo. Continúa colaborando con la Fiscalía en su proceso de indagatoria, con la posibilidad de formalizar un preacuerdo para aportar información sobre los hechos. El “martirio” de Bonilla demuestra que su presencia era insostenible para el gobierno Al presidente Gustavo Petro le ha costado casi 3000 caracteres y varios días tomar la decisión de apartar de su cargo a Ricardo Bonilla. A diferencia de las salidas de Luis Fernando Velasco y de Carlos Ramón González, el gobierno retuvo a Bonilla durante la mayor parte de la segunda mitad de 2024, brindándole su entera confianza, a pesar de que poco a poco las acusaciones de López, Pinilla y de varios de los salpicados en el escándalo de la UNGRD le perfilaban con profundos cuestionamientos frente a su rol en el caso. Es un golpe fuerte para el gobierno y así se ha demostrado. Bonilla, quien llegó a reemplazar a Ocampo tras el segundo remezón ministerial de Petro, como consecuencia de la ruptura de la coalición que había construido en 2022, es una figura cercana al presidente y al seno del Progresismo. Exsecretario de Hacienda de Bogotá durante la Alcaldía de Petro, Bonilla hizo parte de varias consultorías con importantes empresas públicas y privadas, lo que le hizo ganar el favor del presidente Juan Manuel Santos, que lo incluyó en la comisión de expertos para su reforma tributaria en su segundo período. De tendencia más conservadora entre sus lecturas keynesianas, terminó llegando al gobierno al haber sido uno de los principales cerebros del plan económico durante la campaña a la presidencia en 2022. Luego, fue asesor en temas económicos para la presidencia, antes de que llegara a reemplazar a Ocampo. Bonilla también fue conservador en el ejercicio de sus funciones, hablando de respetar la regla fiscal, garantizar la sostenibilidad económica del país y mantener el equilibrio macroeconómico en sus límites tradicionales, además de moderar en gran parte los proyectos del gobierno y ser el principal promotor de los ajustes y recortes presupuestales para 2024, llegando a tener fuertes choques con Luis Carlos Reyes, anterior director de la DIAN y hoy ministro de Comercio, frente a las expectativas de recaudo e impuestos en el país. Su salida termina dejando al gobierno sin una de sus principales figuras dentro del sector tecnócrata de su gabinete, al mismo tiempo que termina eliminando a una de las figuras cercanas del presidente respecto a su lectura económica. No obstante, también termina siendo una movida urgente frente a la posibilidad de que el escándalo de la UNGRD termine siendo mucho más grave de lo que se ha revelado. Los costos que tenía para el gobierno mantener a Bonilla se estaban haciendo mucho más caros conforme las revelaciones de Benavides fueron saliendo a la luz y se amplió la matriz de congresistas beneficiarios de contratos dentro del entramado. Tal y como lo reveló en su momento Caracol Radio , ya había acuerdos para que no se discutiera ni se aprobara la Ley de Financiamiento, ni ninguna otra reforma que involucrara al MinHacienda, a menos de que Bonilla renunciara. Esto es importante porque el gobierno aún no ha decretado el presupuesto para 2025 (que se mantiene en el orden de $523 billones de pesos, con un potencial hueco fiscal de entre $12 y más de $26 billones debido a la poca capacidad de recaudo tributario) y está buscando impulsar en el Congreso que un bloque de los partidos independientes dentro de las Comisiones Terceras y Cuartas le voltee los votos, ante la posibilidad de que allí esos mismos congresistas independientes terminen respaldando las mociones para hundir aquel proyecto. Así mismo, la presencia de Bonilla se estaba volviendo complicada para el gobierno, cuya agenda anticorrupción ha salido bastante golpeada con este escándalo. Como lo reseñábamos en esta historia, la mesa anticorrupción que el gobierno lanzó en mayo no ha sesionado ni una sola vez, ni tampoco ha sabido dar respuesta a la crisis generada dentro del gabinete con las revelaciones de presuntos direccionamientos de contratos de varias de las unidades administrativas de la presidencia, según las nuevas revelaciones que han salido en los medios de comunicación. Según informes de W Radio, desde el martes de la semana pasada el ministro Bonilla ya había presentado su renuncia a gustavo Petro, a partir de una lectura jurídica con sus abogados, entendiendo de que el ministro no podía asumir sus labores frente a la agenda económica del país, mientras al tiempo tiene que defenderse en este caso. Asimismo, la W Radio también señaló que la denuncia contra Ricardo Roa y Nicolás Alcócer por presunto favorecimiento de contratos en la Hidroeléctrica de Urrá ya era conocida por la presidencia de la República desde septiembre de 2024, y que también conocían que Ricardo Bonilla tomaría la decisión de enviar esta denuncia anónima a la Fiscalía, debido a que es mandatorio de los funcionarios públicos enviar a los entes de control estas denuncias. El gobierno sigue elaborando su relato alrededor del “lawfare” La respuesta que dio el presidente Petro a las acusaciones contra Ricardo Bonilla se ha enmarcado en un lugar discursivo que se ha vuelto común para el gobierno, sus bases sociales y políticas y sus funcionarios. Por un lado, Petro acusa a los congresistas como los principales culpables de estos escándalos, al señalar que han sido ellos, a través de la entrega de cupos indicativos, quienes han presionado y “chantajeado” a varios de sus funcionarios para obtener contratos y prebendas a cambio de mover la agenda legislativa del gobierno en el Congreso. Este tema de los cupos indicativos siempre ha sido problemático para los diferentes gobiernos en el país, debido a que es una de las principales manifestaciones del clientelismo en el Estado. Aunque los cupos indicativos no son ilegales per se, puesto que son una forma de asignación de recursos del presupuesto nacional que permite a los congresistas dirigir fondos a proyectos específicos en sus regiones, sí tienden a generar potenciales riesgos de corrupción, cuando estos cupos indicativos pueden distorsionar el uso de los recursos públicos, así como pueden redirigirse a proyectos y contratistas específicos, como el caso de la UNGRD lo ha demostrado. Además, porque a la final se ha convertido en una de las formas eficientes con las que los recursos a nivel central llegan a las regiones a través de las partidas presupuestales a través de negociaciones con el ejecutivo, más allá de las negociaciones de recursos para las regiones a través del debate de la Ley de Presupuesto anualmente. Es a partir de esa denuncia del gobierno elabora su teoría de que estos ataques al ministro Bonilla son parte de ese “lawfare” denunciado desde hace un año largo, a los que suma a los grandes medios de comunicación y a los grandes gremios empresariales, y en los que considera que estos “movimientos”, como las denuncias de López, Pinilla y Benavides sobre el caso de la UNGRD, son parte de esa estrategia para sacarlo del poder. A pesar de que ya desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) hemos señalado que esta tesis del “lawfare” es débil y no tiene mayor sustento en la realidad política, y que el gobierno en realidad no está en riesgo, más allá de las disputas fuertes que sostiene con la Rama Legislativa y la Rama Judicial, el gobierno sigue justificando la mayor parte de estos “errores” y acusaciones a través de esta idea. Lo que sí es cierto es que la salida de Bonilla, la potencial salida de Ricardo Roa de la dirección de Ecopetrol y las indagatorias sobre los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público sí pueden terminar horadando aún más la gobernabilidad del presidente, que se había venido recuperando desde mediados de este año, y que le ha costado recuperar más allá de sus bases políticas.

