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  • Laura Natali Cano Murillo

Defensoría del Pueblo en malas manos, un riesgo latente

Por: Laura Cano. Periodista Pares.


Este viernes se elegiría al nuevo/a Defensor/a del Pueblo, decisión que se ha visto atravesada por una pugna política en la que se han destapado los intereses con los que desde el ejecutivo se han puesto o dejado de poner candidatos y candidatas en la terna. En el momento en el pulso están Myriam Martínez y Carlos Camargo. Esto, luego de que Elizabeth Martínez renunciara a su candidatura el pasado lunes.


En esta elección, que pareciera dejar bien parado a Carlos Camargo, ha sido un conflicto, por un lado, por la importancia del organismo frente a la situación de Derechos Humanos que vive el país. Por otra parte, por la gran cuota burocrática con la que llegaría quien sea elegido, pues en sus manos quedarían cerca de 4.000m puestos.


Ante este escenario Ariel Ávila en su programa El Poder de Semana TV tuvo como invitadas a Daniela Gómez Rivas, coordinadora de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares y Diana Salinas, cofundadora de Cuestión Pública, quienes estuvieron analizando las aristas anteriores y otras que acompañan la decisión que está a días de ser tomada.


Por un lado, hay que señalar quiénes son los quedan en la terna: Myriam Martínez y Carlos Camargo, que, en el caso de la primera candidata, actualmente es directora de la Agencia Nacional de Tierras, nombrando que hace poco más de un año fue tema mediático al hacerse públicos unos videos en los que se escuchaban cómo el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en lo que podría ser una extralimitación de sus funciones, le daba ordenes directas a Martínez respecto al manejo de terrenos en el Cauca y Caldas.


Por su parte, Camargo, director de la Federación Nacional de Departamentos, ha brillado mediáticamente específicamente en tres ocasiones, una de ellas muy relacionada con el porqué ahora es la terna de la bancada de Gobierno.


Por un lado, en agosto de 2019 desde Pares se denunció que Camargo, que para ese momento figuraba como candidato a registrador nacional, estaría desde la FND “entregando contratos a diestra y siniestra privilegiando a exmagistrados del Consejo de Estado, familiares de los actuales magistrados y renombrados políticos que podrían favorecer sus propios intereses. Entre los contratos se encuentran algunos ejecutados en periodos de tiempo y fechas insustentables, otros con el mismo objeto contractual y algunos que se caracterizan por implementar la técnica de la puerta giratoria”.


Adicionalmente, antes de este escándalo, por el que renunció a la candidatura en la que en ese momento estaba, también se conoció que él desde el CNE y como magistrado en su momento fue el responsable de archivar la investigación en contra de Óscar Iván Zuluaga por la presunta entrada de dineros de Odebrecht a su campaña. Esto de la mano de Felipe García Echeverri, quien fue nombrado embajador en Bruselas por el ahora presidente.


Además, en agosto de 2019 por medio de una investigación de Semana, también fue cuestionado por gastos excesivos en tarjetas de crédito de la FNA, donde se incluían compras en Salvatore Ferragamo, Tous, Brillos de Plata, Tommy Hilfiger e incluso, compra de rosas.


Vale la pena mencionar que luego de la salida de Elizabeth Martínez, y ante reiteradas peticiones para que se suspendiera la evaluación de hojas de vida de la y el candidato, el presidente Iván Duque decidió colocar en la terna a Luis Fernando Fajardo, quien sería el único en la lista con experiencia en materia de Derechos Humanos, pero que incluso así no deja inclinar la balanza hacia Carlos Camargo.

Adicionalmente, se ha informado que tras este nuevo nombre que entra a disputar el puesto en la Defensoría solo tres días antes de la elección, ésta no cambiará de día y según el cronograma la fecha sigue siendo el 14 de agosto, pues como indicó Germán Blanco, presidente de la Cámara de Representantes, este nuevo panorama permite disponer de los tres días hábiles que requiere la evaluación de las hojas de vida.


¿Quién será el reemplazo de Negret?


Con este primer panorama y con el ajedrez político que pareciera ser muy favorable para el gobierno de Iván Duque, Diana Salinas expuso: “Que venga Camargo del CNE es un antecedente bastante importante y además es apoyado por Jaime Amín, quien fue congresista y es alguien que está con el Gobierno. Además, él fue apoyado por el Partido Conservador para ser de la Federación Nacional de Departamentos”.


