Por: Laura Cano Periodista – Pares
Ad portas de las próximas elecciones al Congreso de la República y a la Presidencia, son múltiples las jugadas que se ejecutan para mantener en el poder a clases políticas hegemónicas que por años han mantenido los puestos más importantes de elección popular. Esto a través de un amplio espectro de artimañas que ya se volvieron las ‘malas conocidas’ de estos tiempos próximos a encontrarnos en las urnas.
Una de esas jugadas comunes de cada tiempo electoral es la que se hace a través de la contratación de la empresa encargada para la organización tecnológica de las elecciones. Este proceso de contratación está cercano a finalizarse y pocas son las luces para que este año el panorama sea diferente al de años pasados. Según lo denunciado por la W Radio, “se conoció en primicia que varias empresas de renombre en el país enviaron una carta a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, en la que exigen la suspensión de este proceso. Según ellos, está hecho a la medida de la empresa que se ha quedado con todos los contratos de la Registraduría desde 2009: Thomas Greg And Sons”.
Esta afirmación está sustentada en que, según lo informado, la Registraduría pide para este proceso de contratación que la empresa que se quede con el contrato tenga un software especial, el cual solo lo tendría la empresa en cuestión. Además, entre la experiencia requerida se exige que las empresas hayan participado en elecciones anteriores, lo cual también sería un requisito que solo podría cumpliría Thomas Greg & Sons. Adicionalmente, como lo indica el medio de comunicación, “el tiempo que les dio la Registraduría es extremadamente corto para al menos intentar obtener o crear un software similar con el que puedan participar”.
A esto se sumó que el “18 de agosto múltiples interesados en el proceso habrían pasado una carta a la gerente administrativa de la Registraduría, Sabrina Cajiao Cabrera, para cambiar la modalidad de contratación y hacer una licitación pública. Esto, para que se les permitiera al menos competir y generar una masiva participación, pero la solicitud ha sido negada”.
Una alerta realizada por Pares
Desde el 2018, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha venido alertando sobre la contratación de Thomas Greg & Sons y sobre los riesgos que esto ha traído. En ese año se advirtieron varios hechos. Por ejemplo, a través del informe “Así se roban las elecciones en Colombia”, se documentó que para esa ocasión, durante la “Gran Consulta por Colombia” de los candidatos Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordoñez, y también durante la consulta de la “Inclusión Social para la Paz” de Gustavo Petro y Carlos Caicedo el 11 de marzo, en la que también estaba contratada la empresa Greg And Sons para la protección y cuidado de los formularios E-11, estos tan solo fueron destruídos el 7 de mayo gracias a la intervención de la Procuraduría y la MOE. Lo anterior, debido a que la información que contenían podría significar un riesgo a la identidad del votante, su preferencia política, el derecho a la intimidad, el voto secreto y el habeas data.
“Si la Registraduría cuenta con problemas para la destrucción de material electoral, es evidente que en problemas más complejos posiblemente no tenga las capacidades para darles manejo. Además, es irregular que ante la búsqueda del contrato en el SECOP, por el cual Thomas Greg & Sons prestó servicio de custodia a los mismos, no aparece”, se lee en el informe.
A esto se suma que, además, la empresa también ponía en riesgo la elección de jurados en los puntos del país, pues el software utilizado no ha garantizado la transparencia en este proceso. Hay que recordar que en el 2011 se produjo una filtración en la designación de los jurados de votación, y esto habría derivado en una manipulación de las bases de datos de cientos de personas elegibles para ser jurados de votación.
Al respecto, en el informe de Pares se afirmaba lo siguiente: “El riesgo no está solo en la presentación de las listas de elegibles y en el sorteo en el software, sino que cabe la posibilidad de que los jurados que se presentan el día de las elecciones y firman las actas y los formularios E-14 no correspondan realmente con los que fueron asignados. Una de las maneras en que se puede amortiguar este riesgo es mediante el cruce de las listas de los asignados por el software en cada mesa y las listas de los nombres en los registros de quienes efectivamente firmaron los formularios E-14. Así, se sabe si coinciden o qué cambios se dieron el día de las elecciones. De acuerdo con las fuentes de la Fundación, para los comicios del 11 de marzo se habrían cobrado hasta $2.500 millones de pesos por candidato para manipular el sorteo de jurados de votación, modificar los puestos asignados o colar jurados a fines de un candidato en particular”.
Adicionalmente, vale la pena señalar que estas advertencias y hechos no solo se han reportado en las elecciones pasadas. Hace tan solo unos meses, a través de la Línea de Democracia y Gobernabilidad, desde Pares se denunciaron irregularidades con las llamadas cédulas digitales (acusaciones que a pesar de generar muchos movimientos dentro de la Registraduría, pocas transformaciones reales produjo). Pues bien, Thomas Greg & Sons también estaría involucrada en esto, ya que antes de que el Congreso diera aprobación, el registrador Alexander Vega ya parecía haber amarrado con la cuestionada empresa el contrato para el fortalecimiento de la plataforma tecnológica que soporta el sistema de identificación y registro civil del país. Asimismo, y como explicaba Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, todo este proceso de implementación de cédula digital tuvo el aval de la hoy cuestionada Karen Abudinen.
“Esto coincidió además con el nombramiento como gerente de informática de la Registraduría del antiguo funcionario de Thomas Greg & Sons, Alejandro Campo Valero, empresas socias a las que se les cayó la contratación de 120 mil millones con la Registraduría para adelantar las elecciones de juventudes por posible direccionamiento dentro de la entidad”, se lee en el informe “Alexander Vega y el negocio detrás de la reforma electoral”.
Hay que señalar que, como lo mencionaba Ariel Ávila, subdirector de Pares, “las elecciones se roban es metiéndole la mano al software electoral». Además, explicó que no es solamente un software, sino siete, y de esos hay dos que son los que tienen mayores riesgos: uno de estos es el de jurados electorales (mencionado anteriormente) y el otro es el de transmisión de datos, el cual permite saber cómo avanzaron las votaciones en las urnas.
“Thomas Greg & Sons son los que tienen estos software. Ellos dicen que su software es único y que no lo pueden mostrar, entonces el registrador se lava las manos así, diciendo que no le pueden hacer auditoría al software (porque lo nombran como si solo fuera uno), argumentando que éste es privado y no público y que si se audita se estaría violando el secreto de la patente”, dijo Ávila.
No hay que dejar de lado que, así las cosas, para las próximas elecciones, Thomas Greg & Sons ya tendría 1.2 billones de pesos en el bolsillo, pues estaría a cargo de las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud, del Congreso de la República y la Presidencia; y, además, de haber una segunda vuelta presidencial, lo cual es muy probable, asegurarían 600.000 millones de pesos más.
Con todo este panorama, de nuevo los ojos están puestos en todas las jugadas en medio de la carrera hacia el Congreso y la Presidencia, pues quienes no quieren abandonar el poder vuelven a jugar las mismas cartas que les han permitido quedarse con los puestos de elección popular, así que la invitación es a hacer veeduría desde todos los frentes posibles para evitar que se siga repitiendo la historia.