Por: Redacción Pares Una vez arribó a San Andrés el pasado martes 3 de diciembre Ricardo Bonilla, quien aún era la cabeza de la cartera de Hacienda, respondió a los señalamientos que lo salpicaban de lleno en el caso de corrupción de la UNGRD. Tenía que salirle al paso a las declaraciones que le había dado a la fiscalía su ex asesora, María Alejandra Benavides, quien afirmó que el funcionario conocía lo que sucedía en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, esto quiere decir que sabía de un trasteo de contratos con el que se pretendía pagarle a varios congresistas para sacar adelante las reformas que anhela este gobierno.   A su llegada a San Andrés, en donde hacía parte de la comitiva que acompañaba al presidente Petro en una cumbre donde se abordaba el tema de la Transición Energética, el entonces ministro de Hacienda afirmó que ya estaba agarrando el toro por los cuernos y que sacaría adelante su defensa. Ante las acusaciones de Benavides Bonilla fue tajante: "L o que se está diciendo tiene mucho de especulación en términos de que aquí no hay cupos indicativos ni compra de congresistas”.   Pocas horas después de estas declaraciones Bonilla contó con el respaldo del presidente quien, en un largo mensaje en la cuenta de X, respaldó al ministro: “Conozco al profesor Ricardo Bonilla, y lo respeto muchísimo, por su profundidad intelectual como economista de verdad, comprometido con las necesidades de su pueblo”.   Pero en un sólo día cambió todo. En un sorpresivo mensaje publicado en su cuenta de X el presidente le pidió la cabeza a su ministro explícitamente, por el caso de corrupción en la UNGRD. Eso sí explicó una vez más que duda que sea culpable sino que lo está protegiendo porque a Bonilla “Lo  quieren despedazar por ser leal al programa de Gobierno y quieren derribar inconstitucionalmente ese Gobierno".   En otro largo mensaje el presidente se deshace en elogios con su ministro: "Espero por tanto la renuncia de un gran compañero y profesor honesto, el doctor Ricardo Bonilla, secretario de Hacienda de Bogotá Humana, que la dejó en su mejor momento financiero, y gran ministro de Hacienda, que  sacó a Colombia de la recesión por el sobre endeudamiento que dejó Duque.  Espero su renuncia, no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de gobierno y quieren derribar inconstitucionalmente ese gobierno".   Por este mensaje queda claro que el presidente tuvo que ceder en su intención de dejar a Bonilla en el cargo a pesar de la presión que recibía por parte no sólo de la oposición sino de la opinión pública. Para el analista político Alejandro Chalá de la línea de democracia de Pares “Se le pide la renuncia a Bonilla porque es insostenible su defensa. Creo que las declaraciones de Benavides dejan mal parado al ministro y lo dejan en un rol dificil de sostener, el gobierno sabe que empezarán las diligencias de los organismos de control sobre este tema y es muy complejo que uno de sus grandes funcionarios resulte salpicado”. Bonilla no es el primer funcionario de rango que ha salido mencionado en el mega escándalo de la UNGRD, Carlos Rámón González y Luis Fernando Velasco han salido, es imposible negarlo, por haber sido mencionados por Olmedo López y Sneyder Pinilla.   “La renuncia de Bonilla es la forma que tiene el presidente para terminar cediendo y es que esto puede tener un costo para la gobernabilidad y para las relaciones con el congreso, relaciones que quedan en vilo, por lo menos de acá al 2025, porque hay una gran cantidad de congresistas salpicados y hay que ponerles la lupa para saber que tan profunda fue la relación con la UNGRD” Apuntó Chalá.   En caso de que se compruebe de que estos congresistas les ofrecieron contratos frente a entes del Estado como la UNGRD generaría una crisis mucho más fuerte entre el gobierno y la relación con el congreso.   En síntesis, a Petro, muy a su pesar, no le quedó de otra que pedirle la cabeza a uno de sus ministros más cercanos.

Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista. La película Estimados Señores  cuenta la historia de la lucha dada para lograr voto femenino en Colombia, y también evidencia lo absurdo de los argumentos utilizados para negarnos a las mujeres nuestros derechos políticos. Es importante recordar que las mujeres en Colombia obtuvimos el derecho al voto hace apenas 70 años, en 1954. Para verlo en perspectiva, el primer país en el mundo en reconocer el sufragio femenino fue Nueva Zelanda en 1893, más de seis décadas antes. Y los primeros países latinoamericanos fueron Brasil y Uruguay en 1932. Entonces en la película, a través de diálogos cuidadosamente elaborados y situaciones que producen profunda indignación, se expone cómo las mujeres de aquella época enfrentaron no solo la oposición política, sino también los prejuicios que nos calificaban como incapaces de habitar la vida pública. Además de ser un homenaje a las sufragistas colombianas, creo que esta producción nos permite reflexionar sobre las formas cómo aún debemos enfrentar muchas de estas ideas, en las que se sustentan algunas de las violencias que vivimos en los espacios de poder. La película tiene una narrativa emotiva donde la directora logra trasladarnos a la época, mientras expone las luchas personales y colectivas de las protagonistas, mostrando el potencial del cine nacional como herramienta para contar nuestras propias historias. Siendo esta película un escenario para pensar en la exclusión a la que nos vemos sometidas las mujeres, pero también a celebrar los avances logrados, además de ser una oportunidad para apoyar el talento local. De hecho, cuando tuve la oportunidad de verla hace algunas semanas en el marco del Festival Internacional de Cine de Cali, logré escuchar a la directora, Patricia Castañeda, quién compartió su experiencia sobre cómo combinó investigación histórica con permitirse sus propias licencias narrativas para recrear los discursos que reflejan el poder de las mujeres de esa historia, pero lo que más me gustó fue la forma tan refinada que utiliza para ridiculizar los argumentos que se usaron por los hombres para excluirnos de la política. Ir a ver Estimados Señores no es solo ver una película como acto de entretenimiento, es un acto político, en tanto el cine sigue siendo un territorio dominado por hombres. Según el estudio  de la Universidad del Sur de California, en 2022 apenas el 34,6% de los papeles con diálogos en las películas más populares eran femeninos, una cifra que apenas ha cambiado desde 2008 que era del 32,8%. Esta película es para ir a ver entre mujeres, pero también pues ser especialmente relevante para los hombres. Patricia Castañeda muestra de una forma muy detallada la violencia política que históricamente hemos enfrentado mientras se nos ha negado nuestra participación en la vida pública, situaciones que aún persisten en muchas discusiones actuales y que la película permite interpelar directamente a los hombres sobre su rol en profundizar o transformar estas dinámicas. Estimados Señores vayan a cine, apoyen el talento colombiano.

Por: Redacción Pares En el próximo informe de la fundación Paz y Reconciliación se abordará como los grupos armados están interesados en operar desde las ciudades colombianas. Ya no le temen, por lo menos, a actuar con descaro desde Bogotá. En el informe se habla, no sólo de las intenciones del Clan del Golfo o el ELN de dejar que operen sus células urbanas sino de varias oficinas de sicarios, una de ellas la oficina del San Andresito de la 38 que es un residuo de lo que alguna vez se conoció como el Bloque Capital, liderado por el narcotraficante Miguel Arroyave y Mi Sangre, quienes mantenían vigentes y altas las cuotas cobradas a comerciantes de San Andresito. Desde hace dos décadas esta oficina actúa de manera independiente asociado con otro grupos criminal conocido como los Triana. Ahora, lejos de ser desmantelados, están más fuertes que nunca.   Aprovechamos el nuevo informe para recordar uno de los momentos en donde las AUC demostraron que podían golpear desde la capital y que tenían además poderosos políticos que podrían respaldar esta iniciativa. Según declaraciones libres que ha dado Salvatore Mancuso desde el 2007, Francisco Santos, reconocida figura política y social bogotana, sostuvo, desde 1997, varias reuniones con la cúpula de los paras. Estas se habrían hecho en Tierralta Córdoba y contó con la presencia del capo máximo de las AUC, Carlos Castaño. Incluso hubo otra reunión en donde Santos se mostró ladino y les comentó a los comandantes lo mucho que admiraba el accionar de los paras. En esa versión libre Mancuso dijo lo siguiente: “Santos alabó el modelo que le expusimos, de cómo funcionábamos en Córdoba, y nos manifestó (…) por qué las autodefensas algún día pudiera replicar ese modelo en Bogotá, pues se veía con preocupación en los círculos capitalinos el avance de la guerrilla”   Acá necesitamos un poco de contexto. Era 1997 y el país pasaba por uno de sus reconocidos periodos de zozobra. El gobierno Samper, salpicado por el escándalo del proceso 8000 había perdido legitimidad. Las guerrillas se hacían fuerte, sobre todo las FARC y su influencia ya era notoria en el páramo de Sumapaz. Así que Pachito Santos, preocupado por esto escribió una columna en El Tiempo -que ha sido citada varias veces en las audiencias libres por Mancuso- titulado Proyecto Contrainsurgente en donde decía, sin pena, que se necesitaba un bloque paramilitar en la capital del país: “La verdad, el país hoy se enfrenta a un movimiento político – militar con arraigo en distintas clases sociales incluso en las populares y que surge del vacío que dejó el Estado ante la ineficacia de sus Fuerzas Armadas y los abusos de la guerrilla contra la población civil. No nos equivoquemos. Aquí hay una nueva organización que si bien tuvo en su momento nexos en muchos casos más de complacencia y de voltear la cara que de ayuda efectiva con las Fuerzas Armadas, la semana pasada declaró su independencia al reivindicar la liberación de un secuestrado y la muerte de siete guerrilleros”.   Santos ha sido exonerado de cualquier señalamiento judicial sobre la creación del Bloque Capital e incluso no negó esas dos reuniones con los jefes paramilitares pero alega que lo hizo sólo con un interés periodísitico.   Lo que si sabe es que Carlos Castaño montó su bloque Capital gracias a la fusión de estas bandas: una que controlaba la Cárcel Modelo, otra la de Ciudad Bolívar, una en Kennedy, otra en Usme y la ya señalada banda de San Andresito de la 38 que se convirtió más bien en una suerte de oficina de sicarios controlado por Mario Arroyave.   De esta última sabemos que sigue existiendo. Otros grupos que disputan a la Oficina de San Andresito de la 38 el control del microtráfico y la extorsión en Bogotá son Los Paisas, Los Boyacos y Los Camilos. En los próximos días saldrá el último inventario de bandas criminales en Colombia en donde el dato es más que preocupante: los grupos armados se están trasteando a las grandes ciudades de Colombia, acá le explicaremos el por qué de esta decisión.

Por: Redacción Pares Analistas coinciden en que al presidente Gustavo Petro no le quedó otra opción que despedir a su ministro Ricardo Bonilla a pesar de que hasta el último día afirmó que no lo tocaría. El peso de la opinión pública y la inminencia de una investigación, fueron suficientes argumentos para convencer al jefe de Estado que el camino lo llevaría definitivamente a pedir su cabeza. Las declaraciones de la ex asesora Benavides en donde dejaba claro que el ministro sabía sobre las movidas que supuestamente se iban a hacer para trastear contratos de la UNGRD a congresistas que estuvieran a favor de las reformas de Petro en el Congreso, fueron determinantes para que el pasado miércoles 4 de diciembre Petro tomara una decisión que él no quería tomar.   En San Andrés, el pasado martes 3 de diciembre, hubo una reunión en donde el ministro y el presidente en donde la conclusión básicamente fue pedirle la cabeza a Bonilla. La situación se habría agravado aún más por una denuncia que hizo en los últimos días contra Nicolás Alcocer -hijo de la primera dama- y Ricardo Roa sobre una posible injerencia de ambos en la hidroeléctrica de Urrá a pesar de que sobre ambos pesa un conflicto de intereses.   En recientes declaraciones Bonilla afirmó que el presidente Petro siempre supo de sus acciones, que jamás actuó a sus espaldas: “ El presidente siempre estuvo enterado de mis accione s y deberes como funcionario público, y  mi renuncia estuvo sobre la mesa , pendiente solo de fecha, y ayer fue concertada en San Andrés”.   Dejó entrever que nunca estuvo interesado en atornillarse en el cargo, se declaró inocente y remató su declaración diciendo lo siguiente: “confiado en convencer a mis investigadores que no compré silencios, ni votos de congresistas , ni grupos indicativos, y mucho menos cometí delitos. La defensa que asumo con mi equipo jurídico está soportada en la verdad y la transparencia, como todos los actos de mi vida académica y pública”   Desde que se desató, gracias a una investigación de la periodista Paola Herera de W Radio, el escándalo de la UNGRD el gobierno ha venido pagando un alto costo político reflejado en la salida de funcionarios clave cercanos al presidente como Carlos Ramón González, el ex ministro del interior Luis Fernando Velasco y ahora el ministro Bonilla. Horas después de que se confirmara la salida de Bonilla de la cartera el gobierno anunciaba la llegada de Diego Guevara para que se pusiera al frente del ministerio. El doctor Guevara es el actual viceministro y conoce a fondo los procesos que han tenido. Este será uno de los ministerios claves en el 2025 ya que tendrá que pasar ante el Congreso una Reforma Tributaria que el país necesita con urgencia debido a sus números en rojo.

Por: Redacción Pares Un día después de la renuncia de César Lorduy a la presidencia del Consejo Nacional Electoral, la Sala Plena de la Corporación escogió a Alvaro Hernán Prada como el nuevo presidente del CNE este miércoles 4 de diciembre. Prada fue quien lideró la investigación contra la campaña Petro Presidente por violación de topes de campaña. El vicepresidente del CNE será un miembro de la Alianza Verde, Cristian Ricardo Quiroz.   Prada se hizo en la política a la sombra de Alvaro Uribe Vélez. Vamos a dar un repaso de su carrera que es la historia de un uribista pura sangre y de alguien que ha tenido encontronazos directos con quien es hoy presidente de Colombia.   Álvaro Hernán Prada tenía una fijación hasta hace muy poco contra Gustavo Petro en lo que antes se llamaba Twitter. El abogado del hoy presidente, Miguel Ángel del Río, recopiló una serie de publicaciones en esa red social en donde existe la evidencia de una animadversión del magistrado del CNE contra el líder del Pacto Histórico. En febrero del 2018 Prada publicó un trino en donde afirmaba lo siguiente: “Las FARC han manifestado, al igual que sus amigos Cepeda, Petro y Gustavo Bolívar, que su principal objetivo es meter preso a Uribe. Santos se presta, como el traidor que es”.   Un año atrás, en el 2017, ante la decisión del Concejo de Estado anuló la decisión de la Procuraduría que había inhabilitado a Gustavo Petro para aspirar a cargos públicos. La respuesta de Prada fue de barra brava “Magistrados al servicio del comunismo, velan por dar derechos a una izquierda recalcitrante y corrupta”. Su admiración desbordada por Uribe incluso casi lo lleva a la cárcel y lo tiene investigado por la Corte Suprema.   Una serie de acontecimientos llevó al ex congresista Álvaro Hernán Prada a ser magistrado del Consejo Nacional Electoral en agosto del 2022. Cuando fue anunciado el nombramiento lo primero que salió a la palestra pública fue que no tenía los pergaminos para serlo. En su hoja de vida se comprobó que no había cotizado salud y pensión durante 16 meses. Además, como lo denuncia La Silla Vacía “Esta inconsistencia en la hoja de vida de Prada se suma al hecho de que solo logró superar los 15 años de experiencia requeridos incluyendo como su experiencia profesional más larga la de haber sido representante legal de un centro deportivo (gimnasio-spa) en Neiva, del que él y su mamá eran accionistas”.   Pero esto sólo era la punta del iceberg. Álvaro Hernán Prada estaba investigado por complicidad con Álvaro Uribe por manipulación de testigos. En el momento en el que fue elegido como Magistrado del Consejo Nacional Electoral ya se había expedido una resolución de acusación por parte de la Sala Pena de la Corte Suprema de Justicia por haber sido cómplice de compra y manipulación de testigos del expresidente Álvaro Uribe, en el entramado con el que quisieron enlodar a Iván Cepeda, el senador que acusó al expresidente de haber creado en su finca Las Guacharacas.   La sala de la CSJ tiene pruebas que Prada buscó a un conocido suyo Carlos Eduardo López, mejor conocido como Caliche, para que fuera el puente con el principal testigo del caso Uribe-creación del Bloque Metro de las AUC, Juan Guillermo Monsalve. Hay mensajes vía wasap escritos los días 21 y 22 de febrero en donde López Callejas le dice a su amigo Monsalve que lo estaba buscando el entonces representante a la cámara Prada para, según reveló en su momento el portal Cuestión Pública “que por su intermedio consiguiera que Monsalve Pineda grabara un video, retractándose de las declaraciones que ha venido realizando en los procesos que se adelantan contra Álvaro Uribe y su hermano”. A cambio de esto recibiría beneficios judiciales tales como: presentar una acción de revisión a la condena que paga en prisión, sin costo alguno, además de gestionar beneficios carcelarios. Monsalve, quien no quería meterse en otro problema, rechazó esta propuesta.   La Corte pudo probar que Caliche había actuado como emisario de Prada y no de Monsalve como quiso demostrar, en vano, la defensa del expresidente Uribe. La estrategia montada por el abogado Cadena -quien fue condenado por este hecho- apuntaba a demostrar que el senador Iván Cepeda había intentado sobornar a testigos para incriminar a Uribe en la supuesta creación de un grupo paramilitar en su hacienda Las Guacharacas. Prada, ante la investigación, renunció a su curul para no ser investigado por la Corte y su caso pasara a la Fiscalía. En ese momento el fiscal era Francisco Barbosa así que Prada se sentía jugando de local   El presidente, sobre el mediodía de este 4 de diciembre, se quejó de esta designación a través de la red social X y afirmó “han escogido a mi perseguidor; adelantan golpe de estado”. Sobre la investigación del CNE el abogado del presidente, Héctor Carvajal, afirmó lo siguiente:   “La postura de la defensa sigue intacta, a pesar de los esfuerzos de los magistrados del Consejo Nacional Electoral de apegarse a los incisos que interpretan aisladamente, para eludir su sentido integral y sistemático; así como de las decisiones administrativas de la Sala de Consulta y Servicio Civil, que utilizan como andamiaje para ocultar lo inocultable, como lo constituye la fuerza vinculante de la Constitución Nacional y de las sentencias de unificación de la Corte Constitucional; así como aquellas que han amparado al primer mandatario del abuso de entidades de naturaleza administrativa, inclusive en el ámbito internacional, como son las medidas cautelares”   Lo único sobre lo que se tiene certeza es que es una pésima noticia para el presidente esta designación.

