Por: Camilo Díaz Suárez
Investigador Nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad
Con la Resolución 2572 del 22 de noviembre de 2021, la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes decretó la vacancia de la curul ocupada por el exrepresentante a la Cámara por Santander, del partido Centro Democrático, Edwin Gilberto Ballesteros Archila.
La declaración de vacancia, más conocido como la “silla vacía”, es un mecanismo de sanción para responsabilizar a los partidos políticos cuando uno de sus integrantes haya sido condenado por delitos como la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos dolosos contra la administración pública y acciones que atenten contra los mecanismos de participación democrática.
A su vez, la disposición se encuentra consagrada en el artículo 134 de la Constitución Política y su modificación mediante el Acto Legislativo 04 de 2015, la cual dicta que los condenados no podrán ser reemplazados, así como quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente a procesos penales en Colombia.
De esta forma, los partidos no pueden reemplazar la curul de la persona sancionada. Con esto, el Centro Democrático no puede hacer efectivo el cambio de la curul de Ballesteros, que pensaban ocupar con Patricia Botero de Cote, viuda del ex alcalde de Barrancabermeja, Edgar Cote Gravino.
Ballesteros llegó por primera vez al Congreso de la República en el 2018, al alcanzar 17.810 votos. Fungió como representante hasta el 8 de septiembre de 2021, tras ser aceptada su renuncia en plenaria de la Cámara de Representantes, con 131 votos a favor y 15 en contra.
Sus cuestionamientos
La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) le ha hecho seguimiento a los hechos de corrupción de Richard Aguilar, exgobernador de Santander y exsenador de la República, en los que Edwin Ballesteros se vio vinculado. Al ser uno de los aliados del Clan Aguilar, Ballesteros se encuentra implicado en un aparente entramado de corrupción mientras fue gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant S. A.), junto con la gobernación de Santander. (Te podría interesar: “La jugadita que no le salió a Richard Aguilar: su proceso sigue”)
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justica, mediante el Auto AES-00125-2021, dio apertura de instrucción formal en contra de Ballesteros por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho.
Tras ello, el 7 de septiembre de 2021, la Sala de Instrucción vinculó formalmente a Ballesteros a una investigación por las irregularidades presentadas en la contratación de la empresa Esant S.A. Tras esto, a los pocos días decidió renunciar a su curul en la Cámara de Representantes.
Los hechos por los cuales se encuentra investigado se habrían presentado entre 2014 y 2016, y se investigan tres contratos. El primero de ellos fue suscrito entre la Esant S.A.e Ingream S.A.S para realizar el mantenimiento del sistema de alcantarillado en el municipio de Sucre, por un valor de $1.188 millones. El segundo se firmó con la Unión Temporal Enciso Potable, para una planta de potabilización de agua en Enciso, con un valor de $472 millones. El tercer contrato se realizó con la misma Unión Temporal, para el mantenimiento del sistema de acueducto en el municipio de Landázuri, con un valor que supera los $4.000 millones.
La investigación adelantada en contra de Ballesteros se dio luego de las declaraciones de Claudia Toledo y de Lenin Parado, quienes han sido testigos claves en la investigación que se lleva en contra de Richard Aguilar. Claudia Yaneth Toledo fue secretaria de Infraestructura departamental durante la gobernación de Aguilar y su esposo; Lenin Darío Pulido, contratista de la Gobernación. Ellos habían sido detenidos en el 2018 por irregularidades en la contratación para mejorar la Villa Olímpica del Estadio de Bucaramanga.
Sin embargo, en el marco de sus propios procesos, Toledo y Pulido llegaron a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación para tener inmunidad penal y actuar como testigos en contra de Richard Aguilar. Según ellos, Edwin Ballesteros habría actuado como intermediario entre Aguilar y terceras partes, para amañar la adjudicación de contratos en Santander.
Tras su renuncia y porque la Corte consideró que los hechos por los que se le abrió la investigación no tienen que ver con su función como congresista, el 11 de octubre la investigación fue remitida a la Fiscalía General de la Nación. En dicha entidad, tiene dos procesos adelantados. El primero de ellos se encuentra con imputación, y hace referencia al proceso que llevaba adelantado por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema. El segundo, se encuentra en etapa de indagación por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Por estos cuestionamientos, y tras la renuncia de Edwin Ballesteros, el Centro Democrático se queda sin una curul por lo que resta de la última legislatura del presente Congreso. Ballesteros había hecho parte de la Comisión Quinta Constitucional Permanente y de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista.