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  • Sergio Fajardo y la caída del centro

    Por: Nataly Triana Guerrero, Asistente de investigación Línea de Democracia y Gobernabilidad El 13 de marzo Sergio Fajardo se impuso como ganador en la consulta presidencial de la Coalición Centro Esperanza, desde entonces se ha presentado oficialmente como la única propuesta transparente que puede competir contra Gustavo Petro y Federico Gutiérrez para lograr una transformación en Colombia. De hecho, de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), se ha podido identificar que es el único candidato en esta triada que no tiene respaldo de clanes políticos. Aunque la Coalición Centro Esperanza ha demostrado ser una tercería viable frente a la disyuntiva entre los candidatos Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, lo cierto es que no logró subir en las encuestas para competir y asegurar su llegada a una segunda vuelta. Esto, en principio, tras los resultados obtenidos en la consulta presidencial, en la que obtuvieron 2.287.603 votos, que representaron solamente el 22,47% de la votación total de las consultas. Sergio Fajardo no alcanzó ni a la tercera votación más alta, obtenida por Francia Márquez con 785.215 votos. 9dd0e1 Tabla No. 1 Top de votaciones más altas en las consultas presidenciales. Creado por: Línea de Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Asimismo, esta Coalición solo obtuvo una votación mayoritaria en el departamento de Boyacá, que corresponde al fortín electoral del precandidato Carlos Amaya, ex-gobernador del departamento 2016-2019,quien actualmente acompaña al candidato Sergio Fajardo en su aspiración presidencial. Este resultado refleja el declive de la coalición y especialmente el del candidato presidencial, si se compara con los resultados obtenidos en las elecciones presidenciales de 2018. Tabla No. 2 Votaciones presidenciales 2018 primera vuelta. Creado por: Línea de Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. La caída del centro y de Fajardo se debe principalmente a que la Coalición Centro Esperanza se ha construido como un proyecto político inestable debido a las disputas internas entre sus miembros. Esto ha imposibilitado asumir un rol de liderazgo y refugio frente a la polarización del escenario político que representan los candidatos del Pacto Histórico y el Equipo por Colombia. Pese a ser la primera coalición que comenzó diálogos para estas elecciones, sus integrantes no lograron asumir acuerdos comunes a tiempo, lo que los llevó a ser sus propios enemigos en esta campaña. Adicionalmente, Fajardo sufrió una gran fractura en el voto de opinión luego de las investigaciones y los procesos relacionados con Hidroituango, sobre lo cual ha recibido varios señalamientos, a pesar de las controversias dentro del fallo de la Contraloría y las sanciones derivadas. Esto también ha llevado a que se presenten disputas entre Fajardo y el actualmente suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Por otra parte, la Coalición Centro Esperanza tiene el respaldo de partidos, fracciones de partidos y/o movimientos políticos que, aunque tuvieron un caudal electoral importante en 2019 para las elecciones locales, no lograron consolidar un proyecto sólido para las nacionales. Este es el caso del partido Alianza Verde, el cual quedó gravemente fracturado entre los miembros que ahora se encuentran en el Pacto Histórico, y los que se quedaron en la consulta. Dentro de la coalición también hay otros partidos y movimiento que han tenido dificultades para sumar una cantidad importante de votos: Colombia Renaciente, Alianza Social Independiente (ASI), Nuevo Liberalismo, Somos Verde Esperanza, Movimiento Compromiso Ciudadano y Partido Dignidad. Según el preconteo de las recientes elecciones legislativas, Colombia Renaciente no pudo asegurar la curul afro y obtuvo solamente una curul en la