Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: El País de Cali y Semana El caso de los carrotanques y de Olmedo López no es el primero donde se evidencia la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Basta con ver lo que sucedió con los recursos del COVID durante la pasada gestión de Iván Duque, o el saqueo de estos recursos que hizo el fallecido senador Mario Castaño denunciado en su momento por el periodista Daniel Coronell. Es inmoral que la plata que serviría para aliviar el dolor de miles de colombianos termine en el bolsillo de unos pocos. El aparato que sostiene a la UNGRD permite este entramado de corrupción que se ha convertido en una máquina de hacer plata. El que entre a la Unidad inmediatamente lo hace investido de superpoderes. Acá no hay ley 80, no hay Secop, acá no hay licitación, acá se debe contratar a dedo. Como su nombre lo indica la agencia está constituida para reaccionar de manera inmediata ante una tragedia o un desastre natural. El problema que se presentó con la UNRGD en tiempos de Duque fue que las obras que se empezaron a hacer con estos recursos eran previsibles y no de urgencia, para contratarse de manera más rápida se hizo bajo la modalidad de riesgo. Además acá contratar es ideal para burlar cualquier tipo de normas. En tiempos de Duque la contraloría encontró decenas de contratos con irregularidades en donde emergencias ambientales que fueron icónicas en Colombia, la de Mocoa y la de Gramalote. Según los análisis de la Contraloría el robo en el último gobierno pudo haber sido de 500 mil millones de pesos. Fue un saqueo. En la columna de Daniel Coronell titulada “El hoyo negro” se afirma lo siguiente: “Cuando el huracán Iota golpeó San Andrés y Providencia se embolataron cerca de 4.000 millones de pesos que debían destinarse a la compra de kits de ayuda inmediata y carpas para los damnificados. Una parte se entregó pero no coincide con las cifras de lo comprado, según el estimado de los investigadores fiscales”. Era un botín burocrático. La naturaleza misma de la unidad se presta para que todos metan la mano. Mocoa, San Andrés, el volcán Galeras, los recursos se evaporaron. En este último caso había que crearse albergues, refugios temporales y lo único que quedó fue una mula. En Mocoa, de 900 casas que se tenían que crear apenas se construyeron 12 casas. Cuando el nuevo director de la UNGRD Carlos Carrillo entró a ejercer su cargo fue como viajar al pasado. El atraso en la gestión documental, no hay trazabilidad de documentos, hay un desorden con la información que es doloso, y esto es deliberado para poder meter las manos en un cajón lleno de oro. Hay maneras de robarse la plata de manera directa. Una de ellas es el registro único de damnificados, es una mina de oro que sirve para meter allí a los amigos de los amigos de los amigos y que sirve para recompensar a los que hayan acompañado a una campaña, a quienes se necesiten que voten por alguien en un corregimiento, en un municipio apartado como Uribia o en cualquier lugar donde haya un desastre. Y para contratar impunemente. Por eso se decidió por un veterinario cuya empresa la tenía en Cúcuta para crear los carrotanques que calmarían la sed en La Guajira. El sistema se presta para la compra de votos, y la compra de consciencia. Acá se puede pagar favores y por eso un rumor como el de haber usado recursos de la UNDGRD para comprar a los presidentes de senado y cámara para apoyar las reformas puede tomar vuelo. Según palabras de Carrillo la corrupción que encontró en la entidad fue “asqueante”. Se tiene que cambiar desde los sistemas de control dentro de la UNDGRD hasta funcionarios enquistados en esta entidad, para evitar que esta siga siendo la caja de corrupción de los gobiernos colombianos.

Por: Línea de Convivencia y Seguridad Las ciudades colombianas se han convertido en el principal escenario de la violencia cotidiana, ya no por las dinamicas propias del conflicto armado,  ahora, debido a la reconfiguración del Crimen Organizado Transnacional como viene sucediendo en todo el continente. En este informe se muestra como la extorsión, el secuestro y el hurto han aumentado en el último año. El deterioro de la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía ha afectado directamente la propuesta más importante del presidente Petro, la Paz Total, unido a las dificultades en definir e implementar un marco jurídico propio para la implementación del sometimiento a la justicia bajo la lógica de la Paz Urbana propuesta por el Gobierno Nacional. Dando lugar a los discursos basados en políticas de “mano dura”, que han calado en la ciudadanía, una tendencia que podría ser decisiva en las próximas elecciones. En materia de homicidios el panorama sigue siendo desalentador ya que, aunque se mostró una baja del 1.46% con respecto al año anterior, en los últimos tres años se han registrado las cifras de homicidios más altas desde 2013, año en el que se reportaron 14.820 casos. Los departamentos donde se concentran mayores casos de violencia son: Valle del Cauca (2.316 casos), Antioquia (1.746), Bogotá D.C.  (1.082), Cauca (843) y Atlántico (726). Las cinco ciudades con más homicidios son Bogotá, con 1.082, Cali (1.005), Barranquilla (375), Cartagena (368) y Medellín (358). La razón de esta violencia es el surgimiento y consolidación del crimen organizado: 197 organizaciones criminales operan en siete ciudades. Las masacres en Barranquilla, o los cuerpos abandonados en calles de Bogotá, hablan de la guerra territorial para controlar mercados ilícitos que existe entre las bandas en las principales ciudades del país. El panorama general del delito de la extorsión parece no mejorar, dado que entre 2019 y 2023 estas han aumentado un 33,5%, esto se explica por que los grupos delincuenciales han diversificado sus rentas después del descenso que se ha presentado con el tráfico de cocaína. Es más rentable y menos riesgoso que el narcotráfico. Entre los departamentos con mayor cantidad de extorsiones se encuentra Antioquia (1.842), Bogotá D.C. (1.690), Atlántico (1.335), Valle del Cauca (1.142) y Norte de Santander (570). En Atlántico la extorsión está disparada: creció en el último año un 108%. Las ciudades con mayores casos de extorsión son , Bogotá (1.690), Medellín (894), Barranquilla (856), Cali (486) y Soledad (299). El secuestro es uno de los delitos que ha venido en aumento en los últimos cinco años. Solo en el último año, se registró un total de 343 casos a nivel nacional, lo que se traduce en un aumento del 53,8% con respecto al año anterior, y convirtiéndose en el año con más casos en los últimos catorce años. Antioquia (54), Norte de Santander (48), Valle del Cauca (47), Nariño (30) y Cauca (26), son los departamentos donde más secuestros se han dado. En cuanto a hurtos a personas, según datos del SIEDCO de la policía, se registró un incremento del 6% con respecto al 2022. Bogotá, con 148.578 casos, concentra el 40% de los robos en el país. Durante el 2023 se identificaron 11 Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) y 41 Grupos de Delincuencia Común Organizados (GDCO), algunos de ellos –principalmente GDCO- especializados en hurtos y atracos callejeros, como por ejemplo ‘Los Lucky’, ‘Los Maras’, ‘Los Erizos’, ‘Los de Puente Largo’, e incluso el ‘Tren de Aragua’ y ‘Satanás’. Por otro lado la amenaza es uno de los delitos que ha llegado a disminuir en el último año con un 9% menos con respecto al 2022. Estos datos, como se verá en este informe, pueden variar por diversas circunstancias. Las lesiones personales es otro delito cuyos indicadores están bajando. Para contrarrestar la ola delincuencial la Policía aumentó sus capturas en este último año en un 3.2%. El número de capturas es de 193.074 en todo el país. Paradójicamente la extorsión, que es el delito en alza en el país, es el que menos capturados registra. La incautación de armas en este 2023 presentó un aumento superior al 20%. A continuación, presentamos el balance en materia de seguridad ciudadana del 2023, evidenciando, una vez más, que la falta de control estatal ayuda a que el imperio del crimen se instaure en las grandes ciudades del país.

Por: Redacción Pares La Dagoberto Ramos se ha especializado en hacerle daño a la fuerza pública. Nunca se acogieron plenamente a los acuerdos de la Habana. La Dagoberto ha escogido las mismas tácticas de guerra que usaron las FARC en los años de guerra. Según el centro de investigación Insight Crime, “El grupo está compuesto por antiguos miembros del Frente 6, la Columna Móvil Gabriel Galvis y la Columna Móvil Jacobo Arenas que operaban en el norte del Cauca y que desertaron del proceso de paz”. El centro de operaciones de la Dagoberto Ramos funciona en los siguientes municipios del Cauca: Caloto, Corinto, Santander de Quilichao, Toribío, Miranda, Páez, Jambaló e Inzá. Además de que tiene influencias en Tolima y Huila. En el 2022 la Dagoberto Ramos asesinó a siete policías en Huila, dos policías en Santander de Quilichao, o lo más terrorífico de todo el asesinato de la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García y cinco de sus miembros de su comitiva. Hay zonas del Cauca donde la Dagoberto se ha convertido en invencibles, como el Plateado desde donde controlan el negocio de la coca y la marihuana cripy. La EMC, a la que pertenece la Dagoberto Ramos, han intentado sentarse a negociar con el gobierno. Pero una cosa son las intenciones y otras las acciones. Silvia, el territorio de los Misak, de los Guambianos, fue el epicentro una vez más del horror. El fin de semana la Dagoberto Ramos atacó con tatucos el batallón José Hilario López de la Brigada 29, ubicada en la vereda Golondrinas, del municipio de Silvia. El resultado fue de dos soldados asesinados. Existió un contrataque y una nueva respuesta de los disidentes. Lo más desgarrador es que en medio de la guerra está otra vez la gente. Silvia otra vez el escenario. Desde 1999 la vida de los habitantes de Silvia se partió para siempre. Fue el 19 de mayo de ese año en la que, por primera vez se usaron pipetas de gas para bombardear a la estación de la policía del pueblo. Por las cinco vías de acceso de Silvia entró la guerrilla de las FARC y aunque su objetivo era la fuerza pública la población fue la que vivió los estragos. Para atacar a la policía los guerrilleros entraron a las casas de los barrios San Agustín y los Sauces. El ataque duró todo el día, hasta las 5:30 de la mañana. Tres uniformados y un civil fue el saldo trágico. Dos de los policías murieron despedazados por las pipetas de gas. Dinamitada también fue la oficina de la Caja Agraria. Saquearon también el dispensario del hospital y se llevaron toda la droga. Cabe aclarar algo, durante años esta población ha sido estigmatizada con un cálculo fácil, si ellos pertenecen a zona en donde hay una alta influencia de las FARC por ende ellos también son guerrilleros. Nada más lejos que eso. Cuando las FARC intentó llevarse por la fuerza a uno de los policías que sobrevivió al ataque, la población se cerró e impidió que este secuestra sucediera. Durante tres años la población de Silvia vivió sin una estación de policía. Las Farc se tomó literalmente este pueblo. La población vivía con el miedo clavado en la garganta. Silvia parecía volver a ser un lugar tranquilo después de los acuerdos de paz. Y parecía que esto se mantendría así. El año pasado incluso fue el que menos miembros de la fuerza pública tuvo incluso desde el 2017. Pero la guerra ha vuelto a cobrar vidas. Hay que recordar que en los últimos días otros cuatro agentes fueron asesinados en la zona rural de Argelia, Cauca. La alcaldesa de Silvia, Mercedes Tunubalá, pidió ayuda del gobierno para proteger a la población. En aquella ocasión, cuando se presentó el desplazamiento de 250 personas, la alcaldesa dijo: “Estamos pidiendo ayudas humanitarias porque nos tocó tras la población a otro corregimiento vecino, necesitamos víveres, útiles de aseo, tenemos adultos mayores, niños. Institucionalmente, uno se siente impotente en este momento, es difícil la situación que está pasando”. El panorama, por lo visto, está empeorando. Con el correr de las horas se ha sabido de enfrentamientos entre la Dagoberto Ramos y el ejército en los resguardos de Quichaya y Pitayo. Ya se lanzó una alerta humanitaria recomendándole a la población resguardarse.

