El Gobierno Petro desafía al Congreso con la espada de Bolívar y la Consulta Popular
- Óscar A. Chala
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Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad
El gobierno logró sostener la movilización en la calle, un mes y medio después de la convocatoria de la Consulta Popular.
Como ya lo habíamos señalado en este artículo el 21 de marzo pasado, el gobierno salió al paso del hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima de Senado con la convocatoria a una Consulta Popular que refrendará el núcleo fundamental de este proyecto de ley. Ese mismo 21 de marzo el gobierno convocó a través de los sindicatos y de las organizaciones sociales una nueva jornada de movilizaciones que cobró relevancia por la masividad que tuvo, especialmente luego de que durante 2 años las convocatorias del gobierno no fueran nutridas.
Indicábamos en ese artículo que dos retos se presentaban para el gobierno Petro en ese momento. El primero, era sostener la base de aquella movilización en el tiempo sin que, como ha pasado, se desgastara; y segundo, que el discurso de la Consulta Popular no terminara agotándose antes de la presentación de las preguntas, que habían sido anunciadas para la segunda semana de abril, pero que fueron presentadas al público hasta el martes 22 de abril, un mes después de las movilizaciones anteriores.
Por ahora, y un mes después de elucubrar ese escenario, queda claro que el gobierno ha logrado sostener y ampliar la base de esta movilización social, sin que esto le haya costado mayor capital político. Antes de las movilizaciones; una encuesta publicada por Invamer hace varios días señaló que la favorabilidad del presidente Petro había aumentado del 32% al 37%, habiendo llegado a las mismas cifras que tenía en abril de 2023, previo a la primera crisis de gobernabilidad que llevó a la renuncia de una gran parte de su segundo gabinete (analizada a profundidad en el más reciente informe de redes de poder, publicado desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad) y a la ruptura de la coalición que tenía con el Partido Conservador y el Partido de la U.
Además de aquel aumento, la encuesta mostró que éste se había concentrado en los estratos 1 y 2 de la mayoría de las personas sondeadas, lo que implica que existe de nuevo un acercamiento entre las bases sociales y políticas y el gobierno, que se habían estado enfriando desde mediados de 2023 y que, tal como lo hemos señalado en varios análisis desde esta línea, han sido uno de los principales factores por lo que los intentos del gobierno por radicalizar las calles se habían quedado cortos.
Pero ¿qué explica que, luego de dos años de intentos por movilizar a sus bases sociales, esta vez la receta le haya salido al gobierno y las calles del país se estén llenando cada vez más de gente? Hay varios factores que podrían explicarlo:
1. Tal y como lo señalábamos en este artículo, de las 3 principales reformas sociales que presentó el gobierno Petro, la reforma laboral fue la que generó mayor conexión con la gente, en parte, porque toca las necesidades más urgentes y fundamentales de la población colombiana, relacionadas con el trabajo y el salario, con beneficios mucho más tangibles, concretos e inmediatos. Además, porque frente al debate profundamente técnico que tuvo la reforma a la salud durante 2023 y la reforma pensional en 2024, la reforma laboral tuvo un carácter mucho más simple y comprensible que le llegó más fácil a la gente.
Esto es importante porque la simpleza, la comprensión y la cercanía del tema con la realidad de la mayoría de la población del país han tenido la capacidad de generar una narrativa mucho más emocional y directa.
Esto se puso de manifiesto, por ejemplo, con el intento de blindar la construcción de las preguntas de la Consulta frente a otros temas que no tuvieran nada que ver con el articulado de la reforma laboral que Benedetti encabezó, lo que impidió que el sentido de la misma se disgregara y convirtiera en una transformación radical e institucional del Estado.
2. Aunado a lo anterior, el gobierno se lanzó a jugar en toda la frontera entre la confrontación abierta con el legislativo, pero sin transgredir de alguna forma los marcos institucionales del sistema político colombiano.
