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Por: Katerin Erazo, Periodista El Congreso instaló una nueva comisión para hacer seguimiento a los casos de corrupción en el país, llamada “Comisión Accidental Anticorrupción y de Integridad Pública”, la cual se encargará de investigar y hacer seguimiento a los casos de corrupción en Colombia, así como de proponer medidas para prevenir y combatir este fenómeno que ha afectado negativamente a la sociedad colombiana durante décadas. La Comisión Anticorrupción fue instalada por el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero (Pacto Histórico), y la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde). Además, esta Comisión estará integrada por miembros de diferentes partidos políticos, entre los que se encuentran Jennifer Pedraza (Dignidad), Carolina Giraldo, Duvalier Sánchez, Katherine Miranda (Alianza Verde), Julia Miranda (Nuevo Liberalismo), Daniel Carvalho (Centro Esperanza), Carlos Ardila (Partido Liberal), Julio César Triana y Carolina Arbeláez (Cambio Radical). La Comisión tendrá un mandato de tres años. Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), explicó que la Comisión tiene una función fundamental: trabajar en proyectos concretos para combatir la corrupción. Además, busca incentivar y unificar la rendición de cuentas y la participación ciudadana en el control y la fiscalización de los recursos públicos. Pérez señaló que, aunque se trata de un control político, la Comisión no tiene competencia jurídica para juzgar casos de corrupción, ya que esta tarea corresponde a otras instancias como los tribunales. El asistente de investigación agregó que la Comisión tiene como objetivo principal articular procesos de investigación e información que involucren a actores políticos, académicos y centros de pensamiento, con el fin de identificar y prevenir casos de corrupción. En este sentido, la Comisión busca generar un enfoque preventivo que permita abordar la corrupción desde sus raíces y no solo tratar sus consecuencias una vez que se han producido. La corrupción afecta negativamente la economía, la política y la sociedad en general. En Colombia este fenómeno ha sido un problema constante durante décadas, ya que ha afectado todos los niveles de gobierno, desde las autoridades locales hasta los funcionarios del más alto nivel. En los últimos años hubo varios casos sonados de corrupción que fueron investigados por las autoridades y que generaron un gran impacto en la opinión pública. Uno de los casos más destacados de corrupción en Colombia es el escándalo de corrupción de Odebrecht, que se extendió por varios países de América Latina. Odebrecht, una de las mayores constructoras del mundo, fue acusada de pagar sobornos millonarios a políticos y funcionarios en varios países para obtener contratos de obras públicas. En Colombia se reveló que la empresa había pagado sobornos a políticos y funcionarios para obtener contratos de construcción de infraestructura en el país. Entre los implicados estuvieron el exsenador Otto Bula y el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, quienes aceptaron cargos y recibieron condenas. También hay otros implicados en proceso de investigación y juicio, como el exsenador Bernardo Miguel Elías. Sin embargo, algunos han criticado que la justicia colombiana no ha sido lo suficientemente contundente en este caso y que aún hay muchos responsables que no han sido identificados o sancionados. Otro caso reciente de corrupción en Colombia es el escándalo de corrupción en la justicia conocido como el “Cartel de la Toga”. Este caso involucró a jueces y magistrados que habrían aceptado sobornos para manipular procesos judiciales a favor de algunos políticos y empresarios. La investigación del caso ha llevado a la detención de varios jueces y magistrados, entre ellos el exmagistrado Francisco Ricaurte y el exfiscal Luis Gustavo Moreno, quienes recibieron sobornos a cambio de favorecer a personas investigadas por delitos de corrupción. El proceso continúa en curso y se espera que en los próximos años se den nuevas condenas y se esclarezcan más detalles sobre este caso de corrupción que ha