Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista La ahora excandidata a la Alcaldía de Cali Diana Rojas, conocida como La Caleñísima, se presentó como una figura independiente, sin embargo, su reciente unión con el candidato Alejandro Éder evidencia que la verdadera cara de su candidatura no era independiente, que tiene una alta influencia de las élites regionales y que, a pesar de su fuerza como candidata, experimentó un disciplinamiento y presión desmedida por parte de quienes antes la impulsaban. La Caleñísima tomó la decisión de unirse a Éder una semana después de que su jefe político, Maurice Armitage, públicamente le hiciera la recomendación (orden) de retirarse de la contienda. Diana decía cosas como: "nuestra única maquinaria es la gente", lo cual resonó en algunos sectores que quieren un cambio en la ciudad y logró captar la atención de aquellos desencantados con la política convencional. Esto le permitió crecer en las encuestas, pasando de una intención de voto del 3% en mediciones iniciales, al 11% en la última encuesta del CNC presentada el 19 de septiembre. Aunque Diana se presentó como desafiante de la política tradicional, su experiencia en política ha estado respaldada por figuras políticas como el exrepresentante liberal Juan Fernando Reyes Kuri y el influyente empresario y exalcalde de Cali Maurice Armitage. Y no necesariamente el voto de opinión que logró alcanzar en estos meses la acompañará en su paso a la campaña de Alejandro Éder. Uno de los aspectos más destacados de la candidatura de Diana fue su exitosa recolección de 165 mil firmas para respaldar su movimiento "Cali Caleñísima". A diferencia de sus principales competidores, inicialmente no buscó avales de ningún partido político, de hecho, renunció a su curul en el concejo de Cali, donde fue elegida por el Partido Liberal, estrategia que la presentó como una candidata autónoma, alejada de las estructuras políticas convencionales, además del reconocimiento que tuvo por la activa oposición contra el actual alcalde Jorge Iván Ospina. Sin embargo, su reciente alianza con el candidato Éder contradice su discurso de romper con las estructuras existentes. Este candidato representa una opción más alineada con la política tradicional, ha pasado por el Santismo, el Fajardismo, y ahora es respaldado por el Partido Conservador y Cambio Radical, además de lo que representa como miembro de una de las familias terratenientes cañeras tradicionales del Valle. Lo que hace evidente que el discurso de Diana era eso, un discurso de campaña que no correspondía a su realidad política. Adicionalmente queda en evidencia cómo las élites regionales están dispuestas a sacrificar a sus nuevos liderazgos. Lo que se demostró en la violencia política de género que vivió Diana por parte de su propio sector político. El exalcalde Armitage, en un llamado público, le dijo que renunciara a su candidatura, lo cual pone de manifiesto la presión ejercida sobre ella, un fenómeno que lamentablemente es común para las mujeres en la política. Su adhesión a la campaña de Éder refleja la complejidad de la participación de las mujeres en la política. Si bien no comulgo con la visión de ciudad e ideología de Diana, y claramente no me parece ético que se haya presentado como independiente, encuentro muy lamentable lo que le hicieron, ella es una mujer con unas características que la pueden llevar a grandes escenarios políticos y a la que hoy le quitaron de las manos la posibilidad de competir por la Alcaldía. Es crucial reconocer la presión que ejercen sobre las mujeres para conformarnos con roles secundarios, y este es solo uno de los desafíos que deben superar las mujeres en la política. La historia de Diana es un recordatorio de que la transformación real de la política y la lucha contra la corrupción no puede lograrse simplemente mediante discursos llamativos y eslóganes caleñísimos. Requiere un compromiso transparente, realmente independiente de las élites, que incluya todas las voces.

Por: La Línea de Democracia y Gobernabilidad Foto tomada de: Infobae y Caracol Radio Desde hace varios meses, La Fundación Paz y Reconciliación, (Pares), ha seguido de cerca las aspiraciones de llegar a la Alcaldía de Maicao, de Samuel Santander Lopesierra, más conocido como el Hombre Marlboro. El 11 de julio de 2023, entre bombos y caravanas, precipitando lo que sería su campaña, Samuel Santander Lopesierra hizo oficial su candidatura presentando 63.825 firmas ante la Registraduría General de la Nación, por el movimiento significativo ciudadano “Movimiento Alternativo Independiente”. La Registraduría Nacional hizo válidas 28,377 firmas de las 63.825 que presentó Lopesierra, dejando así el mínimo de firmas necesarias para dejar en pie sus pretensiones, sin embargo, actualmente su candidatura ha sido revocada debido a su excéntrico y problemático pasado. Fuente: Imágenes tomadas de la Fundación Paz y Reconciliación y El Colombiano ¿Quién es el Samuel Santander Lopesierra? Lopesierra nació en Maicao, es economista de South Illinois University, fue concejal de Maicao, y representante a la Cámara en el periodo de 1998 a 2002 por el Partido Liberal. Según Semana, fue considerado el Zar del contrabando en la década de los 90, puesto que logró posicionar su bodega “San José” en el municipio de Maicao en uno de los centros de distribución más grande de mercancía ilegal en todo el país, asimismo, fue acusado presuntamente por abastecer más de 50 centros de mercado, los llamados “sanandresitos” de dicha mercancía, sin pagar impuestos. Fue extraditado en 2003 bajo el gobierno de Álvaro Uribe y acabó su condena el 16 de agosto de 2021. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, “fue culpable por introducir cargamentos de cientos de kilos de cocaína en Estados Unidos”. Desarrolló un millonario negocio de venta al por mayor de cigarrillos y licores, según Cambio. Las autoridades estiman que alcanzó a ingresar semanalmente al país 200.000 pacas de cigarrillos y 400.000 cajas de whisky, todo era producto de contrabando. Además, participó en operaciones de lavado de dinero y narcotráfico. Por otro lado, Caracol Radio, aseguró que la vinculación de Lopesierra con el proceso 8.000 mediante la revelación de unas conversaciones entre Elizabeth Montoya y Ernesto Samper donde esta prometía presentarles a personajes importantes del engranaje de La Guajira y que le realizarán un gran aporte. Elizabeth Montoya, alias “la monita retrechera” fue una empresaria que presuntamente habría gestionado una donación de medio millón de dólares a la campaña presidencial de Ernesto Samper, producto de la mafia. Otro de los cuestionamientos que tiene encima Samuel Lopesierra, según el medio Verdad Abierta, es la presunta relación con el paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, quien afirmó en su libro que el guajiro fue un colaborador de los ‘paras’, ya que reunió a varios empresarios guajiros con él y con Mancuso en 1997. En el libro Se creían Intocables (Planeta 2021) de Óscar Naranjo, se cita que el 4 de mayo de 1997 Lopesierra se presentó en la cárcel de Barrancas, La Guajira, para abogar por la libertad de dos hombres que hasta entonces no eran muy conocidos en la región: Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo. Según el testimonio de Naranjo, Lopesierra los necesitaba libres a ambos porque tenía pendiente una reunión con ellos en Riohacha para acordar los términos de un acuerdo que les abriría a los paramilitares las puertas del departamento. En su visita a la cárcel, el ‘Hombre Marlboro’ habría sido acompañado por Juan Francisco Gómez, alias ‘Kiko Gómez’, condenado a 55 años de cárcel por homicidio y sindicado por parapolítica, Gómez llegó dos veces a la Alcaldía de Barrancas y luego a la Gobernación de La Guajira. Su regreso a Colombia después de cumplir su condena se dio en el año 2021 y desde entonces, su nombre se ha hecho sonar, inicialmente, en el marco de las elecciones presidenciales de 2022, Lopesierra fue mencionado en el escándalo que enfrenta Nicolas Petro, por presuntamente entregar entre 500 y 600 millones de pesos para la campaña de Gustavo Petro. Desde sus primeros anuncios de querer llegar a la Alcaldía de Maicao, hasta la inscripción de su candidatura ante la Registraduría Nacional. La Fundación Paz y Reconciliación, hizo las primeras advertencias, sobre la inhabilidad que recaía sobre Lopesierra. En una entrevista con la W, el coordinador de la línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, Esteban Salazar, expuso que Lopesierra estaría inhabilitado según “el artículo 122 de la Constitución de Colombia establece que aquellas personas que se quieren candidatizar para cargo de elección popular, que hayan tenido condenas incluso por delitos relacionados con pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior, no podrán ni siquiera candidatizarse a cargos de elección popular”. Por otro lado, el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, ratificó las mismas razones por las que puede caerse la candidatura del ex narcotraficante, refiriéndose al mismo artículo 122 de la Constitución ya mencionado anteriormente. Si bien ya las advertencias estaban hechas, desde La Guajira se instauró oficialmente la queja en contra de Lopesierra, por la presunta incursión en la inhabilidad del artículo 122 de la Constitución Política de Colombia, como se ha venido mencionando desde Pares. Por tal motivo, el 27 de septiembre de 2023 por unanimidad la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió revocar la inscripción de la candidatura de Samuel Santander Lopesierra, tras estudiar la ponencia presentada por el magistrado Álvaro Hernán Prada, por la debida incursión de dicha inhabilidad ya mencionada. Aunque ya se dio a conocer la revocatoria de su candidatura, aún existe el recurso de reposición ante la misma sala del Consejo Nacional Electoral (CNE). Fuente: Imágenes tomadas de la cuenta personal de Twitter de Ricardo Ospina Santa, como lo conocen en su pueblo natal, hizo su campaña de una manera tradicional, como es común en La Guajira en épocas electorales, a lo grande, entre vallenatos y caravanas recorrió el municipio de esquina a esquina, cada caravana fue hecha en grandes camionetas, todas con su rostro plasmado, sus recorridos y sus reuniones fueron de gran impacto dentro de la población, hasta el punto de convertirse en unos de los favoritos para llegar al mando del cargo público de la segunda ciudad más importante del departamento. Sin embargo, confiado en sus ideales y en su equipo jurídico, no contaba con que su pasado iba a ser el primer responsable de llevarlo a la derrota, a un mes de las elecciones. Fuente: Imágenes tomadas de la cuenta personal de Instagram de Samuel Santander Lopesierra

