Por: Camilo Díaz, Investigador nacional, y Juan Alejandro Pérez, Asistente de Investigación
Línea Democracia y Gobernabilidad
Este jueves 24 de noviembre se iba a discutir la reforma al Código Electoral en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, pero tras la polémica que ha desatado en el último tiempo en la opinión pública esta reforma que tiene Mensaje de Urgencia, se aplazó la discusión de más de 400 artículos.
Las bancadas de Cambio Radical, Alianza Verde – Centro Esperanza y Pacto Histórico señalaron varias inconsistencias entrono al proceso de aprobación de la reforma al Código Electoral de 1986 y solicitaron que se le quitara el mensaje de urgencia.
Si bien se logró el cometido de ser aplazado, genera preocupación que quedan 3 semanas para ser debatido y hay varios frentes sobre lo cuales hay mucha incertidumbre y preocupación. Por ello, en el presente artículo exponemos algunos motivos que respaldan la decisión de no votar la reforma al Código Electoral.
Los problemas de la Reforma
La ausencia de un debate amplío y omisión del impacto fiscal
La Corte Constitucional en la Sentencia C-133/22, mediante la cual declaró la inexequibilidad de la reforma al Código Electoral radicada en el 2020, sostuvo que una de las razones para tomar dicha decisión fue la ausencia de un debate amplio, trascendente y participativo. Esto, en razón de una premura en la aprobación, que se vio intensificada con el mensaje de urgencia que le dio el entonces presidente Iván Duque, lo que llevó a una ‘elusión’ del debate.
Pese a ese antecedente, se está viviendo una situación similar en el actual debate del Código Electoral. El mensaje de urgencia de la Presidencia de la República y la intención de sacar adelante, en tres semanas, los debates que debe surtir el proyecto de ley, alertan la realización un debate corto y condensado, que llevarían también a una revisión constitucional en esta materia.
Ese es el llamado que se ha hecho desde la sociedad civil, ya que hay discusiones específicas que requieren un amplio debate y la premura sobre estas discusiones puede llevar a votaciones en bloque o sin la socialización necesaria.
Por otro lado, la misma sentencia de la Corte Constitucional, se determinó que la reforma al Código Electoral debatida en el 2020 no estableció de forma explícita el costo de implementación del proyecto y su relación con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Ese sería, de momento, el mismo escenario de la actual discusión. Tal y como señala el derecho de petición S.G. – O.J. 0937, solicitado por el Congreso de la República, la Registraduría no realizó un estimación de costos del proyecto de reforma al Código Electoral:
Fuente: Gaceta 1449, Congreso de la República.
A día de hoy, ante la opinión pública y la sociedad civil, no ha existido una socialización de los costos totales de implementación de lo establecido en el proyecto de reforma al Código Electoral. A su vez, existe el cuestionamiento sobre la priorización de este gasto en un escenario macroeconómico complejo para Colombia.
Esto es de especial importancia al incluir el proyectos aspectos como la profesionalización de registradores municipales, el incremento de la plante de la Registraduría, el voto electrónico, entre otros.
Los 1200 registradores nombrados a dedo
Si bien la ponencia para el primer debate eliminó el artículo 17 del articulado original, el proyecto de reforma al Código Electoral tiene la pretensión de garantizar un aumento de la planta de la Registraduría con el nombramiento de cerca de 1200 registradores municipales. Estos cargos serían bajo la figura de libre nombramiento y remoción, sin ningún concurso de méritos.
Con el funcionamiento actual, la Registraduría se ha convertido en un fortín y bastión burocrático de diversos clanes políticos. Diversos congresistas, principalmente del Partido Liberal, Partido Conservador y Partido de la U, cuentan con cuotas al interior de la Registraduría. Esa es una forma de operar que ha caracterizado la gestión de Alexander Vega, como lo ha denunciado la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) desde el 2020.
Que llegara a aprobarse los artículos 17 y 18 de la reforma al Código Electoral, crearía el incentivo para fortalecer el respaldo burocrático que ha garantizado la Registraduría a los partidos y clanes tradicionales.
La falta de garantías del voto electrónico
Las elecciones legislativas y presidenciales del 2022 sacaron a relucir una serie de inconsistencias e irregularidades. Eso no fue novedoso. Como lo ha señalado Pares en diversas ocasiones, alrededor de todo el proceso electoral existen diversas irregularidades ligadas a contratos con la empresa Thomas Greg & Sons. Esta empresa fue la encargada de realizar las elecciones de este año, administrando un software específico.
