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  • Una conversación pendiente: Álvaro Araujo y León Valencia en una mañana lluviosa en Valledupar

    Por: Laura Bonilla Hace unos días, en la feria del libro de Valledupar, León Valencia, Antonio Sanguino y yo fuimos a hablar de nuestro último libro: “Parapolítica, historia del mayor asalto a la democracia en Colombia”. El libro no es una reedición de la investigación de hace veinte años. Es más que eso. Son ensayos que narran la historia de la investigación desde las voces de sus protagonistas y también es una reflexión sobre lo que ha pasado en estos veinte años. Lo bueno y lo malo. Pero, sobre todo, es una preocupación sentida sobre la democracia y el sistema político colombiano que aún conserva un lado muy oscuro. Cuando llueve en Valledupar no hay clases en los colegios. La gente se queda en casa, esperando que el agua amaine. Incluso hay vallenatos que lo cuentan. Ese domingo en la mañana, Álvaro Araújo estuvo en primera fila en la presentación de nuestro libro. “Me van a permitir una réplica”, nos dijo antes de empezar el conversatorio. Honestamente, según pasaba el tiempo, creí que efectivamente seríamos solo él y nosotros, en un contrapunteo entre dos testimonios distintos sobre la misma historia: el nuestro como investigadores y el suyo como protagonista de la historia. Pero con el tiempo escampó y el auditorio se llenó. Hablamos de lo que se habla en un lanzamiento de un libro. Al final, toda persona que escribe trata incansablemente de que la lean. Pero se sentía en el ambiente la tensión. Álvaro Araújo fue tal vez el oyente más atento. Tomaba nota de todo lo que decíamos. Cuando Antonio Sanguino habló sobre el periplo que significó su reciente candidatura a la gobernación del departamento y dijo sin ambages: "La política en el Cesar la tiene tomada una banda criminal", Araújo asintió con la cabeza. Se notaba que tenía una mezcla de rabia y tristeza. Cuando habló, eso fue claro. Seis minutos. La mayoría de la interpelación la dirigió a León Valencia, a su rol de director de esa investigación en ese momento. Otra gran porción la usó para denunciar al cartel de la toga, contar que le pidieron dinero para archivar su caso y mostrar cómo otros políticos que contaron con más recursos y poder de negociación salieron, o bien impunes, o con menores condenas. Y otra porción del tiempo la dedicó a mostrar una paradoja: que, al haber eliminado a un grupo político de la ecuación, el otro, el clan Gnecco, se había tomado todo el poder departamental. “Fracasaste, León”, fue la frase final. Es tan común en Colombia que cada uno de nosotros nos aferremos a nuestras razones que la respuesta fue todo menos lo que ni Álvaro ni el auditorio esperaban: “Yo soy la persona más consciente de mis fracasos. Sé cuándo en mi vida he producido daño”. Y es verdad. Cada cosa que hacemos, más cuando estamos ante fenómenos tan complejos como los que vivimos en Colombia, produce consecuencias. Y hay personas, siempre hay personas en esas consecuencias. Álvaro Araújo fue condenado por la Corte Suprema a nueve años. Perdió su vida como la conocía, su grupo político, otrora influyente, desapareció. León Valencia vivió dos exilios después de la parapolítica. Yo, uno. El departamento del Cesar quedó en manos del Clan Gnecco. Y así, poco a poco, la vida de todas las personas que estuvimos involucradas fue cambiando, pero la del país también. De una u otra manera, se repite la paradoja: a nivel nacional se produjo una ruptura que explica en parte el triunfo por primera vez de un político abiertamente de izquierda en el país. En algunas regiones, los operadores políticos, muchos de ellos provenientes de clanes políticos, otrora uribistas e incluso otrora parapolíticos, se realinearon con el ganador. En otros departamentos, con la oposición. Lo cierto es que, con todo y cambios, la brecha democrática entre el centro del poder político y las regiones sigue siendo insondable y es difícil que en zonas enteras del país se defienda la democracia cuando esta no ha dado prácticamente nada de sí. Y cada campaña que vivimos transcurre repitiendo patrones: campañas costosísimas, políticos con un espíritu mafioso, mafiosos invirtiendo en la política y clanes políticos imbatibles. Para la muestra, los Gnecco. En eso, la distancia que en algún momento se abrió con la investigación de la parapolítica, la denuncia y la condena entre quienes investigamos y quienes protagonizaron se cerró un poco. Cada caso es distinto y el departamento del Cesar, por supuesto, lo es. En ese momento que nos permitió encontrar en lo humano cierta cercanía, entregamos el libro a Álvaro Araújo y él nos lo recibió. Nos dimos la mano. Un amigo querido en el departamento nos tomó una foto. A la gente vallenata, que llenó el auditorio aun en un día de lluvia, le gustó el gesto. Nos lo dijeron después. Es como cerrar un episodio, contribuir a la reconciliación. Yo creo que también de parte de Álvaro Araújo ocurrió lo mismo. Creo que tenemos mucho que aprender de lo que ocurrió, de las vivencias y también de las consecuencias del episodio de la parapolítica en todas sus versiones y vertientes. Aunque parezca lejano, nos debemos más conversaciones como esta.

