Por: Laura Bonilla
El propósito de un proceso de paz no puede ser simplemente alcanzar un cese al fuego entre las partes como objetivo último del mismo, especialmente en conflictos armados tan largos como el colombiano. El video del 14 de abril de Iván Mordisco parece no entender eso, y por eso utiliza las peticiones de alivio y paz de varias asociaciones municipales y organizaciones indígenas para presionar nuevamente un cese al fuego.
Finalizando la semana, el video se siente como un baldado de agua fría, después de varios días de una escalada violenta en el departamento del Cauca, donde muchas personas han sido desplazadas, asesinadas y otras confinadas. Efectivamente, la guerra en ese departamento ha tenido gravísimas afectaciones. Pero el video, al pedir (o exigir) la restauración del cese al fuego transmite mensajes muy contradictorios. Por un lado, es un cese al fuego de conveniencia única, ya que en todos los municipios donde este grupo tiene presencia, la única violencia que cesó fue la del grupo contra la Fuerza Pública. Su interpretación muy precaria del Derecho Internacional Humanitario hizo que se olvidaran por completo de la distinción entre civiles y combatientes.
Los repertorios de violencia son fundamentales para entender lo que sucede, y la totalidad de los grupos del EMC que hacen presencia en el Cauca utilizan su poder destructivo principalmente para presionar a la representación local, es decir, miembros de Juntas de Acción Comunal y principalmente autoridades indígenas, especialmente contra el CRIC. Sí, también dedican una porción de su tiempo a proteger, y en ocasiones a forzar, cultivos de coca y también algunas zonas de marihuana de formas mucho más violentas que en el pasado. Ejercen presencia militar, deciden quién entra y sale de un territorio y realizan censos de población. Reclutan masivamente niños, niñas y jóvenes, lo cual genera una de las mayores tensiones con las comunidades indígenas. Y en sus zonas de presencia todos pagan. Todos los negocios, pequeños o grandes, deben aportar. Eso, en esencia, es lo que en el día a día se conoce como control territorial.
Así, en términos reales, no puede haber una disminución significativa del impacto humanitario del cese al fuego entre el Estado y el EMC, porque no era el enfrentamiento entre estos dos grupos lo que causaba el mayor daño, en primer lugar, y en segundo lugar, porque el grupo se unificó en uno solo para poder negociar con el gobierno. Nunca estuvo en su agenda la confrontación o el desafío armado al Estado. Lo que sí estaba era el control territorial, que no requiere que la violencia se enfoque en combates, ataques a la fuerza pública, ataques a la infraestructura y similares, sino en controlar a las personas dentro de un lugar. Por eso, la mayor parte de la violencia es homicidio selectivo y directo contra aquellas personas con cualquier liderazgo que se les oponga o los contradiga.
Además de lo anterior, el gobierno tendrá que pensar no en una, sino en varias mesas y delegaciones, porque este grupo ya no está unificado. De hecho, no tienen un ideario común que se pueda poner en una mesa de negociación de la misma forma que lo hacían las extintas FARC o lo hace el ELN. Y en cierta medida, este ciclo de guerra adquiere cada vez más esas características en todas partes.
Retomar un cese al fuego con ellos, especialmente en Cauca y Nariño, va a requerir mucho más que una simple declaración. La oferta que hoy tiene la sociedad caucana y nacional de alivio y reducción de la violencia es insuficiente, por lo que convertir el cese al fuego en el objetivo principal de las mesas de negociación es un grave error. Si lo que quieren es salvar el proceso de diálogo, en lugar de hacer tales exigencias, deberían reflexionar mejor sobre su oferta. Como por ejemplo dejar de matar a quiénes dice representar.