Por otra, parte otra arista desde la que se debe ver esta próxima elección es la que propone Daniela Gómez, pues: “Hay una gran cuota burocrática. Son aproximadamente 4.000 puestos de trabajo que maneja el Defensor, que además en su mayoría no son cargos de carrera administrativa. En ese sentido la cuota burocrática es muy importante. Hay muchos partidos detrás de esto, principalmente el partido de la U que estaba esperando que se le mantuviera la Defensoría”.


A esto se suma que para Diana Salinas en las posiciones a favor o en contra que hay para el y la candidata entra a jugar un papel muy importante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de imponerle medida de aseguramiento a Álvaro Uribe Vélez, lo que terminó “volteando el pulso político” en donde, en palabras de la analista “el uribismo no cederá ni un centímetro en ningún cargo en el que pueda estar”.


A esto se agrega, que con Camargo están la mayoría de los integrantes de los partidos Liberal, Cambio Radical, Conservadores y Centro Democrático, lo que lo pone como virtual Defensor del Pueblo.


Sin embargo, también hay que resaltar que es Germán Blanco el presidente de la Cámara de Representantes -donde se tomará la decisión-, quien además es miembro del Partido Conservador, lo que pone a esta colectividad en un papel determinante. Como lo expresa Salinas “los conservadores van a ser como la joya de la corona, porque a quién decida el partido Liberal y el Conservador, ahí se queda ese puesto, donde Camargo tiene varias posibilidades”.


El riesgo de que la Defensoría caiga en malas manos


Como se mencionaba en un principio una de las aristas para evaluar lo importante de la discusión, es justamente la importancia de esta entidad en medio de la situación de Derechos Humanos que vive el país, donde, por ejemplo, solo en este año se han asesinado 42 firmantes de paz, y por lo menos, según el sistema de información Sipares, 74 lideresas y líderes sociales.


Asimismo, mientras que, en este mismo periodo, se han reportado cerca de 67 hechos de desplazamiento forzado. Hechos que no dejan de tener una relación directa con el copamiento de grupos armados en las regiones del país. Situaciones en las que la Defensoría, bajo la dirección de Carlos Negret, ha puesto la lupa por medio de las alertas tempranas.


Ahora, y en un escenario de conflicto social y vulneración de Derechos Humanos que pareciera no mejorar, la Defensoría tendrá un cambio que impactará los procesos que se llevan desde esta entidad. Gestión que además ha llevado, como lo señala Gómez Rivas, “a que se haya convertido en el organismo que probablemente produce la mejor información sobre la situación de seguridad en el país porque tiene presencia en todo el territorio nacional. Es un cargo muy importante para Colombia”.


Así, vale la pena no dejar de lado, que las entidades estrechamente relacionadas con la veeduría de la situación de Derechos Humanos en el país, se han convertido en un botín para el gobierno de turno, en donde se puede destacar la elección de Francisco Barbosa en la Fiscalía, hecho atravesado por relaciones personales de Duque con el ahora fiscal, quien antes estuvo en la Alta Consejería para DDHH, puesto que luego entró a ocupar Nancy Patricia Gutiérrez, quien venía del Ministerio del Interior, en el que durante su gestión se conocieron los informes del personero de Puerto Rico, Caquetá sobre el reclutamiento de menores, tema en el que el Ministerio, como lo resalta Salinas, “no hizo nada por proteger los DDHH de esos menores. No obstante, pasó a Nancy a ese puesto en la Alta Consejería”.


De esto no se aleja que durante el periodo de Barbosa en su anterior puesto, se hizo un llamado de atención desde Dejusticia, pues Iván Duque había afirmado que durante su primer año en la presidencia había reducido un 35% el asesinato a lideresas y líderes sociales, esto supuestamente por medio del Plan de Acción Oportuna, mecanismo que, según el informe de Barbosa desde la Alta Consejería, había logrado dicha reducción. Desde la organización se aseveró que la afirmación era insostenible y que en ella había errores como la omisión de un análisis completo de la situación de seguridad de estas personas de forma amplia.


Esto lleva a concluir en el programa El Poder respecto a la elección de Defensor/a, que seguramente se siga esta forma de asignar puestos relacionados con temas de Derechos Humanos, donde, como lo indica Daniela Gómez, en este caso “ninguno tiene trayectoria en el tema de DDHH. Lo que resulta preocupante”, pero, además, siguiendo lo dicho por Salinas, hay un interés del Gobierno en que “las entidades de DDHH maquillen la situación en esta materia ante instancias internacionales, por lo que el Gobierno no se va a dejar arrancar ese cargo de la Defensoría”.

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