Por: Redacción Pares Foto Fuente: Noticiero Noticias del Medio Día Información de Primera Un ambiente de temor y zozobra se siente en las diferentes calles de las comunas 10 y 12 del Distrito de Buenaventura, luego de los últimos hechos de violencia que tienen sumergida a la ciudadanía en general en la más profunda preocupación e incertidumbre sobre lo que va a pasar en los últimos días que le quedan a este año 2024. En palabras del obispo de Buenaventura, explicó en algunos medios de comunicación local, que la tregua que cesaba el 5 de noviembre pasado, se prolongó otros dos meses más.  No obstante, los últimos homicidios presentados en el mes de noviembre y las balaceras a cualquier hora del día y de la noche en estas dos comunas, dicen lo contrario, la gente no cree en la supuesta tregua, por el contrario, día a día se ven los camiones de acarreos llevando los trasteos de las personas que por el miedo abandonan sus casas, abandonan a sus vecinos, abandonan sus sueños, abandonas sus proyectos de vida, para marcharse con un objetivo fijo, salvarse de quedar en medio del fuego cruzado. Dicen algunas personas: “da tristeza ver que cada día se van más personas, nos estamos quedando solos, uno sale a la calle y mira para adelante o para atrás y todo es soledad, todo el mundo cierra sus puertas, toda esta violencia nos está acabando, están acabando con nuestras tradiciones, están acabando con nuestros jóvenes, están acabando con las familias, están acabando con el comercio, están acabando con la tranquilidad de la gente, mejor dicho, están acabando con todo. Nos estamos destruyendo a nosotros mismos, los muchachos se están matando entre ellos mismos y nadie sabe en beneficio de quién”. El mes de noviembre cerró con siete (7) personas asesinadas y aunque las autoridades continúan desarrollando diferentes acciones para evitar que sigan ocurriendo estos hechos, estos esfuerzos no parecen suficientes, por lo que desde diversos sectores se hace un llamado al gobierno nacional y en especial al consejero comisionado de paz José Otty Patiño Hormaza, pues, es apremiante que se den las garantías jurídicas para materializar la paz urbana en el Distrito de Buenaventura.

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad Fuente:  Cerosetenta, UniAndes. Con 274 votos a favor y sin ningún voto en contra, el MAIS, partido de origen indígena, aprobó la salida de los congresistas María José Pizarro, David Racero y Heráclito Landinez de su partido y la escisión de su bloque.  Esta decisión, junto con la aprobación del proyecto de unidad dentro de la Unión Patriótica y —de manera accidentada— dentro de la Colombia Humana, van poniendo un par de ladrillos más en el objetivo del gobierno de Gustavo Petro de consolidar un partido nuevo de unidad que recoja a los partidos dentro de la coalición del Pacto Histórico, con la que aspiran a repetir y superar el triunfo electoral que obtuvieron en las elecciones legislativas de 2022. Sin embargo, la salida de Pizarro, Racero y Landinez no estuvo exenta de ruidos dentro de su partido, desde donde señalaron que no entregarían su personería jurídica casi desde principios de 2024, cuando la idea de la unidad tomó fuerza, posterior a los pobres resultados del Pacto Histórico y de sus partidos en las elecciones regionales de 2023. Con la escisión del MAIS, queda por ver si el Polo Democrático Alternativo, el segundo partido de centroizquierda con mayor peso legislativo, decide por la unificación. Aunque sus directivas aprobaron el proyecto, están a la espera de que sus bases ratifiquen la decisión en un Congreso Nacional que fue aplazado indefinidamente , luego de que su dirección colegiada nacional electa tras la salida de Alexander López fuera impugnada por el Consejo Nacional Electoral. Hasta ese momento, el proyecto de unificación sigue avanzando, lentamente, esperando concretarse con miras hacia 2026, donde esperan tener suficiente fuerza y peso para imponerse en una futura consulta de centroizquierda frente a los candidatos que vengan del santismo, del centro que apoya al gobierno y de otros candidatos independientes. El que mucho abarca, poco aprieta Fuente:  Cerosetenta, UniAndes. En esta historia contábamos que la pretensión futura del Pacto Histórico estaba en el proyecto de unificación de esta coalición de partidos en una sola personería jurídica, tanto para competir en las elecciones legislativas como presidenciales de 2026. De esa pretensión, quedó que los 3 grandes partidos de centroizquierda e izquierda en Colombia (Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica, Colombia Humana) tenderían eventualmente a consolidar esta unión, a través de diferentes reuniones y asambleas, cuya finalidad era buscar la legitimación de este proceso ante las bases. No obstante, y a pesar de que las directivas de la Unión Patriótica por su lado y el Polo Democrático por el otro dieron luz verde para iniciar esta fusión, las tensiones internas alrededor de este proyecto han tendido a salir a la luz en los últimos meses. Inicialmente, en la Asamblea de la Colombia Humana , que terminó eligiendo a la congresista Gloria Flórez como su presidente, y que terminó con una fuerte disputa interna entre varios sectores de las bases del partido, que denunciaron que la mesa directiva fue cooptada por el llamado “bloque de congresistas” que terminaron pasando por encima de las decisiones de estas bases. Junto a ello, también ha existido un bloque dentro del Polo Democrático que ha señalado que no se puede perder la experiencia de organización y consolidación de diferentes sectores gremiales y sociales dentro del partido en un proceso de fusión en el que pueden terminar en condición de desigualdad frente a la Colombia Humana. Sumado a lo anterior, están los partidos de índole minoritario que reflejan intereses sectoriales de grupos indígenas y afro, que no quieren perder su personería porque sienten que deben conservar su representatividad y sus agendas propias, ante una agenda mucho más diluida en lo nacional, como la del proyectado Pacto Histórico. En este punto hay que observar la posición que tomó el partido MAIS desde inicios de este año para conservar su personería y buscar otras alternativas que permitieran su supervivencia como partido dentro del bloque de gobierno. En este sentido, han enarbolado la propuesta de lanzar sus listas propias al Congreso, y conformar un bloque de alianzas para las presidenciales. Esta estrategia ha sido la que más ha tomado fuerza dentro de la coalición, y ha