Cámara de Representantes de La Guajira; el Nuevo Liberalismo solamente logró una curul en la Cámara de Representantes de Bogotá; por último, la Coalición Alianza Verde Centro Esperanza, para el senado, obtuvo 13 curules. Ahora bien, a pesar de que estos candidatos electos pertenezcan a los partidos y/o fracciones de partidos que respaldan a Sergio Fajardo en su campaña a la presidencia de la República, esto no significa que ellos o ellas compartan esa aspiración, especialmente en el partido Alianza Verde, donde hay libertad de militancia para estas elecciones. Conforme a las investigaciones de Pares, los candidatos electos según el conteo preliminar de la Registraduría que respaldan abiertamente a Sergio Fajardo son 7 senadores y 8 representantes a la Cámara. Tabla No. 3 Congresistas electos que apoyan a Sergio Fajardo. Creado por: Línea de Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. La capacidad electoral que tienen estos candidatos corresponde, según las votaciones al senado, a 429.101 votos; no obstante, no se puede asegurar que la totalidad de estos votos sean endosables para Fajardo, si se tiene en cuenta que la literatura académica señala que existe una incertidumbre inherente a los votos amarrados en función de las dinámicas mismas del proceso electoral local. Lo anterior también plantea un problema de futura gobernabilidad. Fajardo debería hacer acuerdos amplios con otros partidos y facciones, en dado caso que logre pasar a segunda vuelta. Según las encuestas actuales, Fajardo esperaría mantener la votación obtenida en la consulta para tener un margen de negociación en segunda vuelta con los candidatos que pasen, si no logra pasar él.

  • Rodolfo Hernández, el presidenciable sin gobernabilidad

    Por: Camilo Díaz Suárez, Investigador nacional Línea de Democracia y Gobernabilidad El aspirante a la presidencia de Colombia por el Movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández Suárez, se ha caracterizado por un discurso anti-establecimiento y anti-corrupción. Esto ha llevado a que el candidato mantenga una postura de independencia respecto a estructuras políticas y grandes financiadores de campañas, lo cual, en el escenario en el que llegue a ser presidente, se enfrentaría a grandes problemas de gobernabilidad para que sus iniciativas avancen en el Congreso, como se pudo ver durante su mandato como alcalde de Bucaramanga. Además, pese a que Hernández ha tomado la bandera de la lucha contra la corrupción como el pilar de su campaña, no se vio exento de que los representantes a la Cámara de su Movimiento, Liga de Gobernantes Anticorrupción, fueran personas cuestionadas y pertenecientes a estructuras políticas tradicionales de Santander. El candidato sin Congreso y sin apoyos políticos En caso de que Hernández llegara a la presidencia de Colombia, contaría únicamente con el apoyo de dos representantes a la Cámara del Movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, que lograron llegar con la mayor votación de una lista a la Cámara de Representantes en Santander, al alcanzar 172.306 votos. Pese a este éxito en el departamento de Santander, el movimiento fundado por Rodolfo Hernández no lanzó una lista al Senado ni en ningún otro departamento. A su vez, ajustándose a su discurso de independencia, Hernández ha sostenido que no hará alianzas ni acuerdos programáticos con ningún partido político o aspirante a la presidencia, ya que eso sería traicionar a las personas que impulsaron su candidatura y lo han apoyado bajo la premisa de que es el candidato independiente. Precisamente esa ha sido la estrategia de su campaña: mostrarse como un “llanero solitario” que va a derrotar a las élites corruptas que están en el poder. Incluso, como señaló el analista político y director de la Fundación Liderazgo y Democracia, Álvaro Forero Tascón, “se presenta como llanero solitario, independiente de todo compromiso o