  • El peor político que salió del M-19

    Por: Redacción Pares Foto tomada de: Pulzo En el 2007, poco después de terminar la investigación que partiría la historia de la política colombiana en dos, Laura Bonilla se encontró con Luis Alberto Gil en un foro organizado por el diario El Tiempo. La parapolítica había estallado y el partido con el que Gil llegó al Congreso, Convergencia Ciudadana, estaba en el ojo del huracán. El hombre, resentido porque Bonilla le había quitado la máscara, rompió en improperios contra ella y en medio de su andanada soltó una frase que veinte años después tiene vigencia: “Nadie tiene autoridad moral para juzgarnos, somos como cualquier partido político”. Premonitorio porque, a pesar de las condenas nunca llegó el castigo político. Ese fue un gran año para Gil. Su partido ganó 74 alcaldías en 18 departamentos, 30 de ellas en Santander, 852 concejales, 26 diputados en asambleas departamentales y un gobernador. El pedazo de la torta estaba grande. En cambio, para la académica que puso la llaga en el problema estaba desesperada. Había sido amenazada de muerte junto a los otros investigadores de la Corporación Nuevo Arco Iris que develaron la ayuda de paramilitares a políticos consiguiéndoles votos en sus áreas de influencia, así que ya cargaba con el incómodo lastre de tener un esquema de seguridad. Por medio del correo electrónico la joven investigadora recibía mensajes como estos: “Se calla o la callamos”. A la propia oficina de León Valencia llegaba información desde la cárcel de Itagui sobre un plan para matarla a ella y a otra de las investigadoras de Nuevo Arco Iris, Claudia López. El círculo se hacía cada vez más estrecho. León Valencia y Laura Bonilla hablaron con la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado y les constató de la gravedad de la situación. Valencia abordó a Bonilla y fue crudo: “En este país ya no matan a las cabezas porque es un escándalo. Tampoco a los pies porque a nadie le importa. Matan al ombligo y yo creo, que en ese caso, el ombligo eres tú. Es mejor que te vayas” Así que, con el alma rota, Laura Bonilla tuvo que irse del país por haber cometido el pecado de contar la verdad sobre un político y mostrar la expansión paramilitar desde Barrancabermeja hasta el sur de Bolívar. Detrás de las amenazas estaba el Bloque Central Bolívar. Luis Alberto Gil nunca fue un hombre brillante en el M-19. Nacido en Cite, corregimiento de Barbosa, hace 72 años, estudió licenciatura en Química en la UIS cuando ésta universidad vivía su época más convulsa, los años setenta. En la UIS es reclutado por el M-19. Le vieron dotes de líder así que lo envían a la Libia de Kadafi en donde se preparó durante seis meses en ciencia militar. Regresó para vincularse con el sindicato de profesores y una vez esta guerrilla se desmoviliza en 1990 se vincula al sector de la salud. Una de las EPS que encabezó, Solsalud, terminó siendo liquidada por malos manejos. En 1997 crea Convergencia Ciudadana. Allí traicionó todos los principios que podía tener desde el M-19 y le abrió la puerta a los paramilitares y también al enriquecimiento ilícito. En el año 2000 Convergencia Ciudadana ganó diez alcaldías, dos de ellas en Santander, Lebrija y Barrancabermeja. Según Laura Bonilla en su capítulo Los mecanismos del sistema que favorecieron la parapolítica contenido en el libro Parapolítica, la historia del mayor asalto a la democracia en Colombia “la lista de Convergencia ciudadana fue una combinación de políticos profesionales, principalmente liberales, con ansias de autonomía y dispuestos a pagar por ella, con los recomendados del Bloque Central Bolívar”. De la noche a la mañana Gil consiguió 82 mil votos para llegar al senado en el 2002. Tenía, además, dos de las siete curules a la Cámara en Santander. Su apoyo sería fundamental, un año después, para que Hugo Aguilar, quien sería condenado años después por haber tenido apoyo de los paramilitares, arrasara en las votaciones a la gobernación de Santander. En el 2006 repetiría curul en el senado pero ahí ya estaba cocinándose la investigación de Nuevo Arco Iris. La Corte Suprema de Justicia, en cabeza de Iván Velásquez, tomó esta investigación para seguirle el rastro a los políticos vinculados con paramilitares. Se presentaban pruebas de reuniones de Gil con Ernesto Báez y Julián Bolívar. El juicio duró cinco años y fue condenado a 90 meses de prisión. Mientras tanto Laura Bonilla intentaba reconstruir su vida en España. La salvó la fe que da la juventud. Regresó al país en el 2013  y siguió siendo uno de los puntales de la investigación en Colombia. Hoy, desde la subdirección de la Fundación Paz y Reconciliación, sigue trabajando para poner en evidencia a los clanes políticos que se comen a Colombia. La cárcel no fue el final para el Tuerto Gil quien renacía una y otra vez. Después de hundir Convergencia Ciudadana reencarnó en el Partido de Integración Nacional, el PIN, al nado de un hombre con un pasado oscuro como Juan Carlos Martínez. Mientras estuvo en la cárcel su esposa salió elegida senadora con 40 mil votos en el 2014. Ese mismo año salió de la cárcel pagando sólo una parte de su pena. Pero, en el año 2019 sería capturado por la Fiscalía por haber estado metido en supuestos sobornos para favorecer a Jesús Santrich. Fue condenado en el 2021 a cuatro años de prisión. Sin embargo, ya está libre, como si no hubiera ocurrido nada. Y la fiebre de poder permanece intacta.

  • Mancuso confirma que helicóptero de la gobernación de Antioquía sobrevoló el Aro durante la masacre

    Por: Redacción Pares Foto tomadas de: Semana y Verdad Abierta El 22 de octubre de 1997 el gobernador de Antioquia se llamaba Álvaro Uribe Vélez. Ese día el Bloque Mineros de las AUC irrumpió en el corregimiento del Aro en el municipio de Ituango y asesinó a 17 campesinos que estaban indefensos, desarmados. Semanas antes de los hechos defensores de derechos humanos como Jesús María Valle le había advertido al entonces gobernador Álvaro Uribe que la masacre iba a suceder. Pero no se tomó ninguna medida. Valle sería asesinado meses después. Desde entonces se han venido tejiendo versiones sobre la participación de la gobernación de Antioquia en la masacre ya que siempre se habló del sobrevuelo de un helicóptero de esa entidad. Este 12 de junio en entrevista con Daniel Coronell en W Radio, Mancuso dio detalles sobre esta masacre. Primero habló sobre la influencia de las FARC en la zona. “Tenían un armamento impresionante, allá se movía el bloque José María Córdoba que tenía capacidad para armar a 2.000 hombres en unas cuantas horas. Hacían por allá pescas milagrosas e incluso decían que en la zona del Aro y la Granja y allí decían que tenían campos de concentración”. Según Mancuso Pedro Juan Moreno, quien era la mano derecha de Uribe en la gobernación, se reunió con él y con el comandante Carlos Castaño y les pide que expulse a la guerrilla de esa zona, expulsarlos de la población urbana “De esa manera organizamos la operación y efectivamente fue una barbaridad”. Los paras llegaron a la zona y el ejército les entregó una lista en donde estaban los nombres de las personas que supuestamente pertenecían o colaboraban con las FARC “Así dimos de baja a estas personas configurando crimen de estado”. En esa entrevista Mancuso afirmó que, en el momento de la masacre, sobrevolaba la zona un helicóptero perteneciente a la gobernación de Antioquia. Incluso él afirma haber estado en un helicóptero y en él entró varias veces “a llevar municiones, atender heridos, recoger muertos” El ex comandante paramilitar no especificó si estos helicópteros en los que se movilizó pertenecían a la institucionalidad. Mancuso se quejó de seguir preso en la cárcel La Picota, y, entre otras afirmaciones en la entrevista, afirmó que existió una conspiración del gobierno de Álvaro Uribe para asesinar a Vicente Castaño, quien fue uno de los comandantes de las AUC que fue más crítico con los cambios que hubo por parte del gobierno en las negociaciones con los paramilitares. Luis Carlos Restrepo incluso habría estado en el operativo donde muere Vicente Castaño y habría dado la orden para asesinarlo. Según Mancuso el propio Castaño fue quien decide dispararse al verse acorralado.

