Por: Julián Martínez Vallejo. Columnista Pares.
La semana pasada la Fiscalía radicó la solicitud de audiencia de preclusión de la investigación que se sigue contra el ex senador Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos, soborno y fraude procesal. Este proceso pasó al ente investigador en octubre del año pasado cuando el ex presidente renunció a su curul en el Senado cambiando a la Corte Suprema de Justicia como juez.
Este litigio tiene como víctima principal al senador Iván Cepeda Castro quien fue denunciado por Uribe en 2012 y 2014 por la conformación de una red de testigos en su contra que supuestamente ofrecía dádivas a ex paramilitares para vincular al ex presiente con grupos armados al margen de la ley. Cepeda fue declarado inocente por la Corte Suprema en febrero de 2018 y le abrió una investigación al entonces senador Uribe porque su defensa, encabezada por el abogado de narcotraficantes Diego Cadena, que estaba comprando testigos falsos era su defensa. Grabaciones reveladas por Daniel Coronell muestran que todo se hizo con el beneplácito de Uribe.
Uribe lleva casi dos décadas haciendo esta acusación a sus opositores políticos que investigan sus nexos con el narcoparamilitarismo pero siempre se descubre que el montaje proviene por parte de los intereses del ex presidente.
Documentos reservados de inteligencia ilegal del extinto DAS muestra que a Gustavo Petro siendo, representante a la Cámara, le ejecutaron el mismo montaje en septiembre de 2006, cuando el congresista comenzó a revelar su investigación sobre la ‘parapolítica’.
El memorando está rotulado como “reservado” y fue redactado en Bogotá por la subdirección de Análisis del DAS, durante la administración de Andrés Peñate, y tiene el título “Estrategia de Gustavo Petro para relacionar al presidente Álvaro Uribe con grupos paramilitares y de narcotráfico”.
El documento revela que el DAS sabía que Petro estaba investigando los vínculos del caballista Santiago Uribe Vélez con las estructuras del narcoparamilitarismo en Antioquia que años después llevó a la captura del hermano del hermano menor del ex presidente por la conformación del grupo delictivo “Los Doce Apóstoles”.
Este memorando fue enviado a la Casa de Nariño por medio del sistema valija -que consistía en llevar una maleta con la documentación de inteligencia ilegal recaudada por el DAS para que el presidente Uribe la leyera y tomara decisiones- y le decía a la Presidencia que las investigaciones contra los Uribe la Fiscalía las había archivado en 1996.
“El congresista denunciará el accionar de los paramilitares en la época que el actual presidente fue gobernador de Antioquia (1996-1998). En los debates deslegitimará las Cooperativas de Convivencias Comunitarias – CONVIVIR, buscará demostrar que las autodefensas fueron financiadas por políticos, ganaderos, dueños de fincas y comerciantes y cuestionará la supuesta indiferencia de la Policía Nacional y la Cuarta Brigada durante ese periodo, principalmente las bases militares ubicadas en los municipios de Caucasia y Tarazá”, reseñaron los detectives secretos con base en las ‘chuzadas’ a Petro.
Los documentos del DAS también revelan que el gobierno Uribe se propuso neutralizar a Petro manifestando en los medios de comunicación “a través de una campaña anticipada” que los órganos judiciales competentes ya se “han pronunciado a favor del presidente Álvaro Uribe sobre su gestión en la Gobernación de Antioquia”.
Otro memorando del 4 de mayo de 2007, prueba que Petro fue espiado en España durante una conferencia que dictó sobre derechos humanos. La policía secreta de la Presidencia plasmó en otro documento reservado que “el senador Petro, en el viaje que realiza a Europa, tomará contacto con alguna ONG para buscar un canal directo de comunicación con la Corte Penal Internacional, y así iniciar a enviar documentos que comprometan al presidente Uribe con los paramilitares. Dentro de un círculo cerrado del Polo, en forma muy reservada, se planea llevar al dr Uribe ante esa colectividad una vez termine su gobierno”. Este documento fue entregado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en 2007.
Toda la información que obtuvo el DAS sobre Petro se consiguió en el marco de una operación ilegal que llevó a la cárcel a dos directores del DAS (Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado) y al secretario general de la Presidencia Bernardo Moreno, entre otras dos docenas de ex servidores públicos que fueron condenados por estos delitos.
Esta semana se conoció que en el marco de estos operativos la familia del congresista fue víctima de estos hechos. Por eso las dos hijas del senador Petro serán indemnizadas por el Estado colombiano al encontrar responsables las conductas de Uribe en la violación de los derechos a la intimidad de la familia Petro.