deuda política”. Así, Hernández no se ha aliado ni ubicado con nadie para presentarse como alguien sin deudas que pagar. Sin embargo, esa lógica de independencia tiene como efecto directo que Rodolfo Hernández, de llegar a la presidencia, no contaría con ninguna estructura política en el Congreso que lo respalde como una bancada clara, lo cual podría tener efectos directos en su gobernabilidad. Crónica de una crisis de gobernabilidad anunciada Un escenario como el que podría enfrentar Rodolfo Hernández si gana la presidencia es el que sucedió durante su mandato como alcalde de Bucaramanga, Santander. Al igual que en su campaña actual, en 2015 lanzó su aspiración a la Alcaldía de Bucaramanga por el Movimiento Cívico Lógica Ética y Estética que recogió 130.000 firmas para inscribir su candidatura independiente. En todo momento sostuvo su independencia, aludiendo a que así no le debía “favores” a nadie. Con ese discurso, logró hacerse elegir y marcó un cambio, porque no pertenecía a un clan político o a un partido tradicional. Incluso, como parte de su campaña presidencial, se ha presentado como alguien que derrotó las máquinas politiqueras en Bucaramanga. De esta forma, durante su mandato, no contó con ninguna estructura política que lo apoyara en el Concejo de Bucaramanga, porque ningún partido le “debía” a él. Por un lado, 12 de los 19 concejales que integraron el Concejo 2016-2019 se declararon en oposición. Y por el otro, la bancada minoritaria, que “apoyaba” a Hernández, no apoyó varias propuestas del exalcalde. Esa independencia y ausencia de estructuras políticas en el Concejo de Bucaramanga, llevó a que Hernández tuviera una mala relación con esta corporación y a que varios proyectos se estancaran, afectando a la ciudad. Algo parecido a esto le sucedió al actual presidente, Iván Duque, que pretendía gobernar con acuerdos programáticos y sin “mermelada” o reparto de puestos. Si bien la coalición de gobierno era mayoría en el Congreso, esa lógica ante el reparto de puestos llevó a que Duque tuviera una “crisis” de gobernabilidad,porque es una dinámica que la mayoría de los partidos que conforman el Congreso 2018-2022 no maneja. Eso se vio reflejado en que, hasta lo que va de la presidencia de Iván Duque, el Gobierno haya presentado 112 iniciativas legislativas, de las cuales solo 35 fueron sancionadas como ley. Es decir, solo se tuvo una tasa de aprobación del 31,25% y hubo grandes fracasos como que no pasara la Reforma a la Justicia, la reforma a la Salud y el proyecto de ley de Especialidad Agraria, por mencionar algunos. Esto se debe a que, como sostiene Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia (DEMOS UR), una distancia con los partidos políticos solo deja dos escenarios: el primero, es uno en el que se presione al Congreso para que apoye su agenda a pesar de todo, buscando una presión de parte de la opinión pública con reformas populares. El segundo, es uno en el que haya una resignación a gobernar únicamente sobre asuntos corrientes, sin ambiciones de reformas. Así, Rodolfo Hernández se enfrentaría a una situación similar a la del gobierno actual o incluso a una peor, ya que no tendría ningún partido o estructura política consolidada en el Congreso que impulse sus iniciativas legislativas. Si el gobierno de Iván Duque presentó serias dificultades para que avanzaran los proyectos de ley propuestos por el Gobierno, teniendo entre las dos corporaciones del Congreso a 59 congresistas de su partido, el Centro Democrático; en el caso de Rodolfo se pueden dar mayores complicaciones. En conclusión, Rodolfo tendría que buscar alianzas a toda costa para que sus iniciativas avancen en el Congreso, renunciando, al momento de ser elegido, a cualquier independencia, o, como hizo Iván Duque, resignarse a no aspirar a grandes reformas. ¿Quiénes son los cuestionados representantes a la Cámara de la lista de Rodolfo Hernández? Uno