Por: Ernesto Medrano, Asistente de Investigación
Línea Democracia y Gobernabilidad
A pesar de que en 2018 Duque anunció el fin de la mermelada como mecanismo para frenar la corrupción, su gobierno se ha caracterizado por el reparto de mermelada y cargos públicos como instrumento para sacar adelante su programa de gobierno. Al principio, Duque optó por gobernar con los escuderos políticos del Centro Democrático, pero a medida que el trámite legislativo se hizo exhaustivo y complejo, el presidente fue acercando a las fichas políticas de los partidos que respaldaron su agenda en la campaña electoral.
De acuerdo con los datos del balance de la gestión legislativa del gobierno de Iván Duque, realizado por la firma Orza, es posible sostener que la agenda política de Duque no se constituyó alrededor de una gran agenda legislativa, sino en el control burocrático. Hasta marzo de 2022, de los 112 proyectos de iniciativa de gobierno radicados en el Congreso, Duque había logrado pasar 35, lo que supone un fracaso. A pesar de tener una tasa de aprobación de proyectos de ley menor al 32%, Duque modificó las lógicas del reparto de mermelada tradicional a los congresistas, destinando los recursos directamente a las cuotas burocráticas de los partidos políticos que lo apoyaron en el tránsito legislativo. Incluso, de acuerdo con el balance legislativo realizado por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), se evidencia que Iván Duque no logró superar el 50% de aprobación en los proyectos de autoría del Gobierno Nacional, lo que se tradujo en una seria crisis de gobernabilidad.
Para mejorar su capacidad legislativa Duque decidió repartir mermelada a los partidos políticos que lo respaldaron en las elecciones de 2018. Atiborró de mermelada a sus copartidarios del Centro Democrático, nombró en algunos ministerios a fichas de Cambio Radical, pero definitivamente uno de los partidos que más ha gozado de la mermelada en este gobierno ha sido el Partido Conservador. Si bien la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, viene de las huestes del Partido Conservador, el respaldo de Ramírez no ha sido la única razón del reparto de mermelada de Duque al conservatismo.
La mermelada al Partido Conservador en el gobierno Duque
En el gobierno Duque la mermelada involucra dos prácticas: el intercambio, por medio de la asignación de contratos, a cambio del apoyo legislativo empleado en los primeros años de gobierno; y la repartición de puestos burocráticos. Fue así como en la repartición de mermelada y de puestos burocráticos, uno de los partidos que más apoyo recibió, fue Partido Conservador.
Imagen No 1. La mermelada y el Partido Conservador
Fuente: Fundación Paz & Reconciliación (Pares)
Susana Correa, Departamento de la Prosperidad Social (DPS)
Susana Correa Botero ocupó el cargo de directora del Departamento de la Prosperidad Social (DPS) entre 2018 y principios de 2022, cuando fue designada como ministra de vivienda, tras la renuncia de Jonathan Malagón. Correa proviene de las huestes uribistas, fue senadora del Centro Democrático entre 2014 y 2018, elegida a través de la lista cerrada que presentó el partido y ha tenido una importante participación en el gobierno de Iván Duque, liderando el DPS.
Desde que asumió el cargo en el DPS, Correa se encargó de mantener contento al Partido Conservador con el reparto de mermelada. De acuerdo con los resultados de las elecciones al Congreso, el Partido Conservador fue uno de los grandes ganadores y el papel del DPS fue central.
El Partido Conservador logró asegurar altas votaciones en los departamentos en los cuales el DPS, liderado por Correa, invirtió una buena suma de recursos públicos. En los departamentos de Bolívar, La Guajira, Antioquia y Córdoba, los recursos del DPS coinciden con las altas votaciones de algunos congresistas.
La electa senadora Nadya Blel Scaff, quien en 2018 obtuvo poco menos de 70 mil votos, en 2022 logró asegurarse la más alta votación del Partido Conservador, con más de 165.000 votos. De acuerdo con la W Radio, en 2021 el DPS habría ejecutado al menos cuatro convenios interadministrativos en Bolívar, beneficiando políticamente y presuntamente a la congresista, que obtuvo más del doble de los votos que alcanzó en 2018.
Así mismo sucedió con Carlos Andrés Trujillo, hoy presidente del Partido Conservador y senador. A pesar de haber tejido una alianza con el recién electo en la Cámara de Representantes por el Partido Conservador, Juan Loreto Gómez Soto, en la Guajira, Trujillo logró más de 20 mil votos en el departamento del norte del país pese a que es oriundo de Itagüí, Antioquia. Mientras que en 2018 Trujillo obtuvo 509 votos en La Guajira, en 2022 alcanzó 21.628 votos en este departamento. Así mismo, Trujillo pasó de 54 votos en 2018 a 10.743 votos en 2022, en Uribia. Todo esto con el respaldo de Gómez, el DPS, INVÍAS y Bonifacio Henríquez, alcalde de Uribia.
