Por: Redacción Pares El pasado 11 de marzo se vivió otro día del juicio que se le sigue al expresidente Alvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos. Esta vez le tocó el turno de dar testimonio a Carlos Eduardo López Callejas, conocido por su alias de “Caliche”. Sin esconderlo este hombre que afirma que se dedica a actividades derivadas del comercio y que sigue con fervor las políticas de Uribe. En el estrado “Caliche” afirmó que viene ayudando a Uribe por iniciativa propia, incluso “por patriotismo” desde el año 2011. Fue él quien hizo todo lo posible por contactarse con la defensa el ex mandatario y por intermedio de un ganadero llamado Rodrigo Vidal Perdomo consiguió contactarse con uno de los alfiles más incondicionales de Uribe, el entonces congresista Alvaro Hernán Prada. Esto sería por el año 2018.   En la audiencia de ayer “Caliche” afirmó que Juan Guillermo Monsalve, considerado testigo estrella en este caso que se sigue contra el expresidente, estaba dispuesto a cambiar su versión si lograba algunos privilegios. Según la declaración de López Callejas, Monsalve le habría dicho “si me pueden meter en la JEP yo me retracto” Esta sería la razón que la habría enviado a Prada. “Caliche” duda que Monsalve haya sido paramilitar, miembro del Bloque Metro. Hay que recordar que el testimonio de Monsalve ha sido fundamental para que cayera sobre el expresidente la acusación de que había formado en la finca de su familia, Las Guacharacas, el Bloque Metro de las AUC. “No creo que sea ningún testigo estrella” afirmó Callejas. Qué testigo estrella, ni qué nada, hombre, aquí ese man no es testigo de nada”.   Después de que se bajó del estrado Callejas, el ex mandatario, acusado de manipulación de testigos, le dijo lo siguiente a la juez: “Yo creo que lo que ha dicho el señor Callejas es muy grave y me parece que la Fiscalía General de la Nación que está presente en este juicio no puede asumir una actitud como que ignorar el tema. A esto hay que prestarle atención. Me dirijo a la señora fiscal que es fiscal para cualquier evento, no solamente para este caso”.   El expresidente además le advirtió a la juez que sigue el caso que supuestamente afuera, en la calle, Monsalve tendría personas que podrían hacerle daño a Callejas, sobre todo después de lo que reveló este 11 de marzo. Por eso pidió expresamente que se garantizara la protección a Callejas de las supuestas represalias que podría asumir contra él Monsalve. El juicio proseguirá este 12 de marzo.

Por: Redacción Pares La restitución de tierras era otro de los objetivos del gobierno de Gustavo Petro. Según Gerardo Vega, ex director de la ANT y cabeza de la ONG Forjando Futuros, el 83% de los casos de despojo de tierra en Colombia los responsables fueron los paramilitares. Muchas de estas tierras fueron recompradas después por grandes empresas nacionales. Pero la idea es devolverle la tierra a los que alguna vez la perdieron.   El pasado 26 de febrero se entregó el predio La Floresta, ubicado en el corregimiento de Torcoroma, en el municipio de San Martín, 399 hectáreas a 36 familias del Cesar. Este predio pertenecía a Juan Francisco Prada, mejor conocido como Juancho Prada, quien fue llamado por el portal Verdad Abierta como “El para invisible” por su bajo perfil, su capacidad probada de mimetizarse. En su prontuario figuran masacres, desplazamientos, desapariciones y asesinatos a políticos y líderes sociales. Se movía en Norte de Santander y Cesar. El fue el jefe paramilitar de las autodefensas campesinas del sur del Cesar. Se le atribuyen 5.370 crímenes de los cuales 4.479 son asesinatos, 565 desapariciones y 434 son desplazamientos. Nació en Galán Santander, en 1953 y es hijo de terratenientes. Su familia fue golpeada por la guerrilla durante las décadas de los setenta y ochenta y como tantos otros paramilitares esta fue la excusa para ser uno de los jefes de la antinsurgencia armada.   Se armó en 1995 con uno de sus primos y pronto sería una de las fichas claves de los hermanos Castaño en su expansión paramilitar. Prada además contó con emisora propia. Creía en el poder de las comunicaciones a la hora de enviar mensajes que sirvieran para poner en contra de la guerrilla a la población y por eso creó la emisora Colombia Libre, en donde los Castaño se desgañitaban con sus discursos.   La entrega de la Floresta a finales de febrero significó el final de una larga lucha de los líderes sociales que buscaban la ansiada restitución. Dos de estos líderes fueron asesinados mientras se hacía el proceso de restitución, se trata de Teófilo Acuña y Jorge Tafur, voceros de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar.   Mientras se entrega este predio hay otras víctimas de Juancho Prada que esperan justicia, como sucede con los familiares de las víctimas de las masacres de Puerto Patiño y Puerto Marqués. Cada vez que se conmemoran las fechas de estas masacres las familias le recuerdan al estado un olvido que en este enero cumplió 30 años. Se necesitan que todas las víctimas del conflicto colombiano, sin importar el grupo armado que haya ejercido la violencia, sean reparadas.

