Por: Iván Gallo
El juicio de Nuremberg paralizó al mundo entero. Antes de que se creara la televisión, a finales de 1945, los ciudadanos de a pie hacían filas en los cines para ver cómo las cabezas del Tercer Reich, que habían sobrevivido a la invasión rusa, eran condenados por sus crímenes. En 1985 la Junta Militar, encabezada por Videla, fue sentada en el lugar de los acusados en un juicio que tuvo tanta relevancia mediática que, casi cuarenta años después, se transformó en una película premiada en todo el mundo. Los juicios no deben ser cosa de un nicho de juristas. Los juicios deben ser grandes acontecimientos sociales, sobre todo en un país como este, azotado por la corrupción.
Esta idea se le ocurrió en el 2022 -antes de la segunda vuelta presidencial- al abogado bumangués Alejandro Alvarado quien en ese momento trabajaba en el Instituto Anticorrupción. Él le presenta el proyecto al director del instituto, el mexicano Michel Levin quien decide apoyar con lo que puede la idea. Era un Acuerdo entre la organización de Naciones Unidas y el gobierno de la República de Colombia relativo al establecimiento de una Comisión internacional contra la Impunidad en Colombia.
No importaba quien fuera el ganador en la contienda electoral, este juicio se implementaría. Alvarado contactó a la fundación Paz y Reconciliación que había trabajado en los últimos años el tema a profundidad, fruto de esto eran sus investigaciones sobre clanes políticos de la cual sacaron uno de los libros más consultados por académicos en Colombia. Pares ya había hecho acuerdos para implementar los remedios que requería la corrupción. Acababan de hacer incluso una investigación sobre la ineficiencia de las contralorías departamentales. Así que estuvieron de acuerdo en que había que tomar las máximas cabezas y, en palabras de Alvarado, quien hoy en día lidera la línea de Democracia de la fundación “hacer un juicio bien berraco” donde respondieran las máximas cabezas, los cerebros, no los mandaderos -tipo Sneyder Pinilla en la UNGRD- los líderes del saqueo.
Había que pedir que en cada uno de los 32 departamentos escogieran el peor de los casos y luego ir por los 17 escándalos restantes más graves en todo el país. Arrancar con los 50 casos más representativos de corrupción serviría para restañar viejas heridas. Una de ellas pervive desde noviembre de 1985 cuando el M-19, en su toma al Palacio de Justicia, pensó en hacer un juicio al presidente apuntándole con un arma a los 11 magistrados que componían la Corte Suprema de Justicia. Una abominación. Una abominación que si tenía un simbolismo válido, la espada de Bolívar como símbolo de justicia. Por eso el Juicio nacional anticorrupción tenía como nombre La espada de Bolívar.
El juicio era la reivindicación que necesitaba la sociedad colombiana. Volver a creer en las instituciones. El 20 de junio del 2022 ganó las elecciones Gustavo Petro. Tanto Pares como Alvarado y Levin creían que iba a ser más fácil que les apoyara la idea un gobierno progresista. Entre agosto y diciembre del 2022 prepararon los textos que incluían un acto legislativo para crear una sala transitoria en la Corte Suprema de justicia que se encargaría de los juicios. Esta idea surgió como una solución para no entorpecer ni llenar de trabajo a la Corte. Habría magistrados, debidamente seleccionados, que se encargarían de estos juicios.
“Lo que queríamos, lo que le propusimos al gobierno era una experiencia histórica sin afectar la independencia de la justicia” El juicio nacional bien podría haberse realizado en un escenario imponente, en un estadio, ¿Por qué no? Transmitido en directo para todo el país. Se viviría con la intensidad de un evento deportivo.
La propuesta parecía calar en el nuevo gobierno. En diciembre del 2022 hay una reunión entre Pares, el instituto anticorrupción, el ministro Néstor Osuna y el que fuera hasta hace muy poco el secretario de transparencia de este gobierno, Andrés Idárraga. El objetivo sería presentar la propuesta en la primera legislatura del 2024. El secretario de transparencia parecía muy entusiasmado “Idarraga nos ofreció desde el apoyo técnico hasta recursos para hacer la iniciativa” cuenta Alvarado. “Nosotros fuimos cautos y no quisimos entregar la iniciativa”.
En un artículo publicado en esta página Levien contó como fue la experiencia con Idarraga: “desde diciembre de 2022 personalmente estuve en contacto con Andrés Idárraga hablando sobre ella. Nos imaginamos que si la propuesta tenía apoyo de un legislador y del secretario de transparencia, seguro iba a ser más popular. Con esa idea, durante dos meses Andrés Idárraga y yo estuvimos en contacto y, lo más importante, le compartimos a él y a su equipo borradores de nuestra propuesta para que conocieran nuestras ideas conforme las íbamos teniendo”.
El 17 de febrero, cuenta Levin, recibió una oferta que parecía un ultimátum: “Si queríamos el apoyo de Andrés Idárraga y de la secretaría de transparencia, entonces teníamos que aceptar que la propuesta saliera de nuestras manos («En el gobierno nacional soy quien la lidera») y, lo más importante, el entonces secretario me pidió modificar el texto de nuestra propuesta y que Pares presentara su texto como si fuera nuestro, ocultando que la secretaría de transparencia participó en él”.
Andrés Idarraga quería quedarse con el crédito. Una vez más el ego de un funcionario podía más que la necesidad de hacer justicia. Al decirles que no Alvarado y Levin se quedan en el aire. Incluso pierden su trabajo y, de paso, Colombia perdió una oportunidad histórica: tomar las riendas y darle la solución a uno de los problemas que genera más inequidad y violencia, la corrupción.
El escándalo de los 46 mil millones que se perdieron en la UNGRD por el caso de los carrotanques, que terminó incluso con la destitución de Olmedo López y la pérdida del cargo de Idarraga, pone sobre el tapete la necesidad de concretar la iniciativa de estos dos jóvenes abogados y de la fundación PARES. Si el presidente Petro escucha, podría estar a tiempo de corregir lo que la historia catalogará como un error monumental: desaprovechar un gran juicio contra la corrupción.