Por: Redacción Pares El director de la Fundación Paz y Reconciliación le contestó a Antonio García el escrito titulado Unidad en el ELN para rato que el miembro del COCE publicó este 6 de mayo a través de Telegraph. El comandante de esa guerrilla afirma que, a pesar de la voluntad del Frente Comuneros del Sur, de hacer una negociación lejos de las órdenes de García y otros miembros del Comando Central, el ELN está unido. Valencia, en sus análisis, ha recordado los momentos, en los últimos cincuenta años, en los que las negociaciones del ELN con los gobiernos de turno se han empantanado por no estar completamente unificados. Estas declaraciones del analista político provocaron la reacción de García León Valencia le recuerda a García, en la siguiente carta, la importancia histórica que tendría para el ELN darse cuenta de que es el momento de la paz. Sobre la unidad del ELN, respuesta a Antonio García Antonio, en el escrito de hoy 6 de mayo de 2024 en el que usted alude a una entrevista que me hicieron en Blue Radio, señala lo siguiente: “lo que dice león Valencia no es objetivo”. Quisiera hablarle un poco de la situación del país y de cómo veo desde afuera al ELN. Estamos en una transición del país, por primera vez hay un gobierno de izquierdas que quiere hacer grandes reformas, pero no tiene mayorías en el Congreso, tampoco tiene un respaldo en las élites empresariales y en las regiones donde cincuenta y cinco clanes políticos controlan buena parte de los gobiernos departamentales y locales; tiene, en todo caso, una parte de la opinión -las últimas encuestas le dan a Petro el 34% por ciento de favorabilidad- y un lazo importante con las organizaciones sociales, con los jóvenes y con algunas regiones como el pacífico. No es posible entonces poner en marcha, de inmediato, un ambicioso plan de reformas, primero es imprescindible conseguir un mayor respaldo en la sociedad. Estoy seguro de que un acuerdo de paz con la guerrilla que usted dirige contribuiría enormemente a que los renuentes a las reformas tengan una actitud más positiva, contribuiría a ampliar el apoyo de la sociedad a las opciones de izquierda.  Eso le daría un nuevo sentido al ELN y a la lucha que ha librado durante décadas. Percibo que esta transición que irrita tanto a sectores de las élites tradicionales, que ha generado una polarización política complicada en el país, también ha implicado debates al interior del el ELN, no tengo elementos para hablar de las características de esas discusiones, ni de la magnitud de esas diferencias, pero acá en las ciudades a veces tropiezo con personas que reciben influencia de su organización y sienten que sería muy importante llegar a la paz de la mano de un gobierno de izquierdas. El Comando Central del ELN está ante un gran reto y una gran oportunidad y el VI Congreso del ELN es seguramente el escenario para definir un camino y sería un gran acontecimiento que el camino escogido fuera el de la firma de un acuerdo de paz para contribuir a la transición política y social del país. Dice usted, en una aparte de su comunicación, que no fue cierto que acudimos a Caracas en el año 1992 para pedir participación en la mesa de conversaciones a la que estaban sentados el gobierno nacional y la coordinadora guerrillera, no es tan importante el hecho y ha pasado mucho tiempo, allá enviamos a un compañero de la dirección nacional que tenía por nombre Daniel Blanco y que era conocido por diversos miembros de la coordinadora, para que solicitaría la participación de la CRS en esa mesa y si no estoy mal el informe que recibimos decía que había hablado con Francisco Galán, con Alfonso Cano y con Asdrubal Salazar y Cano le aseguró que el ELN estaba en desacuerdo con nuestra participación y debido a que las decisiones se tomaban por consenso no había forma de que esto ocurriera. Atentamente León Valencia

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: Semana En el tranquilo escenario de La Argentina y La Plata, dos municipios pintorescos del departamento de Huila en Colombia, la calma ha sido abruptamente interrumpida por una serie de amenazas provenientes de las disidencias de las FARC. Estos grupos armados, liderados por alias Jhonier Martínez del bloque Jaime Martínez del Estado Mayor Central, han impuesto un toque de queda que ha sembrado el temor y la inquietud entre los habitantes de estas comunidades. Con una población combinada de aproximadamente 94.000 personas, estos municipios solían ser conocidos por su apacible vida rural y su cercanía con la naturaleza. Sin embargo, en los últimos tiempos, la presencia de grupos disidentes ha cambiado drásticamente esta dinámica, imponiendo restricciones que limitan la libertad de movilidad y generan un clima de incertidumbre. Las advertencias de toque de queda, transmitidas principalmente a través de mensajes de audio, han sido recibidas por campesinos, amas de casa y comerciantes, quienes ven restringida su capacidad para moverse libremente después de las 7:00 p. m. Estos mensajes, cuidadosamente diseñados para infundir miedo, también contienen órdenes específicas que afectan las actividades cotidianas y comerciales en estas localidades. Belén Gallego y Villa Losada, así como varias veredas y corregimientos de la región, han sido señalados como áreas donde se aplicarán estas restricciones de manera más estricta. Los residentes se enfrentan a la perspectiva de ver limitada su capacidad para llevar a cabo sus actividades diarias y mantener su forma de vida habitual. Además del toque de queda, las disidencias han impuesto otras medidas restrictivas, como el cierre obligatorio de discotecas antes de la medianoche y la participación forzada de adolescentes de 15 años en labores comunitarias bajo la supervisión de las Juntas de Acción Comunal. Estas acciones no solo afectan la libertad individual, sino que también interfieren en la vida económica y social de estas comunidades. La situación se agrava por la presencia de extorsiones y homicidios, según informes de medios locales. Los residentes se encuentran atrapados en un ciclo de violencia e intimidación, donde el miedo a represalias impide que muchos denuncien estos actos delictivos. La sensación de vulnerabilidad se extiende incluso a otras áreas cercanas, como Neiva, donde también se han registrado ataques a comercios y a la población civil. Según Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el toque de queda en Argentina y La Plata ha sido decretado por Jaime Martínez, miembro del Bloque Occidental Jacobo Arenas. Marín explicó que esto forma parte de una estrategia de expansión territorial en regiones como Huila, Departamento del Cauca, Caquetá y Tolima, especialmente para ejercer control sobre economías vinculadas a la extorsión, la cual ha sido su principal actividad. Esta medida también implica dinámicas de control territorial que abarcan aspectos como homicidios y restricciones de movilidad, incluyendo limitaciones dirigidas a la juventud y sus prácticas. Ante esta escalada de violencia, las autoridades locales han tomado medidas para garantizar la seguridad de los residentes. La Sexta Brigada del ejército ha intensificado sus esfuerzos para reforzar la seguridad en las zonas limítrofes con Cauca, Caquetá y Tolima, con el objetivo de frenar el accionar violento y las extorsiones de estos grupos armados irregulares. El secretario de gobierno del Huila, Edgar Martín Lara, ha confirmado la presencia activa de fuerzas militares y policiales en La Plata y La Argentina para contrarrestar las intimidaciones. Sin embargo, la comunidad aún espera medidas más contundentes por parte del Gobierno Nacional para abordar esta crisis de seguridad. Estos acontecimientos ponen de manifiesto los persistentes desafíos de seguridad y convivencia en la región, donde la presencia de grupos armados irregulares y estructuras criminales complica aún más la situación. La comunidad local se encuentra en un estado de alerta constante, mientras las autoridades luchan por restaurar la paz y la tranquilidad en estas áreas afectadas por el conflicto armado interno. Es importante reconocer que estas amenazas no solo afectan la seguridad física de los habitantes, sino que también socavan la cohesión social y el desarrollo económico de la región. La incertidumbre y el miedo obstaculizan el progreso y perpetúan un ciclo de violencia que impide el florecimiento de estas comunidades. En medio de esta difícil situación, es crucial que las autoridades locales, regionales y nacionales trabajen juntas para abordar las causas subyacentes de la violencia y proporcionar soluciones efectivas que restauren la confianza y la seguridad en estas comunidades. La colaboración entre la sociedad civil, el sector privado y las instituciones gubernamentales es fundamental para superar estos desafíos y construir un futuro más pacífico y próspero para todos los habitantes de Huila y Colombia en su conjunto.