La invocación de la herramienta de la Consulta Popular responde al marco constitucional de 1991, así como las preguntas formuladas dentro del mecanismo de participación ciudadana no tocan la base del Código Sustantivo del Trabajo ni tocan directamente las dinámicas de reproducción y acumulación del capital. Las mejoras que propende la reforma son, en cierto sentido, esperables en el marco, por ejemplo, de recomendaciones de la OCDE o de análisis de políticas laborales desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
3. Partiendo de allí, el gobierno logró articular finalmente el discurso del bloqueo político —que desde 2023 ya se venía teorizando, pero que no había generado mayor resultado en impulsar el descontento popular— que logró graduar como contradictor principal y antagonista al Congreso de la República.
Esta confrontación con el Congreso ha llegado a un punto álgido y muestra que, aunque el gobierno se mueve también para negociar votos importantes para los proyectos de ley que ahora mismo está tramitando (ley de transfuguismo; reforma a la salud), por ahora sigue manteniendo los puentes rotos con el legislativo y estará firme en esa posición, por lo menos, hasta que haya algún resultado frente al trámite de la Consulta Popular, que debe ser votada en la plenaria de Senado.
Pero esto también es importante en tanto el gobierno ha abandonado provisionalmente la idea del lawfare en su contra como el argumento principal de contradicción con las instituciones y el Estado —al que señala de haberlo limitado para implementar su programa de gobierno— para centrarse en este antagonismo que es mucho más tangible en el debate y que tiene sustento en una narrativa de incumplimiento y traición mucho más digerible para sus bases políticas.
4. Es por ello por lo que el trámite de la Consulta Popular se volverá importante este mes que inicia. La votación frente a aprobar la consulta o no ya no pasa solamente por los intereses de los congresistas (que siguen elaborando sus agendas políticas regionales frente a las elecciones de 2026 bajo el discurso de apoyar o disentir con el gobierno Petro), sino por el peso que puede tener el rechazo a una serie de preguntas que tocan, como lo señalamos en el punto 1, las necesidades más urgentes de la población del país.
Esto no tanto por el llamado del gobierno a que no se voten congresistas que de plano se opongan a la Consulta Popular y su trámite en el Senado, sino porque parte del nuevo mito fundacional de la izquierda posterior al gobierno Petro dependerá de lo que pase con la Consulta.
Inicialmente, ese rol lo cumplían las reformas sociales, pero como la pensional fue una reforma que logró ciertos consensos y fue aprobada, y como la reforma a la salud fue distante de la gente por su carácter y discusiones altamente técnicas, el resultado del trámite de la Consulta Popular se convierte en el eje articulador del discurso del gobierno Petro a futuro, ya sea como un relato de “traición” que movilice a las bases sociales y políticas a reelegir un gobierno progresista en otra figura diferente a Petro en 2026, o como un relato de “triunfo” que pueda sostener un proyecto progresista a más largo plazo. En esta lectura están de acuerdo analistas como Andrés Mejía Vergnaud.
En la “radicalización democrática” se encarna el debate fundamental entre el principio de representación y otros modelos de democracia
Aunque lo ha hecho de manera confusa e incomprensible en la mayoría de los casos, Gustavo Petro ha ido poniendo en el debate, poco a poco, una de las tensiones fundamentales que existen hoy en el mundo frente al tema de los límites de la democracia representativa y la urgencia por un modelo de democracia mucho más directa y participativa.
Es en esa tensión donde se concentra todo el momento orgánico de la coyuntura alrededor de la Consulta Popular, en tanto hoy el debate gira sobre si el sistema de representación actual está quedando corto, y si ha llegado el momento de avanzar hacia otro modelo de democracia.
De allí se explica, en su momento, su intento por elaborar cinco definiciones distintas frente a la idea de “poder constituyente” (que terminaron en su momento en la potencial insinuación de convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente para cambiar las instituciones del Estado), su idea de “Acuerdo Nacional” y, ahora mismo, la Consulta Popular.
