La agónica Ley de Transfuguismo tiene un último respiro antes de su trámite en Senado
- Óscar A. Chala
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Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad
Aunque estaba cantado a inicios de esta semana que el proyecto de ley estatutaria que permite el transfuguismo de congresistas entre partidos por una única vez sería aprobado en su sexto debate en la plenaria del Senado de la República, la realidad es que una falla en las máquinas que permiten las votaciones al interior de la plenaria y la falta de quórum salvaron dos veces al proyecto de ley que, por ahora, no cuenta con los votos necesarios para ser aprobado. Esto, luego de que el Partido Conservador, Cambio Radical, el Centro Democrático y el Partido de la U cantaran su voto negativo.
La iniciativa, que proviene del Pacto Histórico y cuyo ponente es Alejandro Carlos Chacón (el senador liberal que también es el autor principal de la mini-reforma laboral que en los próximos días iniciará su trámite en la Comisión Séptima de Senado, misma donde se cayó hace unas semanas la reforma laboral del gobierno Petro) ha generado bastante ruido en la opinión pública, debido a que en su interior modifica los artículos 107 y 108 de la Constitución para que miembros de corporaciones públicas elegidos por votación popular puedan cambiar de partido por una sola vez sin tener que perder su curul, así como también aumenta el porcentaje de votos necesarios para obtener personería jurídica y permite a las coaliciones fundirse en un solo partido en caso de que los movimientos que la integran superen el umbral.
Cero y van tres: una crónica de las reformas políticas presentadas durante el gobierno Petro
Con este, ya van 3 proyectos de reforma política que han pasado por el Congreso de la República en los últimos 3 años. Los primeros dos (uno, impulsado por el gobierno en cabeza de Alfonso Prada, exministro del Interior, y cuyo ponente fue Roy Barreras; el segundo, de iniciativa de Juan Fernando Cristo), presentados en septiembre de 2022 y en septiembre de 2024, terminaron hundiéndose respectivamente.
El primero, con la simbólica ruptura del proyecto por parte de Roy Barreras en Comisión Primera de Senado en marzo de 2023, se cayó en quinto debate luego de que la mayoría de su articulado fuera modificado en los subsecuentes debates, abriendo la posibilidad, por ejemplo, a que congresistas fueran designados ministros por períodos de tiempo provisionales sin perder su curul, o que conservaran los primeros puestos en caso de incluirse en listas cerradas.
El segundo, se hundió a finales de diciembre de 2024, en su cuarto debate en plenaria de Senado, luego de que los partidos opositores e independientes rompieran el quórum y el proyecto no pudiera ser votado. Las críticas, en este caso, vinieron tanto de las organizaciones de la sociedad civil como de la academia y los mismos partidos, que indicaron que la insistencia del gobierno con las listas cerradas, en las elecciones primarias y el cambio en la perspectiva de la financiación de partidos por parte del Estado, junto con un sistema de afiliados que otorgaría personería jurídica a movimientos políticos que no tuvieran representación en el Congreso terminaría fragmentando aún más el sistema de partidos en el país.
No obstante, mientras Juan Fernando Cristo construía su iniciativa de reforma para presentarla en el Congreso, ya el Pacto Histórico, en cabeza de David Racero, junto con Marelen Castillo y Alejandro Carlos Chacón, habían presentado a inicios de septiembre de 2024 su proyecto de ley de transfuguismo.
El argumento que dieron desde el Pacto Histórico para presentar este proyecto en su momento fue la urgencia de buscar vías para reorganizar la coalición y el partido único, con los retrasos que en ese momento tenía la unificación de personerías y ante el riesgo de que el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado detuviera el proceso, en su tesis del lawfare.
Este proyecto tiene un antecedente, rastreable en marzo de 2024, cuando la mayoría del bloque de partidos del Congreso lograron recolectar 118 firmas para presentar un proyecto de ley que cambiaba un artículo de la Constitución que les permitía cambiar de partido una sola vez sin perder sus curules. En ese momento logró amplio apoyo, especialmente dentro del Pacto Histórico y el Partido Liberal, junto con varios congresistas que habían sido elegidos por partidos en los que no se sentían representados (como “JP” Hernández) o en partidos declarados de gobierno (como Miguel Polo Polo).
Aquel proyecto terminó hundiéndose al cierre de la segunda legislatura, en junio de 2024, debido a que no logró si quiera tener quórum para ser votado en la plenaria de Cámara, en su segundo debate. Sin embargo, no pasaron más de 3 meses antes de que volviera a ser radicado. Esta vez, con 40 autorías y coautorías, también en su mayoría del Pacto Histórico.
Desde allí, ha logrado sobrevivir a 5 debates. Al ser un acto legislativo, tiene que dar dos vueltas por el Congreso. La primera vuelta logró darla entre octubre y diciembre de 2024, en la que fue aprobado en Senado y Cámara. El quinto debate logró pasarlo a inicios del pasado mes de abril, donde fue aprobado con 16 votos a favor y solo 2 en contra. Ahora que llegó a su sexto debate, en plenaria de Senado, el proyecto de acto legislativo, que había logrado pasar de agache, enfrenta su reto más grande.
La “pequeña reforma política” que transformaría el sistema de partidos en Colombia
Aunque no tiene la misma proyección y alcance de las primeras dos reformas políticas, el Proyecto de Ley de Transfuguismo transformaría en gran medida al sistema de partidos en Colombia, no tanto en su aspecto institucional, pero sí en las dinámicas electorales de los mismos, especialmente frente a la construcción de coaliciones políticas y la posibilidad de abandonar y cambiar partidos por una sola vez. Esto es importante porque parte de la supervivencia del Pacto Histórico depende de que este proyecto se apruebe.