Por: Redacción Pares En las últimas horas se conoció que el secretario de transparencia del gobierno, Andrés Idárraga, salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre se mantiene en su cargo. Esto ayudó a que la ola de indignación que hay en el país por el caso de los carrotanques para La Guajira, en donde se perdieron más de 46 mil millones de pesos se haga más grande. Las declaraciones del subdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla, quien le pidió a la Fiscalía inmunidad a cambio de dar nombres claves en el congreso que estarían envueltos en una red de sobornos con recursos de la Unidad, a cambio de sacar adelante las reformas de Petro, encendieron el país. Olmedo López, destituido por el escándalo de los carrotanques y quien se encuentra prófugo de la justicia, ha hablado y a afirmado su voluntad de colaborar con la justicia a cambio de inmunidad. Carlos Carrillo, el cuarto director que ha designado este gobierno para la Unidad de Gestión de Riesgo, ha sido claro y ha afirmado que las condiciones que rigen en esta entidad, en donde se contrata a dedo y no por medio de licitación, y el sistema que controla el mismo, hacen que la corrupción sea una tentación constante. No se desconoce la responsabilidad de este gobierno, sobre todo del DAPRE, en el nombramiento de Olmedo López en esta unidad, pero tampoco se puede olvidar que el gobierno Petro no ha sido el único mandatario envuelto en estos problemas con la Unidad de Gestión de Riesgos. Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación del 2021, en el que estuvo al frente Esteban Salazar, líder en ese entonces de la línea de Democracia y gobernabilidad, le quitó el velo al manejo que le dio el gobierno Duque, desde la UNGRD, a los recursos destinados al COVID. En su momento Salazar afirmó lo siguiente: “Mientras en Colombia superamos más de 50.000 muertos a raíz del Covid- 19, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se convierte en la auténtica caja negra del manejo de los recursos de la pandemia”. Lo que descubrió este informe, titulado Opacidad del Gobierno nacional ¿El mecanismo de corrupción en pandemia? queda resumido en estos puntos: 1.     Se identificó que el Gobierno Nacional ideó una estrategia que le permitiera la evasión de los mecanismos de contratación pública y la Ley de Transparencia.  Precisamente, este es uno de los hechos polémicos que resalta la investigación de Pares porque se evidencia cómo ‘artificiosamente’ se trasladaron las competencias del Ministerio de Salud a la UNGRD. 2.     Se identificó que la UNGRD se estaría convirtiendo en una entidad supremamente poderosa. Ahora la UNGRD está encargada de la contratación de la vacuna. 3.     La UNGRD se está convirtiendo en un fortín político  Detrás de la figura de la UNGRD como fortín político, la investigación de Pares encontró “serios indicios de participación de miembros de partidos políticos como el Centro Democrático, de sectores afines a Miguel Uribe Turbay o Enrique Peñalosa. Según denuncias hechas por Camilo Enciso y la veeduría que está haciendo sobre los recursos destinados para la pandemia”, señaló Salazar. 4.     e identificó que, si bien no existen los contratos, serían más de 1.2 billones de pesos que se estarían repartiendo dentro de la UNGRD. En ese momento Ariel Ávila era el subdirector de la Fundación Paz y reconciliación y en el momento en el que salió este informe calificó de una verdadera “tragedia” lo que estaba haciendo el gobierno Duque con los recursos destinados a la pandemia y calificó como “antro de corrupción” la UNGRD en esos momentos. Lo anterior no justifica en lo más mínimo lo que está sucediendo con recursos que iban a ser destinados para calmar la sed histórica que vive La Guajira pero si pone sobre la mesa la necesidad de revisar entidades como la UNGRD que se han convertido en lugares propicios para comprar consciencia. Desde la Fundación Paz y Reconciliación se ha venido proponiendo un juicio a la corrupción y se espera que este gobierno atienda una propuesta que podría ser el remedio a uno de los males endémicos que padece el país.

Por: Iván Gallo El juicio de Nuremberg paralizó al mundo entero. Antes de que se creara la televisión, a finales de 1945, los ciudadanos de a pie hacían filas en los cines para ver cómo las cabezas del Tercer Reich, que habían sobrevivido a la invasión rusa, eran condenados por sus crímenes. En 1985 la Junta Militar, encabezada por Videla, fue sentada en el lugar de los acusados en un juicio que tuvo tanta relevancia mediática que, casi cuarenta años después, se transformó en una película premiada en todo el mundo. Los juicios no deben ser cosa de un nicho de juristas. Los juicios deben ser grandes acontecimientos sociales, sobre todo en un país como este, azotado por la corrupción. Esta idea se le ocurrió en el 2022 -antes de la segunda vuelta presidencial- al abogado bumangués Alejandro Alvarado quien en ese momento trabajaba en el Instituto Anticorrupción. Él le presenta el proyecto al director del instituto, el mexicano Michel Levin quien decide apoyar con lo que puede la idea. Era un Acuerdo entre la organización de Naciones Unidas y el gobierno de la República de Colombia relativo al establecimiento de una Comisión internacional contra la Impunidad en Colombia. No importaba quien fuera el ganador en la contienda electoral, este juicio se implementaría. Alvarado contactó a la fundación Paz y Reconciliación que había trabajado en los últimos años el tema a profundidad, fruto de esto eran sus investigaciones sobre clanes políticos de la cual sacaron uno de los libros más consultados por académicos en Colombia. Pares ya había hecho acuerdos para implementar los remedios que requería la corrupción. Acababan de hacer incluso una investigación sobre la ineficiencia de las contralorías departamentales. Así que estuvieron de acuerdo en que había que tomar las máximas cabezas y, en palabras de Alvarado, quien hoy en día lidera la línea de Democracia de la fundación “hacer un juicio bien berraco” donde respondieran las máximas cabezas, los cerebros, no los mandaderos -tipo Sneyder Pinilla en la UNGRD- los líderes del saqueo. Había que pedir que en cada uno de los 32 departamentos escogieran el peor de los casos y luego ir por los 17 escándalos restantes más graves en todo el país. Arrancar con los 50 casos más representativos de corrupción serviría para restañar viejas heridas. Una de ellas pervive desde noviembre de 1985 cuando el M-19, en su toma al Palacio de Justicia, pensó en hacer un juicio al presidente apuntándole con un arma a los 11 magistrados que componían la Corte Suprema de Justicia. Una abominación. Una abominación que si tenía un simbolismo válido, la espada de Bolívar como símbolo de justicia. Por eso el Juicio nacional anticorrupción tenía como nombre La espada de Bolívar. El juicio era la reivindicación que necesitaba la sociedad colombiana. Volver a creer en las instituciones. El 20 de junio del 2022 ganó las elecciones Gustavo Petro. Tanto Pares como Alvarado y Levin creían que iba a ser más fácil que les apoyara la idea un gobierno progresista. Entre agosto y diciembre del 2022 prepararon los textos que incluían un acto legislativo para crear una sala transitoria en la Corte Suprema de justicia que se encargaría de los juicios. Esta idea surgió como una solución para no entorpecer ni llenar de trabajo a la