  • Las jugadas de Víctor Carranza, el rey de las esmeraldas, para burlarse de la justicia colombiana

    Por: Redacción Pares Foto tomada de: Noticiero 90 minutos Hace 11 años murió Víctor Carranza y aún le aparecen chanchullos. La Fiscalía acaba de descubrir que por intermedio de uno de sus abogados de confianza, y hasta de una cocinera, Víctor Carranza se apropió de 26.939 hectáreas de terrenos baldíos. Con esa triquiñuela se burló de lo que hasta hace una década se conoció como el INCORA, hoy Agencia Nacional de Tierras, una oficina creada para hacer la Reforma Agraria en el país. El abogado de Carranza, de nombre Fernandel Alonso, lograron hacer pasar a 27 personas de su entera confianza para que tomaran estos predios en el marco de la Reforma Agraria. Esto sucedió en 1992. Esas tierras fueron vendidas en el 2007. Carranza fue el que las compró por una suma irrisoria que apenas alcanzó los 750 millones de pesos. En este entramado también estarían salpicados funcionarios de Notarías en Villavicencio. Este es tan sólo uno más de los torcidos que hizo Víctor Carranza. Si, estuvo preso un par de años, pero al final moriría impune en el 2013. Según Verdad Abierta al menos diez jefes paramilitares lo señalaron como patrocinador principal de las AUC. Incluso Ernesto Báez afirmó que Carranza no era el zar de las esmeraldas sino el zar del paramilitarismo. Cercano a la iglesia, incluso con un obispo que se convirtió en su sombra, tenía permeada a la clase política de Boyacá. Conservador de pura cepa, Carranza era de misa diaria. Sus nexos con Pablo Escobar, para muchos, fueron diáfanos. Es más, a las pocas personas que podría temerle el jefe del Cartel de Medellín era carranza. En 1988 Andrés Pastrana fue secuestrado por alias Popeye en la sede de su campaña. En esa época a Escobar no le temblaba el pulso para ordenar el asesinato de la gente que estuviera bajo su cautiverio. Fue por intermedio de Carranza que se consiguió la pronta liberación de Pastrana quien meses después se convertiría en el primer candidato en ser escogido de manera popular como alcalde de Bogotá. Aunque todos sabían de su poder, de sus ejércitos privados, la primera investigación formal que le hicieron fue en 1993 por Enriquecimiento Ilícito pero no prosperó. Cinco años después el fiscal Alfonso Gómez Méndez logró ponerlo preso por conformación de grupos paramilitares. Tres años duró preso, la laxitud del fiscal Osorio con los grupos paramilitares le permitió salir a Carranza. Desde entonces Victor Carranza vivió con holgura, sin mayores sobresaltos judiciales. Eso sí, sus enemigos en el bajo mundo como el Loco Barrera le hicieron varios atentados a los que sobrevivió. Según La Silla Vacía al momento de su muerte, ocurrida el 4 de abril del 2013, poseía un millón de hectáreas. Su nombre le dio la vuelta al mundo cuando en 1966 encontró lo que muchos consideraron hasta ese momento la esmeralda más grande del mundo. Uno de sus socios en esa época, Gonzalo Rodríguez Gacha, se le volteó en los ochenta y empezaron una de las más sangrientas guerras de esmeralderos que el país recuerde. Se cuenta que, debido al acoso de las FARC en sus tierras, Carranza creó grupos de autodefensas para protegerse. Sin embargo el grupo que armó, al que llamaron los “carranceros” estuvo envueltos presuntamente en varias masacres. La de Mapiripán fue una de ellas. Este escándalo que salta 11 años después de su muerte es un ejemplo de las jugaditas de las que se valió Carranza para siempre escaparse de la ley.

  • Convocatoria del Programa InspiraPaz: la iniciativa para fortalecer a las organizaciones sociales en la defensa de los derechos humanos.

    Por: Pares En el Cauca, la guerra no ha terminado, basta con dar un repaso por diarios nacionales para darse cuenta de una gravedad que aumenta cada día. En lugares como Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Jambaló y Santander de Quilichao, en donde las violaciones a los derechos humanos no cesan, el Programa InspiraPaz de USAID estará al lado de la comunidad. También lo hará en Antioquia, en los municipios de Cáceres, Caucasia y Tarazá, en pleno Bajo Cauca Antioqueño en donde la minería ilegal ha desatado la crudeza de los grupos armados. En el Carmen, Sardinata, Teorama y Tibú, corazón del Catatumbo, territorio minado desde hace 30 años por las guerrillas y los grupos paramilitares. Así como en el Caquetá en los municipios de Cartagena del Chairá, Florencia y San Vicente del Caguán, escenario de los frustrados diálogos de paz durante el gobierno de Andrés Pastrana. En el Pacífico, será en Barbacoas y Tumaco, de Nariño; Quibdó en Chocó; y Buenaventura en el Valle del Cauca. Esta convocatoria dirigida a las comunidades estará abierta en estos 21 municipios donde InspiraPaz esta. ¿En qué consiste? En Buenaventura, el jueves 6 de junio, el Programa InspiraPaz de USAID y del que Pares es socio, realizó el lanzamiento de su convocatoria dirigida a organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de fortalecerlas en sus capacidades para la prevención de violaciones a los derechos humanos, protección, autoprotección de personas defensoras de derechos humanos y/o colectivos, comunidades en riesgo, en especial étnicas, e incidencia en políticas públicas de DDHH. Las iniciativas o proyectos deben ser para implementarse en una o varias de las 7 subregiones y 21 municipios priorizados por el Programa y deben tener una vigencia o tiempo de ejecución entre 6 y 12 meses. La convocatoria estará abierta desde la fecha hasta el 28 de noviembre de este año a las 17:00 hora colombiana. Para mayor información descargar los términos de referencia en este enlace: https://sharena11.springcm.com/Public/Folder/22197/ec1bf9ad-3e1d-ef11-b822-9440c9ae2c4d/cf9545e4-3e1d-ef11-b822-9440c9ae2c4d Para postular su propuesta ingresar al enlace de la convocatoria del Programa InspiraPaz: https://tetratech.my.site.com/ard/s/solicitation/a0MUP000000jucL2AQ/hr4paps001?language=en_US