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El Tiempo Este miércoles 27 de septiembre, Colombia vivió una movilización en apoyo al Gobierno del presidente Gustavo Petro y las reformas que actualmente se están debatiendo en el Congreso de la República. Desde las calles de Bogotá hasta los rincones más remotos del país, miles de ciudadanos se unieron en una jornada de protesta pacífica para expresar su respaldo a las políticas y cambios propuestos por el mandatario. El epicentro de esta manifestación fue la emblemática Plaza de Bolívar de Bogotá, donde se congregaron aproximadamente 30 mil personas de todas las edades y trasfondos. No obstante, la magnitud de la marcha trascendió los límites de la capital, llegando a ciudades y regiones de Colombia que abarcan desde el Cauca hasta la Guajira. La consigna de la marcha, “Nos Movemos por la Vida”, subrayó el compromiso de los manifestantes con las reformas y políticas impulsadas por el Gobierno, las cuales, según el Gobierno, buscan mejorar la calidad de vida de los colombianos y promover la justicia social en el país. La diversidad de participantes en la marcha demostró el amplio apoyo que ha generado el presidente Petro en diferentes sectores de la sociedad. Uno de los aspectos más notables de esta manifestación fue la presencia de aproximadamente 14,000 indígenas de diversas regiones de Colombia, incluyendo el Cauca, La Guajira, El Catatumbo, Amazonas y Putumayo. Su participación en la marcha marcó un poderoso respaldo a las políticas gubernamentales en lo que respecta a los derechos indígenas y la equidad social. Los líderes indígenas hablaron con pasión sobre la necesidad de preservar sus culturas y territorios ancestrales. El presidente Gustavo Petro, al dirigirse a la multitud reunida en la plaza de Bolívar, expresó su agradecimiento por la impresionante movilización y destacó la importancia de la transformación para preservar la vida en la tierra. Además, hizo énfasis en las reformas en curso, como la reforma a la salud, laboral, educativa y pensional, asegurando que estas medidas estaban diseñadas para mejorar la vida de los ciudadanos. Petro explicó que la reforma a la salud tenía como objetivo principal garantizar que todos los colombianos tuvieran acceso a un tratamiento médico adecuado, sin importar su ubicación geográfica. Subrayó la importancia de asegurar que la atención médica esté disponible para todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivan. En relación con la reforma laboral, el presidente insistió en la necesidad de transformar la sociedad para erradicar la explotación y el acoso en el lugar de trabajo. Abogó por un país más justo e igualitario en el que se respeten los derechos de los trabajadores. En cuanto a la reforma educativa, el primer mandatario señaló que su objetivo era permitir que los jóvenes colombianos tuvieran acceso a la educación superior y que esta se convirtiera en un derecho fundamental en lugar de un privilegio. Afirmó que esto impulsaría la productividad y la inteligencia de la sociedad colombiana en las décadas venideras. El presidente también se refirió a la reforma pensional, argumentando que el proyecto buscaba proporcionar a las personas mayores una vida digna, garantizando que tuvieran acceso a alimentos, vivienda y una pensión que les permitiera vivir con dignidad. Además de las reformas mencionadas, Petro anunció la presentación de una nueva reforma relacionada con los servicios públicos en Colombia. Destacó la importancia de asegurarse de que las tarifas de los servicios públicos fueran justas y asequibles para todos los ciudadanos, evitando que beneficiaran únicamente a unos pocos empresarios. La manifestación también contó con la presencia de Gustavo Bolívar, quien es candidato a la Alcaldía de Bogotá. Bolívar se unió a la marcha para expresar su apoyo al Gobierno de Petro y a las reformas propuestas. A pesar de las críticas y la controversia en torno a su participación, el candidato afirmó que asistía en calidad de ciudadano y que su presencia no tenía fines políticos en esta marcha. Sin embargo, la presencia de figuras políticas en la manifestación generó preocupación en la oposición y en la Procuraduría General de la Nación, que temían que las marchas se estuvieran utilizando con fines políticos. La controversia se centró en el uso de recursos públicos para financiar un evento que, según la oposición, podría favorecer la candidatura de Bolívar a la Alcaldía de Bogotá. Por su parte, el expresidente Andrés Pastrana fue uno de los críticos más vehementes de la manifestación, acusando al presidente Petro de utilizar recursos públicos para promover intereses políticos. La controversia sobre el uso de recursos públicos y su posible influencia en las elecciones locales sigue siendo un tema candente en la política colombiana. Cabe resaltar que durante el día en diversas ciudades de Colombia, se pudo observar una gran diversidad de participantes y puntos de concentración. En Cali, una multitud de alrededor de 3.800 personas se unió a la marcha convocada por el presidente Gustavo Petro en apoyo a sus políticas y reformas. El recorrido, que comenzó en la glorieta de la avenida Estación, culminó en la Plaza de San Francisco después de atravesar las principales calles de la ciudad. Afortunadamente, el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, informó que la jornada se desarrolló de manera pacífica y sin incidentes que afectaran el orden público, brindando tranquilidad a los ciudadanos que habían expresado preocupaciones sobre la seguridad. En otras ciudades como Medellín y Sincelejo, las calles también se llenaron de manifestantes que mostraron su apoyo al Gobierno de Gustavo Petro. En Medellín, las personas se movilizaron por la Calle de La Playa en dirección al parque de Las Luces. La convocatoria en Sincelejo también atrajo a numerosos ciudadanos que se expresaron en apoyo a las políticas propuestas por el presidente. Además de estas ciudades, en todo el país se llevaron a cabo concentraciones en diversos puntos, desde la frontera entre Brasil y Colombia en Amazonas hasta la ciudad de Cúcuta en el norte. Estas manifestaciones reflejan la diversidad geográfica y la amplitud de apoyo que ha generado el presidente Petro en todo el país. A pesar de las diferencias políticas y sociales, las manifestaciones en su mayoría transcurrieron de manera pacífica. Por esta razón, la marcha de este 27 de septiembre fue una demostración masiva de apoyo a las reformas propuestas por el presidente Gustavo Petro. A pesar de las críticas y controversias, la manifestación se desarrolló de manera pacífica y unió a ciudadanos de todo el país en un llamado a favor del cambio y la justicia social en Colombia. El debate sobre el uso de recursos públicos y su impacto en las elecciones locales continúa siendo un tema relevante en la arena política colombiana.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Desde mediados de 2022, la Universidad de Antioquia viene trabajando en un proyecto de divulgación científica llamado “Master Class UdeA: talento local al servicio de causas globales”. Con el que busca aportar a la comprensión de temas científicos de interés universal y presentarlo a públicos más amplios, que traspasen los límites universitarios y del país. Es una apuesta por esparcir, difundir y derramar los saberes que vienen construyendo sus profesores, con sus variadas agendas de investigación, en el campus universitario. Un saber especializado que, manteniendo la rigurosidad científica, busca comunicarse en un lenguaje sencillo, fresco y accesible para el gran público. Esta Universidad reconoce que cualquiera sea el lugar desde donde el científico trabaje, tiene la responsabilidad con la sociedad de llevar el saber a todos lugares y públicos. De allí que se esfuerza para que este conocimiento sea comunicado de manera clara para que contribuya al bienestar social. En su multicampus universitario, todos los días, el personal docente –dedicado a la labor de pensar y producir conocimiento científico– realiza aportes sobre una gran variedad de temas. Desde aquellos que nos presentan las razones por las cuales los electores van o no a votar a las urnas en Medellín, hasta el hueco que deja un electrón cuando abandona un átomo de helio. Estos saberes científicos, por lo general, se dan a conocer en revistas científicas. Unos dispositivos de comunicación de información que se caracterizan por presentar los avances en la investigación en un formato clásico –donde se presenta el problema, los resultados y se discuten las conclusiones–. Un escrito que debe seguir, a rajatabla, unas indicaciones formales en cantidad de palabras, estructura y lenguaje. Por lo general, estos escritos son elaborados en el idioma inglés, en el lenguaje técnico propio de la comunidad científica específica –la de los químicos, físicos o economistas– y están plagado de modelos, fórmulas y datos. En ellos, los científicos comunican a los pares académicos del mundo los avances en las investigaciones. Con esta práctica, las comunidades científicas están dejando por fuera del uso de este bien público universal a la mayoría de las personas. Aunque los científicos están cumpliendo con el compromiso de producir saber para aportar al avance y progreso de la humanidad y, además, lo están comunicando, no están logrando divulgar el saber y entregarlo a todo mundo. En Colombia, al igual que en la mayoría de los países del globo, se carece de una cultura de la popularización del conocimiento que producen los centros de pensamiento. El personal científico no tiene la costumbre de llevar el nuevo conocimiento que produce a un público más universal. Entre las razones para que no se haga está labor está la dificultad de hablarle a una población que no se comunica con el mismo nivel técnico, a la que hay que saber hablarle en un lenguaje claro, sencillo, ameno y universal. En breve, traducirle el lenguaje técnico y especializado en uno de fácil digestión para que lo comprenda y le vea utilidad. Divulgar es una tarea que impone cambios en la forma de escribir y dar a conocer los avances científicos (Ver: Divulgar la ciencia). Pero también, establece el reto de buscar otras formas de presentar el saber. Ya no es solo entregarlo a una revista, aunque sea de divulgación, sino presentarlo en otros formatos como un podcast, un micrófono en la radio o un video para la internet. De allí, atendiendo a este reclamo universal, es que esta última semana de septiembre las direcciones de Relaciones Internacionales y de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia están lanzando la estrategia de divulgación de la ciencia “Master Class UdeA: talento local al servicio de causas globales”. Una estrategia que tiene entre sus características poner a presentar a un profesor/investigador de reconocida trayectoria académica y científica, una temática específica. Un conocimiento científico dirigido a un público que abarque más allá de su comunidad académica. Un saber que, manteniendo la precisión y veracidad, puede también llegar a persona no especializadas –además de los estudiantes, profesores, investigadores y profesionales en la materia–. El proyecto, que pretende continuar, ha iniciado con cinco clases magistrales presentadas en un material audiovisual con una duración máxima de 50 minutos, que están en la plataforma YouTube y que podrá ser aprovechado por todo el mundo digital. El uso de las TIC permite que cualquier persona, si tiene un dispositivo inteligente –smartphones, computadoras o tabletas–, pueda reproducir estas clases. Entre las cinco Master Class se encuentra una que presenta la profesora María Elena Maldonado Celis, titulada: “Productos naturales para la quimio-prevención del cáncer”, cuyo eje temático es la biotecnología, bioeconomía y medio ambiente. En ella, la investigadora senior de Minciencias aborda uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial, y plantea estrategias de prevención a través de cambios en la dieta y el uso de compuestos bioactivos en frutas y verduras. También encontrarán otra clase presentada por el ingeniero civil y doctor en hidrología Julio Eduardo Cañón Barriga, donde “aborda la necesidad de enfrentar las alteraciones que los seres humanos hemos causado en los sistemas dinámicos de la Tierra a escala global”. En este sentido, el profesor nos propone abordar estos desafíos con creatividad y pensamiento complejo. Por su parte, la profesora Dora Benjumea Gutiérrez nos propone descubrir en el cannabis una opción atractiva para la investigación científica. Habla de cómo, desde la medicina tradicional, el cannabis tiene “la capacidad de modular diversas funciones de nuestro organismo a través del sistema endocannabinoide, brindando beneficios en el tratamiento de ciertas enfermedades”. La cuarta Master Class nos la entrega la profesora Gloria Cardona, en la que aborda “los desafíos y las implicaciones de condiciones como la demencia y los trastornos cerebrovasculares que afectan cada vez a más personas en nuestra sociedad”. Nos habla del deterioro de la memoria y del pensamiento y su impacto en las relaciones interpersonales. Finalmente, una Master Class sobre un tema social entregada por quien escribe esta columna, titulada “Aprendizajes de la paz negociada en Colombia”, donde identifico y analizo algunas lecciones que nos ha dejado el largo historial de procesos de paz que hemos vivido en Colombia desde 1980 y que pueden servir como lecciones aplicables a otros países o sistemas políticos inmersos en procesos similares. Con estas propuestas de divulgación científica, la universidad pública está posibilitando que la gente tome más conciencia de los aportes que le hace la educación superior a la sociedad.  