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Richard Aguilar, acusado formalmente por las irregularidades durante su administración

Por: Camilo Díaz Suárez

Investigador Nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad


El 8 de febrero se reanudó la audiencia de acusación en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra del exgobernador de Santander y exsenador, Richard Aguilar. A la audiencia la acompaña la captura de dos empresarios que estarían relacionados con el caso que cursa en su contra por el cobro de coimas para el refuerzo la estructura del Estadio Alfonso López de Bucaramanga. Esto es lo que hay que saber.


Las capturas de Julián Jaramillo y Octavio Reyes


Las capturas se dieron en el marco de una de las irregularidades por las que está siendo procesado Richard Aguilar. Si bien en su contra cursan acusaciones por irregularidades en 6 contratos, en la que habrían participado Julián Jaramillo y Octavio Reyes es en el contrato 0766 de 2015, para la “construcción de las obras de reforzamiento estructural y adecuación de los escenarios (estadio, piscinas y coliseo Vicente Díaz Romero) de la villa olímpica del municipio de Bucaramanga”.


Fuente: SECOP

El contrato fue firmado por $15,278,888,802, suscrito entre Claudia Yaneth Toledo Bermúdez, quien en ese momento era secretaria de Infraestructura del Departamento y Octavio Reyes Sarmiento, quien era representante legal de la Unión Temporal Reforzamiento 2015. Este contrato, el 18 de diciembre del 2015 tuvo una adición de $6,748,154,990, quedando un valor total del contrato de $22,027,043,792.

Fuente: SECOP

Claudia Toledo y su esposo Lenin Darío Pulido fueron detenidos en el 2018 por las irregularidades en este contrato y que llegaron a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación para ser testigos en el caso en contra de Aguilar. Según sus declaraciones, Edwin Ballesteros, también investigado por estos hechos, habría actuado como intermediario entre Aguilar y terceras partes para amañar la adjudicación de contratos en Santander.


Toledo y Pulido participaron de una red de corrupción que pedía coimas para la adjudicación de contratos, con lo que habrían llegado a obtener hasta $2.900 millones, que estaría organizada por Richard Aguilar.


En este contexto, Julián Jaramillo habría actuado como intermediario de Octavio Reyes, quien sería amigo cercano de Hugo Aguilar, para que le fuera adjudicado el contrato a él. De esta forma, desde la Gobernación se le habría suministrado, anticipadamente, el presupuesto de la obra para que Reyes pudiera elaborar un pliego de condiciones ajustado a cambio del pago de $1.500 millones.

Jaramillo habría organizado el acuerdo entre Reyes y Aguilar, quedando repartido el 10% del valor total del contrato para Aguilar, el 3% para Claudia Toledo y un 3% para el propio Julián Jaramillo. El dinero se habría entregado utilizando falsas facturas.


Además, la Fiscalía habría determinado que las obras entregadas no cumplían las condiciones técnicas y de seguridad.


De acuerdo con la Fiscalía, Jaramillo habría tenido una conversación en 2019 con Parado y Toledo para que llegaran a un preacuerdo con el ente acusador para no involucrar a Richard Aguilar en los contratos a cambio de recibir $2.800 millones. Por las acciones irregulares cometidas por Jaramillo, fue capturado y es acusado de incurrir en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio, peculado por apropiación y soborno. Por su parte, Octavio Reyes se mantiene en prisión domiciliaria.


La audiencia de imputación de cargos en contra de Richard Aguilar


El exgobernador y exsenador, Richard Aguilar, fue acusado formalmente en la audiencia realizada el 8 de febrero de los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.


La defensa de Richard Aguilar solicitó el 8 de noviembre que se anulara el proceso que estaba siendo llevado en su contra en la Corte Suprema de Justicia por las irregularidades en contratación cuando ejerció como gobernador, pero la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte negó la petición.

Si bien Aguilar renunció a su curul en el Congreso buscando que la investigación en su contra empezara de cero en la Fiscalía, la Corte sostuvo que ambos sistemas son respetuosos. Así, pese a que el ente acusador pasó a ser la Fiscalía por la renuncia de Aguilar al Senado, la Corte sigue encargada de recibir el material probatorio que acumule la Fiscalía y así mismo la que enjuiciará a Aguilar, pues esta tiene competencia sobre las actuaciones de los gobernadores.


El contrato 0766 es no es el único por el cual es investigado Aguilar. Habrían al menos 5 contratos más que presentan irregularidades. Entre ellos se encuentra un contrato de interventoría con una adición de más de $6.700 millones; un contrato para mejorar y rehabilitar un corredor agroforestal que fue entregado a una Unión Temporal en la que era empleado un primo de Hugo Aguilar; un negocio jurídico para el suministro de raciones de comida a estudiantes de 82 municipios; un contrato de obras en el corredor vial San Gil- Charalá de septiembre de 2014 y un contrato para la construcción del tercer carril de la vía Bucaramanga- Floridablanca, también de septiembre de 2014. Ahora, la Fiscalía debe presentar pruebas en un próxima audiencia a realizar en 15 días.


El Clan Aguilar y su futuro en el Congreso con José Alfredo Marín


Así, esta es una acusación más que se suma al Clan Aguilar, el cual se ha caracterizado por la corrupción. De acuerdo al informe “Los herederos y las herederas de todas las formas de corrupción” de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el Clan es liderado por Hugo Aguilar Naranjo, padre de Richard, a quien la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos por presuntos nexos con el Bloque Central Bolívar (BCB) de las AUC para lograr apoyo electoral en el 2003. Además, fue condenado a 9 años de prisión. También, tiene un proceso por irregularidades en contratación durante su mandato como gobernador, por haber suscrito 12 con la Corporación Parque Nacional de Chicamocha para ejecutar varias obras.


Sumado a las condenadas e investigaciones en contra de Hugo y Richard Aguilar, Mauricio Aguilar, actual gobernador de Santander, habría ocultado y manipulado información en el caso adelantado en contra de su hermano y está siendo investigado por estos hechos. A su vez, Edwin Ballesteros, uno de los aliados del clan y cercano a Richard Aguilar, se encuentra formalmente vinculado a una investigación por las irregularidades presentadas en la contratación de la empresa Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant S. A.), mientras fue gerente de esta durante la administración de Richard Aguilar.


Con Richard enfrentando el proceso judicial y Mauricio siendo gobernador, el candidato del Clan para las elecciones del 2022 es José Alfredo Marín, quien ha sido contratista de la Gobernación de Santander durante el mandato de Richard Aguilar Villa; contratista del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) en Santander; y jefe de campaña y asesor del despacho del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar.


Tras una presunta alianza con Luis Eduardo Díaz Mateus y con el Partido Conservador, se habría dado un acuerdo para que José Alfredo Marín fuese candidato al Senado del clan. Este acuerdo se habría realizado con intermediación de Orlando Aguilar Naranjo, hermano de Hugo Aguilar.

Sin poder hacer “política de frente”, los Aguilar tendría con ficha a José Alfredo Marín, mientras se desarrollan los casos en contra de Richard y Mauricio.