  • Los incumplimientos de los gobiernos Duque y Petro que tienen a los indígenas ocupando el parque Nacional

    Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Tiempo y El Espectador En las últimas horas el alcalde de Bogotá confirmó la muerte de una niña Embera de tres meses de nacida en los campamentos ubicados en el Parque Nacional en donde esperan desde el año 2020 a que el gobierno nacional les de una respuesta a las necesidades y padecimientos que vienen sufriendo en su territorio. La respuesta del Distrito fue hacer un llamado urgente al gobierno nacional para que se agilicen las negociaciones con el grupo de indígenas y puedan pactar lo que parece ha entrado irremediablemente a una zona pantanosa. Como la memoria es corta es bueno recordar lo siguiente: esto no arrancó en este gobierno. La ocupación por parte de 500 indígenas Embera en este espacio vital para Bogotá no arrancó con la ascensión de Petro a la presidencia. De hecho fue durante el gobierno Duque, en el 2020, cuando llegaron estos indígenas movidos por justas causas. Los primeros en llegar fueron 263 integrantes de la comunidad Embera Katío, a mediados del 2020, en medio de los problemas que dejaba la epidemia del COVID 19, habían llegado a la ciudad desplazados por la situación de violencia que se vivía en su territorio. La pandemia los obligó a asentarse y además pensaron que sería una buena manera de presionar para que fueran atendidos sus reclamos. La ONIC reportaba en ese momento en territorio 10 mil personas confinadas y 2 mil desplazadas. En ese momento la población de indígenas en el parque nacional superaba las 3000. A finales del 2021 se dio el primer retorno de indígenas a sus territorios de más de 1.500 indígenas volvieron a su territorio en Chocó y Risaralda, unos meses después se hizo un censo y se contabilizó que en el parque Nacional habían 1350. El 13 de mayo del 2022 se anunció desde la alcaldía de Claudia López que la reubicación de los indígenas sería completa y aunque muchos se fueron aún persisten más de quinientos. Las malas condiciones han hecho que niños como el que murió el pasado domingo 9 de junio corran riesgos eminentes de salud. La defensoría en su momento emitió un reporte que señalaba el nivel de precariedad de las condiciones en las que estaba la comunidad asentada en la zona: “No hay suministro de agua potable, los baños tienen filtraciones, no cuentan con el mínimo de condiciones de salubridad, y el lugar está infestado de moscas y cucarachas, plaga generadora de diversas enfermedades que ponen en riesgo la salud humana”. La unidad de víctimas, en abril de este año, identificó a 724 indígenas asentados en el emblemático parque. Aunque mucho bogotano que se acerque al lugar le parezca un capricho de los embera el protestar de esta forma, se olvida cuáles son las razones por las que ellos han decidido pasar noches heladas, torrenciales aguaceros y exponer su salud a las inclemencias del clima bogotano. La unidad de víctimas indagó y publicó en su momento las seis exigencias que se le han hecho tanto al gobierno de Iván Duque como al de Gustavo Petro: Conflicto armado interno y desplazamiento por la guerra. Ausencia de servicios integrales del Estado en sus territorios. Falta de garantía de viviendas y desarrollo rural. Dificultad para el acceso a bienes y servicios básicos. Estigmatización social. Falta de voluntad política para revertir estas situaciones. Es compromiso de todos impedir que un niño más muera en estas condiciones. Las exigencias de los Embera deben ser atendidas de manera inmediata. Y en ese sentido tanto el gobierno Duque como el de Petro se han hecho los de los oídos sordos ante los reclamos

  • Buriticá y el eterno conflicto por el oro

    Por: Fredy Chaverra Foto tomada del: Colombiano En la plaza central de Buriticá reposa un monumento que exalta la rebeldía del cacique Buriticá, un cacique legendario investido en oro que hacia el año 1538, en medio de la violenta arremetida de los conquistadores, prefirió arder en la hoguera antes que entregar la ruta de su tesoro a la voracidad de los invasores españoles. La gesta y rebeldía del cacique forman parte de la identidad social y cultural de este tradicional municipio del occidente antioqueño. Ahora, casi cinco siglos después de la gesta del cacique, la disputa por el oro sigue persistiendo en las montañas de Buriticá, y en los últimos meses, se ha intensificado en una escalada de confrontación que ya se ha cobrado la vida de varios mineros ancestrales. Desde el 27 de mayo los mineros iniciaron una protesta en contra de la Zijin Mining Group Co Ltd, una multinacional de origen chino que, desde el año 2020 cuando adquirió el título P7495011 tras un multimillonario negocio con la Continental Gold, llegó a la región con la intención de explotar un área de1.893,8 hectáreas entre los municipios de Buriticá, Giraldo, Santa Fé de Antioquia y Cañasgordas. Es la mina de oro más grande del país. La llegada de Zijin al territorio generó una conflictividad social que no ha parado de acrecentarse con los años. Desde algunas organizaciones mineras, la multinacional es percibida como una “intrusa”, se cuestiona su compromiso social y ambiental, y especialmente, su modelo de extracción masiva y tecnificada que ha tenido un impacto sustancial en la minería tradicional. Pero lo más delicado es que, según denuncian los mineros, desde hace un año Zijin estaría llenando de lodo los socavones que no le son provechosos en un procedimiento de retrollenado, esto, mientras decenas de mineros ancestrales todavía se encuentran extrayendo el mineral. Algo que ocurre a la par que estructuras armadas integradas al Clan del Golfo -ahora autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia- avanzan en una disputa a sangre y fuego por ejercer un control ilegal en los socavones y limitar las labores de Zijin. Y en medio de esta disputa se encuentran miles de mineros ancestrales y sus familias, que, en una situación cada vez más trágica, se ven expuestos, por un lado, a la instrumentalización por parte de un actor armado ilegal, y por el otro, deben padecer las acciones contenciosas de retrollenado por parte de la multinacional. Acciones violentas y deleznables que atentan contra los derechos humanos. De ahí que la desaparición a principios de mayo de los mineros Edison Jiménez y Danny Humberto Ocampo, quienes operaban en los socavones ilegales y cuyos cuerpos, por motivos técnicos y de seguridad según afirmó Zijin en un comunicado público, no podrán ser rescatados de los socavones, haya detonado el más reciente bloqueo, el quinto desde el año 2020, pero el más intenso desde la llegada de la multinacional a la región. La única salida a esta crisis se encuentra en un diálogo sostenido. Una ruta para ello podría ser la instalación de mesas con equipos de trabajo diversos y con la presencia de los gobiernos locales, departamental y nacional; estas mesas deberán sesionar de forma pública y llegar a acuerdos vinculantes en torno a un programa de formalización minera, así como de planes sociales y ambientales, y además, hacer un enérgico llamado por el respeto a los derechos humanos. Rechazando el accionar y la instrumentalización de los actores armados. Tanto los mineros ancestrales como la multinacional china deben poner todo de su parte para encontrar una solución integral que sea verdaderamente sostenible en el tiempo, o si no, esto solo será la antesala a más muertes y a una crisis aún mayor. ¡Se requieren medidas urgentes!