Por: Redacción Pares Foto: sena.edu.co Ocho senadores de la Comisión VII del Senado le habrían dado el tiro de gracia a la Reforma Laboral, uno de los pilares del gobierno de Gustavo Petro. Estos son Alirio Barrera, Miguel Angel Pinto, Honorio Henriquez, Lorena Rios, Ana Paola Agudelo, Nadie Biel, Berenice Bedoya y Esperanza Andrade. Con estas firmas se conseguiría la mayoría que se requiere para archivar una de las reformas con las que el presidente pretendía cerrar un poco la brecha entre ricos y pobres en Colombia. Una de las razones esbozadas por estos senadores es la de que dicha reforma “no fomenta el empleo, ni combate la informalidad, y no concilia entre el bienestar de los trabajadores y la productividad del país” Así lo dijo al diario la República la senadora Nadie Blel.   Mientras tanto, en la tarde de este martes 11 de marzo, cientos de aprendices del SENA, apoyados por el senador Wilson Arias, uno de los líderes de este proyecto de ley, llegaron a la sede del congreso de la república para protestar por el posible hundimiento de la reforma laboral. Cerca de 400 mil aprendices se verían directamente afectados por la medida ya que con ella buscarían recuperar el carácter laboral del contrato de aprendizaje. Es decir se les cerraría aún más las puertas a los jóvenes de escasos recursos que van al Sena pensando en estudiar para poder aspirar a movilizarse socialmente.   En diálogo con Caracol Radio el director nacional de El Sena, Jorge Eduardo Londoño Ochoa, afirma que la reforma le serviría no sólo a los aprendices de esta institución educativa sino que también sería un espaldarazo para los empresarios de cara a lo que está pidiendo la OIT.  “una manera de adecuarnos a los mejores estándares que la OIT ha solicitado y que lo hizo específicamente para el caso que nos ocupa en la recomendación 208. Esta es una forma laboral progresiva y creemos que va a ser benéfica para los trabajadores  y trabajadoras del país y para los aprendices de nuestro Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA”.   El gobierno Petro no se quedará de brazos cruzados ante el inminente naufragio de la reforma y anunció la convocatoria de una consulta popular no sólo para decidir sobre esta reforma sino también sobre la de la salud que sigue empantanada en el congreso. Esta sería la razón de por qué es conveniente pasarla por intermedio de una consulta: “ Vuelve a pasar por el Senado pero ya en  una comisión, no de ocho, sino en plenaria. No querían que este proyecto pasara a la plenaria, pues ahora pasa pero no para definir el contenido del proyecto ya sino para decidir si se convoca al pueblo o no ”.   Mientras tanto algunos sectores de la derecha más recalcitrante han aparecido con frases provocadoras. Ante la decisión de los ocho senadores el representante a la cámara del Centro Democrático, Miguel Polo Polo afirmó su beneplácito con un “qué rico” a través de redes sociales. En la red social X escribió lo siguiente: “Se acaba de hundir la reforma laboral en Comisión Séptima. Ocho senadores de catorce firmaron la ponencia negativa, rechazando la reforma de la ministra comunista Gloria Ramírez.  ¡Qué rico! Ese adefesio arruina empresas ya no va más. Los empresarios del país pueden estar tranquilos . Y así también se hundirá la reforma a la salud. Dios bendiga a los senadores de la Comisión VII del Senado que no se vendieron a este gobierno”.   Vale la pena aclarar que la Reforma no está completamente hundida pero que será más tiempo perdido en la gestión de un gobierno al que le quedan 17 meses de vida.

Por: Redacción Pares Foto: infobae Han sido dos semanas de absoluta complejidad y angustia para los militares asentados en el Cauca. Desde el pasado 12 de octubre el gobierno nacional y el ejército lanzaron sobre este departamento la Operación Perseo con la que buscaba recuperar territorio ganado por las disidencias de las FARC desde el año 2019 cuando en disputa con el ELN pudieron ejercer un control histórico que han tenido allí. En el primer trimestre en el que entró en juego la operación los logros son incontrastables, se han incautado 560 toneladas de cocaína y otras 100 de marihuana según ha revelado el ejército. Además se han capturado a doce miembros de la Carlos Patiño, la estructura armada que manda en esa región y se han desinstalado 500 artefactos explosivos. Además hasta hace unas pocas semanas no se dudaba que se había conseguido lo más importante: ganarse a la población civil.   Pero desde el pasado 6 de marzo la situación en el Cauca y particularmente en el Plateado se ha agravado para la fuerza pública. Una asonada, impulsada por la Carlos Patiño, obligó al repliegue de las unidades militares después de haber recuperado el sector de La Hacienda. Este fin de semana el ministro del interior Armando Benedetti viajó a ese departamento, habló con la comunidad y tocó uno de los temas más álgidos, el de la sustitución de cultivos. Parecía que volvía el control y Perseo continuaría con su andar sin contratiempos pero estos volvieron a aparecer.   En la noche del 12 de marzo, en la vereda La Esperanza del municipio de Balboa, en el Cauca, hombres pertenecientes presuntamente a la Carlos Patiño arremetieron contra la caravana del ejército que transportaba las piezas de un puente que iba a ser reconstruido después de su destrucción semanas atrás. Este puente seguía para comunicar a El Plateado con Argelia. El saldo no pudo ser más trágico, cinco uniformados fueron asesinados. El ataque se dio por un artefacto explosivo enterrado en uno de los costados de la vía. El escenario en el que se dan estos hechos es el del Cañón del Micay, el principal enclave cocalero del suroccidente del país y que se convierte además en uno de los corredores de la coca más representativos y efectivos.   El actual ministro de la defensa, el general Pedro Sánchez afirmó que se dará una recompensa de 300 millones de pesos por la información que se entregue para ayudar a la captura de los asesinos de los soldados. El norte del Cauca es uno de los leños que no se han podido apagar en el incendio de la guerra en Colombia.