Está haciendo partícipe a todo el mundo –pues se presenta en español y subtitulado en inglés– sobre temáticas específicas de interés global que se desarrollan desde sus claustros. Y está invitando al mundo a que visiten el Alma Mater como un destino académico y científico de excelencia. También le está recordando a sus profesores/investigadores sobre el compromiso que debe existir en propagar, difundir y derramar el saber que producen en toda la sociedad. Reconocer que esta tarea de divulgar la ciencia a un público más amplio y heterogéneo es difícil, pero es necesario intentarlo. Que como docentes tenemos la responsabilidad de poner el conocimiento al alcance de la sociedad. En especial, quiere pedirles a los profesores que laboran en la Universidad que el camino a seguir en la educación superior es la democratización de la ciencia. Que si se requiere avanzar en la apropiación social del conocimiento debe trabajarse en la instauración de una cultura científica que permita una alfabetización del saber y una adecuada gestión de conocimiento. Nota: las Master Class pueden consultarse en la página web de la Universidad de Antioquia en la siguiente dirección https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/campanas/master-class *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Natalia Reina, Investigadora Línea Democracia y Gobernabilidad La carrera por la Gobernación de Córdoba es la historia de dos clanes: uno que apostó todo y parece que no se quedará con nada; y el otro que no arriesgó y se llevará todo. Inicialmente, el tarjetón estaba compuesto por seis nombres: Juan de la Cruz, avalado por un grupo significativo de ciudadanos; Yesica Cabeza, por el partido Fuerza de la Paz, que recientemente declinó su aspiración; Angélica Verbel, por el Partido Movimiento Alianza Democrática Amplia; Ciro de León, por la coalición Frente Amplio de Lucha Contra la Pobreza Sin Corrupción; Erasmo Zuleta, por la coalición Córdoba Pr1mero; y Gabriel Calle, por la coalición Nuevo Futuro. De estos, los dos últimos son los protagonistas en la puja para suceder al actual gobernador Orlando Benítez, a quien alguna vez ambos apoyaron. Recordemos que hace un año, el clan Calle se subió al bus del Pacto Histórico. PuntualmenteGabriel Calle Aguas, quien entregó las banderas liberales a Gustavo Petro en Córdoba, donde el actual presidente ganó en primera y segunda vuelta. Hoy, a Calle Aguas esos mismos liberales le dan la espalda. Para las elecciones legislativas de 2022, Petro, motivado por mantener aceitadas las maquinarias de los rojos en el departamento, hizo el llamado a su electorado a que respaldara a los candidatos liberales a la Cámara de Representantes en Córdoba-entre ellos, Andrés Calle Aguas, hermano de Gabriel-, pese a que el Pacto Histórico tenía su propia lista. Tabla No. 1. Resultados elecciones presidenciales en Córdoba Elaboración propia con datos de la Registraduría Para las legislativas de 2022, los cordobeses alcanzaron cinco curules en la Cámara de Representantes, ninguna de ellas pertenecientes al Pacto Histórico. Solo dos de los electos repitieron curul en la corporación: el conservador Wadith Alberto Manzur, que ya anunció su apoyo a la gobernación de Erasmo Zuleta; y el liberal Andrés Calle Aguas, que actualmente es el presidente de la Cámara de Representantes y no podrá hacer campaña a la gobernación de su hermano, ya que podría incurrir en doble militancia al no ser el candidato avalado por su agrupación política. Los otros tres representantes electos fueron: Saray Robayo Bechara, del Partido de La U y prima del candidato a la Gobernación, Erasmo Zuleta Bechara; el conservador Nicolás Barguil Cubillos y Ana Paola García Soto del Partido de La U. Así las cosas, el Pacto Histórico no ha logrado capitalizar votos en el departamento y, contrario a ello, son los partidos tradicionales los que llevarán la batuta en las próximas elecciones. La alianza entre los Calle y el actual gobierno implicó desafiar al jefe del Partido Liberal, César Gaviria, que decidió no acompañar las reformas sociales de Petro en el Congreso. Además, ante la actitud retadora del clan Calle de continuar apoyando a Petro, las represalias no tardaron en llegar, causando una enemistad que condujo, entre otras cosas, a la no entrega de aval del Partido Liberal a Gabriel Calle Aguas para la Gobernación. Si bien es cierto que en un inicio los Calle gozaban de su proximidad con el Pacto Histórico, por ejemplo con el nombramiento de Gabriel como jefe de gabinete del Ministerio del Interior, la dicha no duró mucho. Parece que para las próximas elecciones los acercamientos con Petro les jugarán una mala pasada. De hecho, aquellos que antes fueron amigos del mencionado clan, hoy son quienes amenazan con arrebatarles el poder, y poco a poco se han ido quedando solos. Por ejemplo, el actual gobernador, Orlando Benítez, que alguna vez fue muy cercano al clan Calle, el cual, incluso, contribuyó a que Benítez llegara a la Gobernación, ya ha protagonizado discusiones en redes sociales con Andrés Calle. Además, Gabriel también hizo fuertes señalamientos contra el actual gobernador referentes a obras públicas inconclusas por parte de la administración departamental, pero que solo hasta ahora pareciera percatarse de ellas, porque previo a la ruptura con los liberales había guardado silencio. Para el otro candidato en la puja por la Gobernación, Erasmo Zuleta Bechara, la suerte ha sido distinta. Hace un año, él fue uno de los primeros congresistas cordobeses que anunció su respaldo a Rodolfo Hernández para las elecciones a la Presidencia en segunda vuelta, y cada vez son más los que se suman a su campaña. Según la encuesta de la firma Datanálisis realizada en septiembre de 2023 sobre la intención de voto a la Gobernación, la contienda la lidera Zuleta, con el 40%; seguido de Gabriel Calle con el 22%; y mucho más rezagada Angélica Verbel con el 4%. Gráfico No. 1. Encuesta septiembre 2023 Fuente:Datanálisis ¿Quiénes son los candidatos? Erasmo Zuleta Bechara Inscribió su candidatura a través de la coalición “Córdoba es Pr1mero”, compuesta por los partidos de La U, Conservador, MAIS, Liberal y Colombia Renaciente. Es administrador de empresas, tiene una maestría en gestión de organizaciones y fue elegido por el Partido de la U como representante a la Cámara por Córdoba entre 2018-2022. Es uno de los cuestionados por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares); su trayectoria política ha estado rodeada por figuras como el senador Jhony Besaile y el “Musismo”, su familia ha utilizado la Universidad del Sinú como fortín político, que, de hecho, es de su propiedad. Su madre, Mara Bechara. fue capturada en 2017 a raíz de investigaciones en su contra – y que no han prosperado– por irregularidades en convenios firmados por la Universidad del Sinú pagados con dineros de regalías. Erasmo Zuleta Bechara Fuente: redes sociales del candidato Zuleta ha logrado sumar apoyos de distintos colores, cuenta con el respaldo de figuras importantes en el departamentocomo el senador liberal Fabio Amín; el representante conservador, Wadith Manzur; los senadores conservadores Liliana Bitar y Marcos Daniel Pineda, hijo de la poderosa líder política, Nora García Burgos. En las últimas semanas, la también candidata a la Gobernación, Yesica Cabeza del Toro, del Partido La Fuerza de la Paz, declinó su aspiración para adherirse a Zuleta Bechara. Apoyos a la campaña de Erasmo Zuleta Fuente: La Burbuja Política Gabriel Calle Aguas Está avalado por la coalición Nuevo Futuro, compuesta por ASI, Colombia Humana, Polo Democrático, Partido Comunista, Comunes, Unión Patriótica, Independientes. Calle Aguas es abogado y cuenta con maestría en derecho público. Fue jefe de gabinete del Ministerio del Interior y fue el coordinador de la campaña de Petro en Córdoba. En el 2021 ocupó el cargo de secretario de Desarrollo Económico en la administración del actual gobernador Orlando Benítez, quien incluso designó a Calle Aguas como gobernador encargado por un corto periodo a inicios de 2020. Es otro de los cuestionados por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), su padre es Gabriel Calle Demoya, exalcalde de Montelíbano e investigado por presuntos hechos de corrupción denunciados por Pares en el caso de Jaguazul. Gabriel Calle Aguas Fuente: redes sociales del candidato El candidatoha negado tener el respaldo del "Musismo" y la "Ñoñomanía"; sin embargo, fuentes territoriales de Pares sostienen lo contrario, e incluso Milena Flórez, esposa del excongresista Musa Besaile, condenado por vínculos con grupos paramilitares, ha expresado su apoyo a Calle Aguas. De izquierda a derecha: Nora González, candidata a la Asamblea de Córdoba; Milena Flórez, esposa de Musa Besaile; Ramón Calle, candidato Alcaldía de Planeta Rica; y Gabriel Calle, candidato a la Gobernación de Córdoba La carrera por la Alcaldía de Montería La disputa por el primer cargo de la capital de Córdoba ha estado muy activa. Si bien es cierto que inicialmente se habían inscrito diez aspirantes a la Alcaldía de Montería, la lista se está decantando rápidamente y son tres los nombres que destacan como los más opcionados: Natalia López, Hugo Kerguelen y Liliana Yunez, los tres son los únicos candidatos avalados por coaliciones, denominadas: “Montería es Capaz”, “Una sola Montería” y “Unidos por Montería”, respectivamente. Pero López y Kerguelen tienen un punto en común, y es que ambos, pese a ser rivales, volcaron su respaldo a un mismo candidato a la Gobernación: Erasmo Zuleta, que a toda costa está tratando de sumar votos en la capital. La más reciente encuesta de intención de voto a la Alcaldía de Montería, elaborada por la firma Datanálisis en septiembre de 2023, deja entrever que dicho cargo se lo disputarán precisamente los dos candidatos cercanos a Zuleta Bechara. Natalia López ha venido creciendo considerablemente, en junio de 2023 una encuesta realizada por Mediciones Estratégicas la ubicaba de segunda con el 6,67%; hoy Datanálisis la coloca en el primer lugar con el 35%, seguida de Hugo Kerguelen con el 21% y de Liliana Yunez con el 11%, esta última no ha logrado despegar y, pese a ello, ha afirmado que continuará con su candidatura. Gráfico No. 2. Encuesta septiembre 2023 Fuente: Zona Cero Natalia López Fuentes Es la fórmula oficial de Zuleta Bechara; es abogada, con especialización en derecho administrativo y magíster en derecho público, ha