De acuerdo con la Pares, Gómez y Trujillo, a partir de una denuncia en diversos medios de comunicación, habrían prometido la legalización de predios a las comunidades de Uribia, a cambio de que los apoyaran electoralmente. Es importante destacar que Uribia es uno de los municipios de la Guajira con mayor población, con el 19%, ubicándose detrás de Riohacha y Maicao.
Esta no fue la única maniobra empleada por Trujillo y Gómez. De acuerdo con el alcalde de Uribia, Trujillo también habría gestionado recursos para la pavimentación y construcción de vías, por medio de la asignación de recursos del DPS y el INVÍAS. Pero, adicionalmente, en plena campaña electoral, desde la alcaldía de Uribia se promovía el apoyo a Trujillo, por medio de publicidad financiada con recursos del municipio.
En Córdoba, otro de los departamentos priorizados por el DPS, también salieron fortalecidos electoralmente los conservadores. Córdoba fue uno de los departamentos en donde más recursos públicos invirtió el DPS. De acuerdo con Correa, las obras realizadas en el departamento superaron los 215 mil millones de pesos. Justo en este departamento se encuentran la cuarta y quinta votaciones más altas del Partido Conservador al Congreso de la República: Marcos Daniel Pineda y Liliana Bitar. Municipios como Montería y Cereté, de donde es oriunda Bitar, se beneficiaron por la inversión del DPS, no solo en la construcción de parques, sino en el mejoramiento de vías y viviendas.
En el proceso de gestión de recursos, existió un elemento común: el Partido Conservador. Marcos Daniel Pineda es hijo de la exsenadora Nora García Burgos. García Burgos fue la madrina política de David Barguil hasta 2018 y líder de clan García Pineda, del cual hacía parte Barguil. Por su parte, Liliana Bitar es prima de David Barguil, quien fue el jefe de debate de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en 2014, cuando la entonces candidata decidió lanzarse a la Presidencia de la República.
Carlos Camargo, Defensoría del Pueblo
Carlos Camargo Assis es primo de David Barguil y yerno de Nora García Burgos. A pesar de que no estaba preparado para el cargo y no cumplía con los requisitos establecidos para su nombramiento, Camargo llegó a la dirección de la Defensoría del Pueblo. La llegada de Camargo a la Defensoría se explica en virtud de que es una cuota política del Partido Conservador, específicamente de David Barguil y Marta Lucía Ramírez.
Antes de llegar a la Defensoría del Pueblo, Camargo había sido magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre 2014 y 2017, y presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND) entre 2017 y 2020. En ninguno de los cargos que ocupó estuvo exento de cuestionamientos, pues como magistrado del CNE, fue el encargado de archivar la investigación en contra de Óscar Iván Zuluaga, por el caso Odebrecht. Mientras Duque le pagaba el favor a Camargo con la dirección de la FND, Camargo aspiró a la Registraduría Nacional. Para ser elegido en la Registraduría, Camargo entregó contratos a familiares y amigos de los magistrados del Consejo de Estado y el CNE, para que apoyaran su candidatura. Sin embargo, Camargo desistió de su candidatura.
Camargo, además de ser ficha política de Barguil y Ramírez, es amigo del presidente Iván Duque, pues estudiaron en la misma universidad. A pesar del importante respaldo político con el que ha contado Camargo, su paso por la Defensoría del Pueblo ha estado marcada por la ineficiencia en la contratación y la incapacidad técnica en la gestión.
Carlos Eduardo Correa, Ministerio de Ambiente
Carlos Correa Escaf, ministro de ambiente de Iván Duque, es aliado político de David Barguil y, en su momento, de Nora García Burgos. Tras el posicionamiento de Barguil como representante en el periodo 2010-2014, se impulsó en 2011 para aspirar a la Alcaldía de Montería, en donde resultó elegido para el periodo 2012-2015. En 2017, mientras era consejero presidencial para las regiones en el Gobierno de Juan Manuel Santos, fue capturado por presuntas irregularidades en la contratación de las obras del coliseo Miguel ‘Happy’ Lora de Montería, junto con Marcos Daniel Pineda. A pesar de esto, fueron liberados, mientras continuaba la investigación.
Así mismo, Correa estaría involucrado en otro presunto escándalo de corrupción en el cual participó su actual secretario general en el Ministerio de Ambiente, Carlos Frasser, quien en 2014 se desempeñaba como asesor jurídico de la alcaldía de Correa. De acuerdo con Pares, Carlos Correa, mientras terminaba su periodo como alcalde de Montería, decidió avalar un otrosí con el cual se buscaba que la empresa Veolia S.A adelantara obras que permitieran el funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales.
Sin embargo, el contrato por 42 mil millones de pesos no fue culminado satisfactoriamente, generando no solo un presunto detrimento patrimonial, sino daños ambientales irreversibles para la comunidad cordobesa. Aún con estos antecedentes, Correa fue nombrado por Iván Duque como ministro de ambiente en octubre de 2020, según algunas fuentes territoriales, con el respaldo del conservador David Barguil.
Ángela María Orozco, Ministerio de Transporte
La ministra de transporte Ángela María Orozco también fue una de las grandes beneficiadas del reparto burocrático del gobierno de Iván Duque. Orozco, fue socia de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez en la firma consultora Ramírez & Orozco International Strategy Consultants, además de haber sido la mano derecha de Ramírez, en varias ocasiones.