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad Fuente: Revista Cambio. Tras varias horas de reunión, ni los sectores oficialistas ni el grupo disidente dentro del Partido Alianza Verde lograron un acuerdo para permitir la escisión de estos últimos de la colectividad, luego de que el 19 de febrero de 2025, en medio de una rueda de prensa y rodeada de las principales cabezas de este grupo, llamado “sector independiente”, pidieran romper las toldas de su partido. Aunque en un principio los rumores que corrían por la prensa indicaban que era posible la escisión, pues había potenciales mayorías, la realidad salió a la luz, luego de que se revelara que Olga Lucía Velásquez, Liliana Rodríguez y Andrea Padilla se negaran a permitir la escisión . De aquí han surgido diferentes versiones que han buscado dejar bien parado a cada grupo en disputa, pues por el lado de los verdes que apoyan la ruptura, se habla de que en realidad la reunión de hoy buscaba solo poner en contexto las diferentes opiniones dentro de la Dirección Nacional y dar base a la construcción de un documento formal que pusiera de manifiesto las condiciones de esa escisión. No obstante, por otro lado, Iván Name aseguró que el aplazamiento respondió a una estrategia dilatoria para lograr los votos que garanticen la ruptura, razón por la cual demandará legalmente la sesión. Sea lo uno o lo otro, lo que sí es verdad es que la división al interior de los verdes no es reciente, viene de antaño y se configura entre los intereses políticos de un bloque que ha hecho acuerdos pragmáticos con el gobierno y tiene representación burocrática y recursos por lo mismo, un sector que es heredero del grupo Progresistas —el movimiento con el que Gustavo Petro llegó a la Alcaldía de Bogotá— que llegó al verde en 2014, y un bloque que se reivindica como heredero de Antanas Mockus y que busca armar toldas aparte para rearmar un experimento similar al de la Centro-Esperanza de 2022. Así es como se ha configurado la ruptura del Verde, y lo que se juega con la escisión. El Partido Verde: paradigma de la fragmentación política de los partidos en Colombia Desde mediados de 2023, con el segundo remezón ministerial, la crisis política desatada por el conflicto entre Laura Sarabia y Armando Benedetti y el fracaso de las primeras estrategias del gobierno por pasar sus reformas sociales, la fractura interna dentro del Partido Alianza Verde comenzó a profundizarse, manifestado esto en las elecciones a las presidencias de Senado (julio de 2023) y Cámara de Representantes (2024), en la que los verdes independientes perdieron y no pudieron colocar ni a Angélica Lozano ni a Katherine Miranda en esos cargos. Estas rupturas, según lo comentaba Ariel Ávila en agosto de 2024 , siempre han existido, solo que el nuevo panorama de reacomodación ideológica y política que ha puesto de manifiesto el gobierno las ha hecho mucho más visibles y notables para la opinión pública. Incluso, es posible rastrearlas desde 2018, cuando la llegada de Petro a la segunda vuelta presidencial puso de manifiesto que había un sector del partido que se decantaba por apoyar su candidatura y otro sector que quería votar en blanco. Al final, la mayor parte del Verde terminó declinándose hacia Petro, con la famosa firma de 10 compromisos en mármol que comprometían al gobierno a no incumplir ninguna de sus promesas de gobierno más radicales, como la posibilidad de convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente o no expropiar. En 2022 se volvió a presentar un escenario similar, luego de que Fajardo no lograra superar el margen del 4% de los votos en la primera vuelta y Petro arrasara en la misma con el 40%, lo que llevó, de nuevo, a que la mayoría del partido se decantara por apoyar al presidente por encima de Rodolfo Hernández, a pesar de los constantes roces y choques entre la entonces alcaldesa Claudia López y el candidato Petro . Por esto es por lo que la escisión de la Alianza Verde no es en sí una novedad, sino que ha sido un proceso que ha venido tomando forma conforme las decisiones del gobierno y la coyuntura política, y que ha tenido diferentes escenarios en los que ha emergido. Caso puntual el de la elección a la presidencia de Senado en la segunda legislatura (2023-2024) , donde, a pesar del acuerdo inicial de apoyar la candidatura de Angélica Lozano y atajar la de Jhonatan Ferney Pulido (JP Hernández), surgió la candidatura de Iván Name, que terminó por aglutinar el voto de los congresistas independientes lejanos al gobierno y de la oposición, lo que le llevó a la dirección del Congreso. En su momento, Lozano culpó parcialmente al Pacto Histórico de incumplir los acuerdos pactados, y al sector oficialista de su partido de propiciar el triunfo de Name. De igual modo, en Cámara para la elección de presidente en la tercera legislatura (2024-2025), el gobierno retó la candidatura de Katherine Miranda con la nominación de Jaime Raúl Salamanca, figura cercana a Carlos Amaya, quien terminó aglutinando el voto mayoritario del gobierno y terminó por sellar la cercanía de Petro con ese sector de los verdes, como lo analizamos en este artículo . Como respuesta ante estos fracasos y ante la renuncia de Claudia López y Antanas Mockus en mayo de 2024, tras la denuncia de corrupción contra Iván Name, Sandra Ortiz y Carlos Ramón González en el caso de la UNGRD, el sector independiente del partido, liderado por Angélica Lozano y seguido por los representantes Miranda, Cathy Juvinao, Cristian Avendaño, Alejandro García y Carolina Giraldo, buscó en un primer momento, a inicios de 2024, una convención nacional para enviar al partido a la independencia. No obstante, ante la cercanía de Amaya con Petro y la posibilidad de que como codirector pudiera voltear los votos en esa convención, la idea de la escisión tomó fuerza. Es en este escenario donde se convocó a la Dirección Nacional Verde tras las declaraciones de Angélica y del grupo disidente en medios, a finales de febrero de 2025. El dilema de las curules: principal punto en disputa entre los verdes Fuente:  RCN Radio. El punto en disputa que sostiene la incertidumbre frente a la decisión de la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde radica en la presencia del sector disidente en el Congreso. Si el partido decide no fragmentarse ni permitir la escisión, los independientes tendrían que renunciar a sus curules para formar su propio partido, quedando inhabilitados para presentarse a las próximas elecciones, pues incurrirían en doble militancia. Esto fue precisamente lo que ocurrió con Roy Barreras, cuya anulación de su elección por parte del Consejo de Estado se basó en que renunció a su partido fuera de los plazos legales, es decir, un año antes de las elecciones. Por ello, el juego político detrás de la aceptación o negación de la escisión está determinado por los costos políticos y la presión para forzar mejores condiciones de negociación. La imposibilidad de la escisión afectaría directamente los intereses de Claudia López y su sector en la carrera por la presidencia y la conformación de listas al Senado y la Cámara de Representantes. Esto le impediría aprovechar la estructura que ya tiene en el Congreso y a nivel departamental para llegar