Por: Laura Cano
Periodista Pares
Se acercan las elecciones al Congreso, falta menos de un mes, y desde Pares damos los últimos campanazos sobre quiénes aspiran a las curules aun estando en medio de cuestionamientos. Exponemos los motivos que llaman la atención sobre la posible llegada de estas personas al Senado y a la Cámara de Representantes, poniendo en riesgo la democracia del país.
Hoy nos enfocamos en Santander, una zona con influencia de los clanes políticos, como el Aguilar, el cual ha concentrado el poder y ha hecho de los cargos públicos un banquete de politiquería. Sin embargo, según el seguimiento de Pares, hay siete candidaturas cuestionadas por distintos motivos; una al Senado, y 06 a la Cámara.
¡Ojo! Aquí les contamos quiénes son y por qué deben cuidar su voto.
1. José Alfredo Marín González – Senado - Partido Conservador
Este candidato, quien está en carrera para llegar al Senado, ha sido uno de los ‘bendecidos’ por el Clan Aguilar. Fue contratista de la Gobernación de Santander durante el mandato de Richard Aguilar Villa, contratista del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) en Santander y jefe de campaña y asesor del despacho del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar. Además, ya había tenido un intento por llegar al Congreso en 2018, más exactamente a la Cámara de Representantes, pero los votos no le alcanzaron, pues solo obtuvo 3.195.
No obstante, y a pesar de que ese intento no funcionó, este año de nuevo Marín se prepara para representar al Clan Aguilar en el Congreso, pero esta vez en el Senado con el aval de Partido Conservador, y con Luis Eduardo Díaz Mateus como fórmula a la Cámara de Representantes, quien además sería el puente para que esta alianza se diera, junto con Orlando Aguilar Naranjo, quien también fue intermediario.
Cabe recordar que Hugo Aguilar, hermano de Orlando Aguilar, fue condenado en 2013 a nueve años de prisión por sus nexos con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para ganar las elecciones a la Gobernación de Santander en 2003. Hugo Aguilar, padre, también ha sido investigado por hechos de corrupción como la existencia de irregularidades en el manejo de 20.000 millones de pesos del Parque Nacional del Chicamocha.
Además, el exsenador Richard Aguilar fue capturado en el 2021 por presuntas irregularidades en contratos que suscribió entre 2014 y 2015, mientras fue gobernador de Santander. Su proceso sigue en la Corte Suprema, luego de que esta negara la petición para anular su proceso. El 8 de febrero fue acusado formalmente en una audiencia por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Las irregularidades por las que se le investiga se habrían dado en al menos 6 contratos.
Uno de estos para reforzar el estadio de fútbol y hacer adecuación de piscinas y un coliseo, de 2014 y con un valor de $15.278 millones; un contrato de interventoría con una adición reconocida por más de $6.700 millones; un contrato para mejorar y rehabilitar un corredor agroforestal que fue entregado a una Unión Temporal en la que era empleado un primo de Hugo Aguilar; un negocio jurídico para el suministro de raciones de comida a estudiantes de 82 municipios de Santander; un contrato de obras en el corredor vial San Gil- Charalá de septiembre de 2014 y, finalmente, un contrato para la construcción del tercer carril de la vía Bucaramanga- Floridablanca, también de septiembre de 2014. En relación con este mismo hecho es investigado su otro hermano, Mauricio Aguilar, por presuntamente haber ocultado material probatorio a la Corte Suprema de Justicia.
2. Luis Eduardo Díaz Mateus – Cámara de Representantes - Partido Conservador
Este abogado ha estado en la movida departamental desde 2012, año desde el que empezó a integrar la Asamblea departamental de Santander desde el 2012. Hoy es candidato por el Partido Conservador para la Cámara de Representantes, pero bajo su nombre también reposan algunos cuestionamientos, pues es heredero del clan de Iván Díaz Mateus, su hermano, y quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de concusión, al considerar que influyó en Yidis Medina para que votara a favor del primer proyecto reeleccionista de Álvaro Uribe en el Congreso. Según Medina, Díaz le ofreció "burocracia" a cambio de su apoyo.
