Por: Katerin Erazo, Periodista
En la región del Pacífico colombiano los grupos armados ilegales continúan generando caos y conflictos, lo que ha generado gran preocupación en las comunidades de los municipios de Nóvita y Sipí, ubicados en el departamento de Chocó. Estas comunidades se ven afectadas por los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo.
Desde el pasado 25 de febrero el ELN decretó un paro en la subregión del San Juan, que finaliza supuestamente hoy, 01 de marzo. Sin embargo, a causa de esto se han registrado hechos de confinamiento y desplazamiento masivo en las últimas semanas (Ver: Chocó una vez más bajo los efectos de la violencia).
Por esta razón, las autoridades están pidiendo una intervención urgente. Una de las áreas más afectadas es el sur del Chocó, donde la Defensoría del Pueblo solicitó medidas inmediatas por el confinamiento masivo de más de mil de personas.
Según explicó Tulio Hurtado, representante del consejo comunitario de Nóvita, en este territorio las personas no se han podido movilizar ni por tierra ni por los ríos, ya que temen sufrir represalias por parte de las estructuras ilegales.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, mencionó que la disputa por el control del territorio para actividades criminales ha dado lugar a un incremento de las violaciones a los derechos humanos en esta zona. El Defensor expresó su preocupación por la difícil situación humanitaria que enfrentan especialmente las comunidades de los municipios de Nóvita y Sipí.
A pesar de que las delegaciones del Gobierno Nacional y el ELN priorizaron la zona para los pilotos de alivio humanitario como parte de la construcción de la paz, los resultados no han sido satisfactorios para las poblaciones afectadas. Por el contrario, se agravó la situación, dado que las ayudas no han llegado satisfactoriamente, según comunicó la Defensoría del Pueblo. Además de esto, los habitantes están preocupados por el aumento de la instalación de trampas explosivas y extorsiones a los campesinos que transportan alimentos e insumos. (Ver: Caravana humanitaria del Gobierno y el ELN finalizó con éxito).
Francisco Daza, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), informó que durante este año se han registrado cinco incidentes relacionados con minas antipersona en Istmina, Chocó, así como doce homicidios, de los cuales cinco ocurrieron en Quibdó, tres en Istmina, uno en Tadó, uno en Riosucio, uno en Medio San Juan y otro en Carmen Del Darién.
Aunque el Clan del Golfo se encuentra en un cese al fuego acordado con el Gobierno, la Defensoría informó que sigue afectando la vida de la población civil, especialmente en el Cauca y zonas fronterizas. Motivo por el cual la Defensoría solicitó medidas urgentes de desescalamiento del conflicto y exhortó al Estado a tomar acciones para proteger y atender a las comunidades, así como para disuadir los riesgos existentes.
Otro de los llamados a parar estos hechos violentos lo hizo monseñor Héctor Fabio Henao, quien representa a la Iglesia católica en los diálogos con el ELN. Henao dijo al medio de comunicación Caracol Televisión que: “el llamado es a que se avance en los procesos de búsqueda de la paz con los distintos actores del territorio, porque la paz es el camino, es la salida para poner fin a esas confrontaciones y para que también cese la problemática humanitaria que se vive y la necesidad de que ahora se saque a la comunidad de las confrontaciones que hay en el territorio”.
Francisco Daza afirmó que los acuerdos de cese al fuego con el Estado no han resultado completamente efectivos, puesto que los grupos armados aún se enfrentan entre sí. Esta situación ha generado graves consecuencias para la población civil, la cual se ve atrapada en medio de los enfrentamientos y sufre confinamientos, homicidios y desplazamientos forzados.
Daza también explicó que existe una falta de claridad sobre el papel que debe desempeñar la Fuerza Pública en estas situaciones, debido a la ausencia de una política de seguridad y defensa definida en el marco de los acuerdos de cese al fuego bilaterales con los grupos armados. En consecuencia, el investigador señaló que existen limitaciones en cuanto a la capacidad de la Fuerza Pública para prevenir acciones como los paros armados, ya que esto debe hacerse sin necesidad de recurrir a enfrentamientos armados.
Por otra parte, el Sistema de Alertas Tempranas identificó un aumento en las violaciones a los derechos humanos en los últimos dos años, debido a la disputa entre grupos armados ilegales por el control, con el fin de llevar a cabo actividades criminales. Según la información más reciente, recopilada por la Regional Chocó y el SAT, este paro armado, el quinto registrado en el último año, afectó a 405 familias y 1.357 personas de las comunidades de Torrá, Cajón, Santa Bárbara (en el municipio de Nóvita) y las comunidades de Charco Largo, Barrancón y Charco Hondo (en el municipio de Sipí) (Ver: La grave situación humanitaria en el Chocó).
En un documento publicado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el 23 de diciembre de 2022, se indicó que desde inicios de ese mismo año, se registraron seis emergencias por el confinamiento de al menos 4.232 personas (917 familias) pertenecientes a 15 comunidades afrodescendientes e indígenas Emberá del municipio de Bojayá.
Situación que para ese entonces se daba por la “presencia de Grupos Armados No Estatales (GANE) en el territorio, el riesgo constante de enfrentamientos, las amenazas individuales y colectivas, la instalación de Minas Antipersonal (MAP), los casos de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes (NNA) y jóvenes, las Violencias Basadas en Género (VBG) hacia niñas y mujeres, desaparición forzada y restricciones de movilidad”.
Una gran incógnita que deja estos datos es el por qué aún continua el conflicto en el Chocó, a pesar de que esta población decidió darle un apoyo al Acuerdo de Paz, con 75.257 votos a favor, el cual fue liderado por el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santo en 2016.
Según datos sacados del informe del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), Chocó cuenta con una “ubicación geoestratégica del departamento y sus condiciones climáticas del mismo hacen que el cultivo de coca sea una problemática de hecho para la región (…) Sin embargo, esta ubicación estratégica del Chocó hace que los grupos armados ilegales usen los ríos, carreteras y la salida al mar para traficar y movilizar la coca producida en otras regiones del país”. Por esta razón, hay una fuerte disputa por los territorios entre los diferentes actores ilegales que hacen presencia en la zona, lo que sigue generando vulnerabilidad para la población civil (Ver: Drama de familias indígenas desplazadas en Chocó).
Francisco Daza, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, explicó que Chocó sigue experimentando conflictos por dos razones principales. En primer lugar, debido a la presencia de grupos armados, y en segundo lugar, debido a la falta de presencia del Estado para proteger los derechos fundamentales de la población civil. Esta ausencia del Estado permite a los grupos armados ejercer prácticas de control territorial y aprovecharse de la situación.
Finalmente, Daza afirmó que tanto el ELN como el Clan del Golfo han mantenido su presencia en esta región, pero debido al conflicto armado, el Clan del Golfo ha estado extendiendo su dominio territorial, descendiendo desde la zona de Urabá, donde han tenido una presencia destacada, y moviendo hacia el sur del departamento del Chocó al ELN.