de los representantes que salió electo es Juan Manuel Cortés Dueñas, teniente retirado del Ejército, institución en la que estuvo por 10 años. Ha sido asesor privado de Andrés Villamizar en la dirección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y asesor de la comisión Segunda del Senado. Su primera aspiración a un cargo de elección popular fue en 2019, cuando aspiró a la Asamblea Departamental de Santander, sin llegar a quedar por lograr poco más de 8.000 votos. Juan Manuel es hijo del exdiputado y líder político del municipio de Barbosa, José Domingo Cortés, y sobrino de Marcos Alirio Cortés, exalcalde de Barbosa y exsenador, con un cuestionado pasado. Marcos Alirio habría sido sancionado por celebración indebida de contratos mientras fue alcalde de Barbosa, a la vez que ha sido investigado por enriquecimiento ilícito, peculado y maltrato infantil. Además, fue señalado por alias “Lagartija”, ex-miembro del Bloque Central Bolívar de las AUC, de tener presuntos nexos con Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez”, por lo que fue investigado por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, se desconoce el estado actual de la investigación adelantada en contra de Marcos Alirio, ya que los procesos que tiene en la Corte Suprema tienen un carácter privado: Imagen No. 1 Procesos de Marcos Alirio Cortés en la Corte Suprema de Justicia con carácter privado. Tomado de: Rama Judicial La otra representante a la Cámara elegida por el Movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, movimiento político de Rodolfo Hernández, es Érika Tatiana Sánchez, quien ha sido trabajadora social y contratista de la alcaldía del municipio de Sucre, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Regional Santander y de las Unidades Tecnológicas de Santander. En 2019 habría aparecido en unos videos en los que presuntamente estaría tabulando votos, un mecanismo para contabilizar la compra de votos, en favor de Claudia Lucero López. Ella ha negado estos señalamientos. Por otro lado, en septiembre de 2021, el diario Vanguardia publicó una investigación en la que trabajadores del ICBF denunciaron que se les estaba pidiendo recolectar firmas para la candidatura de Sánchez Pinto, para que les renovaran sus contratos laborales en la entidad. A través de unos audios, se dio a conocer que Jeisson Pinto, amigo cercano de Sánchez, según el diario Vanguardia, le pedía a los trabajadores recolectar 60 firmas. Sin embargo, Érika negó haber solicitado esos apoyos. La denuncia se articula con un presunto apoyo político de parte de Édgar Gómez Román, conocido como “El Pote”, quien ha hecho del ICBF de Santander un fortín clientelar y burocrático a su favor. Según el periodista y columnista de El Espectador, Jorge Gómez Pinilla, Érika Sánchez sería ficha de “El Pote” y lo mismo ha sido sostenido por la prensa local y otros columnistas como Miguel Ángel Pedraza, de Vanguardia. Sumado a ello, en medio del escándalo en el que se filtró un audio de Rodolfo Hernández en el que pedía dinero para integrar las lista de su movimiento a la Cámara, según fuentes de La W, él habría recibido $1.000 millones para que Érika, como cuota de “El Pote” fuera cabeza de lista y el hecho de que fuera ficha de Édgar Gómez no fue negado por Rodolfo Hernández. Pese a ello, estos nexos han sido negados por Sánchez. Caber recordar que Édgar Gómez Román es un político tradicional de Santander, que ha sido concejal de Bucaramanga, representante a la Cámara por Santander y senador. En 1998 tuvo su primer cuestionamiento, luego de ser capturado por, presuntamente, recibir dinero de empresas fachada del Cartel de Cali. Sin embargo, a los pocos días fue liberado y no hubo una condena por estos hechos. En 2009 fue uno de los 86 congresistas investigados por prevaricato, tras haber votado a favor del proyecto reeleccionista. La investigación en su contra fue archivada.