conmocionado al sistema judicial colombiano. También está el caso “Carrusel de la Contratación” que fue un escándalo de corrupción en Colombia que se dio a conocer en 2010. Este caso involucró a varios empresarios, funcionarios públicos y políticos que participaron en un esquema de sobornos para la adjudicación de contratos públicos en Bogotá. Entre los empresarios involucrados se encontraban Emilio Tapia, Julio Gómez, Eduardo Zambrano y Germán Olano. Entre los funcionarios públicos involucrados se encontraban el entonces alcalde de Bogotá Samuel Moreno y su hermano Iván Moreno, para ese momento senador de la República. Así como varios exconcejales y exfuncionarios de la administración pública. Todos estos personajes fueron investigados y algunos de ellos fueron condenados por los delitos de corrupción en los que participaron. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos casos de corrupción que han afectado a Colombia en los últimos años. Estos casos ponen de manifiesto la necesidad de tomar medidas concretas para detener la corrupción en el país. Por esta razón, la Comisión Anticorrupción es un primer paso en esta dirección, pero se necesita un compromiso continuo y una voluntad política para lograr resultados efectivos. La Línea de Gobernabilidad y Democracia de Pares “aplaudió” la creación de esta Comisión, reconociendo que es un paso inicial importante en la lucha contra esta problemática. Sin embargo, es importante destacar que queda mucho por hacer en este sentido. La Línea recordó que hace aproximadamente un mes, la Fundación Pares presentó un proyecto a los congresistas, la presidencia y a la opinión pública sobre la creación de un tribunal anticorrupción, teniendo en cuenta que una de las promesas en la campaña del presidente Gustavo Petro fue la lucha contra la corrupción. Esta iniciativa pretende llevar los casos de macrocorrupción a una Sala Transitoria Anticorrupción en la Corte Suprema de Justicia e investigar y juzgar casos complejos y desarticular estructuras criminales que se han servido de la corrupción como medio para el favorecimiento indebido de sus intereses privados, desviando el poder público y fomentando la cultura de la ilegalidad. Ver: (Pares e Instituto Anticorrupción presentan a la opinión propuesta de Juicio Nacional Anticorrupción) Por esta razón, uno de los principales objetivos para esta Línea de Pares es asegurar que se investiguen y juzguen de manera efectiva los grandes casos de corrupción en el país. Según Juan Alejandro Pérez, además de la creación de esta Comisión, lo ideal sería que se implementen mecanismos efectivos para investigar y judicializar los casos de corrupción en el país, de manera que se asegure la justicia y se evite la impunidad. Es importante tener en cuenta que muchas personas han sido víctimas de la corrupción y, por tal motivo, merecen un reconocimiento como tales. En este sentido, resulta fundamental fortalecer los mecanismos de protección y reparación para las víctimas de la corrupción, con el objetivo de garantizar sus derechos y lograr una sociedad más justa y equitativa. En definitiva, la creación de la Comisión Anticorrupción es una medida positiva y necesaria en la lucha contra la corrupción en Colombia. Sin embargo, se necesitan esfuerzos continuos y coordinados para lograr erradicar este flagelo del país, y para fortalecer la integridad y transparencia en todas las instituciones y sectores de la sociedad. La Fundación Pares, reconocida por su labor en la denuncia de grandes casos de corrupción, se encuentra comprometida en la lucha contra este flagelo. Por esta razón, su equipo está disponible para dialogar y proponer recomendaciones que puedan ser de utilidad en la lucha contra la corrupción en el país. Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), afirmó que en Pares están atentos a las invitaciones para participar en audiencias públicas y hacer que la lucha contra la corrupción siga siendo un tema prioritario en la agenda pública del país. Pérez también destacó la preocupación de Pares ante la alta corrupción e impunidad que se presenta en casos de corrupción en Colombia. Resulta fundamental que todas las instancias del Gobierno y de la sociedad civil trabajen juntas para combatir la corrupción y garantizar una administración pública transparente y honesta. La Fundación Pares se suma a esta tarea, con la convicción de que solo a través del trabajo conjunto y la implementación de medidas efectivas se podrá avanzar en la lucha contra la corrupción en el país.