Corte. Habría magistrados, debidamente seleccionados, que se encargarían de estos juicios. “Lo que queríamos, lo que le propusimos al gobierno era una experiencia histórica sin afectar la independencia de la justicia” El juicio nacional bien podría haberse realizado en un escenario imponente, en un estadio, ¿Por qué no? Transmitido en directo para todo el país. Se viviría con la intensidad de un evento deportivo. La propuesta parecía calar en el nuevo gobierno. En diciembre del 2022 hay una reunión entre Pares, el instituto anticorrupción, el ministro Néstor Osuna y el que fuera hasta hace muy poco el secretario de transparencia de este gobierno, Andrés Idárraga. El objetivo sería presentar la propuesta en la primera legislatura del 2024. El secretario de transparencia parecía muy entusiasmado “Idarraga nos ofreció desde el apoyo técnico hasta recursos para hacer la iniciativa” cuenta Alvarado. “Nosotros fuimos cautos y no quisimos entregar la iniciativa”. En un artículo publicado en esta página Levien contó como fue la experiencia con Idarraga: “desde diciembre de 2022 personalmente estuve en contacto con Andrés Idárraga hablando sobre ella. Nos imaginamos que si la propuesta tenía apoyo de un legislador y del secretario de transparencia, seguro iba a ser más popular. Con esa idea, durante dos meses Andrés Idárraga y yo estuvimos en contacto y, lo más importante, le compartimos a él y a su equipo borradores de nuestra propuesta para que conocieran nuestras ideas conforme las íbamos teniendo”. El 17 de febrero, cuenta Levin, recibió una oferta que parecía un ultimátum: “Si queríamos el apoyo de Andrés Idárraga y de la secretaría de transparencia, entonces teníamos que aceptar que la propuesta saliera de nuestras manos («En el gobierno nacional soy quien la lidera») y, lo más importante, el entonces secretario me pidió modificar el texto de nuestra propuesta y que Pares presentara su texto como si fuera nuestro, ocultando que la secretaría de transparencia participó en él”. Andrés Idarraga quería quedarse con el crédito. Una vez más el ego de un funcionario podía más que la necesidad de hacer justicia. Al decirles que no Alvarado y Levin se quedan en el aire. Incluso pierden su trabajo y, de paso, Colombia perdió una oportunidad histórica: tomar las riendas y darle la solución a uno de los problemas que genera más inequidad y violencia, la corrupción. El escándalo de los 46 mil millones que se perdieron en la UNGRD por el caso de los carrotanques, que terminó incluso con la destitución de Olmedo López y la pérdida del cargo de Idarraga, pone sobre el tapete la necesidad de concretar la iniciativa de estos dos jóvenes abogados y de la fundación PARES. Si el presidente Petro escucha, podría estar a tiempo de corregir lo que la historia catalogará como un error monumental: desaprovechar un gran juicio contra la corrupción.

Por: Laura Bonilla No puedo encontrar una palabra más concisa para describir la situación que, según muchos, enfrentamos. Tanto mis colegas del gremio como yo compartimos una profunda insatisfacción con el estado actual de las cosas en cuanto a paz y seguridad. Esta sensación se asemeja más a una tristeza colectiva o a una fuerte desilusión. La sensación de 'sinsalida' surge cuando uno siente que ha intentado todo sin obtener resultados. El análisis de la situación actual en cuanto a seguridad y violencia a menudo cae en estos clichés. Frases como 'estamos peor que antes' o 'la paz no está funcionando' son comunes en eventos de análisis en los que coincidimos casi siempre. Sin embargo, en muchas ocasiones, no comprendemos realmente lo que está sucediendo. ¿Estamos siendo arrastrados por una desazón colectiva que, a su vez, está llevando a la opinión pública a considerar que cualquier opción de paz es inviable? Ésta, les confieso, es mi gran preocupación hoy. No creo que estemos equivocados, especialmente porque los datos, la evidencia y los testimonios respaldan nuestra afirmación de que estamos experimentando un aumento grave, preocupante y dramático de la violencia, que afecta especialmente a la vida y la dignidad mínima de las personas más vulnerables. Pero sí creo que la mayoría de los análisis se están equivocando en la causalidad. Y, además, que, en el ánimo de la desilusión, un resultado no esperado puede ser un viraje a una alternativa de guerra abierta y total contra unos sectores, mientras se congracian con otros, al estilo de Bukele. Por eso creo que es mucho mejor hacer más preguntas y menos afirmaciones. Por ejemplo: ¿produjo la paz total una oleada de violencia e inseguridad? ¿Y cómo lo medimos o demostramos? Probablemente los anuncios desordenados del 2022 y el establecimiento de negociaciones tuvieron un impacto en la violencia ejercida con los grupos, especialmente en la violencia orientada al disciplinamiento social y político de las comunidades, como lo es el asesinato de líderes sociales. ¿Pero y las demás? En el caso del EMC efectivamente lo que demuestran los datos y también los testimonios es que durante el período del cese al fuego se hicieron más fuertes en donde ya tenían presencia. ¿Pero no es posible que parte de esto se deba a la unificación – un tanto artificial – de diversos grupos disidentes para facilitar la negociación con el gobierno? En este caso, ese sí sería un efecto directo de la política de negociación del gobierno nacional. ¿Pero hubiera ocurrido lo contrario ante la ausencia de ella? Y si esto es así, ¿por qué el número de grupos armados pasó de 18 a 33 entre el 2018 y el 2022 cuando la política estaba absolutamente lejos de las negociaciones de paz? Finalmente se podría preguntar: ¿Es verdad que lo que está produciendo la violencia son las confrontaciones o combates entre grupos? O más bien no estamos entendiendo bien este ciclo de violencia. También sería un exabrupto decir que lo que ocurre se ha dejado campante al narcotráfico o a las economías ilícitas cuando registramos las mayores cifras en diez años de incautación de cocaína (aumentó en un 13%) o en la intervención de minas ilegales (46%). O incluso uno podría decir que es un error analítico establecer tantas consecuencias en el comportamiento de un solo actor (El Estado) e ignorar las de otro muy importante (el mercado, en este caso de drogas y bienes ilícitos). ¿No podría ser que nuestra nueva ola de violencia también está muy asociada a cambios en los mercados asociados a la criminalidad como la baja en los precios de la coca o el exceso de oro ilegal cuyas rutas son operadas por el Clan del Golfo? ¿Y qué tanto los mercados de la corrupción económica y política son hoy más patrocinadores de la violencia que el mismo narcotráfico? Lo que no podemos perder como país, pese a todos estos retos, es la necesidad de que alcanzar la paz sea el fundamento de un acuerdo nacional entre los sectores políticos democráticos, no violentos y alejados de la corrupción. Pero la narrativa de la 'sinsalida' no nos ayuda a hacerlo. No está de más recordar que cuando las sociedades llegan a este punto, les da por experimentar con el autoritarismo.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Lo más probable es que a partir de junio de este año, los hogares, pequeñas industrias y comercios en Colombia tendrán un aumento en el “recibo de la luz”; o si se quiere, habrá un incremento generalizado en el valor de las facturas de los servicios públicos domiciliarios en el país. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), quien es la organización encargada de fijar el precio de la energía eléctrica en Colombia, decidió ajustar las fórmulas tarifarias para “establecer un esquema diferencial que promueva el ahorro en el consumo de energía por parte de los usuarios”. Está medida la tomó el 20 de abril de 2024, usando la Resolución 101 042, “por la que se establece un programa transitorio de incentivos al uso eficiente de energía eléctrica para promover la recuperación de los niveles de los embalses del país y prevenir así eventuales desabastecimientos” (art. 1). El programa consiste en cobrarles a hogares, pequeñas industrias y comercios un valor extra por cada kilovatios-hora por día (kWh-día) de energía eléctrica que consuman, más allá del promedio de los últimos tres meses anteriores a la medida —antes del 15 de marzo de 2024—. Este cobro se hará dependiendo del estrato socioeconómico del usuario: para los estratos del 1 al 3 el sobrecosto por los consumos adicionales será del 30%, los estratos del 4 al 6 el Kvh-día extra se incrementará en 50% y para el comercio e industria regulada la unidad de energía adicional tendrá un costo doble —un 100 por ciento mayor—. Con esta regulación, la CREG busca incentivar el ahorro en el consumo de energía en el país, en los próximos seis meses —incluso podrá prorrogarse por seis meses más—. Es una medida con la que se intenta aportar a la estabilidad del sistema energético, en un momento crítico del sector eléctrico, donde el Fenómeno de El Niño ha provocado una reducción en los niveles de los embalses y donde es necesario tomar medidas para responder a la contingencia para evitar posibles racionamientos. Los incentivos, que pueden ser monetarios o no, son herramientas que usan los agentes reguladores de los mercados con el objetivo de generar cambios positivos en los hábitos y comportamientos de los actores económicos, sean estos oferentes o demandantes. En este caso, son acciones para controlar o reducir la tendencia creciente en el consumo de energía eléctrica en el país. Dado que es un programa nacional, a todo los agentes que participan en el mercado les debe quedar muy claro: primero, el comportamiento que se quiere cambiar —el consumo promedio diario creciente hasta el 15 de marzo de 2024—. Segundo, la meta ajustada para todos los usuarios —al usuario le debe llegar en la factura la meta de consumo mensual para que la tengan presente y trate de cumplirla—. Y tercero, los incentivos que se le entregarán—positivos para los que estén por debajo del consumo promedio, y negativos para los que estén por encima—. Frente a estas medidas se pueden hacer muchas críticas, lo que incidirá en que a partir de junio y hasta diciembre de este año, como mínimo, el pago de los servicios de electricidad aumentará para la ciudadanía en general. El incremento se producirá debido, entre otros, a los siguientes tres factores: Primero, a la tendencia creciente que viene presentando el consumo de energía en el país y que es difícil revertir, debido a las dinámicas del crecimiento económico. Según XM, quien es operador del mercado eléctrico, en los tres primeros meses del año, comparado con el anterior, se presentó una subida general de 7% en la demanda de la energía; y en marzo el aumento fue del  12%. Incluso en la misma resolución se dijo que “a la fecha la demanda de energía eléctrica presenta un crecimiento de 8.31 % comparado con los mismos días del mes del año inmediatamente anterior”. Segundo, al aumento de las lluvias a partir de abril, en muchas regiones del país. Este cambio en el clima está provocando que la gente se relaje con la responsabilidad frente al consumo de energía. El incremento en las precipitaciones está generando una sensación de que la carencia del recurso hídrico ha desaparecido, y, por tanto, la programación mental inicial de reducir el consumo de energía está desapareciendo. Finalmente, el tercer componente que afectará la efectividad del programa está en el agente que el regulador estableció como responsable de aplicar la medida. Según el artículo 7 de la resolución “Los comercializadores deberán hacer divulgación masiva a los usuarios regulados a través de todos sus canales de comunicación sobre el programa de incentivos al uso eficiente de la energía, a más tardar desde el quinto (5°) día hábil siguiente a la entrada en vigencia de la presente resolución y hasta que finalice el presente programa”. Es decir, le corresponde a los comercializadores informar a los usuarios regulados sobre el presente programa de incentivos al uso eficiente de energía. A las empresas comercializadoras, que son las que nos entregan las facturas y a las que les pagamos, nos debe informar sobre las tarifas que aplicarán, hacer seguimiento a los consumos, hacer efectivo los castigos o sobrecostos y entregar los beneficios, si es que alguno lo cumple. Es decir, el regulador puso a los ratones a cuidar el queso. La CREG le entregó a los comercializadores la responsabilidad de realizar las campañas informativas para promover reducciones en el consumo de energía entre sus usuarios no regulados. A darle consejos prácticos a los usuarios para que no les compren más energía, a desincentivarlos para que bajen el consumo de electricidad. En breve, le entregaron a las empresas comercializadoras —que tienen intereses directos para que aumente el consumo y no para que caiga— la responsabilidad de ejecutar un programa de ahorro de energía. Y, aunque es cierto que las empresas comercializadoras manejan la información sobre consumo y son los más cercanos al usuario, también es cierto que sus ingresos y ganancias dependen de la demanda y consumo de energía. Además, los comercializadores verán aumentado los costos de operación de su actividad, al verse obligados por el regulador a responsabilizarse de implementar un programa que los perjudique. En síntesis, estamos ante un complejo programa de incentivos con el que se busca aumentar el ahorro de energía eléctrica en el país. Un programa que requiere del conocimiento de los usuarios para que los premios y castigos funcionen en el sentido deseado. Una regulación que ha puesto como responsable de la implementación del programa a la misma industria y, en especial, a un agente que le interesa más el crecimiento del negocio que su reducción. Finalmente, un sistema de incentivos que castiga más de lo que premia, pues el exceso de consumo se cobra de manera inmediata en la factura, entre un 30% y un 100%; mientras el ahorro se premiará con tan solo el 30% para todos y será efectivo solo al final del programa (art. 6) —que puede durar entre 6 y 12 meses—. Pregúntese como usuario-cliente entonces: ¿cuál es su meta de ahorro de energía mensual? ¿a partir de qué nivel de consumo le cobrarán más? ¿cuánto es su consumo mensual? ¿cuánto me están cobrando de más? y ¿cuándo me darán la recompensa, si es que tengo derecho? Por último, indague a la empresa comercializadora que lo atiende y diga si ella está realizando “una campaña educativa intensiva”, entregándole la información apropiada y suficiente para que el programa de ahorro de energía funcione y, además, de dónde está sacando el dinero para atender toda esta labor. *Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Iván Gallo Fotos tomadas de: El Espectador y Semana Olmedo López se regodeaba diciendo al que quisiera escuchar