En ese punto es donde se concentra la pelea de Gustavo Petro con el Congreso y allí es donde se guarecen y reflejan los temores de los partidos políticos y de los congresistas del país, más en un escenario donde el Congreso y los partidos políticos tienen un índice de desfavorabilidad del 69%, según la última encuesta Invamer Poll de abril.
Este miedo se puede explicar por varios factores:
1. Pone en duda en cierto modo la legitimidad del Congreso. Los constantes llamados de Gustavo Petro en su discurso de que “el pueblo es el jefe del Senado” y que “los congresistas son sirvientes y sirvientas del pueblo” va en esa dirección. El hecho de que se defina en una consulta popular decisiones que dentro del ideario político sólo pueden ser tramitadas en el Congreso golpea su poder.
2. Afecta en cierto modo las dinámicas clientelares, especialmente porque afecta las dinámicas de transacción política y operatividad dentro del legislativo, lo que termina por romper las lógicas de negociación para tramitar las leyes. En este sentido, el Congreso pierde en su ejercicio de influencia y de recibir recursos por aprobar leyes, lo que puede influir de manera negativa en las herramientas con las que suelen fidelizar electores y financiar campañas.
3. Deja un precedente frente a la posibilidad de que cualquier disputa o desencuentro entre el poder legislativo y el poder ejecutivo se tramite por fuera de los escenarios parlamentarios, lo que reduce la influencia del legislativo en utilizar su capacidad de veto o de usar las herramientas legales e informales que posee para forzar escenarios de negociación y transformación de los proyectos de ley.
En este punto, es claro que la Consulta Popular ahora mismo es una de las manifestaciones del cambio de ciclo político en Colombia. Este cambio puede durar varios años, y manifiesta que el momento político abierto con las negociaciones de paz de 2016 (que han sido el último gran momento en el que hubo una reforma constitucional profunda a partir de los Acuerdos de Paz) ahora está tendiendo hacia la apertura de un debate sobre el modelo de democracia que el país necesita, y las negociaciones, disputas y acuerdos que se logren para consolidar aquel nuevo modelo a futuro.
A modo de cierre
A pesar de que el gobierno sigue manteniendo el combustible que alimenta la movilización social de algunas de sus bases, que logró resurgir de su letargo en los últimos dos años, sigue habiendo retos importantes. Fundamentalmente dos retos:
1. Por un lado, el gobierno usará todo el capital político que le resta para mover la Consulta Popular. Esta movida puede poner en riesgo el cierre de su gobierno, que desde el próximo 7 de agosto tendrá que comenzar a cambiar su narrativa de proyecciones y acciones por resultados. Aún no está claro, frente a este riesgo, qué alternativas tiene el gobierno en un escenario desfavorable en el que el Senado apruebe la Consulta, pero el gobierno la pierda en votación frente a la abstención o al voto negativo, lo que puede llevar a una potencial crisis de gobernabilidad.
2. La estrategia de los sectores independientes y opositores del Congreso, como lo recogimos en este artículo, estará centrada en evitar que la discusión sobre la Consulta Popular se de en el Senado. Para ello, han comenzado a movilizar la idea de que se tramite la mini-reforma laboral de los liberales, iniciativa del senador Alejandro Carlos Chacón, como alternativa para que se considere que el trámite de la Consulta es inviable al existir una reforma que toca el mismo tema.
El gobierno, en este caso, se movió y envió mensaje de urgencia para que el Congreso tramite esta reforma al mismo tiempo que se tramita la Consulta Popular. Por ahora, como respuesta, la Comisión Séptima le pidió al ministro del Interior, Armando Benedetti, que aclarara a qué se refería con ese mensaje de urgencia, puesto que, en caso dado de ser aceptado este mensaje, las comisiones séptimas conjuntas de Senado y Cámara deben sesionar para tramitar el proyecto de ley, reduciendo los debates de 4 a 3 necesarios para que la reforma se apruebe.
En este escenario, el Congreso tendría poco margen de maniobra para aprobar el proyecto de ley, puesto que la Comisión Séptima de Cámara es favorable totalmente al gobierno.