llevado a que movimientos como Fuerza Ciudadana, Fuerza de la Paz y el partido ADA se hayan bajado del bus de la unificación, lo que ha terminado reduciendo la pretensión inicial del Pacto Histórico de convertirse en la principal fuerza de confluencia de las izquierdas y del progresismo en Colombia. ¿Existe una crisis de representación en el seno de la izquierda y de los progresismos? Fuente:  El Espectador. Esta fragmentación de los bloques de izquierda y centroizquierda ha sido un factor constante en la historia del país desde que estos partidos emergieron en la postrimería de la hegemonía conservadora. De hecho, han tendido a unirse y separarse casi de manera cíclica, respondiendo a los factores políticos, sociales y económicos de su tiempo. Todo esto, atravesado por la inclinación de un sector de las militancias por la lucha armada, y por los intentos de consolidar un proyecto político institucional que nunca termina de consolidarse. En ese sentido, proyectos como la Unión Nacional de Oposición (UNO) o el mismo Polo Democrático Alternativo en 2005 demuestran que estos bloques tienden a buscar unirse en momentos donde existe la necesidad política de hacerlo. En el caso de la UNO, ante el desmonte del Frente Nacional y la consolidación de una opción política amplia de izquierdas, y en el caso del Polo, ante la emergencia del Uribismo como proyecto político que rompió las lógicas bipartidistas y generaba un bloque político e histórico a su alrededor. Sin embargo, la desconfianza mutua y la competencia interna entre liderazgos y programas políticos ha terminado por fulminar estos intentos de unificación. En parte, porque han tendido a personalizar las disputas internas de tendencia más ideológica que conlleva al choque de estos liderazgos, y por el otro lado, porque ha tendido a priorizarse la identidad propia de estos sectores políticos que en la unidad táctica, especialmente ante su autonomía histórica y sus luchas previas. En ese marco es posible entender que parte de la disgregación del Polo Democrático, por ejemplo, se manifestó en los roces posteriores entre Carlos Gaviria y Gustavo Petro ante la búsqueda de un candidato a la presidencia en 2010, así como los choques entre Jorge Enrique Robledo y la dirigencia del Partido Comunista que terminaron con la expulsión del último en septiembre de 2013, y que emergieron en estos choques entre liderazgos internos. Por ende, la falta de unidad discursiva ha tendido a canalizarse en estas disputas entre los liderazgos. Además, existe cierta falta de unidad discursiva entre las demandas populares y los liderazgos dentro del progresismo. En cierto modo, algunos de estos liderazgos han intentado reducir la mayoría del discurso de los movimientos sociales al Plan Nacional de Desarrollo, así como han reducido la capacidad de autocrítica sobre los fallos del gobierno, lo que ha llevado a rencillas internas, especialmente entre congresistas, líderes de opinión de redes sociales y funcionarios. Los retos para la consolidación de un Pacto Histórico mucho más disminuido Fuente:  El País, Cali. Con el proceso electoral de 2026 asomándose, es claro que el proyecto de un bloque unificado de izquierda progresista masivo se va decantando  conforme las tensiones internas dentro de cada partido se resuelven a través de escisiones, fracturas y choques entre los diferentes bloques que componen a estas agrupaciones políticas. La Colombia Humana, el centro de este proyecto y el partido con mayor proyección de crecimiento posterior al triunfo electoral legislativo y presidencial del progresismo en 2022, sigue siendo el principal ejemplo de esta ruptura interna dentro de las bases. Desde que su Asamblea Nacional eligió nuevas directivas el 17 y 18 de agosto de 2024, ha estado en una crisis interna constante entre los nuevos cargos directivos electos (que sus detractores llaman “los congresistas”) y las bases que no aceptan esta mesa, y que consideran que la votación estuvo viciada. Tras la salida de más de 18 militantes el 21 de octubre de 2024, han surgido nuevas voces desde las bases que ha estado pidiendo que se mantenga la independencia del partido, al considerar que su integración dentro del Pacto Histórico podría llevar a la pérdida de una personería jurídica que se disputó durante años y que se había convertido en el objetivo de parte de la militancia. No obstante, tanto Eduardo Noriega, quien es uno de los enlaces del partido con el proyecto del Pacto Histórico, como Gloria Flórez, la recién nombrada presidenta de la colectividad, han indicado que estos sectores son minoritarios y marginales dentro de la pluralidad de bases y que han buscado desde el principio “torpedear” los procesos de organización interna del partido, como lo señalaron en este artículo publicado en El Espectador . Como hemos contado desde la Fundación Paz & Reconciliación en esta  y esta historia , las disputas dentro de las bases son importantes porque pueden volverse un obstáculo frente al proyecto de unificación futuro, más cuando la Asamblea Nacional del partido no ha terminado formalmente y durante los meses subsiguientes ha seguido sesionando de manera intermitente, esperando a que este mes de diciembre vuelva a reunirse para ratificar varias decisiones importantes, como el nuevo organigrama de la Colombia Humana (que se espera que sea el que se implemente en el Pacto Histórico en el futuro) y la elección de la nueva mesa directiva. Esta competencia interna por el monopolio de la representación tanto de la Colombia Humana como dentro del bloque de partidos del Pacto Histórico será fundamental, pues ante un escenario de nula coexistencia, el partido podría tender a romperse en el futuro entre sus facciones, más cuando no existe uniformidad ideológica ni disciplina interna que articule a los proyectos políticos diferenciados en un elemento común. También los choques internos entre las bases y las directivas, como el que ocurre dentro de la Colombia Humana y como el que recientemente sucedió dentro del MAIS entre los sectores que buscaban la unificación y los que querían mantener la independencia, se convierte en otro importante reto para la unificación. El riesgo radica en que, si no existe contención ni diálogo interno para mantener unidas a las bases, su descontento puede crecer, más si las mismas comienzan a sentir que existen fuertes disonancias y diferencias entre ellas. Esto ocurre en la Colombia Humana y fue narrado en El Espectador , entre las decisiones que se toman en Bogotá y las decisiones de