sido docente de la Universidad Pontificia Bolivariana y, por ello, en medio de la campaña se ha autodenominado “La Profe”. En 2021 fue nombrada directora territorial del Ministerio del Trabajo en Córdoba, cargo al que renunció el año pasado para incursionar en la política electoral. Natalia López y Erasmo Zuleta Fuente: redes sociales de la candidata Es la candidata con mayor número de respaldos de partidos políticos, cuenta con el aval del Partido Conservador, Partido Independientes, Partido Liberal y el Partido de La U, que fue entregado por Saray Robayo Bechara, prima del candidato a la Gobernación, Erasmo Zuleta Bechara. Adicionalmente, en el transcurso de la contienda ha recibido nuevos aliados, como el del Partido MIRA. López Fuentes hace parte de la línea del senador conservador Marcos Daniel Pineda -el más votado en Montería en las elecciones legislativas de 2022-, y dispone del apoyo de la también senadora Liliana Bitar. Otros candidatos a la Alcaldía de Montería declinaron de sus aspiraciones para sumarse a López Fuentes, tal es el caso de Leonel Márquez, del Partido Polo Democrático, y Fredy Sánchez de la Alianza Verde, hijo del exgobernador de Córdoba, Fredy Sánchez Arteaga, implicado en la firma del Pacto de Ralito. En 2019, su hermano, Luis Carlos López Fuentes, fue elegido concejal de Montería, pero en los últimos meses renunció a su curul a raíz de la inscripción de la candidatura de su hermana. Por otro lado, el esposo de “La Profe” es Alejandro Salleg, quien fue secretario de Tránsito de Montería durante la administración municipal de Marcos Daniel Pineda García. La Secretaría en tiempos de Salleg se caracterizó por tomar medidas severas contra el sector del mototaxismo, lo que ha causado reticencia y desconfianza de dicho gremio con la candidatura de López Fuentes. Ahora bien, en diferentes eventos de campaña se le ha visto a la candidata junto a Mario Prada, condenado por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, salpicado por elTuso Sierra por presuntos vínculos con grupos paramilitares, y primo del jefe paramilitar, Diego Vecino. Según fuentes territoriales de Pares, tal acercamiento es un intento de “La Profe” de apaciguar los ánimos caldeados con los mototaxistas, ya que Prada genera influencia entre estos. De izquierda a derecha: Mario Prada, paramilitar condenado; Álvaro Daniel Cabrales, candidato al Concejo de Montería; Saray Robayo Bechara, representante a la Cámara y prima del candidato a la Gobernación, Erasmo Zuleta; Natalia López, candidata a la Alcaldía de Montería Hugo Kerguelen El otro candidato que está en la puja por la Alcaldía de Montería es Hugo Kerguelen, inscrito con el aval de la coalición “Una sola Montería”. Tiene el apoyo del Partido ASI y el Partido Esperanza Democrática. Es ingeniero civil y ambiental, magíster en infraestructura vial y especialista en finanzas. Ha recibido el espaldarazo de figuras relevantes en la región como el diputado más votado en el departamento y actual presidente de la Asamblea de Córdoba, Fabián Lora. Fue gerente Covid del municipio y desde la posesión de Carlos Ordosgoitia como alcalde de Montería, Kerguelen fue nombrado secretario de Planeación, cargo que asumió hasta julio de 2022, cuando renunció tras anunciar sus aspiraciones a la Alcaldía. Es considerado el candidato de la administración de Ordosgoitia y de la Ñoñomanía; fue uno de los cuestionados por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) en junio de 2023. Si bien es cierto que Natalia López es su principal contendoray que a su candidatura han aterrizado figuras políticas relevantes en el departamento; en las últimas semanas la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor) anunció que se unirá a la campaña de Kerguelen, lo que envía un claro mensaje a López, en tanto que esta ha tratado de vender su discurso político como una apuesta joven, dedicada a la docencia, vinculada y respaldada por la academia. Hugo Kerguelen Liliana Yunez Luquetta Por último, Yunez es avalada por la coalición “Unidos por Montería”, tiene el respaldo del Partido Gente en Movimiento. Es fisioterapeuta con especializaciones en seguridad social y gerencia pública. Fue dos veces concejal de Montería en los periodos 2012-2015 y 2016-2019 por el Partido Conservador, con el cual rompió filas tras recibir la negativa para apoyar su candidatura a la Alcaldía, hecho que generó una ruptura por completo con Marcos Daniel Pineda; en campaña Yunez ha afirmado ser “la única candidatura independiente”. Liliana Yunez Fuente: redes sociales de la candidata Ahora bien, la contienda por alcaldías como las de Montelíbano y Sahagún son pertinentes incluirlas en el radar. Por la Alcaldía de Montelíbano En el caso de Montelíbano son once los nombres que se disputan el primer cargo de la ciudad, todos avalados por partidos políticos; sin embargo, los candidatos que más suenan son José David Nader del Partido Cambio Radical, César Emilio Cura del Partido de La U y Gabriel Calle Demoya por el Partido Liberal. José David Nader Es abogado de la Universidad de Antioquia. Fue diputado a la Asamblea de Córdoba, cargo que obtuvo mediante el apoyo del senador Marcos Daniel Pineda García, quien lo respalda en la contienda. En las anteriores elecciones locales hizo parte de la coalición del actual alcalde José David Cura. En 2010 fue alcalde encargado de Montelíbano durante cuatro meses; también se ha desempeñado como secretario de Hacienda de la Gobernación de Córdoba. Es esposo de la actual representante a la Cámara Ana Paola García Soto y es hijo del exalcalde de Montelíbano, Moisés Náder Restrepo, investigado por la Fiscalía por presuntas irregularidades durante su administración 2004-2007, por la adjudicación de una obra sin el debido cumplimiento de requisitos legales. Gabriel Calle Demoya Demoya va por el Partido Liberal; fue alcalde de Montelíbano en el periodo 2012-2015 y ha sido concejal del mismo municipio. Sus hijos son Gabriel Calle Aguas, candidato a la Gobernación de Córdoba y Andrés Calle Aguas, presidente de la Cámara de Representantes. Pares alertó sobre su cuestionada candidatura en su informe publicado en junio de 2023. Ha sido investigado por presuntos hechos de corrupción, debido a que su administración estuvo implicada en un posible desfalco de 60 mil millones a través de la empresa de economía mixta Jaguazul S.A. Adicionalmente, en 2022 el entonces concejal Calle Demoya quedó grabado repartiendo dinero al interior del recinto del Concejo Municipal de Montelíbano a otros tres concejales, hecho que dio apertura a investigaciones por parte de la Procuraduría en contra de los implicados. Cabe recordar que en 2019 durante las anteriores elecciones locales ya había sido visto entregando dinero a jóvenes, por lo que en aquella ocasión algunos contradictores lo acusaron de constreñimiento al elector. Gabriel Calle Demoya, Andrés Calle Aguas y Gabriel Calle Aguas César Emilio Cura Está avalado por el Partido de La U, es primo del actual alcalde José David Cura e hijo del narcotraficante extraditado y asesinado hace un par de años, César Cura Demoya. Fue diputado de la Asamblea de Córdoba en el período 1998-2001. Es la fórmula del candidato a la Gobernación Erasmo Zuleta, quien evidentemente le apuesta a derrotar al Clan Calle en todos los escenarios; en Montelíbano, Cura sería el elegido para arrebatarle la alcaldía a Calle Demoya en su tierra natal, lo que sin duda implicaría un golpe duro al clan. Cesar Emilio Cura y Erasmo Zuleta Fuente: redes sociales del candidato Alcaldía de Sahagún La carrera por la Alcaldía de Sahagún nuevamente se resume en un enfrentamiento entre clanes políticos. José Hugo Restán es avalado por el Partido de La U, fue diputado de Córdoba por dicha agrupación política y recientemente se conoció el apoyo del Partido Centro Democrático a su campaña. Es el candidato de la “Ñoñomanía”; de hecho, la inscripción de su candidatura la hizo acompañado del senador del Partido de La U, Julio Alberto Elías Vidal, hermano del Ñoño Elías (condenado por delitos vinculados al caso Odebrecht). José Hugo Restan y Julio Elías Vidal El otro candidato opcionado es Jairo Balmaceda Otero, avalado por la coalición “Es con Servicio”. Es médico, a su campaña se han sumado grandes figuras como los senadores del Partido de La U, Julio Chagüi y Johnny Besaile; los conservadores Marcos Daniel Pineda García y Liliana Bitar, y el liberal Fabio Amín. Además, cuenta con el visto bueno del candidato a la Gobernación Erasmo Zuleta, y es considerado la ficha del actual alcalde, Jorge David Pastrana Sagre. Jairo Balmaceda Fuente: redes sociales del candidato Ni la plata va a mantener a flote al Clan Calle Los resultados de las próximas elecciones regionales en Córdoba no tendrán nuevos nombres o fuerzas políticas; contrario a ello, será una batalla entre clanes que dominan en el departamento. En la capital, Montería, el partido Liberal tiene el jaque a la familia Calle.Si bien es cierto que le entregaron el aval a Gabriel Calle de Demoya, líder del clan y actual candidato a la Alcaldía de Montelíbano, no lo hicieron con su hijo Gabriel Calle Aguas para la Gobernación de Córdoba, lo que no solo significa que de manera oficial Calle hijo no contará con el espaldarazo de la maquinaria Liberal, sino que su hermano, actual presidente de la Cámara de Representantes, y su padre, tampoco podrán apoyar su candidatura. Adicionalmente, ciertos candidatos a alcaldías y líderes políticos que habían anunciado inicialmente su respaldo a Calle Aguas han movido su alineación en favor de Zuleta Bechara.En pocas palabras, Gabriel Calle Aguas se quedó sólo, y aunque cuenta con el aval del Pacto Histórico, los votos que le entregará la coalición en cuestión no le serán suficientes para hacer frente a la creciente candidatura de Erasmo Zuleta. Según fuentes territoriales de la Fundación Paz & Reconciliación(Pares), Gabriel Calle contaba con que el Gobierno Nacional le bajaría recursos al departamento, por lo que en campaña llegó a algunos municipios de Córdoba prometiendo hasta 400 millones de pesos a los candidatos a alcaldías a cambio de recibir su apoyo para la Gobernación. Sin embargo, Petro no hizo tal cosa, colocando en aprietos las aspiraciones del candidato. De manera que el gran barco del Clan en cuestión se viene asemejando más a una canoa, haciéndose más pequeño a medida que los aliados van saltando a otras toldas y ni siquiera las promesas de plata los mantendrán a flote. Pero el Clan Calle no es el único que tendrá resultados desfavorables.Para el caso de Montería y Sahagún, Fabio Amín, Marcos Daniel y Erasmo Zuleta lograrán hacerse con el primer cargo del municipio, a través de Natalia López y Jairo Balmaceda, respectivamente. Así las cosas, en Sahagún el “Ñoño” saldrá derrotado.Si bien es cierto que hace pocos meses este fue recibido en medio de una multitudinaria caravana en Sahagún -tierra natal del excongresista-; fuentes territoriales de Pares afirman que el “Ñoño” está prácticamente quebrado, por lo que las candidaturas que respalda no cuentan con suficiente músculo financiero para posicionar las respectivas campañas. Y para terminar de hundir el barco, en Montelíbano, los Calle también van a terminar chapoteando, en tanto que Zuleta Bechara los derrotará mediante el candidato Cesar Emilio Cura. En conclusión, en Córdoba los principales cargos de elección popular serán ocupados por candidatos alineados a Erasmo Zuleta y Marcos Daniel, algunos de ellos con cuestionamientos o cercanos a figuras investigadas, y desde ya se están consolidando alianzas entre los mismos clanes que ya se conocen.