Por: Katerin Erazo, Periodista
Foto tomada de: aa.com
La semana pasada, el anuncio del ELN sobre el fin del paro armado en varios municipios del departamento del Chocó, en el litoral Pacífico, generó un breve respiro en la región. Sin embargo, la calma fue efímera, pues nuevamente el territorio se encuentra sumido en la parálisis debido a los combates que enfrentan los subversivos contra el Clan del Golfo, también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Según informes del medio de comunicación La W Radio, los enfrentamientos han llevado al ELN a anunciar restricciones al transporte fluvial en los ríos Sipí, San Jorge y San Juan, así como en sus afluentes. En un comunicado emitido por la guerrilla, se exhorta a la población a abstenerse de movilizarse ante la continuación de los combates.
La Defensoría del Pueblo ha denunciado el recrudecimiento de la violencia armada entre estas organizaciones criminales, lo que ha resultado en el confinamiento forzado de las poblaciones de Istmina, Sipí, Litoral del San Juan, Nóvita y Medio San Juan. Esta situación crítica ha impedido el transporte de ayuda humanitaria a los habitantes de estas zonas, poniendo en riesgo su seguridad y sus derechos fundamentales.
"La situación es tan grave que no podemos llevar ayuda humanitaria a quienes la necesitan desesperadamente", expresó Elizabeth Moreno, miembro del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fischetnico), en una entrevista para Noticias RCN.
Ante esta crisis humanitaria, la Defensoría del Pueblo ha instado al Gobierno Nacional a tomar medidas para proteger a los civiles y garantizar el acceso de la ayuda humanitaria a las zonas afectadas. Asimismo, ha llamado a los cuerpos de seguridad del Estado a proporcionar las garantías necesarias para que la población pueda realizar sus actividades diarias en un entorno seguro.
Mientras tanto, miembros de la delegación de paz del Gobierno Nacional se desplazaron a Quibdó, el fin de semana, para atender a los gobernantes y líderes en la zona del San Juan, en respuesta al confinamiento de la comunidad causado por el paro armado del ELN. La medida, que inicialmente estaba programada del 10 al 14 de febrero, dejó más de 27,000 personas confinadas en el sur del departamento.
En la reunión, la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, destacó la necesidad de ampliar el cese al fuego para incluir a la población civil y abordar las causas subyacentes del conflicto. "El cese al fuego debe extenderse para proteger los derechos humanos de las comunidades y los individuos afectados por el conflicto", afirmó.
Por su parte, la Delegación de Gobierno en la Mesa de Diálogos con el ELN subrayó la importancia de abordar la situación de seguridad en el Chocó como uno de los temas prioritarios en las conversaciones de paz. Se comprometieron a trabajar con las comunidades para superar las violencias y buscar soluciones a largo plazo.
Sin embargo, la situación en el Chocó continúa siendo alarmante, especialmente para las comunidades indígenas que enfrentan un riesgo inminente de desplazamiento forzado debido a los combates entre el ELN y el Clan del Golfo. La Organización Autoridades Indígenas de Colombia Gobierno Mayor ha enviado una alerta urgente, instando al Gobierno Nacional a tomar medidas para proteger la vida e integridad de estas comunidades y proporcionar la ayuda humanitaria necesaria.
En medio de este contexto de violencia y desplazamiento, es evidente que se necesita una acción urgente y coordinada por parte del Gobierno Nacional, las autoridades locales y la comunidad internacional para proteger a las poblaciones afectadas y buscar una solución pacífica y duradera al conflicto en el Chocó. La voz de las comunidades afectadas clama por ayuda, mientras que el destino de miles de personas queda en vilo en medio de la violencia y la incertidumbre.