  • Los paramilitares y parapolíticos que han apadrinado a Yahir Acuña

    Por: Redacción Pares Foto tomada de: Infobae Contra todo pronóstico Yahir Acuña pudo convertirse en octubre pasado en alcalde de Sincelejo. Los escándalos que han acompañado a este hombre en sus veinte años de carrera política son innumerables. Su salto no pudo ser más explosivo, pasó en poco tiempo de ser un estudiante de ingeniería agropecuaria a ser el consentido del entonces todopoderoso gobernador de Sucre Salvador Arana y contar con el aval de los jefes paramilitares, Eduardo Cobo Téllez, alias Diego Vecino y Rodrigo Mercado, “Cadena”. Otro de sus mentores fue Álvaro “El Gordo” García, condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Macayepo, con su aval pudo ser concejal. En el 2010 fue fórmula a la cámara del exsenador Héctor Julio Alfonso López, conocido por ser el hijo de la empresaria del chance alias “La Gata”. Después del escándalo que protagonizó esta familia, Acuña busca cobijo en el grupo de Afrovides y consigue para las elecciones de ese año 59.627 votos. El aumento fue espectacular ya que en el 2006 apenas había obtenido 1.955. En el libro Herederos del mal, clanes, mafias y mermeladas, un testigo le cuenta a Ariel Ávila y a León Valencia que a Tolú llegaban para esas elecciones del 2010 “carros de políticos de otros departamentos a comprar avales”. Otro de los respaldos complicados que tuvo Acuña fue el de Juan Carlos Martínez Sinisterra quien se hizo tristemente célebre por una frase aberrante y que sintetiza las malas prácticas de la política en nuestro país “Acá es más rentable una alcaldía que un cargamento de cocaína”. Yahir Acuña ha sido investigado por estos hechos desde hace más de una década, pero, a pesar de esa cola de señalamientos, se lanzó a la alcaldía de Sincelejo y ganó esas elecciones en octubre del 2023. Ahora acaba de saltarle otra vez la liebre luego de que miembros del grupo criminal Los Rastrojos lo habrían señalado de recibir su ayuda para las elecciones parlamentarias 2010-2014 cuando llegó a ser Representante a la Cámara. Según denunció la Revista Cambio la Corte Suprema tendría las pruebas para acusarlo por el delito de concierto para delinquir. Los testimonios son de dos ex paramilitares que crearon este grupo paramilitar de los Rastrojos poco después de la fallida desmovilización de las AUC en tiempos de Uribe, se trata de los hermanos Juan Manuel y Brayan Eduardo Borré Barreto. Según estos testimonios se le brindó apoyo a Acuña en los municipios de San Onofre, Tolú, Tolú Viejo, Tolú Nuevo y Coveñas en Sucre. Los exparamilitares le contaron a Cambio lo siguiente: “Yahir Acuña nos aportó para la organización, nos mandó, por todo el tiempo que estuvimos allá, nos dio casi 1500 millones de pesos”. El problema no termina ahí. Los exparamiliares también afirmaron haber recibido dinero por parte de Acuña para realizar asesinatos a reclamantes de tierras despojadas por paramilitares. La Corte Suprema constató ambas declaraciones y no encontró contradicciones lo que los llevarían a realizar una investigación formal contra el actual alcalde de Sincelejo. Las formas de hacer política de Acuña han sido largamente cuestionadas. Como lo denuncian León Valencia y Ariel Avila en el libro anteriormente citado su práctica de entregar “mercaditos” a Mototaxistas fue ampliamente conocida en Sincelejo desde principios de la década pasada. En uno de los apartes del libro se dice lo siguiente sobre Acuña: “Desde los primeros meses del año 2013, este nuevo barón electoral se hizo rápidamente famoso -y temido por sus adversarios políticos- por la financiación de espectáculos populares como las fiestas de toros en Sucre, Majagual y Sampués en las que repartía boletas y whisky a los participantes del espectáculo taurino”. Las acusaciones denunciadas por Cambio le han puesto la lupa a uno de los grandes barones electorales de Sucre y quien ha demostrado tener el método para burlarse una y otra vez de la justicia colombiana.

