Por: Katerin Erazo, Periodista
Foto tomada de: Semana
En el tranquilo escenario de La Argentina y La Plata, dos municipios pintorescos del departamento de Huila en Colombia, la calma ha sido abruptamente interrumpida por una serie de amenazas provenientes de las disidencias de las FARC. Estos grupos armados, liderados por alias Jhonier Martínez del bloque Jaime Martínez del Estado Mayor Central, han impuesto un toque de queda que ha sembrado el temor y la inquietud entre los habitantes de estas comunidades.
Con una población combinada de aproximadamente 94.000 personas, estos municipios solían ser conocidos por su apacible vida rural y su cercanía con la naturaleza. Sin embargo, en los últimos tiempos, la presencia de grupos disidentes ha cambiado drásticamente esta dinámica, imponiendo restricciones que limitan la libertad de movilidad y generan un clima de incertidumbre.
Las advertencias de toque de queda, transmitidas principalmente a través de mensajes de audio, han sido recibidas por campesinos, amas de casa y comerciantes, quienes ven restringida su capacidad para moverse libremente después de las 7:00 p. m. Estos mensajes, cuidadosamente diseñados para infundir miedo, también contienen órdenes específicas que afectan las actividades cotidianas y comerciales en estas localidades.
Belén Gallego y Villa Losada, así como varias veredas y corregimientos de la región, han sido señalados como áreas donde se aplicarán estas restricciones de manera más estricta. Los residentes se enfrentan a la perspectiva de ver limitada su capacidad para llevar a cabo sus actividades diarias y mantener su forma de vida habitual.
Además del toque de queda, las disidencias han impuesto otras medidas restrictivas, como el cierre obligatorio de discotecas antes de la medianoche y la participación forzada de adolescentes de 15 años en labores comunitarias bajo la supervisión de las Juntas de Acción Comunal. Estas acciones no solo afectan la libertad individual, sino que también interfieren en la vida económica y social de estas comunidades.
La situación se agrava por la presencia de extorsiones y homicidios, según informes de medios locales. Los residentes se encuentran atrapados en un ciclo de violencia e intimidación, donde el miedo a represalias impide que muchos denuncien estos actos delictivos. La sensación de vulnerabilidad se extiende incluso a otras áreas cercanas, como Neiva, donde también se han registrado ataques a comercios y a la población civil.
Según Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el toque de queda en Argentina y La Plata ha sido decretado por Jaime Martínez, miembro del Bloque Occidental Jacobo Arenas. Marín explicó que esto forma parte de una estrategia de expansión territorial en regiones como Huila, Departamento del Cauca, Caquetá y Tolima, especialmente para ejercer control sobre economías vinculadas a la extorsión, la cual ha sido su principal actividad. Esta medida también implica dinámicas de control territorial que abarcan aspectos como homicidios y restricciones de movilidad, incluyendo limitaciones dirigidas a la juventud y sus prácticas.
Ante esta escalada de violencia, las autoridades locales han tomado medidas para garantizar la seguridad de los residentes. La Sexta Brigada del ejército ha intensificado sus esfuerzos para reforzar la seguridad en las zonas limítrofes con Cauca, Caquetá y Tolima, con el objetivo de frenar el accionar violento y las extorsiones de estos grupos armados irregulares.
El secretario de gobierno del Huila, Edgar Martín Lara, ha confirmado la presencia activa de fuerzas militares y policiales en La Plata y La Argentina para contrarrestar las intimidaciones. Sin embargo, la comunidad aún espera medidas más contundentes por parte del Gobierno Nacional para abordar esta crisis de seguridad.
Estos acontecimientos ponen de manifiesto los persistentes desafíos de seguridad y convivencia en la región, donde la presencia de grupos armados irregulares y estructuras criminales complica aún más la situación. La comunidad local se encuentra en un estado de alerta constante, mientras las autoridades luchan por restaurar la paz y la tranquilidad en estas áreas afectadas por el conflicto armado interno.
Es importante reconocer que estas amenazas no solo afectan la seguridad física de los habitantes, sino que también socavan la cohesión social y el desarrollo económico de la región. La incertidumbre y el miedo obstaculizan el progreso y perpetúan un ciclo de violencia que impide el florecimiento de estas comunidades.
En medio de esta difícil situación, es crucial que las autoridades locales, regionales y nacionales trabajen juntas para abordar las causas subyacentes de la violencia y proporcionar soluciones efectivas que restauren la confianza y la seguridad en estas comunidades. La colaboración entre la sociedad civil, el sector privado y las instituciones gubernamentales es fundamental para superar estos desafíos y construir un futuro más pacífico y próspero para todos los habitantes de Huila y Colombia en su conjunto.