las bases a nivel regional y territorial, donde en muchos casos no existe ni articulación, ni acompañamiento ni negociación frente a lo que deciden las directivas. Esto también ocurrió en la conformación de las listas municipales y departamentales a consejos y asambleas, así como en la elección de candidatos a las Alcaldías o la consolidación de alianzas con otros partidos en las elecciones de 2023. Con ello, el nuevo partido tendrá también que luchar con la acumulación de capital político y simbólico a través de la inclusión y la participación de estas bases con miras a 2026, especialmente tendiendo a buscar el apoyo de los sectores sociales que se han desprendido del mismo desde 2022, y que se puede rastrear en las cifras de aprobación del presidente en los últimos meses. Aunque, según la encuesta Invamer para el mes de noviembre de 2024 , la aprobación del presidente Petro está sobre el 35,7% y ha tenido un ligero repunte ( en el ponderador de La Silla Vacía se encuentra en 39%), es verdad que frente al porcentaje que obtuvo en la primera vuelta presidencial de 2022, ha bajo más del 5% de apoyo. Según la encuesta, esta pérdida está principalmente en las zonas urbanas del país, donde la aprobación llegó en noviembre de 2024 hasta el 34,9%. Hasta el momento, siguen existiendo esfuerzos por parte de los congresistas que están impulsando la unificación, de seguir construyendo las condiciones para que el próximo año el partido pueda emerger oficialmente. No obstante, las amenazas de ruptura, tensiones y competencias internas siguen poniendo en vilo a un proyecto que aún no termina de consolidarse y que, más allá de los discursos del presidente y de sus círculos de poder más cercanos , no termina de convencer.

Por: Sebastian Solano - Coordinador de la línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil La Universidad de Pamplona, una de las Instituciones de Educación Superior más importantes del Norte de Santander, se encuentra en medio de un escándalo que amenaza con la autonomía universitaria y la gobernanza institucional. Lo que debería ser un proceso transparente y democrático para elegir a su próximo rector se ha convertido en un entramado de irregularidades administrativas, conflictos de interés y violaciones a las normativas internas de la institución. Se espera que hoy miércoles 4 de diciembre, Sea elegido el nuevo rector de la institución, en medio de un escenario poco transparente e ilegitimo para la comunidad educativa.  Con más de 60 años de historia y alrededor de 20.000 estudiantes, la Universidad de Pamplona tiene un impacto significativo en la región, no solo como centro educativo, sino como motor de desarrollo económico y social. Su estructura organizativa se rige por la Ley 30 de 1992 , que garantiza la autonomía universitaria, permitiéndole autogobernarse dentro del marco de la ley. Sin embargo, la autonomía no puede estar desligada del respeto a los principios de democracia, transparencia y justicia, valores que ahora parecen estar en riesgo. Ivaldo Torres, rector desde 2017, fue reelegido en 2020 tras cumplir con una evaluación satisfactoria del Consejo Superior Universitario (CSU), que certificó el cumplimiento del 80% de los objetivos de su plan de gestión, tal como lo exige el Artículo 26 del Estatuto General de la Universidad . Sin embargo, este mismo artículo establece claramente que un rector solo puede ser reelegido una vez. A pesar de esta restricción, Torres busca un tercer mandato, una maniobra que ha generado una ola de denuncias por parte de estudiantes, docentes y otros sectores de la comunidad universitaria.   El historial de Ivaldo Torres La gestión de Torres ha estado marcada por diversos cuestionamientos. Durante sus dos mandatos, su administración ha sido objeto de serias acusaciones legales y éticas. Según documentos oficiales, Torres enfrenta 11 investigaciones en la Contraloría General por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. Estas investigaciones incluyen contratos con sobrecostos y adquisiciones que carecen de justificación transparente. Uno de los casos más recientes es el contrato interadministrativo N.º 1840 de 2022, suscrito entre el Ministerio del Interior y la Universidad de Pamplona por un valor de $151.136 millones, destinado a beneficiar a comunidades indígenas. La Contraloría emitió una advertencia especial  debido a los continuos atrasos en su ejecución, señalando un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos y posible afectación negativa de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública. Por otro lado, se ha denunciado el uso de los recursos públicos de la universidad destinados a la contratación de medios regionales y nacionales para promover su imagen. Estas acciones, que se justificaron como estrategias de comunicación institucional justo en medio del calendario electoral. Entre los contratos más controversiales está el firmado con La Opinión S.A.S., por $14.760.000, destinado a la suscripción de ejemplares impresos y digitales, pero que en la práctica reforzó la proyección pública del rector. A este se suma un acuerdo con Publicaciones Semana S.A., por $67.830.000, que incluyó la producción de artículos y videos que exaltaron los logros de la administración, coincidiendo estratégicamente con el cronograma electoral. La lista continúa con contratos con COMUNICAN S.A. y la Fundación Las Dos Orillas, por montos de $35.700.000 y $14.280.000 respectivamente, enfocados en publicaciones que resaltaron los avances institucionales bajo la dirección de Torres. Si bien formalmente justificados como promoción institucional, estos contratos revelan una preocupante instrumentalización de los medios para fortalecer la candidatura del rector. El gasto de más de $130 millones en publicidad no solo la igualdad de condiciones con las demás candidaturas a la rectoría de la universidad, sino que también representa un abuso de poder que desvía recursos esenciales el bienestar universitario.    