3. Héctor Guillermo Mantilla Rueda – Cámara de Representantes - Partido Conservador
El cargo más importante en cuanto a cargos públicos de este candidato, fue cuando ejerció como alcalde del municipio de Floridablanca, en 2015, con 21 años y estudiando todavía su pregrado. Fue elegido por el movimiento Renace Floridablanca. También fue asesor de despacho del secretario general y coordinador de la Presidencia Pro Témpore, a cargo de la República de Colombia, y jefe de gabinete de la Comunidad Andina (CAN).
Ojo porque es cercano a Marta Lucía Ramírez, pero además se encuentra vinculado a un proceso por, presuntamente, pagar coimas de $90 millones para favorecer la elección del contralor y personero municipal en Floridablanca, junto con la aprobación de proyectos y compra de predios. Dentro de dicho proceso, ya fueron hallados culpables 18 de 19 concejales del periodo 2016-2019.
Sumado a ello, tiene un proceso abierto por irregularidades contractuales de las ferias y fiestas, donde habría inconsistencias en la selección de la empresa ABC Producciones para que prestara los servicios requeridos. Finalmente, tiene una investigación disciplinaria por la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de Floridablanca por el cambio del uso del suelo de terrenos de Ruitoque Alto. Este cambio en el uso del suelo habría presuntamente favorecido a personas como la representante a la Cámara Nubia López.
4. Érika Tatiana Sánchez Pinto – Cámara de Representantes - Liga de gobernantes anticorrupción
Entre los cargos que ha tenido resalta su paso por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Regional Santander, donde se gesta su cuestionamiento, pues ha sido alertado que trabajadores de esta institución estarían siendo obligados a recolectar firmas para que Sánchez pueda llegar a la Cámara de Representantes. Puntualmente, de estas firmas dependería la renovación de los contratos de los funcionarios del ICBF.
Esto ha estado orquestado por Édgar Gómez Román, conocido como “El Pote”, quien ha hecho del Icbf de Santander un fortín clientelar y burocrático a su favor. Según el periodista y columnista de El Espectador, Jorge Gómez Pinilla, Érika Sánchez es ficha de “El Pote” y lo mismo ha sido sostenido por prensa local y otros columnistas como Miguel Ángel Pedraza, de Vanguardia.
Adicional, en medio del escándalo en el que se filtró un audio de Rodolfo Hernández en el que pedía dinero para integrar la lista de su movimiento a la Cámara, según fuentes de La W, él habría recibido $1.000 millones para que Érika, como cuota de “El Pote”, fuera cabeza de lista. El hecho de que fuera ficha de Édgar Gómez no fue negado por Rodolfo Hernández. Pese a ello, estos nexos han sido negados por la candidata a la Cámara de Representantes.
5. Óscar Leonardo Villamizar Meneses – Cámara de Representantes - Partido Centro Democrático
Este abogado, hoy candidato a la Cámara de Representantes, ha tenido importantes cargos en el departamento. Por ejemplo, fue asesor de la Gobernación de Santander; apoyó el área jurídica de la Sub-Gerencia de la Empresa de Desarrollo Urbano y Fondo de Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja; ejerció como jefe de cartera de la Empresa Piedecuesta de Servicios Públicos E.S.P y, también, hizo parte del Grupo de Atención de Victimas del Municipio de Bucaramanga. Hay que resaltar que en 2018 llegó a la Cámara de Representantes con 37.068 votos.
No obstante, desde Pares no lo destacamos por lo anterior, sino porque fue condenado en 2010 a nueve años y medio de prisión, el pago de una multa de $45.300 millones y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 8 años, por el delito de concusión. Esto se dio por estar involucrado en el “cartel de las notarías”, en el que a cambio de un voto favorable al proyecto de ley que permitió la reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez, se les dio a unos senadores una notarías. Alirio Villamizar habría recibido 2 notarías y fue encontrado culpable de presionar a Luz Janeth Rojas de entregarle la mitad de su sueldo para mantenerla en su cargo. Por considerar que había cumplido tres quintas partes de la condena, fue puesto en libertad en 2014.