  • Una paz posible con la Segunda Marquetalia

    Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Las negociaciones de paz con la Segunda Marquetalia que se inician este 24 de junio de 2024, en Caracas, Venezuela, podrían convertirse, con relativa facilidad, en el componente más exitoso de la política pública de Paz Total de Gustavo Petro. Esto si logra llegar, en menos de dos años, a la firma de un acuerdo final, tal como lo proyecta Otty Patiño, el alto comisionado para la paz. De llegar a este final, el lema que podría aplicarse a esta negociación sería: “con quien se negocia de último se negocia mejor”. Pues buena parte de los aprendizajes de la paz negociada se están usando con este grupo. La lista de chequeoevidencia que a este proceso se le han introducido, desde su inicio, una gran cantidad de aspectos que hacen probable alcanzar un buen resultado. De acuerdo con la teoría de resolución de conflictos, el gobierno Petro ha procedido como se debe. Primero invitó a la agrupación armada a involucrarse en la construcción de la paz total. En uno de los componentes de la Ley 2272 de 2022, el Gobierno plantea la necesidad de avanzar en un diálogo sociopolítico con las estructuras disidentes y re–insurgentes de las extintas FARC–EP. Y aunque este grupo armado se tomó un tiempo en responder, casi un año y medio después aceptó la invitación. Lo que hizo posible que el Gobierno diera el segundo paso: reconoció  a los re–insurgentes —con la Resolución 64 del 28 de febrero de 2024— como un grupo armado ilegal con el que se puede negociar, y, por tanto, autorizó la instalación de la Mesa de Diálogos de Paz con las autodenominadas Segunda Marquetalia. Iván Márquez, el máximo líder de la agrupación ilegal, por su parte, ha tenido acciones positivas con el Gobierno. Entre ellas, la aparición en un video —a comienzos de mayo de este año— donde, además de ofrecer pruebas de supervivencia después del atentado que sufrió, respalda las políticas del presidente de Colombia y su intención de llamar a una asamblea nacional constituyente. Estas muestras de buena voluntad entre las partes permitieron que entre el 3 y 4 de junio de este año se reunieran representantes del Gobierno nacional —entre ellos, el alto comisionado para la paz— y de la re-insurgencia —en cabeza de Iván Márquez, el jefe de la Segunda Marquetalia— y emitieran un comunicado conjunto donde presentan un Acuerdo para el inicio formal de la Mesa de Diálogos de paz. Este Acuerdo, estructurado en nueve puntos y que ocupa dos páginas, presenta una agenda acotada —aunque no muy precisa— de cinco puntos: El primero es Desescalamiento del conflicto y alistamiento de los Territorios de paz; el segundo, la Construcción de Territorios de paz; el tercero es las Víctimas como sujeto social transformador; el cuarto sobre las Condiciones para la convivencia pacífica; y, finalmente el quinto de Implementación y verificación. Allí también se habla de varios componentes operativos y procedimentales, como son: la fecha de instalación formal de la Mesa, que será el próximo 24 de junio en Caracas-Venezuela. La cual operará para el primer ciclo hasta el 29 del mismo mes. Y se reunirán, como mínimo, cada 30 días hábiles, durante una semana, con la posibilidad de prórrogas de mutuo acuerdo. En la Mesa se encontrarán los delegados del Gobierno nacional y de la Segunda Marquetalia. Del Gobierno el jefe de la delegación será Armando Novoa —un hombre que conoce el presidente de la República, quien fue coordinador de la Comisión Legislativa especial que se instaló tras concluido el proceso de la Asamblea Constituyente de 1991 y fue magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE)—. Además se espera que pronto se den a conocer los otros nombres que lo acompañaran. De parte de la organización armada ilegal, se habla de José Vicente Lesmes —alias ‘Walter Mendoza’— quien será su jefe de negociación. También de Alberto Cruz Lobo —alias ‘Enrique Marulanda’—, Allende Perilla Sandoval —alias ‘Andrés Allende’—, Geovanny Andrés Rojas —alias ‘Andrés Araña’— y William Danilo Malaver López —alias ‘Gersón González’—. Todos ellos importantes jefes y cabecillas de agrupación insurgente, como de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, los Comandos de la Frontera y la Columna Móvil Vladimir Steven. Lo que significa que la Segunda Marquetalia va con todo en este proceso. Está poniendo al frente de la Mesa de Diálogos de Paz, a la mayoría de sus líderes ideológicos y militares. Lo que deja claro que la apuesta por la paz es total, y que las intenciones son negociar en un escenario de desescalonamiento del conflicto y reducción de las acciones contra la fuerza pública al mínimo. Finalmente, estará en la Mesa y en torno a ella, una serie de países garantes y de organizaciones en calidad de acompañantes. En la primera categoría estarán Cuba, Noruega y Venezuela, países con alta experiencia y conocimientos en procesos de paz. Y en la categoría de acompañantes estarán los delegados del secretario general de Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal Colombiana. Otros elementos importantes que hay que nombrar son: el involucramiento de la sociedad en los diálogos, en especial, las víctimas, buscando poner en el centro del proceso a este importante actor; también a los empresarios, para que las transformaciones económicas que se pacten tengan su respaldo financiero. Igualmente, el acogimiento del lema “implementar lo acordado mientras se negocia”, que es uno de los recientes aprendizajes del proceso de paz con el ELN. Además, la re-insurgencia se compromete de manera unilateral a desescalar el conflicto y no acudir a acciones violentas contra la fuerza pública, como muestra de buena voluntad y con el fin de crear un clima propicio para los diálogos de paz. Y a no realizar prácticas de secuestro con fines económicos y acciones que afecten el medio ambiente, como los ríos y la selva. En conclusión, todo está dispuesto para que el proceso de paz con la Segunda Marquetalia sea exitoso y muestre resultados desde la primera ronda de negociación. A él se le están aplicando la mayoría de aprendizajes que se tienen de pasados y actuales procesos de paz. Esto no significa que no se tengan reparos y dudas, las cuales espero señalar en una próxima columna. * En la plataforma Isegoría se pueden encontrar una serie de análisis, columnas, boletines, documentos académicos y reportajes periodísticos sobre las dinámicas de paz actuales. Esta información se puede consultar en el sitio https://isegoria.udea.edu.co/ ** Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. *** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

  • Bitácora # 70: diálogos y negociaciones entre el Gobierno Colombiano y el ELN.