Por: Luis Eduardo Celis La política de Paz Total asume los enormes desafíos y retos para tramitar el conjunto de violencias organizadas y sobre todo las raíces en las que se han soportado desde hace más de seis décadas, insistiendo en que son viejos conflictos no tratados que han mutado en nuevos ciclos de violencia quizás con nuevas características y adaptándose al contexto, pero sin perder sus raíces donde logran su permanencia. Si se quiere, es un permanente reciclaje, con nuevos actores, herederos de otros armados, con nuevos énfasis y quizás variaciones circunstanciales, pero manteniéndose en viejas circunstancias que no cambian y les dan soporte: ausencia de democracia, conflictos por el territorio y su uso, regulación de economías e inexistencia de un estado social y de derecho, por mencionar temas de fondo a tramitar y que están en el interés y compromiso del gobierno que lideran Gustavo Petro y Francia Márquez. La política de Paz Total viene desplegándose hacia el conjunto de actores que hacen violencia de manera sistemática y que tienen control de territorios y comunidades, afectando sus derechos y vulnerando sus existencias, no es un pequeña geografía, por el contrario han crecido en los últimos seis años, en medio del incumplimiento del Acuerdo de paz pactado con las FARC en 2016 y de la persistencia por mantener el control sobre importantes rentas del narcotráfico y de minería en el caso de los herederos del paramilitarismo, hoy principalmente agrupados en esa red que es el Clan del Golfo, o en el viejo alzamiento armado del ELN, la última de las organizaciones rebeldes y ese archipiélago procedente de las FARC, que siendo una minoría en relación con los que pactaron la paz, por el incumplimiento del gobierno Duque, han crecido de manera considerable. Hemos visto estos días la respuesta del Clan del Golfo a la política de control territorial desplegada por el Gobierno Nacional ante la acción desenfrenada por mantener el control de la minería en el bajo Cauca, un control por supuesto criminal, autoritario y depredador del medio ambiente, muy lejos de las prácticas ancestrales de la población campesina y minera de este territorio con el cual el gobierno tiene canales de comunicación y concertación de políticas que reconocen sus derechos a mantenerse en sus regiones, en el marco de una acción regulada y responsable con el medio ambiente. Esta tarea de concertar con la población y proteger sus derechos, entre los que se encuentra sacarlos de la esfera del control del Clan del Golfo o de otros ilegales, no es tarea fácil, pero es la que se debe hacer. Por supuesto que hay que persistir en un entendimiento con el Clan del Golfo, desde la política de sometimiento que ahora se discute en el Congreso de la República, no hay que desfallecer y pensar que solo queda el camino de la acción militar y policial, que por supuesto hay que mantener y que junto con asumir un ordenamiento democrático de estos territorios, con garantías para la población, son los asuntos centrales a seguir trabajando, donde la oferta de reducción de penas y posibilitar que mantengan porciones de los recursos acumulados de manera ilegal son pilares de un sometimiento para estas mafias que tienen una oportunidad de salir de la ilegalidad y ser parte de estos territorios respetando la Constitución del 91. Hay en curso consultas de lo que se denomina el Estado Mayor Central de las FARC (así no nos guste esta denominación), esperemos que pronto se vea un proceso de entendimiento con estas disidencias del proceso anterior, allí hay una importante presencia territorial que puede ser parte de importantes agendas de desarrollo y construcción de paz, si se logra un entendimiento posible y en el marco de las políticas trazadas por el presidente Gustavo Petro en su