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La tierra prometida: la legalización de predios a cambio de votos en La Guajira

Por: Ernesto Medrano

Asistente de Investigación – Línea de Democracia y Gobernabilidad


En una de las zonas más olvidadas del país, en el departamento de La Guajira, se encuentra el municipio de Uribia, conocido como el municipio indígena de Colombia por albergar una extensa población wayúu en su territorio. Precisamente en este territorio de la Alta Guajira, en donde prima la pobreza, el hambre y la ausencia de servicios públicos, la clase política hace campaña, pero no proporciona nada a la comunidad.

Fuente: Caracol radio.


Resulta que Juan Loreto Gómez Soto y Carlos Trujillo, candidatos a Cámara de Representantes y Senado de la República por el Partido Conservador, estarían ofreciendo tierras a cambio de votos. Una apuesta bastante inusual en el juego electoral, si no fuera porque las tierras que están ofreciendo a cambio de votos no son de su propiedad.


De acuerdo con la Resolución 0225 del 2022, el predio denominado Flor del Campo pertenece a la alcaldía de Uribia desde el 25 de enero. El predio estaba en manos del Ministerio de Defensa, pero fue transferido a título gratuito a la alcaldía. Sin embargo, los políticos inescrupulosos del departamento no titubearon en aprovechar el reciente cambio sobre la titulación del predio para engañar a la población y buscar votos.


Resolución 0225 del 2022

Fuente: Ministerio de Defensa

Los candidatos conservadores Juan Loreto Gómez Soto y Carlos Andrés Trujillo no vieron ningún inconveniente en ofrecer escrituras públicas a los habitantes del sector Flor del Campo, a cambio de que los apoyen en las elecciones del 13 de marzo. Esto llama la atención porque el ofrecimiento se estaría haciendo a nombre de la alcaldía dirigida por Bonifacio Henríquez, aliado de Trujillo. Paradójicamente, desde la alcaldía no han dado una respuesta contundente sobre esta situación.


¿Quién es Carlos Trujillo?


Carlos Andrés Trujillo es un barón electoral que ha logrado expandirse dentro del Partido Conservador desde que fue alcalde de Itagüí entre el 2012 y el 2015, con 41.059 votos que representaron el 39,6% de los votos totales en el municipio. Tras su paso por la alcaldía, Trujillo logró poner como alcalde de Itagüí, para el periodo 2016 – 2019, al ex concejal León Mario Bedoya con 57.485 votos. Es importante precisar que Mario Bedoya obtuvo 1.798 votos para alcanzar la credencial como concejal de Itagüí por el Partido de la U. Esto quiere decir que Trujillo logró transferirle gran parte de su caudal electoral a Bedoya.


En 2018 Trujillo ya contaba con un importante poder no solo en Antioquia, sino al interior del directorio del Partido Conservador. Sus alianzas estratégicas lo ayudaron a obtener una curul en el Senado, con el aval del Partido Conservador, con 24.089 votos. Sin embargo, alrededor de Trujillo hay más sombras que luces, pues resulta que Trujillo tiene al menos 21 denuncias en la Fiscalía por delitos asociados a la corrupción y 7 procesos abiertos en la Corte Suprema de Justicia.


Así mismo, el Senador ha explotado su poder local repartiendo cargos burocráticos en las alcaldías que ha controlado. Desde el 2012, Trujillo ha logrado posicionar a sus amigos y familiares en cargos públicos al interior del municipio. Algunos de los funcionarios afines a Trujillo son: Daniel González Giraldo (Director de la Dirección Desarrollo Económico de Itagüí); Eliana María Arias Ramírez (Secretaria de Hacienda de Itagüí); Gloria Chávez (Secretaria General de la alcaldía); Rafael Otálvaro (Secretario de Seguridad); Wilfredo Madrigal Hoyos (Secretario de Infraestructura); Paula Andrea Trujillo (Asesora de la Personería Municipal); Natalia Trujillo (Asesora de la Secretaría de Hacienda) y Luz Adriana Henao (Equipo de comunicaciones de la alcaldía).

Todo queda en familia

Fuente: Departamento Administrativo de la Función pública

¿Quién es Juan Loreto Gómez?


Juan Loreto Gómez Soto es hijo de la representante a la cámara por el departamento de La Guajira, María Cristina ‘Tina’ Soto, quien se encuentra investigada por la Corte Suprema de Justicia por la presunta compra de votos en el municipio de Maicao para las elecciones legislativas del 2018. Así mismo, ‘Tina’ Soto pertenece al Clan Nueva Fuerza Guajira, liderado por el representante del Partido de la U, Alfredo Deluque Zuleta. A pesar de que fuentes en territorio afirman que hay divisiones entre ‘Tina’ Soto y Deluque, ella sigue perteneciendo al clan.


Como buen hijo, Juan Loreto busca heredar la curul de su madre para representar a todos los guajiros en la Cámara de Representantes. Sin embargo, las alianzas que ha establecido con Deluque y con Trujillo generan suspicacias sobre si realmente busca el bienestar de su comunidad o el beneficio propio.


Uribia: la ciudad indígena envuelta en la pobreza


Mientras todas las estrategias políticas cobran fuerza en el departamento, las condiciones de los ciudadanos no mejoran. De acuerdo con el Dane, La Guajira es el departamento con mayor pobreza monetaria y el cuarto departamento con mayor pobreza multidimensional, solo por debajo del Vichada, Guainía y Vaupés. Dentro de este departamento, Uribia y Manaure se sitúan como los municipios con el mayor porcentaje de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI. Así mismo, en Uribia la pobreza multidimensional alcanza el 92,2% (Cepal, 2018), y concentra el 41% de la población Wayúu del departamento.


Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Dane.

El pasado político de Uribia no es alentador, pues han tenido que soportar el dominio de la cacica electoral Cielo Redondo y Wilmer González. Redondo ha sido señalada de ser la jefa política de la estructura criminal de la alta guajira, comandada por alias ‘Pablo’. González por su parte, fue condenado a 10 años de cárcel por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, corrupción al elector, fraude procesal y falsedad en documento privado. Recientemente su condena fue reducida a 9 años de prisión y fue enviado a casa por cárcel.


Con todo este panorama, y a pesar de que la Procuraduría abrió indagación por las falsas promesas de Juan Loreto Gómez Soto y Carlos Trujillo, es preocupante que la clase política de La Guajira, que no ha logrado mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables, emplee maniobras aberrantes como el ofrecimiento de legalización de predios públicos a cambio de votos.