Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
Este miércoles, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal aseguraron que las víctimas de la retoma del Palacio de Justicia en 1985 no fueron desaparecidas forzosamente por parte del Ejército. Con ese argumento el Estado pretende responderle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó a Colombia hace cinco años por este operativo militar.
Hace 34 años el centro de Bogotá ardía en llamas. La exguerrilla urbana del M-19 ingresó al Palacio de Justicia, ubicado en la Plaza de Bolívar donde se concentra el centro del poder en Colombia, para hacerle un llamado al gobierno del expresidente Belisario Betancourt, quien aparentemente había incumplido unos acuerdos pactados un año atrás con dicho grupo.
Según las pesquisas, un comando de la estructura subversiva ingresó al medio día al recinto y se tomó el Palacio con alrededor de 300 personas, entre magistrados, funcionarios públicos y visitantes. Sin embargo, todo viró hacia lo peor; tan pronto el gobierno tuvo conocimiento de la retención, dio la orden de hostigar a los subversivos, y horas más tarde ingresó una tanqueta por la puerta principal y un helicóptero dejó a varios uniformados por la parte alta del edificio, lo que se conoció como la retoma del Palacio.
Luego del fuego cruzado, decenas de personas quedaron heridas, otras fueron asesinadas y otras salieron vivas, pero la sospechosa forma de actuar de las Fuerzas Militares abrió toda la ventana para las posteriores investigaciones y condenas al Estado colombiano.
En 2014 la CIDH condenó a la nación y declaró este episodio como un crimen de Estado y principal responsable del asesinato y desaparición de once (11) personas que salieron con vida del recinto y años más tarde aparecieron en fosas.
Sin embargo, para infortunio de los familiares de los desaparecidos, esta nueva línea de investigación desconoce la larga lucha por los derechos humanos. Según el fiscal encargado de este caso, Jorge Sarmiento, “los hallazgos que Medicina Legal junto con la Fiscalía han alcanzado estos últimos cinco (5) años nos permiten afirmar que no fueron casos de desapariciones forzadas”.
Esto quiere decir que “fueron casos de malas identificaciones, es decir, estas once (11) personas que supuestamente habían sido desaparecidas realmente habían sido mal entregadas o mal identificadas”, agregó.
“Es una campaña mediática”
Rafael Barrios, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y defensor de las víctimas de la toma del Palacio de Justicia, habló con la Fundación Paz y Reconciliación-Pares sobre este nuevo episodio que victimiza y les da la espalda a los familiares de los desaparecidos.
Esta es “una campaña mediática como se hizo con las falsas víctimas de Mapiripán. Jurídicamente eso no tiene ningún fundamento; los jueces colombianos de primera instancia, el tribunal de segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia, han dicho que sí hay desaparecidos”, expresó el abogado.
Además, la CIDH lo ha dejado en firme y en ese sentido esto es puramente mediático. Según el jurista, el hecho de que aparezcan unos cadáveres, y que estén mal enterrados no borra el delito de la desaparición forzada, y en ese sentido también habrá que contrarrestarlo de manera mediática.
“La Fiscalía veía planteando esa hipótesis cuando se entregaron los restos de Ana Rosa Castiblanco -una de las mujeres desaparecidas y quien trabajaba en la cafetería del Palacio- en la Plaza de Bolívar”, apuntó Barrios.
En ese momento, el fiscal expresó que ahí no había desaparición forzada, puesto que estaban los restos. Sin embargo, el hecho de que aparezcan los restos del cuerpo no es causalidad de que no se hubiera cometido el delito de desaparición.
Por su parte, los militares acusados por este delito han defendido su posición de que ni en el Palacio, ni fuera de él se cometieron malos tratos en contra de los funcionarios públicos, tanto así que en un principio uno de los más representativos, el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega fue absuelto, tras pagar una condena de ocho (8) años en prisión.
Según el abogado, este caso se ha querido desacreditar desde tiempo atrás, y esto se demuestra en opiniones como las de Plazas en las que ha asegurado que solamente hay una única desaparecida.
Negacionismo del Estado
De acuerdo con Barrios, el nuevo gobierno firmó una carta hace unos meses con otros cuatro países para debilitar el sistema Interamericano de derechos humanos, entonces le están apostando a eso. “Y va en esa dirección el mensaje del negacionismo, esto es lo mismo que las falsas víctimas de Mapirirán: hacer creer que son falsas víctimas”, agregó.
Por su parte, expresó una gran preocupación por los ciudadanos y ciudadanas de a pie: ¿qué se estará preguntando la gente? ¿esto no existió?. Entonces el Estado le apunta a eso, al negacionismo y ahora lo grave es que es la misma Fiscalía que se está llevando por delante a los jueces. “Es esa fiscalía que hoy está entregada a Uribe”, sentenció.
En definitiva, para las víctimas y los familiares esta es una campaña de negacionismo para confundir a la opinión pública, y asimismo, un cálculo político a varias bandas.