  • La descabellada interpretación de la procuradora

    Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda. El país sensato, el país cuerdo, el país con sentido común, no sale del asombro ante la determinación de la procuradora Margarita Cabello de destituir a dos alcaldes -Daniel Quintero de Medellín y Andrés Hurtado de Ibagué- a propósito de sus participaciones soslayadas en política. Y esto ocurre así, pese a que en Colombia no hay cultura jurídica, porque la ciudadanía, obedeciendo únicamente al sentido común, que dicta que las decisiones judiciales se acatan y respetan, entiende que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha desautorizado a la Procuraduría para destituir o inhabilitar a funcionarios de elección popular, pues tal potestad debe estar única y estrictamente en manos de los jueces penales competentes. Sobre dicho fallo esto ha dicho la CIDH: “La Comisión reitera que el artículo 23.2 de la Convención Americana es claro en el sentido de que dicho instrumento no permite que órgano administrativo alguno pueda aplicar una sanción que implique una restricción (por ejemplo, imponer una pena de inhabilitación o destitución) a una persona por su inconducta social (en el ejercicio de la función pública o fuera de ella) para el ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser elegido: sólo puede serlo por acto jurisdiccional (sentencia) del juez competente en el correspondiente proceso penal”[1]. Ante ello, y para hacerle frente a la desbandada de críticas en su contra, la procuradora ha publicado en su columna de El Tiempo una argumentación falaz acerca de las razones por las cuales se siente con derecho de poder desatender el mandato de la Corte Interamericana. Según ella, con dicha actuación -la de inhabilitar a los alcaldes nombrados- no está desobedeciendo la orden de la mentada corte, sino que la está interpretando debidamente. Así las cosas, haré entonces el papel cuasi escolar de analizar un apartado esencial de dicha columna, en la cual la doctora Cabello expone sus argumentaciones y las iré debatiendo desde mis conocimientos de derecho, bien para reconocerlas como verdaderas -si fuera el caso- o bien para develarlas en su falsedad. Dice la procuradora que: “El Estado de derecho exige la subordinación del poder y de quienes lo ejercen al ordenamiento jurídico…”. En efecto, en atención al ordenamiento jurídico colombiano, y siendo la figura del procurador una figura de poder, la doctora Cabello debe saber que por encima de su jurisdicción -el espacio y las normas que le otorgan potestad- está el poder jerárquico de las denominadas normas de normas: la Constitución Política de Colombia y los convenios internacionales firmados con otros países. Dice la procuradora que: “Quienes son elegidos ya no se deben a su partido, sino a toda la comunidad…”. Sí, lo interpretable de eso es que a los funcionarios públicos elegidos popularmente debe desvinculárseles de las connotaciones políticas, como ellos también deben hacerlo, precisamente por eso, porque a partir de su elección sólo se deben a su comunidad. En tal suerte no resulta coherente investigarlos en favor de los intereses de un partido político que se les oponga. Y luego continúa: “Cabría entonces preguntar: ¿Impunidad disciplinaria, y por tanto ética, para ellos, quienes solo serían susceptibles de investigación penal?”. No, de ninguna manera, precisamente lo que la corte está distinguiendo es el campo penal del disciplinario, dejando a la procuradora solamente los asuntos que tengan que ver meramente con hechos de una inconducta social sancionable, pero no penalizable. De hecho, las vías de la sanción disciplinaria son varias, y no necesariamente han de ser severas como la destitución o inhabilitación de un funcionario, porque en esencia ello es más un castigo penal que una sanción disciplinaria. Claro, la procuradora ha podido sancionar disciplinariamente con amonestaciones y advertencias, que de ser desatendidas constituirían la vía judicial expedita para compulsar copias a un juez penal que las pueda conminar a cumplir con la constitución. Lo que no ha debido hacer es destituir, eliminar, suspender; en fin, verbos rectores que implican todos inhabilitación, precisamente lo prohibido por la CIDH en su sentencia del 8 de julio de 2020 en el caso Petro Urrego Vs. Colombia Se pregunta luego la procuradora: “¿Eliminar todos los controles que estableció la carta política frente a las faltas de ética que no conduzcan a una pena privativa de la libertad y conducir todo a una investigación de ese carácter?”