importante agenda de cambio, que tiene en los temas territoriales una prioridad como quedó consignado en el Plan Nacional de Desarrollo que ahora se discute en el Congreso de la República. El proceso con el ELN cuenta con una agenda, una mesa que viene trabajando de manera comprometida y ganando en ritmo y que tendrá en el tercer ciclo a desarrollarse en Cuba, luego de la semana santa, el importante reto de pactar un cese bilateral de fuego y hostilidades y tener unos diseños de participación que involucren a una diversidad social, gremial y política para trabajar por una visión compartida de paz y de país soportada en las transformaciones pertinentes y necesarias para avanzar en democracia de calidad, equidad y superación de tantas exclusiones. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha presentado su informe de la situación humanitaria en 2022, es la descripción del sufrimiento que siguen viviendo muchas comunidades, un sufrimiento y vulneración de derechos que nos llama a persistir en la política de Paz Total, aquí lo pueden consultar: El CICR lleva 54 años en Colombia, agradecer el trabajo que adelantan sus 504 integrantes, de los cuales el 86% son colombianas y colombianos y el otro 14% son mujeres y hombres de 28 nacionalidades. esas 504 personas todos los días acompañan a las comunidades que sufren de manera directa estas violencias a superar. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Dennis Arley Huffington, Investigador Territorial; Ghina Castrillón Torres, Investigadora Territorial Oficina Pares Pacífico Buenaventura enfrenta una crisis humanitaria que se ha agudizado de manera incremental durante los últimos tres años y que a pesar de los esfuerzos del actual Gobierno Nacional y la Iglesia, que consiguieron des-escalar la violencia en la zona urbana, en lo rural la situación no ha mejorado y, por el contrario, tiende a empeorar a raíz del control social y restricciones a la movilidad que han impuesto las disidencias de las FARC y a los últimos anuncios sobre que se termina el cese bilateral con el Clan del Golfo, en el marco de las discusiones sobre la Paz Total. Toda esta situación llevó a que el día 22 de marzo, nueve consejos comunitarios de Buenaventura y comunidades indígenas realizaran una marcha desde el casco urbano hasta el sitio conocido como “El Gallinero”, ubicado en la entrada de la ciudad, en donde realizan un bloqueo que ha dejado parcialmente incomunicada la ciudad-puerto con el interior del país. El propósito es exigirle al Gobierno Nacional acciones que garanticen la vida digna en sus territorios y a los grupos armados ilegales que cesen las violencias en contra de la población civil. Se trata de los consejos comunitarios de Bahía Málaga, Calima, Dagua, Anchicayá, Raposo, Cajambre, Mayorquin, Yurumanguí y Naya; que conforman, en su mayoría, el Palenque el Congal del Proceso de Comunidades Negras (PCN). Estos consejos comprenden el 95% de la extensión territorial de Buenaventura, zona donde la guerra no ha dado tregua, principalmente por la limitada implementación del Acuerdo de Paz de la Habana de 2016. Las guerras que no dan tregua en la zona rural A finales del año pasado el presidente Gustavo Petro anunciaba que Buenaventura sería el laboratorio de la Paz Total. No se trató de un anuncio vacío, sino reconociendo las complejidades de las guerras que se están desarrollando en la ciudad de manera simultánea, especialmente en la zona rural, donde aún la Paz Total parece no hacer eco. En los ríos de Buenaventura tienen presencia las cuatro grandes estructuras armadas ilegales que hay en el país: el ELN, el Comando Coordinador de Occidente (CCO), la Segunda Marquetalia y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), o Clan del Golfo. Estas se disputan a sangre y fuego el control territorial, la minería ilegal, la producción primaria de la coca, las rutas entre los ríos y la salida al océano Pacífico. La situación más compleja se vive en Calima y Yurumanguí. En Calima, desde inicios del año pasado, la población ha sido víctima de la disputa entre el ELN y las AGC. Desde el Bajo Calima se han desplazado alrededor de 3.000 familias