    Por: Redacción Pares Luego de la firma del acuerdo 28 sobre participación de la sociedad, que desarrolla el primer punto de la agenda firmada entre el gobierno colombiano y el ELN, tema significativo para unas negociaciones que siempre han sido difíciles, hay expectativa por la puesta en marcha de este proceso de participación, que ha tenido críticas y reparos de sectores empresariales, temas que la delegación de gobierno ha dicho públicamente que están dispuestos a dialogar y despejar dudas sobre lo que considera son supuestos e interpretaciones de un proceso que se enmarca plenamente en el ordenamiento constitucional y legal y no por fuera de este como han sido algunas de las criticas presentadas. El Senador Iván Cepeda y Vera Grabe como jefa de la delegación de gobierno han venido presentando ante la opinión pública los fundamentos de lo firmado y como el acuerdo es para promover la más amplia participación y lograr acuerdos sobre las transformaciones pertinentes y necesarias que hagan viable una visión compartida de paz y la construcción de un acuerdo nacional que le de soporte a este proceso de paz, todos objetivos ambiciosos que van a requerir de muchos diálogos y concertaciones entre diferentes. Hay manifestaciones publicas tanto del ELN hacia el gobierno como del gobierno hacia el  ELN en que se señalan mutuamente de criticas sobre sus actuaciones, el gobierno le pide al ELN que no agreda al presidente de la Republica ni a integrantes del equipo de paz del gobierno y considera infundados los reclamos que hace el ELN, de supuestos incumplimientos de compromisos por parte del gobierno, estas mutuas recriminaciones evidencian que los temas no resueltos y que son “factores de crisis”, siguen pendientes de resolver: suspensión del secuestro por parte del ELN, financiación del proceso de paz, la situación del Frente Comuneros del Sur, por lo menos tres temas que han sido polémicos en los últimos meses y que las dos partes deben resolver. Se espera que la realización del VI Congreso del ELN, muestre un mayor ritmo para este proceso de paz, ya veremos si en ese sentido van las conclusiones de este importante evento. Delegación de Paz del Gobierno de Colombia @DelegacionGob #Atención. Comunicado a la opinión pública de la Delegación del Gobierno de la República de Colombia en la Mesa de Diálogos para la paz con el Ejército de Liberación Nacional – ELN https://www.lafm.com.co/politica/gobierno-critica-agresiones-del-eln-no-aporta-al-proceso-de-paz Gobierno critica agresiones del ELN: "No aporta al proceso de paz" - El Gobierno Nacional reiteró su solicitud para que el ELN detenga el secuestro de colombianos. Iván Cepeda habla sobre el punto firmado con el Eln y sobre la idea de la Constituyente Valor y humildad para rectificar y cumplir acuerdos – Antonio García https://www.hsbnoticias.com/ojo-el-mensaje-del-eln-al-gobierno-por-la-paz-total/ https://eln-voces.net/?p=11507 ¡NO SE METAN CON LOS NEGOCIOS! – Pronunciamiento del Coce del ELN. ¡Ojo! El mensaje del ELN al Gobierno por la paz total https://www.semana.com/politica/articulo/la-advertencia-de-hernan-cadavid-sobre-la-negociacion-entre-gobierno-y-eln-es-una-constituyente-disfrazada-de-proceso-de-paz/202452/ La advertencia de Hernán Cadavid sobre la negociación entre gobierno y ELN: “Es una constituyente disfrazada de proceso de paz” - El representante a la Cámara del Centro Democrático explicó dentro de los puntos en discusión está el modelo político y económico del país. https://kaosenlared.net/colombia-eln-afirma-que-reformas-que-no-puede-hacer-gobierno-por-sabotaje-del-viejo-orden-son-tarea-de-la-lucha-popular/ Colombia. ELN: reformas que no puede hacer gobierno por sabotaje del viejo orden, “son tarea de la lucha popular” https://www.msn.com/es-co/noticias/nacional/rodrigo-londo%C3%B1o-rechaza-acusaci%C3%B3n-de-comandante-de-eln-sobre-supuesto-contrato-de-desminado/ar-BB1nPNwd?ocid=weather-verthp-feeds&apiversion=v2&noservercache=1&domshim=1&renderwebcomponents=1&wcseo=1&batchservertelemetry=1&noservertelemetry=1 Rodrigo Londoño rechaza acusación de comandante de ELN sobre supuesto contrato de desminado.

  • La masacre de las bananeras no fue un delirio de Gabo: condenan a Chiquita Brands por un siglo de crímenes

    Por: Redacción Pares Cuando murió Gabo en la semana santa del 2014, en medio del estupor de todo un país, la senadora María Fernanda Cabal no sólo causó conmoción al afirmar que el más grande de nuestros escritores ardería en el infierno junto a su amigo Fidel Castro, sino que La Masacre de las Bananeras no era más que un mito creado por la mente afiebrada del escritor. Cien años de soledad es uno de esos clásicos de los que todos hablan pero pocos tocan. Por eso es importante reproducir los hechos en los que García Márquez no sólo denuncia a una empresa bananera norteamericana, que en la vida real era la United Fruit que con los años se convertiría en Chiquita Brands, y una masacre que pegó doble: no sólo mató a decenas de manifestantes del Magdalena sino que pone en evidencia que alguien realmente poderoso puede cambiar la historia, hacer que una masacre no sea más que un delirio producido por la fiebre. García Márquez era mucho más que un genio narrativo, era un investigador acucioso. Basta con leer El general en su laberinto para entender la vastedad de su rigurosidad histórica. En 1990, en una de las pocas entrevistas que dio, le contó a la televisión británica que  “Las bananeras es tal vez el recuerdo más antiguo que tengo”. El 6 de diciembre de 1928 el futuro escritor tenía dos años cuando ocurrió la masacre. En ese momento Aracataca-Macondo, había dejado de ser un villorrio de unas cuantas casas de adobe que había creado la tribu liderada por José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán para convertirse en lo que prefiguró Melquiades en una de sus visiones de gitano: un poblado de techo de zinc en donde un monstruo como la locomotora llevaba y traía gringos y aventureros imponiendo esa palabra incomprensible llamada El Progreso. En esa fecha fatídica los sindicalistas le exigieron a los gringos derechos. No transigieron. Cuando se pararon la respuesta fue la fuerza y ordenaron disparar sus metralletas. Fue uno de sus personajes, José Arcadio Secundo, gemelo de Aureliano Segundo, quien presencia este hecho en la novela. Ileso, lo confunden con un muerto y lo meten en un vagón del ferrocarril lleno de cuerpos. Luego, en lo que quede de vida, intentará hacerle recordar a la gente el horror pero no, nadie se acuerda. Lo mirarán como un delirante. La masacre de las bananeras en un país acostumbrado a no ejercer el rigor de la memoria quedará, con un poco de método, convertido en un mal sueño. En la citada entrevista a la televisión británica Gabo ya no lucha y se entrega al decir popular: es probable que la masacre no haya sido más que un mito: “Fue una leyenda, llegó a ser tan legendario que cuando yo escribí Cien años de soledad pedí que me hicieran investigaciones de cómo fue todo y con el verdadero número de muertos, porque se hablaba de una masacre, de una masacre apocalíptica. No quedó muy claro nada pero el número de muertos debió ser bastante reducido. Lo que pasa es que 3 ó 5 muertos en las circunstancias de ese país, en ese momento debió ser realmente una gran catástrofe y para mí fue un problema porque cuando me encontré que no era realmente una matanza espectacular en un libro donde todo era tan descomunal como en Cien años de soledad, donde quería llenar un ferrocarril completo de muertos, no podía ajustarme a la realidad histórica. Decir que todo aquello sucedió para 3 ó 7 muertos, o 17 muertos… no alcanzaba a llenar ni un vagón. Entonces decidí que fueran 3.000 muertos, porque era más o menos lo que entraba dentro de las proporciones del libro que estaba escribiendo. Es decir, la leyenda llegó a quedar ya establecida como historia”. En esos años Gabo ya estaba intentando dejar atrás las viejas polémicas. Tenía 63 años y se presentaban los primeros indicios de las enfermedades que lo atormentarían al final de sus vidas, el cáncer, el olvido, eran problemas más profundos para él que ponerse de acuerdo con una cifra histórica. Lo cierto es que nunca hubo una cifra oficial. La Prensa, diario de Barranquilla, habló en su momento de 100 muertos, El Espectador, en una investigación publicada cinco meses después, afirmó que se trataban de 1.000 muertos y que el gobierno intentaba ocultarlos. El propio cónsul norteamericano habló de una cifra parecida. Lo único cierto es que acá ocurrió una masacre y no ha habido justicia para sus perpetradores. Quedarse a discutir una cifra que puede variar es de una insensibilidad tan inmoral como la que usan los negacionistas del Holocausto Nazi que se han enfrascado en los últimos años en discusiones sobre si hubo cinco millones de judíos asesinados o un millón en los campos de concentración. Lo único cierto es que hubo un fallo emitido en los Estados Unidos y que, un siglo después, empieza a hacerse justicia. Chiquita Brands fue hallada culpable en Estados Unidos de financiar a las AUC por lo que tendrá que pagar 38.3 millones de dólares a demandantes y familiares de víctimas.  Es que no hay que olvidar que Chiquita Brands procede de la United Fruit Company. Este cambio se dio en 1990. La United Fruit apareció en Colombia en 1899. La United Fruit siempre arrastró terribles polémicas en el continente, promoviendo golpes de estado en Guatemala contra el presidente Jacobo Arbenz en 1954. Su poderío en Latinoamerica fue tan grande que creó una forma de gobierno: la banana republic. Chiquita Brands se fue del país en el 2004. Las víctimas de esta empresa esperan que las mismas sanciones que se dieron en Estados Unidos se hagan efectivo en Colombia.