con fuerza a la potencial consulta del centro. Además, la obligaría a participar en los comicios sin sus principales figuras políticas, poniéndola en desventaja frente a partidos con crecimiento regional, como el Nuevo Liberalismo, que ya está preparando sus listas al Congreso. Ante este panorama, López se vería forzada a ubicar a sus candidatos en otros partidos o en listas conjuntas con otros partidos (como Dignidad y Compromiso, aliado suyo), aun sabiendo que en esas circunstancias partirían con desventaja. Por otro lado, los congresistas verdes independientes no estarían dispuestos a renunciar a sus curules si no se concreta la escisión. Basta recordar las declaraciones de Cathy Juvinao a la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en agosto de 2024 : "Yo ya estoy representando a mis electores, le estoy haciendo control político a Petro, y si el partido está en un absoluto desbarajuste y colapso, no puedo pagar entregando mi curul. Al revés, ahora es cuando más la abrazo, porque me permite hacerle control al gobierno. Me gané mi curul en una lista abierta con el sudor de mi frente, voto a voto, en las calles." Por ello, el sector independiente ha buscado llevar la ruptura de la mejor forma posible. Sin embargo, la decisión del lunes no solo girará en torno a la votación sobre la escisión, sino también sobre el documento que la respalda, el cual, según El Espectador, aún no está totalmente construido ni cuenta con los votos asegurados para ser aprobado,  y que será fundamental para entender las condiciones con las que el sector independiente se va de la colectividad. Los independientes apuestan por un discurso antipetrista. Los verdes oficialistas apuntan a ingresar con fuerza al Frente Amplio

Por: León Valencia La ministra de relaciones exteriores, Laura Sarabia y la embajadora en Viena, Laura Gil, insistieron este lunes en excluir la hoja de coca de la lista de sustancias más dañinas durante las sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas que se desarrollan en Viena. En los últimos años nuestro país ha insistido una y otra vez en los foros internacionales en la modificación de la política antidrogas que Estados Unidos le impuso al mundo desde hace más de cincuenta años.  Todo empezó cuando el presidente Richard Nixon anunció en 1969 que su fiscal general prepararía medidas para combatir el consumo de drogas en Estados Unidos. En 1970, se promulgó la Ley de Sustancias Controladas. Después,  el  17 de junio de 1971 ,  Nixon declaró a las drogas ilegales como el “enemigo público número uno” y anunció una “ofensiva total” que se libraría tanto dentro como fuera de las fronteras estadounidenses, con el fin de “enfrentar y acabar con el enemigo”. En ese día, quizás soleado, de Washington, empezó una gran tragedia para Colombia. Nixon creó un demonio para ponerlo a caminar por los campos de nuestro país.   Decía Nixon que dentro y fuera de las fronteras, pero ha resultado que el gran peso de la estrategia se ha desarrollado fuera de las fronteras convirtiendo el territorio colombiano en un escenario de guerra donde “Somos nosotros los que ponemos los muertos” dijo la canciller en Viena. Lo ponemos todo: la vida de los campesinos, en una guerra inútil; nuestra frágil democracia, sus elecciones, sus instituciones, al grave fuego del narcotráfico y la corrupción; y la salud de nuestros jóvenes en las  barriadas de las ciudades en las manos de los jíbaros.   Para conjurar este demonio el país ha ensayado políticas extremas y blandas según los gobiernos, de nada han servido, el diablo sigue ahí, impertérrito, señalando una y otra vez que sólo aboliendo la prohibición absurda mediante un nuevo pacto internacional sobre las drogas, es posible salir de la encrucijada, de la grave encrucijada, en que nos metió Nixon. La política extrema tuvo su momento  culmen en los gobiernos de Pastrana y de Uribe, en esos años  tomó el nombre de “Plan Colombia”. Fue allí cuando creció la inversión de Estados Unidos en la persecución a las drogas y se unificó la lucha contra los cultivos de coca con el combate a las guerrillas, una sola guerra. La erradicación forzada y las fumigaciones, el encarcelamiento de miles de campesinos, la confrontación entre las guerrillas y el Estado y la grave expansión de los paramilitares. En esos años se produjo más del cincuenta de los nueve millones de víctimas que ha dejado este largo conflicto armado. Fue el momento de la parapolítica, el mayor asalto a la democracia, que llevo a la condena judicial de 89 parlamentarios. También, uno de los puntos más altos de los cultivos de hoja de coca y de la producción de cocaína, jalonadas por las mafias, los paramilitares y las guerrillas. Al final  la desmovilización de los paramilitares alivió un poco, sólo un poco, la situación La política extrema no acabó con el fenómeno. Después vino una política intermedia, moderada, blanda, si se quiere, que hizo énfasis en las negociaciones de paz, en la sustitución voluntaria de cultivos, en la atención a las víctimas, en la flexibilización de la legislación frente el consumo, fue en los dos periodos de Santos, que culminaron en un acuerdo de paz con las FARC. Esta política disminuyó  los indicadores de violencia y aminoró las víctimas, pero los cultivos  y el narcotráfico siguieron vivos. Iván Duque fue un fallido intento de retomar el camino de Pastrana y de Uribe. Dejó atrás los esfuerzos de paz y la búsqueda de una nueva política ante las drogas y volvió al duro predicamento de la persecución, sin éxito alguno en el control a los cultivos de uso ilícito y en la disminución de la producción y el tráfico de drogas. La política extrema se había desgastado. A Gustavo Petro no le ha ido mejor y, con la cara que ha mostrado Donald Trump en el arranque de su gobierno, le puede ir peor.  Desde su posesión lanzó una política de paz total y empezó una campaña nacional e internacional por la legalización de las drogas. Al tiempo hizo el llamado a un acuerdo nacional para darle un cobijo cierto a la reconciliación.  En ese empeño volvió a la sustitución voluntaria de cultivos y  propuso iniciativas concretas como la compra de la hoja de coca a los campesinos y ahora, en Viena, lanza la idea de excluir la hoja de coca de la lista de sustancias más dañinas. La respuesta a estas políticas no ha sido buena. Los grupos ilegales han aceptado sentarse a nueve mesas de negociación, pero no han disminuido sus negocios y sus violencias y sólo pequeñas fracciones parecen estar dispuestas a la desmovilización y al desarme en lo que resta del mandato. La derecha no le ha parado bolas al acuerdo nacional y al contrario ha escalado su discurso de vuelta a la mano dura con la esperanza  de la percepción de inseguridad y violencia le darán la presidencia en el 2026.     Y, entre tanto, Donald Trump ha parado la cooperación humanitaria y tiene en estudio la inversión militar en la contención de la producción y el tráfico de drogas ilícitas. Es decir, entramos en un limbo en el que Estados Unidos declina sus compromisos económicos para atender una guerra en buena parte inventada por ellos y tampoco se avienen a la regularización y  la legalización de las drogas. Como dicen los campesinos: “ni rajan, ni prestan el hacha”.