hacia el casco urbano de Buenaventura y a ciudades como Cali. Además, veredas han quedado totalmente confinadas por los reiterados enfrentamientos entre ambas agrupaciones (Ver: Crisis humanitaria en zonas rurales de Buenaventura y recomendaciones sobre la violencia territorial). En cuanto a Yurumanguí, este se ha convertido en el epicentro de la disputa entre la Columna Móvil Jaime Martínez del CCO y la Segunda Marquetalia, esta última que está en alianza con el ELN. En este corregimiento, junto al Naya, Cajambre, Mayorquin y Raposo, los grupos armados ilegales ejercen una fuerte presencia forzada en medio de los caseríos y la población civil, además de reiteradas violaciones a sus derechos humanos como los asesinatos de Edinson Valenzuela (30 de octubre de 2021), directivo de la Junta de Gobierno del río Raposo, y Arley Cuero, directivo veredal en Cajambre. También se han presentado desapariciones como las de Edinson Valencia y Abencio Caicedo, autoridades étnicas del Consejo Comunitario de Yurumanguí, quienes el 28 de noviembre de 2021 emprendieron un viaje hasta el río Naya y a la fecha se desconoce su paradero (Ver: En Yurumanguí faltan dos constructores de paz). Algo similar ocurrió en noviembre del año pasado, cuando 4 personas que salieron desde la bahía de Buenaventura con destino a Yurumanguí fueron interceptadas en el camino sin volverse a saber de ellas. Entre las víctimas se encontraba un firmante de paz. El clamor de las comunidades Ante la difícil situación humanitaria que deben enfrentar, el constante riesgo y el desespero, las comunidades se tomaron las vías de hecho con el único propósito de que se les permita vivir en paz y dignidad en sus territorios ancestrales. Las comunidades hacen un llamado al Gobierno, en especial al Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, y al ministro del Interior, Alfonso Prada, para abrir una mesa de diálogo que gire en torno a 20 puntos de petición que dieron a conocer a través de un comunicado público, de los cuales, resaltan cuatro: Los acuerdos con los actores armados ilegales deben extenderse a desmontar el control social que tienen al interior de las comunidades, entre ellos, no estar en medio de la población civil ni sus dinámicas organizativas y no hacer más retenes ilegales en los territorios, que como denuncian líderes, retienen sus documentos de identidad y sus celulares para revisarles el contenido. Que, en un gesto de buena voluntad y compromiso con la paz, los grupos armados devuelvan a los líderes y habitantes desaparecidos, como lo son Édinson Valencia y Abencio Caicedo, además que esclarezcan los asesinatos de las dos autoridades étnicas de Cajambre y Raposo. Que se establezca una ruta, para que, en un tiempo no mayor a cuatro meses, los grupos armados devuelvan a los jóvenes y menores reclutados para la guerra en sus territorios. Adelantar e implementar en el menor tiempo posible un plan de saneamiento del territorio contra la minería ilegal con maquinarias pesadas, control del narcotráfico (factores como expansión de la siembra de coca, insumos y laboratorios) y demás economías ilegales que dificulten la vida de las comunidades en el territorio y sustenten la guerra. Liderazgos bonaverenses y el llamado al Gobierno Nacional Se han iniciado los primeros acercamientos presenciales entre la comunidad y el Gobierno Nacional, de acuerdo con Mario Angulo, coordinador del Proceso de Comunidades Negras (PCN) en Buenaventura: “de ayer a hoy nos han hecho varias llamadas. Aquí en Buenaventura hoy hay una comisión que la está encabezando la viceministra de Diálogo Social del Ministerio del Interior. Nosotros estamos solicitando la presencia del Alto Comisionado de Paz y del ministro del Interior, y ahí para allá digamos quienes se sumen. Igual nosotros vamos a atender el llamado que nos están haciendo ahora, entre una hora vamos a estar ahí conversando”. Frente a la gestión del Alto Comisionado para la Paz, Mario Angulo entiende que su agenda es muy apretada para tanto que se trata de abarcar, pero manifiesta como central la necesidad de que se cuente con una comisión que estudie la realidad de los territorios con estos