  • Leyva, el extraño caso del conservador que se convirtió en un afiebrado Petrista

    Por: Iván Gallo Fotos tomadas de Semana y Forbes Colombia Cuando los guerrilleros de las FARC lo vieron por primera vez pisando el campamento de Casa Verde, no lo podían creer. Había tenido que cruzar una vereda entera cerca a Mesetas, enfangarse las botas pantaneras y llegar con toda su vitalidad a ser el emisario oficial del presidente Belisario Betnacur en sus intenciones de paz. Era 1984 y por primera vez que los guerrilleros veían en su campamento a un aristócrata. Desde entonces la historia de Álvaro Leyva es transversal a la de los procesos de paz que han tenido suceso en este país con guerrillas y grupos armados. Leyva nació en lo que se conoce en Colombia como una “cuna de oro”. Es hijo del economista, abogado y político, miembro del partido conservador, Jorge Leyva Urdaneta. Senador, gobernador y ministro cuatro veces, nadie ponía en duda el peso que tenía dentro del partido. Cercano a Laureano Gómez la familia se exilia en 1953 huyendo de la ferocidad de Gustavo Rojas Pinilla y su golpe de estado. En ese momento Álvaro Leyva tenía 11 años cuando se trasladan a Nueva York. En esta ciudad incluso concluye el bachillerato. En 1957, una vez cae el dictador, la familia regresa a Colombia. Jorge Leyva intenta ser presidente de la República pero es derrotado. A los 56 años, después de un viaje por Hong Kong, Jorge Leyva Urdaneta contrae una gripa de la que no se recuperaría jamás. Moriría en 1968. En ese momento su hijo tenía poder dentro del partido conservador. Era muy cercano a Misael Pastrana y estuvo con él en la campaña de 1970. Leyva se transforma en su mano derecha, en su secretario personal y en esa década, en su treintena, empieza a subir las escaleras para realizar su gran sueño, o mejor, cumplir con el destino al que parecía estar marcado: ser presidente de la República. Por eso a los 32 es concejal por Bogotá, a los 34 asambleista y a los 36 representante a la Cámara. Pero Misael Pastrana no le cumplió. No le dio el apoyo que necesitaba para lanzarse a la presidencia. En 1986 Leyva promovió una consulta dentro del propio partido conservador pero el respaldo se fue para las toldas de Álvaro Gómez.  Se distanciaron unos años. Dicen que desde ahí Leyva tomó distancia, al menos ideológicamente, de su partido. Porque siempre ha sido un conservador. Un progresista conservador. Sin embargo, Leyva le reconoció siempre la influencia que tuvo en su carrera el líder conservador. Le aprendió incluso a tratar con la guerrilla. A comienzos de los setenta Misael Pastrana fue tal vez el primer presidente que se comunicó varias veces con Manuel Marulanda Vélez, entonces máximo jefe de las FARC. Apoyó, eso sí, a Belisario, como ministro y, sobre todo, cuando fue el primer gobierno en intentar un acuerdo con las FARC y también con el M-19. Todo terminó muy mal, con la sangrienta retoma al Palacio de Justicia. Había oficiales que estaban en contra de cualquier tipo de negociación con las guerrillas, uno de ellos fue su ministro de defensa el general Fernando Landazabal. Desde los ochenta Leyva fue una rara avis dentro del partido conservador. Leyva recibió el título por parte de Belisario de “Verificador-garante” de los acuerdos de la Uribe, nombre que recibía en ese momento el alto comisionado de paz. Ese camino que tomó Leyva le trajo inconvenientes. Incluso hoy, a sus 82 años, el ex canciller debe recibir insultos por parte de sus rivales políticos, todos relacionados con una supuesta relación con las FARC. Siempre le adjudicaron, a este hombre que aborrece cualquier tipo de violencia, una simpatía por la guerrilla que jamás tuvo. Incluso en el diario El Tiempo Victor G Ricardo llegó a decir en una polémica declaración que “Tirofijo apreciaba a Leyva”. En lo que siempre creyó fue en la paz y por eso terminó de petrista. Por eso y por las ganas de aventuras. Es que Leyva es un muchacho de 82 años. Sus amigos saben de su pasión por la velocidad. Aún sale a conducir, cuando su estrecha agenda se lo permite, una moto Royal Enfield 500, con su chaqueta de cuero y su altura imponente que los años apenas han reducido. Leyva es un facilitador. Andrés Pastrana lo usó de puente para acercarse a Manuel Marulanda Vélez, lo mismo hizo Samper con sus coqueteos de paz con las Farc. Participó en los diálogos de la Habana cuando la propia guerrilla lo designó, junto al abogado español Enrique Santiago, en una comisión independiente que discutiría los temas de justicia. Con toda esa trayectoria Petro vio que sería el canciller ideal para su Paz Total. No la tuvo fácil. Leyva, indomable, tiene la sangre caliente y la vitalidad del mismo hombre que se metió en un campamento de las FARC en 1984. Su conflicto con el establecimiento no se apaga con los años. El monopolio de una familia sobre los pasaportes en Colombia fue uno de los conflictos en los que sirvió de mosquetero a Petro. El otro es su reciente disputa con Santos por los acuerdos de paz y la probable ventana que se le abriría a la constituyente. Incombustible, Leyva parece un Rolling Stones de la política. Está listo para seguir dando guerra en los escenarios que aparezcan.

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