que era un hombre de izquierda. Si bien ha sido parte del Polo Democrático desde el 2006, y trabajó de la mano de la senadora Clara López, Olmedo es más cercano al partido Conservador de lo que quiere reconocer. Él nació en Itagui y trabajó en esta alcaldía cuando estaba al mando del actual senador Carlos Andrés Trujillo, uno de los grandes escuderos en Antioquia del ex alcalde Daniel Quintero. Olmedo, según reveló la W Radio, fue secretario de ambiente en esa alcaldía. Pocos conocían a Olmedo López antes del escándalo de los carrotanques con los que querían calmar la sed en La Guajira. Pero antes de estos hechos ocurrió a lo que no se le dio la dimensión necesaria. Poco después que la contraloría lo suspendiera el 5 de diciembre del 2023, surgió, prácticamente de la nada, una marcha al frente de las instalaciones de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos pronunciándose en torno a la decisión del ente de control. Aún retumban las consignas de “Olmedo, amigo, el pueblo está contigo” de una marcha de 3000 manifestantes que arrancaron a caminar desde la Contraloría hasta la UNGRD. Se quería presentar a Olmedo como un fenómeno de masas, un político con fuerte arraigo popular. W Radio indagó en su momento por el origen de los recursos de los manifestantes que llegaron de territorios de la Costa Caribe y, aunque el principio se habló de que se habían conseguido recursos a partir de la iniciativa y el empuje de lideres de juntas de acción comunal, hubo testimonios, como el del líder social Eliecer Polanco, que afirmó que esas manifestaciones habían sido financiadas con dinero público. Una vez suspenden el contralor a López este, en su delirio populista, decide entregar los carrotanques que calmarían la sed de la Guajira. El encargado de entregarlos fue Sneyder Pinilla, el ex subdirector de la UNGRD quien salió la semana pasada a echar al agua a funcionarios del gobierno Petro como la consejera presidencial de regiones Sandra Ortiz, de quien, Pinilla afirmó, le habría entregado 3.000 millones de pesos destinados a la UNGRD a Iván Name, presidente del Senado, para ayudar a gestionar las reformas en el Congreso. El próximo miércoles 8 de mayo Pinilla deberá asistir a una audiencia en donde deberá entregar pruebas de sus acusaciones. En la matriz donde entregó nombres de senadores presuntamente sobornados por Petro está el presidente de la Cámara Andrés Calle. Sandra Ortíz fue separada de su cargo por decisión presidencial al igual que su secretario de transparencia Andrés Idarraga. ¿En qué consiste el escándalo de los carrotanques? ¿En qué consiste este escándalo en donde se perdieron más de cuarenta mil millones de pesos? Carlos Carrillo, el actual director de la Unidad de Gestión de Desastres -el cuarto que pone Petro en menos de dos años de su gobierno- encontró lo siguiente: el 12 de octubre del 2023 se contratan los primeros 40 -por 1.170 millones cada uno- con una empresa que se llama Impoamericana Roger SAS, su dueño, según Infobae, era un pastuso de 26 años de nombre Roger Alexandra Pastas Fuertes, de profesión veterinario. La compañía está radicada, desde el año 2017 en Cúcuta y, en teoría, según sus registros comerciales, es más una ferretería que cualquier otra cosa. No es fácil mandar a hacer cuarenta carrotanques y en Colombia hay pocas empresas con la capacidad para producir esos carrotanques. De los cuarenta carrotanques, según Carlos Carrillo, el director de la UNGRD que puso Petro después del escándalo, sólo nueve estaban debidamente construidos por la empresa Romarco. Era bastante improbable que las máquinas estuvieran listas en el tiempo que se les requirió. Los otros se mandaron a hacer con una empresa que se llama Incoltanques, la calidad era bastante inferior y 21 de otros carrotanques se mandó a hacer con una empresa que no tiene ningún tipo de trayectoria. Esos vehículos no llegaron nunca a estar listos. Lo que se encontró Carrillo en la UGRD fue espantoso. Era un organismo abierto al robo. “El atraso en la gestión documental era aterrador, los funcionarios podían subir y borrar lo que quieran. El desorden es así para meter las manos en ese baúl lleno de monedas de oro”. Le dijo Carrillo a María Jimena Duzán en una entrevista para su podcast. Petro ha encontrado en Carrillo la solución para uno de los entes en donde se ha presentando mayor corrupción desde gobiernos anteriores. En la confesión que le hizo Sneyder Pinilla al periodista Daniel Coronell le recomendó a su ex jefe, Olmedo López, quien se encuentra prófugo de la justicia, a que hable y cuente la verdad. En las últimas horas se conoció un audio de Olmedo López pidiéndole a la Fiscalia un principio de oportunidad ya que él no actuó por iniciativa propia sino que recibió órdenes. Su confesión salpicaría a gente poderosa del gobierno nacional. Desde comienzos de este año la Fundación Paz y Reconciliación ha propuesto un juicio nacional anticorrupción que en cabeza de una sala especial en la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo de una comisión mixta de expertos de la sociedad civil colombiana y de la comunidad internacional y con un respaldo de la Fiscalía General de la Nación. Algunos funcionarios, como el saliente secretario de transparencia, intentaron manipular la propuesta tal y como lo denuncia el investigador mexicano Michel Levin en una columna que saldrá publicada en esta página. Olmedo López es un error que le puede salir muy caro a este gobierno.

Por: Michel Levin Foto tomada de: Casa de nariño y El País «Si te echan por atacar la corrupción, algo has de estar haciendo bien» Una amiga muy querida me dijo esto en marzo de 2023. Me acababan de pedir amablemente y diplomáticamente que dejara mi trabajo en Colombia y que hiciera el favor de regresarme a mi país. Yo no entendía bien qué pasaba, pero estaba seguro de algo: «Lo que propusimos no era perfecto, pero no estaba mal y —sin dudas— no era para tanto, ¿no?». La historia completa tiene intrigas dignas de telenovela mexicana, pero eso en otro momento. Lo importante hoy es que en febrero de 2023 Pares propuso la creación de un juicio nacional anticorrupción; una institución nueva en Colombia que tomara los casos de corrupción más tóxicos y graves, los investigara con ayuda de expertos internacionales y los juzgara en la Corte Suprema. Pero la propuesta no cuajó. La presentación oficial del proyecto fue en febrero de 2023, pero desde diciembre de 2022 personalmente estuve en contacto con Andrés Idárraga hablando sobre ella. Nos imaginamos que si la propuesta tenía apoyo de un legislador y del secretario de transparencia, seguro iba a ser más popular. Con esa idea, durante dos meses Andrés Idárraga y yo estuvimos en contacto y, lo más importante, le compartimos a él y a su equipo borradores de nuestra propuesta para que conocieran nuestras ideas conforme las íbamos teniendo. Todo nos fue llevando hasta el 17 de febrero cuando recibí una oferta que, ahora que lo pienso, se pareció más a un ultimátum: Si queríamos el apoyo de Andrés Idárraga y de la secretaría de transparencia, entonces teníamos que aceptar que la propuesta saliera de nuestras manos («En el gobierno nacional soy quien la lidera») y, lo más importante, el entonces secretario me pidió modificar el texto de nuestra propuesta y que Pares presentara su texto como si fuera nuestro, ocultando que la secretaría de transparencia participó en él. La