Por: Isabela Puyana
Moises, un niño de 6 años y su mamá, Luz Angela Uriana, salieron de su casa que quedaba en el Resguardo Indigena Provincial, en la Guajira, en el Municipio Barrancas, cerca a la Mina del Cerrejón, por las condiciones del aire. El niño comenzó a presentar síntomas de ahogo y fiebres a causa del polvo del carbón, que según Luz Angela, ya eran insoportables.
Foto: Isabela Puyana- Comunidad Coushalapu, también afectada por la cercanía a la mina del Cerrejón
Hace unos años Luz Angela puso una demanda y obtuvo una victoria parcial. Los tribunales obligaron al Cerrejón a tomar más precauciones, aunque los Wayuu han considerado insuficientes dichas medidas: “ Nos preguntan cómo queremos que hagan la explotación, pero es como si te estuvieran preguntando, a qué hora quieres que te maten, el impacto en el aire y para nosotros va a ser el mismo sin importar el horario”.
Misael Socarras Ipuana, líder de la comunidad, amenazado porque, según él, “son muchos los que también trabajan y dependen de la empresa que aunque genera trabajo, también daña nuestro entorno”, afirma que los impactos de la minería a cielo abierto han dejado una huella en los ríos, esto, en una región en la que el agua es lo más escaso y en donde las cifras por desnutrición cada vez son más altas a causa de la escasez de este recurso.
Este es solo uno de los múltiples casos registrados de poblaciones afectadas por la explotación del carbón a cielo abierto en Colombia. Uno de los más notorios ocurrió en el 2010 cuando 1.100 habitantes debían ser reasentados a causa de afectaciones ambientales por una mina.
Esta es la población del Hatillo,a dos horas de Valledupar, Capital del Cesar. Este lugar que ahora lleva el nombre de una mina que según datos de la Agencia Nacional de Minería, produjo 3.025.662 toneladas de carbón en el 2018, solía ser una vereda campesina: “La vocación de la vereda era la pesquería y la cacería y se trabajaba en las fincas aledañas que se dedicaban al ganado. Era una comunidad cien por ciento campesina. Con la llegada de la minería, todo cambió”, le dijo Deiby Rojas, tesorera de la Junta de Acción Comunal local al medio Tierra de Resistentes.
Foto de el Heraldo/ Población del Hatillo
Al Hatillo llegó la minería desde 1997, aunque, según recuerdan los pobladores, comenzó a operar en el 2007. Con estos cambios también comenzaron los problemas de salud. Miriam Jaimes, conciliadora de la junta local, también declaró al mismo medio que las infecciones respiratorias en niños y adultos mayores y una peste que atacaba a los pocos animales de corral que podían criar, comenzaron a ser frecuentes.
Así fue como en mayo de 2010, el Ministerio de Ambiente concluyó que el incremento en las emisiones de material particulado, que resulta de la minería de carbón, “ha generado graves afectaciones a la salud y a la calidad de vida de los habitantes de los centros poblados ubicados en la zona de influencia de los proyectos mineros”.
Junto con ese diagnóstico se le ordenaba a las empresas mineras Prodeco, CNR, Drummond y Vale Coal de reasentar de inmediato a las poblaciones de Plan Bonito, Boquerón y El Hatillo.
Lo que vino a continuación fueron aplazamientos sobre las condiciones del reasentamiento, abandono a sus pobladores y amenazas a los líderes que terminaron en lo que hoy muchos prefieren no mencionar: el asesinato de Adelmar Parra García, un líder social que mataron en el 2017 y a quien comenzaron a sancionar desde el 2014 cuando buscaba concertar con las empresas mineras por la reubicación de sus vecinos.
Hoy La Defensoría del Pueblo alerta sobre la vulnerabilidad de 80 líderes sociales más de la región.
La finalidad principal que se le da a la extracción de este carbón en Colombia es para las termoeléctricas, que según las Naciones Unidas, la combustión del carbón es la principal causa del calentamiento global.
El caso de las termoeléctricas a base de carbón en Colombia:
Colombia cuenta con 14 unidades termoeléctricas a carbón ubicadas en La Guajira, Córdoba, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico (OCDE), la vida útil recomendada para una termoeléctrica a carbón es de 40 años. En Colombia, 9 de cada 14 unidades de Carbón activas, es decir el 64% tienen edades superiores a los 30 años. Las edades avanzadas de dichas termoeléctricas acarrean problemas como las altas inversiones en mantenimiento, baja eficiencia en la generación y un mayor grado de contaminación.
Según un estudio realizado por la Fundación Polen Transiciones Justas, La generación de electricidad a partir de carbón acarrea impactos negativos en el ambiente y en la salud de la población durante todas las etapas de su ciclo de vida: extracción, transporte, combustión, post combustión, que pueden causar enfermedades respiratorias y cardiovasculares relacionadas con emisiones particulares. La ceniza que es capturada a través de los sistemas de control de emisiones es almacenada en patios de cenizas que requieren de un continuo mantenimiento, de lo contrario, dada su alta solubilidad en el agua pueden contaminar ríos y otros cuerpos de agua.
¿Sigue teniendo sentido generar electricidad a carbón?
Teniendo en cuenta el aprovechamiento el mercado de la energía de la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (PCH), la eólica, la geotérmica, la solar y los mares en Colombia es bueno preguntarse si vale la pena que los usuarios paguen la termoeléctrica a carbón que es cada vez más costosa cuando existen formas estratégicas de destinar esos recursos para proveer una transición energética justa.
Según el último estudio Colombia tiene las condiciones para una transición planeada y justa de Polen Transiciones Justas, la Fundación asegura que sí se asume un precio competitivo en el mercado para la instalación de paneles fotovoltaicos de 1000 USD/kWp, los 23 billones de pesos que Colombia ha destinado en los últimos cinco años al CXC(El Cargo por confiabilidad, que es un mecanismo financiero cuya finalidad ha llevado a que todos los usuarios financiemos el carbón), serían equivalentes a instalar (5,75 GW) de arreglos solares fotovoltaicos. Esta capacidad instalada en energía solar se aproxima a la capacidad que el presidente Gustavo Petro manifestó como meta en techos solares (6GW) en el discurso de instalación del congreso el 20 de julio de 2023.
Según la hoja de ruta de la electricidad 100% renovable publicada por la Universidad Jorge Tadeo Lozano en el 2023 Colombia tiene un enorme potencial para alcanzar una matriz eléctrica renovable si se enfoca en lograr una alta penetración de energías alternativas de manera democrática y de dar uso estratégico a las hidroeléctricas de embalse para que se complementen y así se puedan cubrir los picos de demanda y reducir la dependencia en los combustibles fósiles.
Adicionalmente Colombia tiene una ventaja con la que no cuentan muchos países que iniciaron su transición energética y es la hidroelectricas de embalses ya construidas que pueden ofrecer flexibilidad a precios competitivos, algo que los fósiles no permiten.