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: Expedida y El País En medio de una profunda crisis de orden público que ha convertido al Cauca en la zona más crítica del país en términos de seguridad, la vicepresidenta, Francia Márquez, y el comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo Bonilla, han emitido órdenes directas para que la Fuerza Pública tome medidas inmediatas en ese departamento. Esta decisión llega después de dos semanas de violencia ininterrumpida que han estremecido a la región. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en el corregimiento de Timba, en el municipio de Buenos Aires, donde un carro bomba detonó a tan solo cinco metros de la estación de Policía, cobrando la vida de tres personas inocentes y dejando a otras dos heridas. Estos lamentables sucesos han movilizado a la comunidad local, que ha decidido alzar su voz en contra de la violencia y exigir seguridad. En respuesta a la ola de violencia que ha afectado a la región, los habitantes de Timba convocaron una movilización hoy lunes 27 de septiembre. Luis Alfredo Bonilla, autoridad étnica territorial del Norte del Cauca, ha compartido su perspectiva sobre esta ola de violencia y ha explicado las razones detrás de la convocatoria de esta marcha, así como las expectativas que tienen del Gobierno para hacer frente a la crisis de orden público que sacude al departamento del Cauca. ¿Por qué están marchando hoy? ¿Cuáles son los objetivos y metas que esperan alcanzar con esta movilización? Nos estamos movilizando de manera contundente y masiva para respaldar las reformas agrarias, laborales, de salud y educación. Creemos firmemente que las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional tendrán un impacto significativo, ya sea positivo o negativo, en la población en general. Nuestro objetivo principal en esta marcha es ser escuchados, que nuestras voces y propuestas sean tenidas en cuenta. Una de nuestras metas primordiales es poder coordinar las acciones que el Gobierno está planeando, pero también integrar las perspectivas y enfoques de las comunidades locales. ¿Cuál es el impacto que sienten ante la escalada de violencia provocada por las disidencias de las FARC en el Cauca? La escalada de violencia provocada por las disidencias de las FARC en el Cauca tiene un impacto abrumadoramente negativo. Estamos presenciando pérdidas de vidas humanas, asesinatos y un creciente sentimiento de inseguridad y temor en la región. Además, los actos terroristas indiscriminados están ocurriendo con mayor frecuencia en diversos territorios, lo cual obstaculiza la construcción de una paz sólida y duradera, o lo que podríamos llamar una "Paz Total". ¿Cuál es su percepción sobre el proceso de paz en curso con las disidencias de las FARC? ¿Tiene confianza en que este proceso pueda llevar a una paz duradera? Mi percepción sobre el proceso de paz en curso es preocupante. Existe la sensación de que podríamos repetir los errores del pasado, ya que no contamos con los recursos necesarios para cumplir con los compromisos adquiridos en este proceso. Personalmente, no confío plenamente en que este proceso nos lleve a una paz duradera. La durabilidad de la paz depende en gran medida de que se cumplan los acuerdos y compromisos establecidos. Además, es crucial involucrar y negociar con todos los grupos relevantes, ya que de lo contrario, nos enfrentaremos a un ciclo continuo de violencia al tener que hacer acuerdos por separado con diferentes grupos en diferentes momentos. ¿Cuáles considera que son las demandas más apremiantes y las preocupaciones más urgentes de su comunidad en relación con la situación actual? Nuestra principal preocupación y demanda apremiante como comunidad es que no queremos ser arrastrados a una guerra que no hemos provocado. Necesitamos garantías para nuestras vidas, nuestra supervivencia y nuestro arraigo en nuestros territorios. También es esencial que la población civil no quede atrapada en medio de la violencia, y que se aseguren todas las condiciones necesarias en términos de derechos humanos para que podamos continuar nuestras actividades y ejercer nuestro gobierno propio, especialmente en el caso de las comunidades étnicas. Por último, debemos proteger nuestros bienes como patrimonio cultural en nuestros territorios, tanto a nivel municipal como departamental y territorial. ¿Cómo evalúa la respuesta del Gobierno frente a estas demandas? En cuanto a la respuesta del Gobierno a nuestras demandas, personalmente, siento que se queda corta. La preocupante situación de violencia en la que nos encontramos no está siendo abordada de manera efectiva, lo que nos llena de inquietud. ¿Cómo podría el Gobierno mejorar su apoyo y respuesta a las necesidades de la comunidad en medio de esta situación de violencia? Para mejorar la respuesta del Gobierno a nuestras necesidades en medio de esta situación de violencia, es crucial que recupere el control y actúe de manera sistemática, teniendo en cuenta los contextos territoriales específicos. La situación de violencia puede mejorar si el Gobierno se vuelve más asertivo y pertinente en su enfoque operativo y técnico en la política nacional.

Por: Redacción Pares Semana del 18 al 24 de septiembre del 2023 En la agenda acordada entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN está el tema de las víctimas, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. En ese sentido, siendo un tema central, hay que ver cómo se abre este diálogo tan vital y difícil en este proceso. Esta semana se dio un diálogo entre Juan Fernando Cristo, hijo de Jorge Cristo Sahium, quien fue asesinado por el ELN en Cúcuta el 8 de agosto de 1997, y Carlos Velandia, dirigente del ELN, que en ese momento estaba preso. Fue un diálogo animado por Patricia Lara, de la Revista Cambio. Se mantiene la iniciativa por parte de la delegación de diálogos del ELN de difundir lo avanzado con el Gobierno Colombiano y el reto de participación, esta semana se dieron diálogos con procesos sociales y comunitarios del Cauca. La delegación de diálogo del ELN cuestionó críticas sobre supuestos incumplimientos al cese bilateral pactado con el Gobierno Colombiano. Hay un ejercicio diario de seguimiento al cese bilateral pactado por Gobierno y ELN, este trabajo lo adelanta Carlos Velandia, y se puede consultar en su cuenta de X, gran trabajo. Se mantienen dinámicas de violencia en varias regiones con la participación del ELN: Bajo Cauca, Nordeste Antioqueño, Nariño y Cauca tienen reportes recientes. 1. Juan Fernando Cristo conversa sobre la muerte de su padre a manos del ELN | CAMBIO: 2. Reunión del ELN con organizaciones en el Cauca: 3. ELN cuestiona denuncia anuncios de supuestos incumplimientos al cese al fuego: 4. Informe revela 42 actos criminales del ELN durante cese al fuego, Arauca encabeza la estadística: https://kapitalstereo.com/2023/09/23/informe-revela-42-actos-criminales-del-eln-durante-cese-al-fuego/ 5. Expectativa por diálogos con actores armados y el cese de la violencia durante elecciones: https://caracol.com.co/2023/09/24/expectativa-por-dialogos-con-actores-armados-y-el-cese-de-la-violencia-durante-elecciones/ 6. Columna de Antonio García, primer comandante del ELN: “Han sido 50 años en los que se ha venido aplicando el mismo guion, grupos de choque, magnicidios, bloqueos, para desestabilizar, confundir, desinformar; el objetivo sigue siendo el de acabar con cualquier intento de autonomía y dignidad latinoamericana, cualquier intento de organización popular, pero la capacidad de los pueblos de resistir, es incalculable. La lucha sigue, sin lugar a dudas”: https://telegra.ph/50-a%C3%B1os-la-lucha-sigue-09-18 7. Reporte del 52° día del Cese al Fuego Bilateral Nacional Temporal por Carlos Velandia: 8. La violencia en el Cauca tras el Acuerdo de Paz: https://razonpublica.com/la-violencia-cauca-tras-acuerdo-paz/ 9. “Cese al fuego debe ir acompañado de cese de hostilidades”, comunidades del Catatumbo: https://www.alertasantanderes.com/norte-santander/cese-el-fuego-debe-ir-acompanado-de-cese-de-hostilidades-comunidades-del-catatumbo 10. Murió presunto cabecilla del ELN en el Catatumbo - Situación produce tensión en la subregión por lo que esto pueda representar en materia de seguridad: https://caracol.com.co/2023/09/24/murio-cabecilla-del-eln-en-el-catatumbo/ 11. José Félix Lafaurie y Fabio Valencia Cossio pidieron acuerdo entre ELN y las FARC para cesar afectaciones a la población civil: https://www.infobae.com/colombia/2023/09/21/jose-felix-lafaurie-y-fabio-valencia-cossio-pidieron-acuerdo-entre-eln-y-las-farc-para-cesar-afectaciones-a-la-poblacion-civil/?s=09 Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Laura Bonilla, Subdirectora Para: @confidencialcol Esta semana tuve una amable discusión en X con el exministro de Salud Alejandro Gaviria que puede ayudar a arrojar luz sobre un tema complejo, como lo es la política pública de paz del presente Gobierno y la política de seguridad, junto con sus diversos resultados. En el debate hoy hay una premisa casi incuestionable y es que la Paz Total ha causado la presente ola de violencia, lo que es impreciso y conduce a error. Voy a tratar de explicar con algunos datos por qué no es verdad que los incrementos de la violencia son consecuencia de la Paz Total y que el Ejército no está actuando. La primera variable que quiero analizar es el tamaño y la expansión de los grupos armados. En 2018, el país contaba con 18 estructuras, mientras que en 2022 esta cifra había aumentado a 41, con capacidad de operar y causar daño en 281 municipios. Para 2023, estos 41 grupos se redujeron a cuatro grandes agrupaciones: el ELN, las AGC o Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y el EMC, junto con dos grupos de menor capacidad: Los Pachenca y Los Pachelly. Es importante destacar que tanto en tiempos de guerra como de paz, resulta más manejable lidiar con seis objetivos en lugar de 41. Sin embargo, es alarmante que en Colombia se haya experimentado un crecimiento tan drástico en tan pocos años. ¿Cómo llegamos a eso? Hay algo que es verdad y es que la ley de Paz Total, tal y como se pasó en el Congreso, creó el incentivo perverso del “politicómetro” para los grupos armados ilegales, que no causó la oleada de violencia pero contribuyó a reforzar la presión violenta de los grupos sobre las organizaciones sociales y reforzar el reclutamiento y la utilización de población mientras relajaban los principios de distinción entre civiles y combatientes. Esa es la razón por la cual mayoritariamente se ha asesinado a liderazgos indígenas y de comunidades étnicas, que son sustancialmente fuertes y organizadas. Una especie de “si no eres mía, no eres de nadie” para las organizaciones sociales que contribuyó a mantener al alza el asesinato de líderes y lideresas. En 2022 hubo 180 casos en 12 meses; en 2023, ya van 123 en nueve meses. Analizando trimestres, los casos bajaron a medida que avanzaban las negociaciones, especialmente donde operaba el ELN tras el cese al fuego: de 44 en octubre 2022 a 35 en marzo, según el importante conteo de Indepaz. Sin embargo, en abril, con la ruptura del cese por el Estado Mayor Central y el paro minero de las AGC, subieron a 46 en junio. El 82% de los casos los involucra, pero no hay mesas de diálogo con ninguno de ellos. Otras variables también se comportan de forma similar. En número de municipios afectados por masacres tenemos: 16 para el 2018, 38 para el 2019, 66 para el 2020, 73 para el 2021, 74 para el 2022 y 51 para el 2023, a septiembre, según datos de Indepaz. En número, los años con mayor ocurrencia fueron el 2020 y el 2021 con 91 y 95 casos respectivamente. En lo corrido del 2023 van 64 