Por: John Correa Fuente: Energía Estratégica Colombia enfrenta una crisis energética cada vez más evidente. La disminución de las reservas de gas natural ha llevado al país a depender de importaciones y a considerar nuevas fuentes de energía. En este contexto, la geotermia aparece como una alternativa atractiva. Sin embargo, el entusiasmo por esta tecnología no puede nublar un análisis crítico de sus implicaciones. El proyecto de la empresa CHEC en el Valle de Nereidas busca desarrollar la primera planta de energía geotérmica en Colombia, con una capacidad de 30 megavatios. La idea de aprovechar el calor del subsuelo para generar electricidad parece alineada con los esfuerzos por diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Pero, más allá de la narrativa de transición energética, es fundamental cuestionar si este tipo de proyectos realmente representan un avance sostenible o si, por el contrario, son otra expresión de la misma lógica extractivista que ha marcado el modelo energético del país. La geotermia es promovida como una alternativa limpia y constante en comparación con fuentes de energía intermitentes como la solar y la eólica. Su capacidad para operar 24/7 sin depender de factores climáticos la convierte en una opción atractiva. Sin embargo, sus beneficios no deben hacer que pasemos por alto sus costos y limitaciones. La tecnología geotérmica no es tan libre de impacto como se suele afirmar. A pesar de ser menos contaminante que el carbón o el gas natural, sigue generando emisiones de CO₂ y puede afectar la estabilidad de los ecosistemas donde se implementa. En el caso del Valle de Nereidas, el proyecto se ubica en una zona ambientalmente sensible, a escasa distancia del Parque Nacional Natural Los Nevados. Es difícil ignorar las implicaciones que una obra de esta magnitud podría tener en los páramos, que son ecosistemas esenciales para la regulación del agua y la biodiversidad. Además, la historia del desarrollo geotérmico en Colombia no ha sido precisamente alentadora. Intentos previos, como los realizados en los años 80 y 90, fracasaron debido a factores técnicos y financieros. Ahora, bajo el pretexto de la transición energética, se vuelve a apostar por una tecnología cuya viabilidad aún no ha sido completamente probada en el país. Impacto Ambiental y Conflicto Social Más allá de los beneficios energéticos, el proyecto de CHEC enfrenta una fuerte oposición por parte de comunidades locales y organizaciones ambientales. La construcción de infraestructura en una zona de alta montaña no es un asunto menor. La alteración de suelos, el ruido de la maquinaria y el tránsito constante de vehículos pesados pueden afectar gravemente la fauna y la flora del lugar. Para los defensores del medio ambiente, la geotermia en el Valle de Nereidas es una amenaza directa a los páramos y a las fuentes de agua. Aunque CHEC ha asegurado que tomará medidas de mitigación, como la reforestación y la implementación de tecnologías silenciosas, la realidad es que el daño ecológico ya ha sido minimizado en otros proyectos industriales con resultados desastrosos. El Movimiento Socioambiental Kumanday, una de las voces más críticas contra el proyecto, advierte que la geotermia podría tener consecuencias irreversibles en el equilibrio hídrico de la región. No es un temor infundado. La extracción de calor del subsuelo puede alterar las dinámicas geológicas y afectar las reservas de agua subterráneas, poniendo en riesgo no solo el ecosistema, sino también el acceso al agua de las comunidades cercanas. Adicionalmente, el proyecto geotérmico de CHEC pone sobre la mesa el eterno dilema entre desarrollo y conservación. La promesa de generación de empleo y progreso para las comunidades es el argumento más recurrente de quienes defienden la iniciativa. Sin embargo, es justo preguntarse si estos beneficios realmente compensarán los posibles daños ecológicos a largo plazo. La Trampa de la Transición Energética El discurso sobre la transición energética en Colombia está cargado de contradicciones. Mientras el Gobierno y las empresas petroleras hablan de diversificación de la matriz energética, las inversiones en proyectos renovables siguen siendo marginales en comparación con las que se destinan a los hidrocarburos. Ecopetrol, por ejemplo, sigue dependiendo de la explotación de petróleo y gas mientras incursiona tímidamente en energías renovables. Su reciente incursión en la geotermia, en alianza con Baker Hughes y CHEC, parece más una estrategia de relaciones públicas que un verdadero compromiso con la sostenibilidad. ¿No es contradictorio que una empresa cuya base sigue siendo la extracción de combustibles fósiles ahora intente liderar la transición energética del país? La geotermia, en este sentido, corre el riesgo de convertirse en un simple parche dentro de un modelo energético que se resiste a transformarse en profundidad. Si realmente se busca una transición justa y sostenible, la discusión no debería centrarse solo en qué tipo de energía se produce, sino en quién la controla, cómo se distribuye y quiénes son los beneficiarios reales de estos proyectos .   ¿Realmente Necesitamos la Geotermia? El proyecto geotérmico del Valle de Nereidas abre un debate necesario sobre los costos y beneficios de la transición energética en Colombia. Si bien es innegable que el país debe reducir su dependencia de los combustibles fósiles, no todas las alternativas renovables son automáticamente positivas. La geotermia, aunque presenta ventajas en términos de estabilidad energética, no está exenta de impactos ambientales y sociales significativos. En un país donde los conflictos socioambientales por proyectos energéticos han sido constantes, es imprescindible que el desarrollo de nuevas tecnologías no repita los errores del pasado. La pregunta que Colombia debería hacerse no es solo si debemos apostar por la geotermia, sino cómo garantizar que cualquier proyecto de energía renovable sea verdaderamente sostenible, justo y beneficioso para la mayoría de la población .Porque si la transición energética termina sirviendo únicamente para perpetuar las dinámicas extractivistas, entonces habremos cambiado de fuente de energía, pero no de modelo.

