Por: Katerin Erazo, Periodista
Foto tomada de:RCN
En un giro significativo para el proceso de paz en Colombia, la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió, el pasado jueves 2 de mayo, una orden histórica. Esta orden, dirigida a la Policía Nacional, Interpol, Dijín y la Registraduría Nacional, exige la eliminación de los antecedentes judiciales de 9,600 signatarios de paz de las extintas FARC-EP. Estas personas fueron beneficiarias de amnistías de iure concedidas mediante decretos de la Presidencia durante el mandato de Juan Manuel Santos, por delitos políticos cometidos en el contexto del conflicto armado.
Este acto, aunque técnico en su naturaleza, tiene profundas implicaciones para la reconciliación nacional y la reintegración efectiva de excombatientes a la sociedad civil. La medida busca concretar los efectos de los beneficios jurídicos otorgados a los firmantes de paz, asegurando su reintegración sin obstáculos a la vida cotidiana. Es importante resaltar que estos individuos, de acuerdo con la JEP, no tienen vínculos con crímenes de guerra o de lesa humanidad, siendo su compromiso exclusivamente político, enmarcado en los términos del Acuerdo de Paz.
El contexto de esta orden revela una compleja realidad post-conflicto en Colombia. A pesar de los avances en el proceso de paz, muchos exguerrilleros se enfrentan a barreras significativas para su reintegración social. Uno de los obstáculos más prominentes es la persistencia de sus antecedentes judiciales, que actúan como una marca indeleble impidiendo su plena participación en la sociedad civil. La eliminación de estos registros representa un paso crucial hacia la normalización de sus vidas, ofreciéndoles una segunda oportunidad libre de estigmas del pasado.
La magistrada de la SAI, Diana Vega Laguna, destacó la importancia de esta medida al subrayar que las amnistías de iure, originalmente concedidas en 2017, no habían sido completamente implementadas. Esto dejó a muchos excombatientes en un limbo legal, enfrentando dificultades para dejar atrás su pasado y avanzar hacia un futuro pacífico y productivo. La eliminación de sus antecedentes judiciales no solo les otorga un nuevo comienzo, sino que también restablece su dignidad y les brinda la oportunidad de construir vidas libres de la sombra del conflicto armado.
Sin embargo, esta decisión trasciende lo puramente legal. Refleja el compromiso de Colombia con la reconciliación y la construcción de una paz duradera. La eliminación de los antecedentes judiciales no solo beneficia a los exguerrilleros, sino que también contribuye a la reconciliación nacional al romper con el ciclo de estigmatización y exclusión que ha perpetuado décadas de conflicto armado. Al reconocer la capacidad de transformación y reinserción de los excombatientes, Colombia envía un mensaje poderoso al mundo sobre su compromiso con la justicia transicional y los derechos humanos.
Es importante tener en cuenta que las amnistías de iure se concedieron exclusivamente para delitos políticos, como rebelión y sedición, según lo establecido en la Ley 1820 de 2016. Esta ley, diseñada para facilitar la transición de los excombatientes a la vida civil, busca extinguir cualquier acción penal relacionada con estas conductas delictivas. Esto significa que los beneficiarios de estas amnistías no solo están exentos de sanciones penales, sino también de cualquier condena civil o indemnización.
Sin embargo, a pesar de estos avances legales, el proceso de reintegración sigue enfrentando desafíos significativos. La violencia persistente en algunas regiones del país ha puesto en peligro la seguridad de los excombatientes que buscan reintegrarse a la vida civil. Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, decenas de exguerrilleros han sido asesinados en los últimos años, lo que subraya la urgente necesidad de proteger a aquellos que han optado por el camino de la paz.
Alejandra Miller, directora general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ha expresado su preocupación por la lentitud de las investigaciones sobre estos crímenes. La impunidad prevaleciente no solo socava la confianza en el proceso de paz, sino que también pone en peligro la seguridad de los excombatientes y sus comunidades. Es fundamental que las autoridades colombianas redoblen sus esfuerzos para garantizar la protección y seguridad de aquellos que han optado por la vía del desarme y la reconciliación.
Además, esta decisión de la JEP ha sido recibida con críticas por parte del antiguo secretariado de las FARC, quienes han cuestionado la eficacia del tribunal especial y han expresado su preocupación por la falta de avances en las investigaciones de crímenes contra excombatientes. Estas críticas subrayan la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de garantizar la justicia transicional y la protección de los derechos humanos en Colombia.
La orden de la JEP de eliminar los antecedentes judiciales de los firmantes de paz de las FARC-EP podría estar marcandobh un hito en el camino hacia la reconciliación en Colombia. Esta medida no solo ofrece una oportunidad única para los excombatientes de dejar atrás su pasado y construir un futuro pacífico, sino que también refleja el compromiso del país con la justicia transicional y los derechos humanos. Sin embargo, para que este proceso sea verdaderamente exitoso, es fundamental que las autoridades colombianas continúen trabajando para garantizar la protección y seguridad de aquellos que han optado por la vía del desarme y la reconciliación.