Por: Katerin Erazo, Periodista
Aunque han pasado ya cuatro meses desde la aprobación de la Ley de Paz Total, el componente de sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales sigue generando desacuerdos. El proyecto de ley de sometimiento presentado ante el Consejo Superior de Política Criminal el pasado 15 de febrero, ha recibido diversas críticas (Ver: Ley de sometimiento: malestares y posibilidades).
Este proyecto está compuesto de 20 páginas y 54 artículos, está dirigido especialmente a las bandas criminales que no tienen origen político y cuyas actividades están centradas en la comisión de delitos como el narcotráfico y la extorsión.
La Procuradora General, Margarita Cabello, expresó su desacuerdo con este proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales en un concepto entregado a la Comisión Nacional de Política Criminal. Según la Procuradora, hay siete puntos que no están claros en el documento que será discutido en el Congreso de la República, y considera que deben revisarse antes de que inicie el trámite en el poder Legislativo.
Entre las preocupaciones mencionadas, se encuentran la falta de claridad en el problema que se piensa abordar y solucionar con la aprobación de la ley, así como el presupuesto disponible que se destinará para el sometimiento. También se cuestiona qué grupos se someterán a la justicia y la importancia de que los integrantes de las bandas aporten verdad plena sobre hechos cometidos en el marco de sus actividades ilegales.
Además, pide que se aclare si los bienes en posesión del Estado por concepto de extinción de dominio serán contemplados como beneficios económicos para quienes se sometan y se exigen estándares y estrategias para garantizar una reparación adecuada a las víctimas. Por último, se expresa la preocupación de que se pueda dar un tratamiento penal diferente a los sometidos, lo que podría traducirse en beneficios judiciales.
El Fiscal General, Francisco Barbosa, también ha manifestado preocupación frente a esta ley y afirmó que su objetivo es evitar que el narcotráfico se incluya en el proyecto de ley. Barbosa mencionó que se deben eliminar algunos artículos que plantean la suspensión de la ejecución de penas a conductas como la de pequeños cultivadores y afirmó que busca el sometimiento de las bandas ante la justicia en lugar de a una unidad especial dentro del organismo.
Por esta misma línea, el presidente del Congreso, Roy Barreras, pidió al Gobierno que suspenda cualquier diálogo con grupos criminales y narcotraficantes, ya que estos grupos solo tienen un camino, someterse a la justicia, y no pueden recibir beneficios especiales como las FARC.
Por tal motivo propuso que los narcos se sometan a la justicia ordinaria y paguen penas efectivas en la cárcel, Barreras explicó que esta la Ley de Sometimiento se encuentra en trámite y, una vez aprobada, los narcos podrán someterse a ella o ser sometidos por el Estado.
“Para que una negociación de paz sea posible, se necesita un Estado fuerte, legítimo, capaz de imponer el Estado de derecho en las mesas de negociación y, para empezar, con los narcotraficantes no se negocia nada y mucho menos la ley”, agregó Barreras en el medio de comunicación Blu Radio.
Mauricio Valencia, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), sugiere que es importante analizar si el diálogo con narcotraficantes podría detener la violencia y contribuir a alcanzar la Paz Total que se busca.
Sin embargo, Valencia enfatizó que no hay ninguna posibilidad de establecer una negociación política con los narcotraficantes, ya que su accionar no tiene relación con un propósito rebelde, que es el requisito fundamental para negociar con grupos armados. A pesar de ello, es posible ofrecer soluciones que generen un alivio humanitario en los territorios, que es precisamente lo que se busca con la Ley de Sometimiento.
El investigador afirmó que otorgar un reconocimiento político a los narcotraficantes sería "complicado". Según Valencia, si los narcotraficantes desean contribuir a la paz, tendrán que hacerlo a través de la justicia ordinaria, en lugar de recurrir a mecanismos de justicia transicional o negociación política.
Por otro lado, el exfiscal general, Néstor Humberto Martínez, ha expresado su descontento con el proyecto de ley de sometimiento, argumentando que permitiría "lavar" hasta el 6% de los bienes adquiridos por estructuras ilegales, lo que podría resultar en el blanqueo de grandes sumas de dinero provenientes de actividades ilegales como el secuestro, el narcotráfico, la minería ilegal y el concierto para delinquir. Según Martínez, esto es inaceptable y lo considera inconstitucional.
Miembros del Clan del Golfo también expresaron desacuerdos por medio de Ricardo Giraldo, abogado de esta estructura que fue contratado para representar al grupo en posibles negociaciones con el Gobierno en el contexto de un acuerdo de paz integral. Giraldo afirmó que la organización ilegal está en desacuerdo con la propuesta de ley de sometimiento, argumentando que dicha ley no es aplicable a un grupo armado como El Estado Mayor de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ya que este grupo ilegal busca ser reconocido como actor del conflicto armado interno y desea diferenciarse de otras organizaciones criminales.
Según Giraldo, el proyecto de ley "no sirve", ya que jurídicamente no se puede mezclar a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, una estructura con una organización militar compuesta por alrededor de nueve mil hombres en armas, con estructuras de la delincuencia organizada o llamadas GDO. Además, considera que si se analiza detalladamente la ley de sujeción, no cree que haya una sola persona que se someta a sus requisitos.
Finalmente, se conoció que Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, envió una carta al presidente Gustavo Petro pidiendo negociación política con el Clan del Golfo y discutir el tema de la extradición en la Ley de Sometimiento. Mancuso también lanzó críticas al Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, acusándolo de actuar de manera ideologizada y de desconocer la historia y el carácter político de las Autodefensas.
“A propósito del proyecto de Ley de Sometimiento presentado por el Gobierno Nacional para trámite parlamentario y, en general, sobre el carácter y las rutas para lograr lo que el gobierno denomina Paz Total, solicito muy respetuosamente a los 16 representantes a la Cámara escogidos para liderar la agenda de paz y de víctimas que, en el marco de sus competencias y compromiso con la paz de Colombia, convoquen a una audiencia pública en el Congreso de la República para que quienes participamos en negociaciones con el Estado con ocasión del conflicto armado y político colombiano, con el fin de formular nuestras reflexiones, sugerencias y perspectivas, para que conozcan de los aciertos y fracasos en los procesos de paz que han llevado a la prolongación y persistencia de la violencia", indica en el comunicado.
Mauricio Valencia, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, argumentó que la solicitud de Mancuso no es sorprendente, considerando que él formó parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El investigador nacional mencionó que es poco probable que el Clan del Golfo sea reconocido como un grupo político debido a las posibles complicaciones que esto podría generar, especialmente porque el Gobierno ya ha reconocido al ELN en el pasado. Esto podría causar problemas adicionales para el Gobierno si reconociera a este grupo con carácter político.
Finalmente, señaló que existen ciertos aspectos de la ley de sometimiento que aún no están del todo claros, siendo uno de ellos la falta de claridad sobre los mecanismos para las penas alternativas (Ver: Novedades, debilidades y retos: un análisis del proyecto de ley de sometimiento a la justicia).