Por: Katerin Erazo, Periodista El Gobierno y el frente 33 de las disidencias de las FARC han puesto en marcha un plan estratégico para la concentración de los miembros de esta estructura ilegal, en un esfuerzo por avanzar en el proceso de paz en medio de la grave crisis de seguridad que afecta a la región del Catatumbo, en Norte de Santander. La iniciativa surge en un contexto de fuertes enfrentamientos entre este grupo armado y la guerrilla del ELN, que ya superan los 50 días de hostilidades. Según fuentes oficiales, el plan contempla una fase inicial de preconcentración, en la que los combatientes del frente 33 mantendrán sus armas debido a la necesidad de garantizar su seguridad ante los ataques del ELN. Posteriormente, cuando se establezca un espacio seguro protegido por las Fuerzas Militares, se procederá a la concentración definitiva sin armas, marcando así el primer paso hacia la desmovilización y reincorporación de los integrantes de este grupo insurgente a la vida civil. El presidente Gustavo Petro hizo referencia a este proceso durante un Consejo de Ministros transmitido el pasado 3 de marzo, en el que destacó la importancia del diálogo con este grupo armado. Según el mandatario, el frente 33 ha sido una de las principales víctimas de la incursión del ELN en la zona, pero ha mantenido su voluntad de avanzar en un acuerdo de paz con el Estado. La ejecución del plan estará a cargo de Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno en los diálogos con grupos armados. La crisis humanitaria en el Catatumbo ha sido un factor determinante en la puesta en marcha de esta estrategia. Los enfrentamientos entre disidencias y ELN han dejado un saldo alarmante de más de 55.000 personas desplazadas y 25.000 confinadas en sus viviendas, además de al menos 70 muertos en las últimas semanas. La escalada de violencia ha obligado al Ejecutivo a priorizar la seguridad de los combatientes y de la población civil como una condición indispensable para la implementación del proceso de paz. El plan diseñado por el Gobierno también busca evitar errores de procesos anteriores, donde la falta de garantías de seguridad derivó en el rearme de grupos desmovilizados. Como parte de la estrategia, se prevé la entrega progresiva de las armas y la incorporación de los excombatientes en proyectos de transformación territorial, incluyendo la sustitución de cultivos de uso ilícito. Hasta la fecha, 126 miembros del frente 33 han iniciado voluntariamente su proceso de reincorporación a la legalidad. Según Paola Marín de la Línea Paz, Seguridad y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la estrategia planteada parece favorecer en gran medida al Gobierno Nacional, considerando la actual situación del Frente 33. Este grupo se encuentra prácticamente derrotado por el ELN, con varios de sus miembros desmovilizados, entregados al Ejército o incluso con la rendición de algunos de sus comandantes. En este escenario, según Marín, resulta evidente que no están en condiciones de enfrentar a su principal adversario, que en este momento es el ELN. Desde otra perspectiva, esta estrategia puede ser favorable para el Gobierno en la medida en que existen ciertos condicionantes en el proceso o plan de concentración. El más relevante de ellos es la entrega de armas, un punto que históricamente había sido ambiguo y confuso, especialmente porque en varias ocasiones este grupo había manifestado su negativa a desarmarse. En este sentido, la balanza parece inclinarse a favor del Gobierno Nacional, ya que este proceso podría derivar en una desmovilización efectiva de este frente o de una parte del Estado Mayor de los bloques. Sin embargo, desde una perspectiva de largo plazo, surgen serios interrogantes sobre el proceso de reinserción o reincorporación de estas personas. En el contexto actual, marcado por el avance territorial del ELN, se han registrado situaciones preocupantes, como la persecución y el asesinato de integrantes de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Esta situación ha generado estigmatización y represalias, lo que plantea la necesidad de evaluar cuáles serán las garantías de seguridad para quienes se acojan a esta fase de desmovilización. Además, un aspecto clave que señala la investigadora de Pares es el arraigo territorial de los integrantes del Frente 33. Lo ideal sería que su proceso de reinserción se desarrollara en su territorio de origen, pero la presencia y expansión del ELN en la zona representa un desafío considerable. Ante un eventual éxito en la desmovilización, el Gobierno Nacional deberá definir mecanismos concretos para garantizar la seguridad de estos excombatientes y evitar que el país caiga nuevamente en un ciclo de violencia y reciclaje de conflictos.