masacres al 18 de septiembre. En cuanto a los departamentos afectados por la violencia, el Cauca lidera la lista con disputas en curso, pero no es el único. También el Chocó, Norte de Santander y Antioquia enfrentan graves problemas, incluyendo confinamiento y restricciones en la ayuda humanitaria. En estos lugares, se observa una variedad de violencias dirigidas hacia el control territorial y poblacional. En todos estos departamentos, el Ejército ha llevado a cabo campañas que, en algunos casos, han provocado respuestas de estos grupos armados, tal como lo han expresado en comunicados públicos, como en el caso de las AGC y su promoción del paro minero. Esto contradice la idea de que el Ejército no está tomando medidas. En el Cauca, la ofensiva militar ha impulsado al EMC a sembrar más minas y a aumentar la violencia contra civiles, en un intento de ejercer un «disciplinamiento social» y causar daño a las fuerzas de seguridad. Además, debido a las fluctuaciones económicas relacionadas con la coca, buscan expandir su control en el cañón del Micay y adentrarse aún más en la minería ilegal. Este es el epicentro de la actual disputa. Entonces, ¿por qué la narrativa pública establece una correlación tan fuerte entre la Paz Total y la situación actual? Mi hipótesis es que el gran error del Gobierno fue lanzar una política tan ambiciosa en un momento de tantos cambios significativos sin considerar la capacidad de las fuerzas y la institucionalidad para lograr la paz. Esto explica por qué existe una mayor atención en este Gobierno en comparación con el anterior. Las expectativas eran elevadas, y hay más denuncias en la mesa debido a la esperanza de ser escuchadas. Y adicional a lo anterior, hay hoy más sectores políticos preocupados por la violencia, lo que nunca había pasado. La conclusión puede ser la siguiente: no, la Paz Total no es la responsable del incremento de la violencia, pero tampoco ha contribuido seriamente a su disminución. Esperemos que una mejor articulación entre seguridad y paz pueda llevarnos a buen puerto. Hay que tomar decisiones. ¿Una mayor acción del Ejército contribuiría a disminuir la violencia? No necesariamente. ¿Presionaría al grupo armado para forzar una tregua en la mesa de negociación que se instalará? Definitivamente. No es una decisión fácil, pero no tomarla es aún peor.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: Ecoologic El pasado 19 y 20 de septiembre se llevó a cabo la II Convención Internacional de Emergencia Climática 2023 en la ciudad de Bogotá. Este encuentro congregó a más de mil personas en la Cámara de Comercio, en el que su objetivo principal fue promover el intercambio de conocimientos, reflexiones e inspiración para abordar de manera efectiva la crisis climática que enfrenta nuestro planeta. (Ver: Bogotá se prepara para la Convención Internacional de Emergencia Climática 2023) La II Convención Internacional de Emergencia Climática reunió a un amplio espectro de expertos y líderes nacionales e internacionales de diversas organizaciones, entidades gubernamentales y ONGs. A lo largo de dos jornadas llenas de emoción, se exploraron temas clave para la gestión climática, incluyendo género y clima, calidad del aire, movilidad sostenible, finanzas climáticas, biodiversidad, economía circular y desarrollo urbano resiliente. Una de las ponentes fue Bina Venkataraman, asesora para la innovación en el cambio climático en el Gobierno de Barack Obama. Su mensaje resonó profundamente entre los asistentes, instándolos a mantener el optimismo y a encontrar nuevas formas de aprovechar las oportunidades que la naturaleza nos ofrece para la restauración ambiental. El evento contó con la participación de expertos de renombre internacional, como Ferruccio Santetti, director regional en América Latina y el Caribe del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI); Andrea Bizberg, asesora técnica en calidad del aire en C40 Cities; IIan Cuperstein, director regional de C40 para América Latina; Natalia Lever, directora para América Latina de The Climate Reality Project; y Cristina Argudo, subdirectora regional de C40 para América Latina, entre otros. Alejandra Cifuentes, directora de involucramiento y gobernanza climática de Camino Hacia Carbono Neutral, compartió sus reflexiones sobre este evento. Más de 60 invitados, tanto nacionales como internacionales, se unieron para participar en diálogos climáticos, talleres, conversatorios y paneles de discusión centrados en cuestiones cruciales para la agenda climática de nuestro país. Entre estos temas, Cifuentes mencionó que se abordó el futuro de la emergencia climática, dado que el departamento de Antioquia y la Ciudad de Bogotá han declarado estados de emergencia climática, definiendo las acciones estratégicas necesarias para avanzar hacia un territorio resiliente y carbono neutral. Además, se profundizó en otros temas esenciales para lograr este objetivo, como el desarrollo urbano resiliente, las finanzas climáticas, la biodiversidad y los ecosistemas, y cómo estas estrategias de conservación desempeñan un papel fundamental en la implementación de soluciones basadas en la naturaleza. También se exploraron temas como el crecimiento verde, la economía circular, los empleos verdes, la movilidad sostenible, la calidad del aire y la gobernanza de la emergencia climática. Un aspecto crítico, especialmente en el contexto de Colombia y otros países latinoamericanos y caribeños, es la equidad de género y su integración en las acciones climáticas. En este espacio se profundizó en este tema, destacando la importancia del enfoque de interseccionalidad para distribuir de manera justa tanto los beneficios como las responsabilidades del cambio climático entre hombres y mujeres, permitiendo que ambos géneros accedan a oportunidades en la acción climática y mitiguen los efectos de la crisis. Además, se resaltó la relevancia del panel de gobernanza climática, en el cual Natalia Leber, directora de Climate Reality América Latina, analizó los compromisos de las grandes industrias frente a la crisis climática y se señaló un tema controvertido relacionado con la presidencia de la COP28, que recae en uno de los presidentes de la mayor empresa de petróleo de los Emiratos Árabes Unidos, lo que plantea un conflicto de intereses. Durante estos dos días de encuentro realizaron un llamado a la acción y al compromiso del sector privado para acelerar la acción climática. Simultáneamente, se llevó a cabo la Academia Cero Emisiones, un espacio liderado por C40 Cities y la Alcaldía Mayor de Bogotá, destinado a visibilizar las acciones y estrategias de las áreas de cero emisiones en la región. Durante la convención, se anunciaron estrategias clave implementadas por el Distrito y el departamento de Antioquia, que se convertirán en legados para futuras administraciones. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, destacó la importancia de su mandato al tiempo que celebraba la concreción del Plan de Acción Climática, el Plan de Movilidad Sostenible y el Plan de Ordenamiento Territorial, proyectos que están alineados y que sirven como inspiración para otras ciudades de Colombia y el mundo. Por su parte, Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente de Bogotá, señaló que la Política de Acción Climática del Distrito, ahora política oficial, guiará la transición energética de la ciudad hacia la neutralidad de carbono en 2050 y la resiliencia ante el cambio climático. En Antioquia, el compromiso con la acción climática también es evidente, siendo el primer departamento en declarar la emergencia climática en el país. Se trabaja en la reducción de emisiones y en la gestión de la emergencia climática como modelo de referencia. En el marco de la convención, se anunciaron logros significativos, como la reducción de los gases de efecto invernadero en Bogotá en casi un 20% desde 2017 hasta 2022, el respaldo al referendo por los animales para prohibir las corridas de toros y la creación de las Zonas Urbanas por un Mejor Aire (ZUMA). Según Alejandra Cifuentes, otro tema de suma importancia que se abordó fue el financiamiento climático, una cuestión crítica en Colombia, que enfrenta una brecha de más de 2 billones de pesos en este ámbito. Cifuentes explicó que la falta de recursos financieros es un obstáculo para que las comunidades y los territorios puedan llevar a cabo proyectos de la envergadura necesaria para alcanzar las metas nacionales en materia climática. En este contexto, se llevó a cabo un taller sobre financiamiento combinado, en el que participaron proyectos en sus etapas iniciales de formulación y emergieron con un sólido modelo de financiamiento climático. Durante este taller, se identificó cómo estos proyectos se alineaban con los objetivos de desarrollo sostenible y contribuían a las metas nacionales de mitigación y adaptación al cambio climático, en el contexto de la Contribución Nacionalmente Determinada de Colombia. Esta contribución busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para el año 2030, y cuenta con 32 medidas de mitigación y 30 medidas de adaptación. Además, se analizó cómo estos proyectos se ajustaban al actual Plan Nacional de Desarrollo y cómo contribuían a aspectos estratégicos, como las comunidades energéticas, la transición justa y el crecimiento económico e industrial a través de la innovación y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Al finalizar el taller, los participantes recibieron un manual y una hoja de ruta que pueden aplicar en la ejecución de proyectos de descarbonización. También se exploró cómo comunicar de manera efectiva la crisis climática a través del arte, y para ello se contó con la participación de artistas que utilizaron diversas formas de expresión, incluyendo la música, el diseño y la ilustración, para transmitir de manera impactante el mensaje sobre la urgencia de abordar esta crisis climática. Es por esto que la cultura y el arte desempeñaron un papel fundamental para enriquecer el evento. Actuaciones del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idiprón), la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá y Latin Latas inspiraron a los participantes y enfatizaron la importancia de la acción climática. Además, se llevó a cabo una muestra comercial que destacó negocios verdes e iniciativas sostenibles, promoviendo productos con impacto positivo en el medio ambiente. Alejandra Cifuentes destacó la importancia de los espacios de participación de la sociedad civil en el evento. Se mencionó la veeduría del acuerdo distrital, específicamente el acuerdo 790 que declara la emergencia climática. En estos talleres se abordó un tema de gran relevancia que será discutido en la COP28: las pérdidas y los daños. Se discutió cómo avanzar hacia la creación de un fondo de pérdidas y daños, en preparación para la delegación colombiana que asistirá a la conferencia de las partes en Dubái este 2023. Además, durante este vento se compartieron experiencias territoriales sobre el avance hacia zonas de bajas y cero emisiones, una iniciativa promovida por C40 que insta a las ciudades a reducir sus emisiones, especialmente en el sector del transporte, y a establecer zonas en las ciudades donde se reduzcan significativamente estas emisiones. Este desafío implica una planificación territorial integral, una revisión del ordenamiento territorial, inversiones en infraestructura para el transporte y la movilidad sostenible, así como la formulación de políticas y regulaciones ambientales más estrictas, incluyendo la definición de límites máximos permisibles para la reducción de contaminantes climáticos de vida corta, como el material particulado, un tema que se abordó y que reviste gran importancia. Alejandra Cifuentes mencionó que se espera que continúen surgiendo espacios como estos, ya que tanto el Gobierno central como las autoridades locales, como la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Bogotá, invitan a la ciudadanía y a aliados estratégicos a participar activamente en ellos. Estos espacios permiten la conexión, la formación de alianzas estratégicas y el intercambio de conocimientos sobre nuevas tecnologías, iniciativas y procesos de gobernanza en curso en los territorios para hacer frente a la crisis climática. Este evento fue posible gracias a la colaboración de numerosos aliados, incluyendo el Fondo Acción, Camino Hacia Carbono Neutral, C40 Cities, Global Green Growth Institute (GGGI) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). La II Convención Internacional de Emergencia Climática concluyó con éxito, dejando un legado de aprendizaje, reflexión y optimismo. Ahora, la invitación es a trabajar juntos, proponer acciones concretas para enfrentar este desafío y mantener una expectativa positiva sobre el futuro, con la naturaleza como aliada para la prosperidad de todos y todas.