Una renuncia anunciada: caso Edwin Ballesteros

Por: Laura Cano Periodista – Pares

Esta semana se conoció que otra ficha más del ‘Clan Aguilar’ estaba en una encrucijada judicial. Se trata del representante a la Cámara, Edwin Ballesteros, quien el pasado miércoles renunció a su curul. Esto tras verse implicado en un proceso que lleva la Corte Suprema de Justicia por el escándalo relacionado a un supuesto entramado de corrupción en la Gobernación de Santander durante el mandato de Richard Aguilar. Finalmente, durante ese día, la renuncia fue aceptada en plenaria con 131 votos a favor y 15 en contra (Te podría interesar: Richard Aguilar: una ficha del clan político de Santander que cayó).

Hay que recordar que justamente un día antes, el 7 de septiembre, se había conocido que Ballesteros había quedado formalmente vinculado a la investigación que adelanta en su contra la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en materia de contratación. Durante ese mismo día se conoció que los abogados del representante del Centro Democrático habían presentado su renuncia: el exfiscal Eduardo Montealegre y el exmagistrado Julio César Ortiz.

“Esta renuncia la presentamos ante su Despacho, en virtud de la flagrante vulneración de garantías constitucionales por parte del magistrado, especialmente la violación del derecho fundamental a la defensa, durante la diligencia de indagatoria que fue celebrada el día de hoy, dentro del proceso de referencia», se lee en el documento enviado al magistrado Héctor Alarcón, encargado del caso. Al respecto, es importante mencionar que en la indagatoria, citada para el 23 de agosto pasado, también Francisco Bernate, quien llevaba el caso, había renunciado al mismo.

Ballesteros es investigado por el Alto Tribunal, desde junio de este año, por presuntos hechos de corrupción mientras estuvo al frente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant), entre 2014 y 2016. De esta forma, la Corte deberá también indagar si Ballesteros incurrió en concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho.

Esto se pretende esclarecer a través de la investigación de tres contratos: el primero es el 157 de 2014, firmado entre la Empresa de Servicios Públicos de Santander e Ingream S.A.S por $1.188.804.830, bajo el objetivo de realizar mantenimiento del sistema de alcantarilla