Uno de los escándalos en los que se vio involucrada la ministra Orozco, fue el de la Ruta del Sol II, en el cual como compensación el Estado colombiano debía asumir los costos del incumplimiento del contrato de la obra, tras la declaratoria de la nulidad del contrato, por los hechos ocurridos en el escándalo de Odebrecht. De acuerdo con Orozco, el monto mínimo que el Estado debía pagar a la concesionaria y a las entidades financieras que financiaron la obra detenida por corrupción, era de 1,3 billones de pesos. Sin embargo, el Tribunal de Arbitramento que resolvió el pleito, notificó por medio de un laudo arbitral que el Estado debía pagar solo 211 mil millones de pesos.
Además de buscar favorecer presuntamente intereses privados en el laudo arbitral, Orozco permitió que desde el INVÍAS, que es una entidad adscrita al Ministerio de Transporte, se avanzara en un proceso de licitación en el cual se contrataría la administración de 35 peajes del país. De acuerdo con Pares, el INVÍAS diseñó un pliego sastre que garantizó ventajas hacia uno de los contratistas proponentes para ganar una licitación de 1 billón de pesos en un contrato por 10 años.
Juan Esteban Gil, INVÍAS
En el caso del INVÍAS no es la primera vez que el Partido Conservador garantiza sus cuotas en la máxima dirección de esta entidad. Con la llegada de Juan Esteban Gil a la dirección del Instituto Nacional de Vías, la ministra Ángela Orozco logró garantizar la representación del Partido Conservador en una de las entidades más apetecidas por las estructuras clientelares.
Como director del INVÍAS, Gil fue el encargado del proceso de licitación pública 033 de 2021 (LP-DT-SEI-GPV-033-2021) para la administración y el recaudo de los peajes y de las estaciones de pesaje en 35 puntos del país. En una investigación de Pares se advirtió que solo una de las empresas postuladas podría cumplir con los requisitos establecidos para obtener la jugosa licitación.
Además de las condiciones amañadas establecidas en el proceso de licitación, en donde se presentaron modificaciones durante el proceso licitatorio, había un claro interés en la adjudicación veloz del contrato, a tan solo seis meses de las elecciones.
Jair Fajardo, Aerocivil
Jair Orlando Fajardo fue el director de la Aeronáutica Civil entre 2021 y 2022. En julio de 2022, Fajardo fue declarado insubsistente por el presidente Iván Duque, por dos motivos: 1. La ineficiencia en la construcción del Aeropuerto del Café, que podría convertirse en un costoso elefante blanco. 2. La Contraloría encontró 21 inconsistencias y presuntas irregularidades en la administración de la Aerocivil.
Fajardo fue una de las cuotas del Partido Conservador. En 2022, Fajardo entregó 853 órdenes de prestación de servicios en la entidad, en donde el ex director de la Aerocivil ubicó a varias fichas del Partido Conservador. Adicionalmente, Fajardo también firmó más de 40 convenios interadministrativos por 696 mil millones de pesos, en medio de la modificación irregular de la ley de garantías.
Rodolfo Enrique Zea, Ministerio de Agricultura
Rodolfo Zea, también es una de las cuotas del Partido Conservador en el gobierno de Duque. Fue nombrado Ministro de Agricultura en 2020, tras la salida de Andrés Valencia Pinzón, también de las huestes conservadoras y quien acompañó a la vicepresidenta y Canciller Marta Lucía Ramírez en el Ministerio de Comercio. El Ministerio de Agricultura ha sido ocupado tradicionalmente por el Partido Conservador.
Luis Alberto Rodríguez, Departamento Nacional de Planeación
Luis Alberto Rodríguez es un joven de 35 años que, a pesar de su corta carrera en el sector público, fue viceministro de hacienda y posteriormente director del Departamento Nacional de Planeación. Si bien el perfil profesional de Rodríguez es destacable, no fueron sus logros profesionales y académicos los que lo llevaron al Viceministerio de Hacienda, ni al DNP.
De acuerdo con el seguimiento realizado por la prensa nacional y la información aportada por diversas fuentes, Rodríguez habría contado con el respaldo de Marta Lucía Ramírez, quien ha sido considerada como su madrina política. Sin embargo, con la llegada de Rodríguez al Viceministerio de Hacienda, se acercó al entonces ministro, Alberto Carrasquilla, quien fue uno de los que lo impulsó para que llegara al DNP.
Pese a que Rodríguez estuvo a cargo del DNP por poco tiempo, hoy se encuentra involucrado en una denuncia realizada por Sebastián Nohra y Valeria Santos, según la cual, Rodríguez habría participado en el direccionamiento irregular de los recursos destinados a la paz. De acuerdo con la investigación adelantada por los periodistas de Blu Radio, algunos funcionarios del DNP, como Luis Alberto Rodríguez y Álvaro Ávila, habrían exigido dádivas a cambio de la priorización de los proyectos de inversión en los municipios PDET.