El funcionamiento del Software Electoral y sus auditorias siempre ha sido un problema en cada elección. La presente reforma no contempla de manera contundente medidas que garanticen la supervisión, control y vigilancia de los softwares por parte de actores institucionales. Esta reforma tampoco ataca la ausencia de garantías de acceso a la información para el desarrollo de auditorías independientes y una veeduría ciudadana efectiva en torno a estas herramientas tecnológicas.
En el presente año, más allá de la diversas irregularidades en el registro de cédulas o con los jurados de votación, la mayor inconsistencia se dio en el proceso de preconteo y escrutinio. En las legislativas, todos los partidos tuvieron amplias diferencias entre uno y el otro. Si bien es normal que hayan ligeras discrepancias, que la diferencia entre el preconteo y escrutinio del Pacto Histórico haya alcanzado los 500 mil votos prendió las alarmas.
De cara a la implantación del voto electrónico no hay garantías y sí muchos antecedentes que preocupan un correcto desempeño de esta forma de votación. Es necesaria la adaptación tecnológica de Colombia a sus diversos procesos democráticos e institucionales, pero la antesala que ha presentado la Registraduría no establece un marco de confianza. Como ha señalado Pares, la mayor manipulación del proceso electoral se da en el software electoral.
La cuestionada autenticación
El artículo 134 del proyecto original estableció que la Registraduría sería la encargada de “la identificación digital y autenticación de todos los colombianos por los diferentes medios tecnológicos de firma digital, a través de la cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad digital y por todo tipo de biometría o sistemas de autenticación”.
Con respecto a este punto se ha alertado la posibilidad del nacimiento de un monopolio a partir de la ausencia de claridad. La autenticación no es lo mismo que identificación y que la Registraduría asuma esa función ha sido cuestionada desde Fintech, la Andi o Certicámaras, por ir en contravía de la Ley 527 de 1999, que autoriza a empresas privadas la emisión de certificados de firma digital. Incluso, este artículo, podría llegar a ser inconstitucional.
La necesidad de una reforma institucional antes de una reforma al Código Electoral
Previo a plantearse y ahondar en la discusión del Código Electoral, desde Pares se ha hecho un llamado constante a realizar primero una reforma al diseño del órgano electoral de Colombia. En la presente legislatura, fue hundido un proyecto de acto legislativo que tenía el propósito de despolitizar la Consejo Nacional Electoral (CNE) y cambiar algunas funciones de la Registraduría, para desconcentrar su poder.
Si bien esa iniciativa no prosperó, cualquier reforma de ese tipo dejará obsoletos muchos puntos del Código Electoral. Por ello, los esfuerzos deben estar dirigidos a la discusión de la arquitectura institucional antes de avanzar en la aprobación de un Código Electoral lleno y rodeado de irregularidades.
Un registrador cuestionado
Alexander Vega es una persona altamente cuestionada, pues es alguien que está presuntamente implicado en el caso de Odebrecht en Colombia. La Corte Suprema en su momento compulsó copias al Consejo Nacional Electoral (CNE) por más de 200 minutos de conversaciones entre Vega y el excongresista Otto Bula, ficha cable de ese entramado de corrupción.
También el actual registrador y máximo defensor de esta reforma, inició su carrera política de la mano del ‘Ñoño’ Elías y Musa Besaile, investigador por sus relaciones con Odebrecht. De la mano de estos dos es que Vega habría llegado al CNE como magistrado.
Siendo magistrado a Vega se le acusa de vender sentencias a favor de diferentes políticos. Alguien que denunció lo anterior fue Andrés Guerra, quien en el 2010 aspiraba al Senado y presuntamente, según lo cuenta Guerra, fue llamado por Alexander Vega quien le dijo que por casi 1300 millones de pesos lo podía hacer Senador en el proceso de escrutinio llevado en Corferias a cargo del CNE.
Es imperativo que se reemplace el Código Electoral de 1986, el cual ya está obsoleto, pero desde la Fundación Paz y Reconciliación hacemos un llamado a no votar y no apoyar la actual reforma impulsada por el cuestionado Alexander Vega. El proyecto ya fue ‘tumbado’ por la Corte Constitucional y está repitiendo los mismos errores. Además, para fortalecer el sistema político-electoral, aparte de un Código Electoral, se debe tramitar una la reforma a la arquitectura institucional donde se cree una Corte Electoral sin ningún tipo de politización y que pueda juzgar acorde a la pruebas los delitos electorales y que desconcentre los poderes de la Registraduría.