actores armados, pero que además se propicie la participación de las comunidades, el cuidado de la naturaleza y la protección de los liderazgos. Asimismo, la lideresa Maricruz, de Yurumanguí, resalta que lo que se está demandando es “una acción principal para proteger la vida en los territorios que tiene que ver con que se revisen los acuerdos bilaterales que se están haciendo en el marco de las distintas negociaciones que está haciendo este Gobierno, porque no es posible que el Gobierno desde el nivel nacional esté haciendo unos acuerdos y en los territorios nuestros esté la situación, o sea, tan jodida, tan crítica de retenes, de confinamiento, de reclutamiento, de señalamiento”, que como lo resalta Maricruz son acciones que violan los derechos que se tienen como pueblo, de ahí la urgencia de la revisión de la situación por parte del Gobierno Nacional para poder avanzar en la construcción de la paz. Finalmente, la lideresa María Riascos, de la cuenca del río Anchicayá, le dice al Gobierno Nacional que “las comunidades necesitan que el alivio humanitario sea real y que sea ya, no podemos seguir esperando y que el Estado Colombiano, el Gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez avancen a través de quien tienen que avanzar en esos diálogos de paz, porque es que las comunidades están pasándola muy mal y somos los que hemos vivido el embate de la guerra, somos los que hemos perdido nuestros hijos e hijas, nuestros hermanos, nuestros maridos, nuestros amigos, hemos sido los que hemos salido desplazados del territorio y también somos los que vamos a pagar ahora en supuestamente tiempos de la Paz Total”.

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< Atrás La JEP ordena al Gobierno proteger a excombatientes de las Farc ante amenazas de desplazamiento forzado Fuente: Blu Radio ​ 24/3/23 Por: Redacción Pares Doscientas familias de excombatientes de las Farc que se encuentran en un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Mesetas, Meta, anunciaron que se desplazarían forzadamente debido a las amenazas de las disidencias de Iván Mordisco y a los problemas de infraestructura del lugar. La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP ordenó al Gobierno activar mecanismos de protección para garantizar la seguridad de las familias, incluyendo a 80 menores de edad. La JEP también pidió informes sobre los compromisos que se pactaron entre las agencias del Estado y la comunidad de la ETCR 'Mariana Páez'. Además, la JEP recordó que esta no es la primera vez que los excombatientes en proceso de reincorporación se han visto en riesgo, como en el caso de los excombatientes de la ETCR de Santa Lucía en Antioquia en 2020. Por tal motivo que la JEP ordenó al Alto comisionado para la Paz, la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad Nacional de Protección y la Mesa Técnica de Seguridad y Protección que informen e implementen una ruta integral de emergencia para situaciones de desplazamiento colectivo e individual. También se pidió al Ministerio de Defensa y al Comando Conjunto Estratégico de Transición (COET) que informen sobre el control de seguridad en el campamento humanitario y las condiciones de seguridad del nuevo asentamiento de la ETCR. ​ Minuto a minuto Paz Total Fiscalía suspende órdenes de captura de cinco miembros de las disidencias de las FARC ante petición de Gustavo Petro 24/3/23, 7:30 p. m. Leer Minuto a minuto Paz Total La JEP ordena al Gobierno proteger a excombatientes de las Farc ante amenazas de desplazamiento forzado 24/3/23, 7:30 p. m. Leer Minuto a minuto Paz Total Ministro de Defensa expresó su preocupación frente a los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN en el Magdalena 24/3/23, 7:30 p. m. Leer Minuto a minuto Paz Total Autoridades investigan posible aumento en número de muertos en enfrentamientos entre Clan del Golfo y ELN en Valdivia 24/3/23, 7:30 p. m. Leer Minuto a minuto Paz Total Combates entre grupos armados ponen en peligro la vida de habitantes de veredas en Amalfi 24/3/23, 7:30 p. m. Leer Minuto a minuto Paz Total Entrega de bienes por las FARC supera los 247 mil millones de pesos 24/3/23, 7:30 p. m. Leer