Según el informe de ponencia que llegó a la plenaria de Senado el 22 de abril, las modificaciones sobre el artículo 107 buscaría permitir que, por un solo período y una sola vez, un miembro elegido para una corporación pública renuncie a su partido incluso un mes antes de la inscripción a las próximas elecciones, así como también indica que solo los partidos políticos pueden determinar las sanciones sobre casos de doble militancia, quitándole dientes al Consejo de Estado, quien ha tomado decisiones frente a la nulidad electoral de miembros de corporaciones públicas electos y que han incurrido en doble militancia en los últimos años, como el caso de Roy Barreras, quien perdió su curul por decisión del alto tribunal.
Es precisamente para evitar la nulidad electoral que el Pacto Histórico está interesado en que se flexibilice la normativa constitucional. En el caso de Roy Barreras, el Consejo de Estado consideró que el entonces senador había incurrido en doble militancia al no haber renunciado al Partido de la U en los períodos que establece la constitución antes de haber sido incluido en la lista del Pacto Histórico en 2022.
Como el Pacto Histórico obtuvo más del 15% de los votos que dicta la Constitución para armar coaliciones en las elecciones de 2022, los partidos que hacen parte de esta no pueden volver a presentarse en conjunto. Esto significa que los diferentes congresistas de los partidos que componen el Pacto Histórico no podrían lanzarse por una lista conjunta, ni podrían hacer campaña por otros candidatos y partidos aliados del gobierno, además que deberían haber renunciado a su partido y a su curul antes del 7 de marzo pasado.
La urgencia por aprobar este acto legislativo es que, en caso de que la construcción de la personería del partido único se caiga, la opción más viable que queda es que los congresistas del Pacto Histórico puedan renunciar a sus partidos para evitar la doble militancia, como le sucedió a Roy Barreras.
Frente a la modificación del artículo 108, la ponencia indica que el cambio estaría en la posibilidad de permitir que los partidos y movimientos políticos puedan armar coaliciones conjuntas para presentar candidatos, pero excluyendo a los Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC). La novedad, en este caso, radicaría en que se adicionaría al artículo 108 de manera explícita la imposibilidad de que los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales pudieran presentarse junto con los partidos a elecciones, y los obliga a registrarse al menos un año antes de los comicios.
En el camino se quedó la modificación al artículo 262 de la Constitución, que buscaba, entre otras cosas, permitir que las coaliciones que superaran el 15% reglamentario para armar coaliciones pudieran fundirse en un partido con la personería de alguno de los partidos dentro de la coalición, así como otra modificación al artículo 108, que ampliaba el umbral electoral para tener personería jurídica del 3% actual al 5% en Senado. Ambas se hundieron en los 4 debates anteriores.
De cómo un proyecto a la medida del Congreso terminó al borde de su hundimiento
En caso de que pasara este sexto debate en plenaria de Senado (en Cámara dan por sentado de que pasaría su segunda vuelta tanto en la Comisión Primera como en la plenaria), este acto legislativo no solo terminaría beneficiando al Pacto Histórico, sino también a algunos congresistas de los partidos tradicionales y del Partido Alianza Verde (que tiene embolatada su escisión interna), que buscarían mantener sus curules mientras buscan presentarse por otros partidos para las legislativas de 2026.
Es por ello por lo que desde partidos de oposición como Cambio Radical buscan atajar esta iniciativa, especialmente frente a la posibilidad de que un reacomodo de congresistas dentro de los partidos termine debilitando a unos partidos y fortaleciendo a otros, sobre todo a los nuevos, como Nuevo Liberalismo (que tuvo buenos resultados en las elecciones regionales de 2023).
Así mismo, algunas figuras independientes, como Angélica Lozano, han argumentado que el proyecto de ley está a la medida para la reelección de los congresistas del Pacto Histórico y solo busca su beneficio, afectando la democracia. Este discurso, frente al miedo de que un reacomodo de fuerzas debilite a la oposición y a los independientes ante la última legislatura que comienza en julio de 2025 y ante el escenario electoral de 2026, fue el que terminó calando para que el pasado lunes 26 de abril los conservadores, la U, Cambio Radical y Centro Democrático señalaran en diferentes comunicados que votarían en bancada de manera negativa.
Según El Espectador, los votos que suman estas fuerzas estarían sobre los 48 senadores de 53 necesarios para tener mayoría, lo que los ubica muy cerca de tumbar el proyecto de ley.
Es por ello por lo que las fallas técnicas y la falta de quórum (primero el lunes, en la que se iba a debatir el proyecto de ley, pero que fue aplazado en tanto el senador Chacón solicitó que fuera agendado al día siguiente, luego el martes) terminaron dándole un respiro a un proyecto al que le faltan solo 5 a 7 votos para hundirse.
Por los lados de la bancada de gobierno las cuentas están enredadas, pues no se sabe a ciencia cierta como vaya a votar el Partido Verde, y solo tienen seguro 25 votos, los de su propia bancada y el partido Comunes, pero con posibilidades de disputar votos entre los liberales, algunos conservadores que romperían la disciplina de bancada, mismo que algunos de la U en esa vía.
En estos momentos, el respiro será la última oportunidad para que desde el gobierno (que apoya tras bambalinas la propuesta), su bancada y los congresistas que apoyan la medida se logren las últimas negociaciones. En caso de no ser así, el gobierno tendría su tercera derrota en línea frente a los intentos por cambiar las reglas con las que funciona el sistema de partidos para mantener la supervivencia de su bloque político.