Por: Jacob Garzón Guevara, línea de Paz Territorial y derechos humanos
Foto tomada de: El Tiempo
El pasado 19 de marzo, el presidente Gustavo Petro manifestó su interés en negociar con el Clan del Golfo, o recientemente autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), para la construcción de la Paz Total en nuestro país. El Clan aceptó la invitación del presidente, con la anotación que se les denomine grupo armado organizado con estatus político, contrario a la argumentación de Petro, de tacharlos como “traquetos”.[1]
Esta posible negociación conlleva un desafío gigante para el gobierno, en vista que el Clan del Golfo no acepta negociar si se utiliza el mecanismo de sometimiento a la justicia, a pesar de que el gobierno no cataloga al Clan como un grupo armado con estatus político. Por lo cual, el gobierno tendrá que reflexionar entre el dilema de seguirles la cuerda y otorgarles estatus político para dialogar sobre la base de una negociación política, o seguir con la misma argumentación, en tanto son una estructura criminal que se financia del crimen organizado transnacional y por ende negociar desde el sometimiento a la justicia.
Las implicaciones de una posible negociación política entre el Clan y el gobierno son bastante relevantes, ya que, si se utiliza el mecanismo de sometimiento a la justicia los beneficios son menores que en una negociación política, debido a que desde un eventual sometimiento a la justicia existen penas de entre 6 hasta 8 años de cárcel y 4 años de libertad condicional para aquellos cabecillas de alto rango responsables de delitos de lesa humanidad, adicional a esto, el Clan se sometería a entregar casi la totalidad de los bienes, quedándose con nada más que el 6%. En cambio, en una posible negociación política las penas, exigencias y beneficios se negociarían entre las dos partes, por medio de consensos y acuerdos.
La decisión de otorgarle estatus político el Clan del Golfo es de suma delicadeza, por las grandes diferencias que supone la elección de un mecanismo de negociación en específico. Frente a este debate, los profesores Reynell Badillo Sarmiento y Luis Fernando Trejos Rosero argumentan que al Clan del Golfo se le debería catalogar como un grupo armado politizado. Aun cuando la organización armada no nació con una clara intención política, con el tiempo se ha construido una ideología política que se caracteriza por justificar su existencia como una respuesta al sistema político.[2]
Esto se argumenta a partir que desde el 2013 se han distanciado de su influencia de las AUC, a nivel discursivo cambiaron el carácter anti insurgente y se proclaman como “un ejército que lucha por la reivindicación social y la dignidad de nuestro pueblo”[3], así mismo, el Clan habla de “combatir a grupos generadores de violencia y minimizar o neutralizar las acciones violentas de los grupos armados contra la población civil” [4]. Inclusive argumentan que se comprometen a respetar el DIH y no desplazar a la población civil.[5]
Sin embargo, distintas acciones armadas y sus métodos de financiamiento no corresponden con sus banderas políticas, el Clan del Golfo se ha consolidado como la estructura armada más poderosa del país, en la que cuentan con 9000 integrantes[6] y se le considera la organización criminal más rica de Colombia, debido a que, controlan gran parte de las zonas rurales en el golfo de Urabá, bajo cauca antioqueño y el caribe colombiano. La Defensoría del Pueblo estima que tienen presencia en más de 350 municipios,[7] también se deduce que manejan la mayor parte del narcotráfico, minería ilegal y supervisan un extenso tráfico de migrantes[8].
Es más, el Clan de Golfo implica un riesgo a la Paz Total, ya que sus constantes enfrentamientos con los distintos grupos armados como el ELN y el EMC acarrean una dificultad para la dejación de armas.[9]
Con base en esto, se puede inferir que el Clan ha instrumentalizado la discursividad política para conseguir reconocimiento y legitimidad que le otorgue un estatus político que pueda serle beneficioso ante eventuales negociaciones de paz, a pesar de que sus prácticas criminales contradicen constantemente los valores que afirman defender.[10]
En aras de la Paz Total, el gobierno tiene que actuar rápido, ya que este grupo armado supone una gran amenaza para varios sectores de la población y al propio Estado por su amplia presencia armada en el país, además que comprometen las políticas de paz con sus constantes enfrentamientos con otros grupos armado, en consecuencia el gobierno tendrá que resolver la encrucijada: ¿Será mejor ser pragmático y realizar una negociación política, o no otorgarle legitimidad al Clan del Golfo y seguir con el sometimiento a la justicia, a pesar de lo difícil que esto ha supuesto en el gobierno actual?
[1] https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/clan-del-golfo-o-agc-acepta-invitacion-de-presidente-petro-para-sentarse-a-una-negociacion-de-paz/
[2] (Badillo-Sarmiento y Trejos-Rosero, 2023, p. 329)
[3] (Badillo-Sarmiento y Trejos-Rosero, 2023, p. 335)
[4] (Badillo-Sarmiento y Trejos-Rosero, 2023, p. 336)
[5] (Badillo-Sarmiento y Trejos-Rosero, 2023, p. 337)
[6] “La incógnita de la “paz total”: qué hacer con los gaitanistas”, p. 4
[7] https://www.defensoria.gov.co/-/la-expansión-y-consolidación-de-los-grupos-armados-ilegales-son-la-principal-amenaza-para-el-país
[8] “La incógnita de la “paz total”: qué hacer con los gaitanistas”, p. 4
[9] “La incógnita de la “paz total”: qué hacer con los gaitanistas”, p. 4
[10] (Badillo-Sarmiento y Trejos-Rosero, 2023, p. 330-331)