Por: Redacción Pares Nadie tiene tanta sangre en las manos que Rodrigo Mercado Peluffo. Piensen en dos de la masacres más terribles que se dieron en los Montes de María. La del Salado, en donde los paramilitares, siguiendo ordenes suyas, sacaron las gaitas de la casa de la cultura y literalmente armaron una fiesta mientras despedazaban personas en la cancha de fútbol del pueblo o la de Mampuján, ocurrida el 10 de marzo del año 2000. Hace 25 años sucedió. Llegaron al lugar y amenazaron a la población con asesinarla, como había sucedido en el Salado si no se iban. Trescientas personas dejaron todo lo que tenía esa misma noche. Las pocas mujeres que quedaron las violaron. Luego degollaron a once campesinos. Rodrigo Mercado Peluffo tenía la misión de recuperar Mampujan, que, según el portal Rutas del Conflicto, “e s un punto de estratégico en las vías que comunican a los Montes de María con el mar, y entre Cartagena y Sincelejo, por donde el frente 35 de las Farc trasladaba secuestrados. Los ‘paras’ estaban interesados en aumentar su influencia en esta región para circular armas, drogas, y personal”.   Los paras confiaban en alias Cadena por que sabía muy bien difundir el mensaje de horror que ellos querían impregnar en los pueblos que alguna vez fueron ocupados por las guerrillas. Nacido en Macayepo, en 1965, era un campesino más de los Montes de María que estudió hasta séptimo bachillerato al que le gustaban las armas y las peleas de gallo desde que era un niño. Cuando se hizo más grande adoptó dos profesiones, la de matarife de ganado y la de informante de la armada. La guerrilla lo supo y en represalia le asesinó a toda su familia. Esto explica un todo el nivel de violencia y sicopatía con la que actuaba.   Fue sicario y de ahí pasó a ser miembro del Bloque Héroes de Montes de María. Y empezaron las masacres. Desde 1996 empezaron las masacres. Incluso en su pueblo, Macayepo, dirigió una. Era avaro con las balas. Casi no le gustaba usar armas de fuego, ¿para qué? Causaban ruido y salían caras. Lo mejor era reventar cabezas a garrotazos. Así asesinó a 15 campesinos en el pueblo donde nació. Tenía el diablo en el cuerpo.   Su guarida era una finca llamada El Palmar. Allí enterró a un número indeterminado de víctimas, a las que torturaba antes de pegarles su tiro de gracia. Allí recibía a la clase política. Allí iban senadores como Alvaro “El gordo” García, condenado a 50 años de cárcel por la masacre de Macayepo a pedirles favores. Era más fácil ganar las elecciones regionales si se contaba con el apoyo del aparato de muerte que manejaba “Cadena”.   En el 2005, mientras vivía en Santa Fe de Rialito, como recuerda Verdad Abierta, y cuando los paras ya pensaban en desmovilizarse, desapareció. La versión que circuló con mayor insistencia fue la de que fue interceptado por un grupo de desconocidos que lo bajó del jepp donde iba. El vehículo lo quemaron y luego lo asesinaron a él y a los hombres que lo acompañaban. Pero veinte años de lo que sucedió no se ha encontrado rastro alguno. De “Cadena” se sigue hablando en los Montes de María con el terror que puede despertar un monstruo. Su fantasma sigue vivo.

Por: Redacción Pares Juan Sebastián Aguilar le había hecho varias veces el quite a la guadaña de la muerte. El 19 de octubre del 2023 resistió a un ataque sicarial mientras su chofer intentaba sacarlo de uno de esos trancones de hora pico en Bogotá. Ese primer ataque fue orquestado por el reconocido esmeraldero Pedro Orejas, quien buscaba sacarlo del negocio. Unas semanas después un grupo de hombres fuertemente armados asaltó su negocio, Esmeraldas Santa Rosa S.A -empresa que tenía al lado de su socio de toda la vida, el poderoso esmeraldero Jesús Hernando Sánchez- llevándose una millonaria suma en joyas. Repeler este tipo de ataques había sido parte de su vida. Había entrado al negocio de la mano de su mentor, Victor Carranza, de quien fue el jefe de su esquema de seguridad.   La guerra verde la llamaban. Las primeras esmeraldas encontradas en América datan de hace quinientos años. En la búsqueda de El Dorado los conquistadores iban por todo lo que brillara. Sin embargo no fue hasta la década de los ochenta del siglo XX cuando se desató la Guerra por las esmeraldas con toda su furia. Según Insight Crime en la década del ochenta murieron cerca de 6.000 persona en la disputa de las minas y del comercio de estas piedras. El Zar era Carranza, lo seguían en la línea de importancia y poder Hernándo Sánchez y Pedro Rincón Castillo, conocido por su alias de “Pedro Orejas” quien fue capturado y en este momento paga cárcel en los Estados Unidos. A sus 58 años Juan Sebastián Aguilar estaba en la tercera línea de importancia y poder. Iba a seguir ascendiendo de la mano de su socio, Hernándo Sánchez, pero el 7 de agosto del 2024 la muerte lo alcanzó.   Mientras estaba en su casa en un apartado conjunto residencial ubicado en Usaquén un hombre lo apuntaba con su mira. El disparo del fusil le atravesó el pecho. El asesino salió huyendo por las montañas bogotanas con un caballo. Según se pudo comprobar el francotirador estuvo durante días apostado a cerca de un kilómetro de la mansión donde vivía el esmeraldero. A Aguilar le decían Pedro Pechuga y su empresa iba viento en popa. La había fundado junto a Sánchez en 1994 en la zona esmeraldera de Maripi en Boyacá y, treinta años después de su creación, ya incluso ostentaba negocios con el Estado colombiano. Según publicó el diario El Espectador tenía contratos con Ingeominas y además brindaba protección a otros esmeralderos a través de otra de sus empresas, Seguridad Oriental LTDA.   Petrit Baquero, reconocido periodista quien se encuentra escribiendo un libro titulado La nueva guerra verde, ha afirmado que el asesinato de Aguilar no se trataría de un ajuste de cuentas entre esmeralderos sino una guerra de mafiosos. El Tiempo, en su última edición dominical, dio más pistas sobre lo sucedido.   Este diario tuvo acceso a unos audios en donde se escucha a alias Otoniel, jefe máximo del Clan del Golfo, hoy detenido en los Estados Unidos, hablando en noviembre del 2021 -cinco meses antes de su extradición- sobre estos esmeralderos “En Bogotá quedaron otros que hay también que bregarles a hacer lo más pronto posible. Es el viejo Hernándo Sánchez y Boyaco Sinaloa. Entonces, también toca organizar , a ver como se hacen las vueltas, a ver cómo se acaba de organizar esa zona del Llano y Bogotá”. Cuando “Otoniel” habla de “Boyaco Sinaloa” se refiere a Dionisio Vera quien se encuentra en Guayaquil desaparecido desde el pasado 26 de febrero. Es uno de los duros dentro de la guerra verde, es conocido también con el apodo del Flaco Vera y estuvo preso 11 años en Estados Unidos, vinculado a la estructura de Daniel “Loco” Barrera, uno de los capos del Cartel del norte del Valle.   En las grabaciones de Otoniel también aparece el nombre de Pedro Pechuga y de otro esmeraldero llamado Julio Lozano Pirateque a quien también el Clan del Golfo lo tiene en la mira.   Algunos esmeralderos están intentando llegar al gobierno nacional para entregar tierras a campesinos en Boyacá y así intentar mitigar una nueva guerra verde que está en ciernes y que tendría como protagonista a un temible actor: El Clan del Golfo.