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Las manifestaciones y/o protestas sociales, son un mecanismo universal que asegura la convivencia en términos de compartir sin salvajismos, si no la única, sí la más importante tarea de la especie: garantizarse la supervivencia. Para ello, el desarrollo cognitivo, el progreso, es la más contundente estrategia. No de otra manera lo comprendieron los pensadores clásicos occidentales, para quienes lo importante no era estrictamente sobrevivir, sino hacerlo cada vez de la mejor manera. Platón le llamaba a dicha tarea la búsqueda de la felicidad, que es igual a vivir sabroso, mientras que su alumno Aristóteles, sin contradecirlo, le denominó la búsqueda del bienestar, que es igual a vivir tranquilo. Lo cierto es que, para que ello ocurra, esos mismos pensadores de la antigüedad -pienso además en Solón y en Demócrito- vieron necesaria la construcción de una estrategia de acción social que lo asegurara cabalmente o, más exactamente, vieron una estrategia de acción política; pues el objetivo primordial no era la utópica armonía del libre albedrío, sino la organización reglada de la polis. Si bien originalmente se concibieron distintos modelos políticos para alcanzar tal propósito, al final, por su eficacia y efectividad, fue adoptado el modelo de la democracia. En efecto, la democracia tiene como principio fundamental la participación ciudadana, que hace de los beneficios del poder un derecho plural y equitativo, y no uno de los privilegios en los que ese mismo poder se concentre en grupos políticos de intereses comunes (en dictaduras), se concentre en clanes familiares de intereses consanguíneos (en autarquías) o, incluso, que se concentre en un cerrado grupo de intereses malsanos, tan inescrupuloso y atroz, que ha de resguardarse a la sombra de políticos corruptos y a la sombra de quienes -como el emperador de Andersen- se disfrazan de “gente de bien” (me refiero al llamado régimen). La democracia, en contrario a las autarquías, a las dictaduras, o más exactamente a los regímenes políticos de esencia excluyente, permite a cada participante del grupo social hacer parte de un pacto político -el pacto de la nacionalidad y la soberanía, el contrato social de Rosseau- y, desde el ejercicio de esta ciudadanía, le permite hacer vigilancia, le da herramientas para el control político y hasta le otorga el derecho a manifestar su oposición frente a las decisiones que desde el poder se tomen en contravía de esos propósitos naturales únicos: la búsqueda de la supervivencia y el desarrollo cognitivo. Para ello, el modelo de la democracia incluye figuras de acción política por medio de las cuales el pueblo puede participar de las decisiones gubernamentales. En Colombia, por ejemplo, existen mecanismos constitucionales para garantizar el ejercicio de la participación ciudadana, como el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato -contenidos en el artículo 103 de la Constitución- y, especialmente, existe el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, como lo establece nuestra Constitución en su artículo 37. Con todo, desde que fue esbozada la organización social bajo el liderazgo de un gobernante con poder, las manifestaciones y protestas han sido el instrumento de mayor contundencia a la hora de tumbarlos cuando han hecho las cosas mal. Sin embargo, lo que hemos visto a lo largo de la historia, es que estas expresiones populares, que buscan la corrección o destitución de los gobernantes fallidos, son recurrentes y, en la mayoría de los casos, si no en todos, las cosas no cambian (siguen los pobres y siguen las costumbres malsanas). De hecho, cuando muere un rey, lo primero expresado por sus súbditos es “ha muerto el rey, viva el rey” o “a rey muerto, rey puesto”; empero, pese al relevo del gobernante, nada cambia, y esto es así porque con el derrocamiento de los monarcas no desaparece la malsanía por la cual fue tumbado, pues esta procede del modelo político que lo guiaba, que en el caso de los reyes es la autarquía. De modo que no son los reyes el problema de fondo, sino la autarquía y sus inequidades. Se derrocan gobernantes de extrema derecha y se les reemplaza con gobernantes de extrema izquierda, o viceversa; pero el modelo dictatorial permanece. Se tumban partidos políticos para suplirlos por otros de igual calaña, pero nada cambia, pues se mantiene el modelo de una oligarquía clandestina, corrupta e inequitativa. Entonces, ¿a qué se debe que cambien los gobernantes y no la mala situación? Un estudiante de derecho constitucional respondería -a luz de las ideas de Weber y Foucault- culpando a quienes tienen poder por encima de las organizaciones; es decir, al poder ejercido sobre los gobernantes, pero que no proviene legítimamente del pueblo. No obstante, para el imaginario popular no existe nada por encima de los gobernantes, excepto el mandato popular, y a la ciudadanía no se le ocurre pensar que las actuaciones de un mandatario puedan estar supeditadas a un poder invisible distinto al otorgado por el pueblo. En Colombia, pese al cambio propuesto por el presidente, la oligarquía -régimen, le llamó Álvaro Gómez- se halla todavía por encima de la organización gubernamental del presidente y se resiste a que realice su plan de gobierno, porque no es oligarca y sus políticas, que tienen la fuerza y el blindaje del mandato popular, los desvelará en su traza de maleantes y, de no caer sobre ellos la justicia formal, al menos los abrumará el escarnio público, como ya hoy empiezan a padecerlo personajes como Luis Carlos Sarmiento Angulo (por su responsabilidad en la corrupción de Odebrecht) y el expresidente Álvaro Uribe Vélez (por su responsabilidad en el asesinato de al menos 6.402 ciudadanos). Por esa realidad de los regímenes, que están por encima de los gobernantes, de nada ha valido que estos últimos caigan o sean derrocados; y, por esta misma razón, es que el presidente Petro aparece abanderando las marchas más significativas que han ocurrido dentro de su gobierno; porque es al régimen -por fin ahora el país advierte lo que Álvaro Gómez visualizó hace 30 años- al que debemos dirigir nuestras manifestaciones y protestas por su negación a permitirle al presidente y a su equipo de gobierno que lleven a cabo las reformas por las que fue elegido. De tal suerte, tanto como quien escribe estas líneas, como sus lectores, debemos sentirnos comprometidos con tales manifestaciones, excepto que no hagamos parte del modelo democrático, garantizado por las elecciones populares, y nos creamos pertenecientes al cerrado modelo de la oligarquía, garantizado por la inequidad y la opresión violenta. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Alejandra Téllez, Asistente de Investigación Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana La trata de personas es el tercer delito más lucrativo, seguido del tráfico de armas y la venta de drogas. En la legislación colombiana este crimen incluye dos delitos, por un lado, está el tráfico de migrantes, que se entiende como todo aquel que promueva, facilite o participe en la entrada o salida de personas del país sin que se cumplan los requisitos legales y conlleve fines lucrativos (Artículo 188 Código Penal). Por otra parte, está la trata de personas, que consiste en el traslado, captación o acogida de personas fuera o dentro del territorio con el fin de explotarlas (Artículo 188A Código Penal). La trata de personas lleva consigo una violación a los derechos humanos, pues se esclaviza o explota a un sujeto convirtiéndolo en una mercancía y dejando de lado su voluntad y libertad. La trata de personas está altamente asociada con el turismo sexual, pues la mayoría de las víctimas están en condiciones de esclavitud sexual. Mujeres, niñas y adolescentes se ven más afectadas por este delito, pues en el mercado de la prostitución son ellas las que reciben más ofertas. En este sentido, se tiene conocimiento sobre la existencia de agencias de viaje que ofrecen dentro de sus paquetes recorridos sexuales, incluso con menores de edad en el país. Haciendo de Colombia un destino con alta oferta de servicios sexuales y así mismo una alta demanda con buenos pagos. Esto resulta evidente a la hora de visitar lugares como el Parque Lleras en Medellín, la Ciudad Amurallada en Cartagena o el barrio La Candelaria en Bogotá, lugares en los que se encuentra una alta oferta de servicios sexuales dirigidos a extranjeros y en donde, sin ningún tabú, se encuentran, incluso, menores de edad. Diagnóstico Nacional Según el Ministerio de Defensa, entre enero y agosto del 2023 se registraron 521 casos de trata, de los cuales 255 fueron víctimas de trata de migrantes y 266 de trata de personas. Esto representa un aumento del 56,9%, puesto que en este mismo periodo para el 2022 la cifra fue de 332 víctimas de trata. Según el Ministerio de Defensa, a diario se registran mínimo dos víctimas de este delito. Sin embargo, Roció Urón, coordinadora de la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes de UNODC, que las cifras no corresponden a la realidad, ya que muchas de las víctimas por miedo prefieren no decir nada o se les hace difícil poder ir o contactar a las autoridades. Por esto, ella asegura que las cifras reales pueden ser 10 veces más a las oficiales. Con respecto a la niñez, según Eso no es cuento, una campaña en contra de la trata de personas articulada con la ONU y diferentes entidades colombianas, existen más de 55.000 menores de edad que son víctimas de la trata de personas en el país, de los cuales las niñas entre 12 a 14 años representas mayor vulnerabilidad. De igual manera, según el informe sobre la trata de personas en Colombia 2023, se descubrió que en Cartagena hay varios casos de niños venezolanos que están siendo explotados bajo la mendicidad forzada por parte de familiares y conocidos. Por otro lado, Colombia ha llegado a ser el cuarto país de América latina con mayor turismo sexual infantil. Según una investigación realizada por el diario El Espectador y medios de la alianza rebelde de Venezuela, se descubrió que el Tren de Aragua y el ELN han estado operando en redes de tráfico sexual, teniendo gran influencia sobre todo en la frontera colombo-venezolana, pues allí cuentan con bares y demás establecimientos en donde explotan sexualmente a las afectadas de este delito. Además, gran cantidad de sus víctimas son mujeres y niñas venezolanas migrantes en condiciones