plata que nos ofreció Andrés Idarraga. Ahora mismo reflexionándolo parece que solo son nos exigieron dos cosas, pero creo que en realidad fueron tres. Nos pidió liderar el proyecto, nos pidió modificar nuestra propuesta y nos ofreció dinero. En ese momento hasta me pareció chévere que nos ofreciera recursos de la secretaría para hacer eventos sobre la propuesta y para darle difusión. Mis amigos ultracolombianos y ultrainteligentes me explicaron, con palabras muy bonitas y amables, que ni de broma podíamos aceptar sus condiciones y su dinero. No aceptamos (afortunadamente) y pasó algo muy curioso; Andrés Idárraga tomó molestia conmigo. En el lapso de 2 segundos se acabaron la afabilidad y amistad; cuánto se conoce a alguien cuando le dicen que no. Pares presentó la propuesta al público y, por decirlo de modo suave, no funcionó. Los periodistas preguntaron lo que hacía un mexicano opinando sobre Colombia; la Corte Suprema cuestionó los aspectos técnicos y de independencia de la propuesta —y, la verdad, tuvo razón— y la fiscalía llamó a la propuesta una «puñalada a la justicia» y a los que la propusimos —con muchísimo sarcasmo— «genios y marcianos». Además de esto, por razones que entran más en lo de telenovela mexicana, la propuesta nunca se radicó oficialmente como iniciativa legislativa. El resultado fue que el juicio nacional anticorrupción cayó en estado de coma. Importaba dar ese contexto, pero ahora vamos a lo técnico; el juicio nacional anticorrupción como solución. «Toda gran guerra termina con un gran juicio», repitió mi amigo Alejo un montón de veces (la verdad, tantas que dejé de contarlas por ahí de 200). Cuando presentamos el juicio y hasta hoy en Pares seguimos convencidos de que la realidad de Colombia tiene condiciones perfectas para que —aprendiendo de los aciertos y errores en otros países— se cree una institución temporal que sea la máxima autoridad en investigar y juzgar casos de macrocorrupción. Siempre vimos esto desde la perspectiva de la realidad legal, pero hoy también creemos que es cierto desde la realidad política del país. Presidente Petro, ¿no sería buena idea mostrar a propios y extraños que este gobierno no tolera la corrupción y le hace la guerra con instituciones de nivel mundial y no solo con retórica y buenas intenciones? De pronto no es tan mala idea escuchar a los marcianos. En Pares creemos que no ha existido mejor momento —en Colombia y en el mundo— para crear instituciones anticorrupción de este tipo. No ha existido mejor momento por dos razones: (1) la sociedad nunca había sabido tanto sobre cómo construir una institución anticorrupción exitosa; y (2) esta crisis es, en realidad, la oportunidad de mostrar que el Estado se toma en serio la corrupción Sobre las instituciones anticorrupción exitosas, gracias al trabajo incansable que se ha hecho en otros países —como Guatemala, Bolivia, Ecuador, México, Nigeria, Uganda, Kenia, Eslovaquia, Rusia, Ucrania, China, Francia, EE.UU. y un largo etcétera— hoy podemos ver con nitidez los errores y huecos en el camino que hay que evitar. Y no solo podemos conocer estos aprendizajes de forma anecdótica e indirecta, sino que este gobierno tiene de su lado al tesoro que es el cúmulo de experiencias que el ministro Iván Velázquez tuvo en su paso por la CICIG[1]. Y eso es en el aspecto empírico, pero, en materia de investigación teórica, hoy existen ¡cientos! de estudios cualitativos y cuantitativos que —con datos reales y no solo con hipótesis y teoría— identifican los errores y aciertos de instituciones anticorrupción de todo el mundo. Presidente Petro, los que más saben de anticorrupción en el mundo (1) nunca habían tenido tantas herramientas para hacerlo bien; y (2) ¡ya están en su gabinete! Sobre la oportunidad que esto presenta, impulsar el juicio nacional anticorrupción puede ser una bala de plata. Perdóneme por hablar en términos oportunistas, pero no quiero ser quien desaproveche oportunidades buenas. El escándalo que posiblementeimplica a Andrés Idárraga es especialmente pegajoso; quien debió ser como la esposa del césar —no solo ser intachable, sino también parecerlo— metió a extraños a la casa. Este problema tiene solución y no solo eso, sino que presenta un camino lleno de posibilidades. Desde luego, la fórmula de destituir al involucrado en el escándalo ya no es suficiente y la ciudadanía ya lo sabe. Pero, además, la izquierda vive una realidad muy accidentada —que no será nada nueva para quienes conocen la lucha feminista—; tiene que trabajar el doble para ser reconocida la mitad y sus errores se ven del doble de su tamaño real. Esta administración, por el solo hecho de ser el primer gobierno de izquierda de Colombia, ve que su oposición hace ruido desmedido de sus retos y desaciertos, sin importar de qué tamaño sean. Presidente Petro, si usted abre los brazos al juicio nacional anticorrupción mandará un mensaje claro a la ciudadanía y a la oposición; este gobierno no es uno de medidas simples, sino de soluciones potentes y duraderas. No deje que este tropiezo se vea del doble de su tamaño. En su lugar, pise este escándalo; úselo para impulsar al gobierno al siguiente escalón, que es una institución moderna, fuerte, efectiva y ejemplar. Ya tiene la solución; nosotros— @parescolombia , @ LeonVaLenciaA , @aalvaradobe y @Michel_Levien — estamos prestos a ayudar. [1] Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala

Por: León Valencia Ahora que Iván Name, Sandra Ortiz y Andrés Idárraga aparecen involucrados en el grave escándalo de millonarios sobornos para el contrato de carrotanques para llevar agua a la Guajira, es más pertinente la propuesta que le hicimos desde la Fundación Pares al presidente Petro a principios de su gobierno: “Poner en marcha un juicio nacional anticorrupción a través de una sala transitoria en la Corte Suprema de justicia con el apoyo de una comisión especial mixta entre sociedad civil de Colombia y expertos internacionales". En esa oportunidad entramos en conversaciones con Andrés Idárraga, secretario de transparencia de la presidencia, quien en principio habló bien del proyecto, pero después, cuando aún no estaba completamente desarrollado y corregido con las anotaciones que nos hacían expertos juristas, lo filtró a la prensa con el ánimo de abortarlo. Ahora entendemos por qué. Entendemos también por qué la propuesta tuvo resistencias entre algunos parlamentarios incluido Name. La Corte Suprema de Justicia, en ese entonces, hizo críticas justas a la propuesta por el error que cometimos de agrandar innecesariamente el número de magistrados que debía integrar la sala transitoria y porque temían que en el desarrollo del proyecto se vulneraría el principio de independencia del organismo. Queremos llamar nuevamente la atención del presidente Petro, del Ministro de Justicia de la Fiscal General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia sobre la necesidad de poner en marcha un mecanismo extraordinario de justicia con apoyo internacional para investigar y juzgar los macro-casos de corrupción incubados por los clanes políticos que han sacudido al país en los últimos años y también están sacudiendo las entrañas del primer gobierno de izquierdas de Colombia. Tendrá que ser un mecanismo y un proceso concertado entre todas estas instancias del Estado, que no genere prevenciones y reciba el apoyo de la sociedad civil y de la comunidad internacional.