Por estos mismos hechos, el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga condenó a María Meneses Quintero, esposa de Alirio Villamizar y mamá de Óscar Villamizar, a tres años y siete meses de prisión también por incurrir en el delito de concusión.
6. Johanna Milena González Pérez – Partido Centro Democrático
Tanto su carrera política, casi que inexistente, como sus cuestionamientos tienen que ver con una de las fichas del Clan Aguilar: Edwin Ballesteros, su esposo. No ha sido servidora pública ni ha tenido trayectoria política. Ballesteros, quien se ganó una curul a la Cámara de Representantes en las elecciones pasadas, ha estado en un vaivén, pues se vio implicado por haber participado del entramado de corrupción de la gobernación de Santander, mientras fue gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant S. A.).
El 7 de septiembre de 2021, Ballesteros fue formalmente vinculado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema por irregularidades en la contratación de la Esant, tras lo cual presentó la renuncia a su curul que fue aprobada el 9 de septiembre en plenaria de la Cámara de Representantes.
Los hechos se habrían presentado entre 2014 y 2016, y se investigan tres contratos. El primero de ellos fue suscrito entre la Esant e Ingream S.A.S para realizar el mantenimiento del sistema de alcantarillado en el municipio de Sucre, por un valor de $1.188 millones. El segundo fue suscrito con la Unión Temporal Enciso Potable, para una planta de potabilización de agua en Enciso, con un valor de $472 millones. El tercer contrato se realizó con la misma Unión Temporal, para mantenimiento del sistema de acueducto en el municipio de Landázuri, con un valor de $4.000 millones.
La investigación en contra de Ballesteros nació en el marco de la adelantada en contra de Richard Aguilar, luego de las declaraciones de Claudia Toledo y Lenin Pardo en el marco de sus propios procesos judiciales.
7. Cleomedes Bello Villabona – Cámara de Representantes - Coalición Partidos Cambio Radical – Colombia Justa Libres – Mira- De la U
No es la primera vez que Bello aspira a un cargo público. En el 2007 llegó al Concejo de Bucaramanga en 2007. Para 2011 volvió a aspirar, avalado por el Partido de la U, y quedó elegido con 3.319 votos. Para 2015 repitió, luego de alcanzar 3.698 votos. Sin embargo, y a pesar de sus relecciones, su gestión cuenta con varios temas para ponerle la lupa, en medio también de su aspiración a la Cámara de Representantes.
Hay que recordar que en 2012 la Procuraduría le formuló pliego de cargos, junto al alcalde de Bucaramanga de la época, Fernando Vargas Mendoza, y otros 9 concejales, luego de un presunto trámite irregular del acuerdo 100 de 2009, por medio del cual se aprobó una exención parcial tributaria que disminuyó la tarifa de la estampilla pro - bienestar del anciano, del 2% al 1%. Esa exención se habría realizado para beneficiar a un contratista y fue aprobada por los concejales, incurriendo en una presunta falta disciplinaria por violar el principio de equidad horizontal o universalidad tributaria y no prever la renta sustituta. No se encontró registro de qué sucedió con este proceso en lo que respecta a Cleomedes Bello.
Sumado a ello, en 2016 la Procuraduría en fallo de primera instancia suspendió a Cleomedes Bello, junto a otros dos concejales miembros de la Mesa Directiva del Concejo de Bucaramanga, por presuntas irregularidades en la elección del procurador municipal. Según la Procuraduría, “habrían abusado de sus cargos y se habrían atribuido como funciones propias la reglamentación de la estructura del proceso de elección de contralor de Bucaramanga para el periodo 2016 - 2019, y la realización de la convocatoria pública y abierta para dicha elección sin contar con la autorización de la Plenaria del Concejo, como lo establece la ley”. Pese a esta sanción, no cuenta con antecedentes disciplinarios en la Procuraduría y se desconoce qué sucedió con la apelación al fallo que presentarían los concejales.
¿Quedarán elegidas estas candidaturas para fortalecer a los clanes del departamento, pero, además, enviando un mensaje de impunidad frente a los casos en los que están implicados? Desde Pares seguiremos poniendo la lupa a las candidaturas que siguen disputándose una curul en el Congreso.