de vulnerabilidad. El modo de operación es mediante una agencia de marketing por redes sociales con ofertas de trabajo en Colombia, Perú y Chile. Colombia no solo es receptor de víctimas, sino también cuenta con una ruta por tierra, económica, con escasos y débiles controles migratorios que facilita las rutas de tráfico en el cono sur. Sumado a lo anterior, Colombia se ha convertido en origen, tránsito o destino de la trata de personas y migrantes por la situación que se vive en la Selva del Darién, pues este lugar se ha configurado como una importante ruta de migrantes ilegales. Existen varios testimonios de falsos guías llamados coloquialmente como “Chiligueros” que dan falsas indicaciones, o inclusive cobran de 40 a 50 dólares por migrante que pase. Caracterización de las víctimas Se puede identificar si una persona es víctima de trata cuando se evidencia que la persona no administra su dinero, o la remuneración de su trabajo es muy baja. Segundo, la persona no puede dejar su lugar de trabajo o cumple con ciertos requisitos para poder hacerlo y tercero la persona no tiene control sobre sus documentos de identificación. No hay un tipo de persona en específico que pueda caracterizarse como víctima de trata de personas, sin embargo, sí existen una serie de condiciones que las hacen más vulnerables. En primer lugar, encontrarse en bajos niveles socioeconómicos agudiza la posibilidad de ser víctima, como se ha dicho anteriormente, el ofrecimiento de puestos de trabajo es un mecanismo de engaño para el reclutamiento de las víctimas. Por otro lado, están las personas migrantes, pues en condiciones irregulares de migración se pone en riesgo la seguridad y múltiples derechos humanos, ya que pueden transitar por rutas que se utilizan para trata de personas y migrantes, añadiendo que la necesidad de migrar los expone a recibir falsas ofertas hacia otros países. En tercer lugar, están las personas víctimas del conflicto armado, puesto que se encuentran en una condición de vulnerabilidad alta, que para los grupos armados que pueden contar con redes de tráfico de personas resulta más fácil su captación. Ahora bien, las mujeres y las niñas representan la mayoría de las víctimas, primero porque un gran porcentaje del fin de la trata de personas tiene que ver con la explotación sexual o prostitución, servicios que en su gran mayoría son ofrecidos hacia hombres heterosexuales con ideas machistas escondidas por el velo de lo masculino. Cabe recordar también que la pobreza tiene rostro de mujer, pues existen diferentes barreras sociales, culturales y económicas que ponen a las mujeres en condiciones desiguales frente a los hombres, propiciando que en mayor medida sean ellas las que más se encuentren en situaciones de vulnerabilidad económica. Por otro lado, teniendo también en cuenta que existe una serie de desigualdades estructurales debido a los roles de género. En vista de esta problemática, el pasado 29 de julio la Defensoría del Pueblo emitió el comunicado 274 en el cual expone cómo a través de las duplas de género que son grupos de la Defensoría del Pueblo que están encargados de atender casos de VBG, se logró acompañar a 236 víctimas entre el 2018 a junio del 2023, de las cuales el 89%, es decir 212 víctimas, son niñas, adolescentes y mujeres. Por otra parte, el 25,4%, 60 víctimas, están relacionadas con tráfico de migrantes con fines de esclavización. Con respecto a la caracterización de las víctimas, según el Grupo de Lucha Contra la Trata de Personas, en el 2022 el 82% de las víctimas de estos delitos eran mujeres, y la finalidad de estos respondía en un 73,6% a explotación sexual. Para este año, los departamentos más afectados según el Ministerio del Interior son la ciudad de Bogotá con 128 casos, Valle del Cauca con 113, Nariño con 69 y Antioquia con 67. De las características de las víctimas se pudo identificar que el 54,6% pertenece a estrato 1 y el 64,4% cuenta con educación hasta la secundaria. Quienes cometen este delito buscan que sus víctimas se encuentren en alguna condición de vulnerabilidad socioeconómica y/o cultural, pues así será más fácil captarlos, mediante falsos puestos de trabajo, o demás promesas y así poder trasladarlos. Del mismo modo, según la recomendación general número 38 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, se determina que las mujeres y niñas migrantes irregulares tienen mayor riesgo de ser víctimas tanto en el tránsito como en los centros de acogida, las fronteras y el país de destino. Por último, en contexto de conflicto armado, las mujeres y niñas viven situaciones diferenciadas en donde se propicia la normalización de la violencia de género, además de que sus cuerpos son usados como botín de guerra, exacerbando la violencia sexual y la posibilidad de ser víctimas de trata de personas. Reflexiones Para concluir, la trata de personas y el tráfico de migrantes es un fenómeno de atención nacional e incluso transnacional, en el que Colombia tiene un rol fundamental, pues las redes de trata operan en todos los niveles en el territorio, desde la reclusión, hasta las rutas de tráfico y la recepción de víctimas. El Decreto 1818 del 31 de diciembre del 2020 expone la estrategia nacional para la Lucha contra la Trata de Personas 2020-2024, en donde se plantea el objetivo de garantizar una coordinación articulada y sostenible de forma interinstitucional para abordar la problemática, desde la prevención, la asistencia y la protección de las víctimas, además de la sanción del delito en el territorio. Sin embargo, parece ser que el enfoque que se le ha dado para solucionar este problema es reaccionario e incluso débil, ya que, por un lado, no se ha logrado disminuir los casos de trata, sino, por el contrario, han aumentado casi el doble, y, por el otro, la Defensoría del Pueblo en casi seis años ha acompañado a 236 víctimas, lo que ni siquiera representa la mitad de los casos ocurridos tan solo este año. En el mismo orden de ideas, aunque la estrategia nacional contra la trata de personas plantea un enfoque de género, este solo aparece como un apartado más, pues ninguna línea o estrategia de acción cuenta con un enfoque diferenciado frente a las mujeres o niñas, quienes son las que más sufren este delito. Esto resulta importante a la hora de plantear políticas públicas, pues reconoce que las mujeres y niñas viven contextos diferenciados que las ponen en mayor medida en peligro frente a este delito. En ese mismo orden de ideas se hace necesario una nueva estrategia anti trata, no solo para plantear un enfoque de género interseccional más real, sino también porque en el 2020, año en el que se pensó el plan, las realidades nacionales eran otras, e incluso el número de víctimas de enero a agosto de ese año eran 189, mientras que para este año 2023 ya se registran 521.

Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista “La violencia patriarcal es una pandemia global que pide nuestra atención a gritos” Salomé Gómez, Feminista por Accidente El lunes, mientras escuchaba Caracol Radio, quedé supremamente indignada por la forma clasista en la que Vanessa de la Torre reportaba el feminicidio de la joven Ana María Serrano. Cuando la periodista se refiere a Alan Gil Romero, el feminicida, lo hace con evidente sorpresa, diciendo frases como “un muchacho educado, de buenas maneras”, insistiendo en “educado, de buenos modales”, “educado, que tiene todo en la vida, termina siendo un feminicida”. Más allá de las palabras que utiliza, lo que resulta verdaderamente inquietante es lo que no se dice explícitamente: ¿se está insinuando que la violencia de género es característica de aquellos que carecen de educación o de oportunidades en la vida? Contextualicemos el caso en mención. Ana María Serrano era una joven de 18 años, sobrina del exministro de Hacienda colombiano José Manuel Restrepo, fue asesinada en México, aparentemente a manos de su exnovio, Alan Gil Romero. Este individuo manipuló la escena del crimen para que pareciera un suicidio y además venía acosándola desde hace unos meses, cuando terminaron su relación sentimental, según reportan los medios. Es fundamental reconocer que el feminicidio no es un fenómeno aislado. En el primer semestre de 2023, se registraron al menos 320 casos en Colombia y 426 en México de asesinatos de mujeres que están siendo investigados como feminicidios. Pero más allá de hablar de la dolorosa cantidad de casos, quiero traer la reflexión sobre la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en el abordaje de estas violencias, porque revictimiza y profundiza los estereotipos en los que se sustentan muchas de dichas violencias. Irresponsablemente este periodismo pregunta sobre si se pudieron previamente “ver las señales”, frente a lo cual la docente Mónica Godoy resalta que: “el feminicidio de Ana María nos ayuda a romper con el sentido común acerca de estos crímenes. No todos presentan violencia explícita previa; algunos son cometidos por hombres que no muestran ninguna agresividad”. Además, las violencias de género corresponden a un sistema patriarcal que supera clases sociales, de ahí que existan victimarios “educados y no educados”. No es un problema exclusivo de las clases sociales más desfavorecidas ni de los barrios marginales, y la forma cómo se expresa Vanessa de la Torre profundiza el encubrimiento de este tipo de violencias en las clases altas. Al respecto, la licenciada en historia, experta en temas de género, Carolain Hung, resalta que "creer que solamente en los sectores empobrecidos o populares es donde se vive la violencia basada en género es clasista". Añade que en muchos de los casos de estas violencias en las clases privilegiadas, las víctimas evitan denunciar por el “qué dirán” o afectaciones a “su imagen”, además de los otros tipos de violencias que pueden atravesar, como la violencia económica o psicológica. Pero adicionalmente, Hung introduce un tema muy importante sobre los feminicidios como respuesta al ejercicio de autonomía de las mujeres: “es imposible que nosotras podamos tener decisiones autónomas sobre nuestra vida, como es en este caso que ella decide no estar en una relación, pero él decide que si terminaron pues la puede asesinar. Entonces, también colocar la discusión de cómo los feminicidios son una forma de disciplinamiento. Hay un disciplinamiento porque nos estamos jugando la autonomía de nuestra vida, de nuestros cuerpos”. Teniendo en cuenta que lo que nos disputamos a diario es nuestra autonomía, rechazo de forma contundente la cobertura mediática de la violencia feminicida que está teñida de prejuicios sexistas y clasistas. Este enfoque sesgado es peligroso y contribuye al estigma social. Es crucial examinar críticamente estos aspectos y confrontar las nociones equivocadas que los y las periodistas promueven directa o indirectamente. Las feministas vamos a seguir insistiendo sobre cómo debe mejorar el abordaje mediático de la violencia patriarcal. Pero lo preocupante es que, ante tantos llamados, continúen siendo indiferentes. Preocupa también que, así como Vanessa de la Torre, encontramos a Claudia Palacios, Camila Zuluaga (recordemos el caso de Luz Mery Tristán) y muchas otras personas que creen que estas violencias son un problema de "otros", de aquellos que “no lo tienen todo en la vida”, de los “no educados”. Pero, ¿por qué los y las periodistas deben prestar atención y especializarse en este tema? Pues justamente porque desempeñan un papel fundamental en la formación de la opinión pública y con su pésimo abordaje de la estas violencias nos ponen en riesgo. Cada feminicidio es una tragedia que debe ser contada con responsabilidad.