. Pues sí, si quienes han sido amonestados disciplinariamente y persisten en su conducta, hay que investigarlos penalmente; pero ya no lo haría la procuraduría, sino un juez penal. En el contexto anterior al fallo de la CIDH, los procuradores tenían la potestad de destituir e inhabilitar a los servidores públicos, si estos cometían faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima y, lo que es resaltable, no importando si estos habían sido elegidos por voto popular. De igual modo, antes del fallo de la CIDH, los procuradores tenían licencia para suspenderlos ante faltas graves dolosas o gravísimas culposas, aplicando la “inhabilidad especial” como llamaban a esa opción sancionatoria. ¿Qué debe hacer entonces la procuradora frente a las faltas de estos especiales servidores públicos a quienes ampara una elección popular? Pues lo ordenado por la ley: o bien aplicarles una multa para las faltas leves dolosas o bien amonestarlos por escrito, si se tratara de faltas leves culposas. Con todo, la doctora Cabello insiste, y se responde con una pregunta: “¿Cambiar toda la estructura orgánica de protección a la ética diseñada por la Constitución del 91?”. Yo le respondo que apenas debe cambiar el concepto que tiene sobre la ética. La ética lo primero que nos desplaza es la parcialidad y de eso es lo que ha demostrado estar cargada la procuradora y todo el grupo político del cual hace parte; pues promueven el descreimiento en la ética -recordemos al abogado De la Espriella, cuya tesis es que la ética no existe en el campo de los asuntos legales-. Desde luego, no hay que cambiar nada por mero capricho, y si el cambio fuera un asunto de necesidad, entonces habría que iniciarlo siguiendo el camino lícito; es decir, cumpliendo -mientras el cambio se tramita y ocurre- con lo ya establecido moral y legalmente. Dice además la procuradora que: “La Procuraduría a mi cargo ha obrado al amparo de las normas constitucionales y con fundamento en una ley del Congreso amparada por la presunción de legalidad, que rigen su función, y ha impulsado un ejercicio de armonización con las orientaciones que surgen del sistema interamericano”. Más que un ejercicio de armonización con las orientaciones del sistema interamericano, lo que debe hacer la procuradora es cumplir con lo que ya está reglado. Para qué inventarse un sistema de interpretación accesorio que esquive las decisiones de la CIDH, cuando esta corte está cimentada sobre los principios universales del derecho. El amparo a las normas constitucionales consiste precisamente en esto: cuando no funciona debidamente la procuraduría, cuando no funciona la fiscalía, ni las altas cortes nacionales ni tampoco el congreso, es precisamente cuando los convenios y las cortes internacionales se develan como norma de normas. Finalmente la procuradora busca alarmar con esta aparente inquietud: “¿Se impone un cambio de nuestro marco constitucional y pensar en nuevas modalidades de garantía sobre la idoneidad y la probidad de los servidores públicos? O ¿son suficientes los esfuerzos de armonización cumplidos sobre la base de la interdependencia y complementariedad del derecho interno con el interamericano?”. La realidad es que la doctora Cabello se está ahogando sola en un vaso de agua; porque la procuraduría, tal y como fue concebida por la constitución del 91, no choca con el bloque de constitucionalidad, al contrario, se adscribe a él complementándose. Y la interdependencia está asegurada en la oportunidad de investigar y proceder antes que las altas cortes internacionales. Ellas solo deben asomar sus narices, y lo hacen muy tarde, estrictamente cuando se ha perdido la efectividad de los sistemas nacionales de derecho, bien sea por falta de regularización (vacíos de la ley) o por abuso del derecho de los funcionarios. Y se está ahogando en un vaso de agua; porque cualquier estudiante de derecho constitucional sabe que el Estado colombiano, yo diría que nuestra democracia judicial, tiene muy bien establecido sus resortes sancionatorios: para los asuntos correspondientes a conductas humanas que ocasionan daños sociales menores a los causados por actos delictuosos, dispone para su aplicación el derecho contravencional; para los casos de orden delictuoso, es decir, aquellos que causan daños mayores a la sociedad, dispone del derecho penal (que es punitivo y castigador); y para las faltas de conducta cometidas por los servidores o los funcionarios públicos -básicamente faltas de ética y de moralidad- el Estado dispone del derecho disciplinario, que debe saberlo la procuradora, ya no castiga -apropiándose del ámbito penal como lo hacía antes- sino simplemente sanciona con multas o amonestaciones escritas. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto. [1] Caso Petro Urrego Vs. Colombia. En: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_406_esp.pdf

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