Irregularidades en el proceso de elección El proceso de elección del rector para el periodo 2025-2028 en la Universidad de Pamplona ha sido objeto de múltiples denuncias, evidenciando graves irregularidades que han puesto en riesgo los principios de transparencia, equidad y democracia institucional. Una de las irregularidades más significativas es la inclusión del actual rector, Ivaldo Torres, en la lista de candidatos habilitados, a pesar de que el Artículo 26 del Estatuto General  establece claramente que el rector solo puede ser reelegido por un único periodo tras cumplir con una evaluación satisfactoria. Esta habilitación, realizada por la Comisión Verificadora de Requisitos, ha sido ampliamente cuestionada debido a los vínculos administrativos entre sus integrantes y el rector. Según los documentos judiciales y administrativos, dicha comisión estaba compuesta por el secretario general, el director de la Oficina Jurídica y el director de Gestión de Talento Humano, todos ellos subordinados directos de Torres. Esto generó un conflicto de interés evidente, ya que el rector era simultáneamente juez y parte en el proceso. Otro aspecto controversial es la implementación de una consulta no vinculante, incluida de manera irregular en el cronograma electoral. Esta consulta, dirigida a estudiantes, docentes y egresados, no está contemplada en los estatutos de la universidad y ha sido criticada por la falta de garantías de transparencia en la plataforma utilizada. Según las denuncias, la herramienta tecnológica carecía de auditorías externas y presentaba vulnerabilidades que podrían haber facilitado la manipulación de los resultados. Ante las irregularidades, varios candidatos afectados presentaron acciones de tutela argumentando la violación de sus derechos fundamentales, como el debido proceso, la igualdad y el acceso a cargos públicos. Estas acciones buscaban, entre otras cosas, excluir a Torres de la lista de candidatos habilitados y anular la consulta no vinculante. Uno de los casos más destacados fue el presentado por Óscar Fabián Cristancho Fuentes  y César Augusto Parra Méndez , quienes también señalaron que la composición de la Comisión Verificadora y el Consejo Superior Universitario estaba comprometida por conflictos de interés. El Juzgado Segundo Civil Municipal de Pamplona, encargado de resolver estas tutelas, falló en contra de los accionantes, declarando las solicitudes improcedentes. Este fallo generó controversia, ya que la jueza que tomó la decisión tenía una relación laboral previa con la universidad, lo que planteó serias dudas sobre su imparcialidad. La percepción de falta de independencia judicial ha incrementado la frustración de la comunidad universitaria, que considera que el sistema está favoreciendo la continuidad de Torres a pesar de las claras violaciones normativas. Adicionalmente, se han presentado recusaciones contra todos los miembros del Consejo Superior Universitario, máximo órgano encargado de tomar la decisión final en la elección. Estas recusaciones, sustentadas en el principio de imparcialidad, alegan que los consejeros no podían votar por Torres debido a su calidad de subordinados administrativos del rector-candidato. Sin embargo, estas recusaciones fueron rechazadas sin un análisis exhaustivo, lo que incrementó la percepción de parcialidad en el proceso​. El problema se agrava por la actuación de los consejeros, quienes, según las evidencias, se abstuvieron de adoptar posturas claras frente a las recusaciones y las denuncias de irregularidades. En particular, la falta de liderazgo del gobernador de Norte de Santander como representante del Consejo Superior, y de otros integrantes, ha generado un vacío institucional que ha dificultado una resolución objetiva de los conflictos. Esto contrasta con el mandato legal que les exige actuar con imparcialidad y garantizar el cumplimiento estricto de los estatutos universitarios​. La crisis ha movilizado a estudiantes, docentes y egresados, quienes han hecho un llamado urgente para que se restauren los principios democráticos en la universidad. Entre sus principales demandas están la realización de una auditoría independiente que revise todas las etapas del proceso electoral, la eliminación de la consulta no vinculante del cronograma y la exclusión de Torres de la lista de candidatos. Una de las acciones más significativas ha sido la recolección masiva de firmas por parte de estudiantes y docentes. Esta campaña, que comenzó a mediados de 2024, ha logrado reunir 5.000 firmas de la comunidad universitaria y de ciudadanos de Pamplona y sus alrededores con el objetivo de solicitar la exclusión de Ivaldo Torres de la lista de candidatos habilitados. El comité organizador de esta recolección presentó las firmas ante el Consejo Superior Universitario, argumentando que la participación de Torres en el proceso electoral no solo contraviene los estatutos, sino que también mina la confianza en la institución. Además, los promotores señalaron que este tipo de campañas son una forma de ejercer control social y hacer visibles las demandas de una comunidad que exige respeto por las normas y los valores democráticos. Otra acción clave ha sido la conformación de veedurías ciudadanas, integradas por estudiantes, egresados y líderes sociales. Estas veedurías han tenido como propósito monitorear cada etapa del proceso electoral, desde la publicación de las listas de candidatos habilitados hasta la realización de la consulta no vinculante y las sesiones del Consejo Superior Universitario. Estas observaciones han sido incluidas en informes presentados a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de Educación Nacional, buscando que las autoridades tomen medidas correctivas. Sin embargo, el Ministerio de Educación Nacional, como ente encargado de supervisar las universidades públicas, ha permanecido en silencio frente a las denuncias y las pruebas presentadas. La ausencia de un pronunciamiento oficial ha dejado a la comunidad universitaria en un estado de incertidumbre, sin un árbitro externo que garantice la transparencia y la justicia en el proceso. La comunidad universitaria no solo se encuentra a la espera de soluciones inmediatas, sino también reformas estructurales que fortalezcan los mecanismos de control interno y aseguren que los futuros procesos electorales estén libres de irregularidades. Este caso es un reflejo de los desafíos que enfrentan las instituciones públicas en Colombia para mantener la transparencia y la legitimidad en sus procesos internos. Las irregularidades documentadas en este proceso electoral no solo afectan a la universidad, sino que también ponen en riesgo la confianza en el sistema de educación pública en el país. La respuesta a esta crisis será un punto de inflexión para la defensa de la autonomía universitaria y los principios democráticos. La comunidad universitaria y la sociedad en general esperan que se tomen medidas decisivas para garantizar que la educación pública se rija por los valores de justicia, transparencia y participación democrática.