Por: Redacción Pares Desde principios de febrero las lluvias empezaron a arreciar en Bogotá. Vías inundadas, desbordamientos de río, esta ha sido la constante en las últimas semanas. Se tenía la esperanza de que estas precipitaciones ayudarían al alcalde Carlos Fernando Galán a tomar la decisión de ponerle fin al racionamiento de agua que se impone en la capital desde hace un año pero este lunes 10 de marzo llegaron las peores noticias. Las reservas de los embalses siguen siendo insuficientes. Así lo informó la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la CAR.   Pero ¿Qué está pasando? ¿Por qué a pesar de las precipitaciones apenas los embalses están en un 48.44%? ¿Quién le está haciendo control a esto? ¿Es cierto que no llueve? A pesar de que Bogotá viva su proceso de racionamiento de agua más largo y angustioso de su historia los medios de comunicación siguen respaldando la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán a pesar de los números rojos que ha traído la delincuencia, los problemas viales derivados del metro y, sobre todo, los desesperantes cortes de agua.   Entre los embalses el de Neusa es el que mejor panorama tiene. Las nubes se han posado sobre él y ya llega al 79.65% mientras que el de Sisga y Tominé llegan al 59,32% y 42.38% respectivamente. En el sector Sur los embalses de Usme tienen otra perspectiva con un 87.45%. Sin embargo la alcaldía ha recomendado a los bogotanos a mantener sus políticas de ahorro y aseguró que aunque no se llegará a un racionamiento extremo si no se bajará la guardia. Se esperaba que para abril del 2025 el levantamiento que afecta a Bogotá llegara por fin a levantarse.   Lo que se preguntan los bogotanos es, ¿qué tanto se puede resistir? La alcaldía espera que las lluvias sigan sobre la capital pero esto sucede casi a diario, a veces durante días enteros pero nada parece bastar. El principal embalse que le quita la sed a Bogotá es Chingaza que proporciona más del 70% del agua que se consume en la capital. Hasta el momento, a pesar de algunas incipientes protestas a través de redes sociales, no ha habido una acción concreta de protestas contra Galán. En la última encuesta del 26 de febrero Galán muestra una imágen negativa del 47%. Su popularidad se desvanece a pesar de que los medios están bastante ocupados criticando las decisiones que toma Gustavo Petro quien tiene una imágen negativa del 67%.   Por ahora seguiremos padeciendo una situación inédita y de la que esta alcaldía tiene buena parte de la responsabilidad.

Por: Redacción Pares El gobierno abrió un debate sobre las posibilidades que podría dar la hoja de coca fuera del narcotráfico. Así lo hizo saber Laura Sarabia en su intervención en el 68 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes que se llevó a cabo en Suiza. Los ecos de su intervención llegaron al país. Para políticos de derecha como Federico Gutiérrez esto es un anatema que no quiere ni siquiera escuchar. Para el alcalde de Medellín la única posición que se debe asumir con la droga es la de combatirla. No hay término medio. La guerra de las drogas alcanzó toda su firmeza y crueldad en la década del ochenta por designio de Ronald Reagan desconociendo la historia. Cuando los españoles llegaron a América se encontraron con civilizaciones que habían construido ciudades más bellas. Muchas de esas historias se cocinaron bajo los efluvios de las plantas sagradas.   La hoja de coca es una de ellas. En Colombia empezó a plantarse en algunas culturas desde hace siglos pero fue durante los años ochenta, en pleno auge del narcotráfico, Pablo Escobar la trajo desde Bolivia. La trajo para procesarla. Pero lo que propone la canciller Sarabia no es nuevo. Hace un año Felipe Tascón Recio, como director del programa nacional de cultivos dio una conferencia en Viena invitado por Naciones Unidas y le recordó a la humanidad que la cocaína es el último de los productos que se podría aprovechar de la hoja de coca. Que esta planta, por supuesto, tiene otras posibilidades así a Fico le parezca un atentado contra la moral. En ese discurso de Tascón, que fue la piedra angular del que dio la Canciller Sarabia este 10 de marzo, el funcionario afirma lo siguiente:   “La planta de coca está documentada como un recurso biótico de primera línea, fuente de vitaminas, minerales y proteínas; alimento, medicina benéfica, un universo de virtudes para la humanidad y de oportunidades de generación de empleo en su cultivo y procesamiento. Todo esto contenido en el posible desarrollo de los activos diferentes a la cocaína que, sin embargo, —en las últimas décadas, desde esta inquisición moderna— han sido estigmatizados y negados, y subyacen bajo la condena al principio activo 14”.   En ese discurso Tascón habla de los estudios de uno de los hombres que más ha estudiado las plantas sagradas, Wade Davis, quien, después de una larga estadía en Bolivia dictaminó que la coca, como planta, era inofensiva. Estos estudios son de 1974, cuando Richard Nixon, precursor de la guerra contra las drogas y se han venido ignorando a pesar que Davis era un reputado profesor de Harvard.   El tema de la hoja de coca no sólo se tocó en Suiza sino que fue uno de los temas de conversación del Gabinete de ministros televisado del pasado 10 de marzo. Incluso ya hay una parte de la población en el Cauca, sobre todo líderes sociales que comenzaron a trabajar con industrias extranjeras las bondades que puede traer la coca como planta. Es que esta se puede usar como energizante -una costumbre que llevan milenios usándolo los indígenas en forma de mambeo- como fertilizantes y bebidas. Lo que expuso la canciller en Europa no fue producto de unas ideas sueltas sino que se ha basado en estudios serios.   Vale la pena aclarar que, a pesar de estas alternativas que está dando el gobierno con la hoja de coca, viene de la mano de una arrinconada a los productores del narcotráfico. Desde que se posesionó como presidente, el 7 de agosto del 2022 se ha incautado más de 1.9 millones de kilográmos de clorhidrato de cocaína, más de 215 mil kilos de coca y se han destruído 454 laboratorios clandestinos.