Por: Juan Camilo Rodríguez Guerra. Investigador Pares.
Dos años después de la posesión del presidente Iván Duque no ha sido expedida la política pública del PAO o Plan de Acción Oportuna, estrategia del gobierno para prevenir y proteger a líderes, lideresas y personas defensoras de DD.HH. de la violencia selectiva que les afecta.
El PAO, criticado por reemplazar el programa del gobierno Santos para la seguridad y protección de comunidades y organizaciones en los territorios —que se derivaba del Acuerdo de Paz y que, por tanto, es vinculante constitucionalmente—, reduce sus estrategias a la lucha visceral contra el narcotráfico, lo que, paradójicamente, pone en mayor riesgo a corto y mediano plazo a esta población.
Evidencia de este enfoque fueron las palabras de Iván Duque sobre la masacre en Samaniego (Nariño), en la que fueron asesinados ocho jóvenes: “quiero hablarle al país con mucha claridad, estos hechos están ocurriendo por el narcotráfico, por la presencia de grupos que quieren llenar de actividades ilícitas muchos lugares del territorio […]”.
Si bien la persistencia de economías criminales es un factor de riesgo para las personas que trabajan por el bienestar de las comunidades y de la Tierra, la lucha contra estas debe superar el enfoque de confrontación armada y reconocer los factores de desigualdad que las generan y que incitan la violencia contra líderes y lideresas. El espíritu del Acuerdo de Paz es el enfoque de seguridad humana y ese debe ser el espíritu de su implementación integral.
La seguridad en las regiones
Son varios los errores del PAO que han imposibilitado la reducción de la violencia letal en el gobierno Duque. El primero es entender la seguridad desde una perspectiva estrictamente militar, ya que esto implica que el copamiento del Ejército es el único camino para detener la violencia en las regiones. Este planteamiento no construye garantías para el ejercicio de la defensa de DD.HH. y, por el contrario, arrecia las confrontaciones entre un bando y otro, lo que aumenta las victimizaciones contra la población civil.
El PAO parece una política de protección subordinada a la política de defensa, lo que es muy preocupante en momentos en los que los asesinatos selectivos no dejan de aumentar contra líderes, lideresas y personas defensoras de DD.HH. Imágen:Pares.
Según lo observado por Somos Defensores, “es común ver militares y exmilitares al frente de las reuniones, las convocatorias y asesorando el Plan en los territorios”, lo que demuestra una militarización de la política de protección. Al respecto MinInterior respondió a Pares, mediante derecho de petición, que todas las acciones que se realizan mediante el PAO “están en consonancia con esta estrategia gubernamental, la cual busca combatir los factores generadores de riesgo, como lo son: la disputa territorial por parte de grupos armados organizados o de grupos delincuenciales que ejercen las actividades de narcotráfico, extracción ilícita de yacimientos mineros, entre otras”.
El PAO parece una política de protección subordinada a la política de defensa, lo que es muy preocupante en momentos en los que los asesinatos selectivos no dejan de aumentar contra líderes, lideresas y personas defensoras de DD.HH.
El segundo error es el rechazo de la participación de sociedad civil en la toma de decisiones sobre el PAO, que se ve aún más truncada por la emergencia sanitaria. Solo tres meses después de la posesión del presidente Duque, él creó la Comisión para el Plan de Acción Oportuna, cuya función es sustituir la ya creada Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) a principios de 2017.
La diferencia entre la primera y la segunda es la composición de sus miembros. La única diferencia es que la comisión actual excluye a los cinco expertos en DD.HH. que habían sido elegidos de la sociedad civil: “tres a título de expertos, nombrados por consenso del Gobierno y la Farc, y dos en representación de plataformas de derechos humanos” (Gallón, G., 2018)
Por si fuera poco, para la construcción de la política pública se esperaba socializar el documento insumo con distintas comunidades y organizaciones del territorio nacional. Esta fase empezó en el segundo semestre de 2019 y se realizaron siete talleres. Los demás estaban proyectados para 2020 pero, por la pandemia, solo se realizaron dos: uno en Cali y otro en Medellín. No hubo plan B para realizar los talleres por vías virtuales o por lo menos para consensuarlo con las personas que participarían en esos talleres, lo que demuestra el poco interés por escuchar y recoger las experiencias y saberes de la población sujeta de especial protección.
Todo parece indicar que la política pública para la seguridad y protección de líderes, lideresas y personas defensoras de DD.HH. saldrá con o sin la aprobación de esta población y bajo la perspectiva limitada de la seguridad militar y policiva. Imágen.Pares.
El tercer error es la actitud del gobierno para recibir recomendaciones por parte de expertos en el tema. Ya en marzo de 2020 el relator especial para la ONU, Michael Forst, entregó un informe en el que concluye que Colombia es el país más peligroso para personas defensoras de DD.HH. en América Latina, siendo el que concentra más asesinatos selectivos. También concluye que el peligro existe por la acción de organizaciones no-estatales (como los grupos armados) pero también por acciones estatales y de empresas nacionales y transnacionales.
El gobierno no tardó en responder por medio de la canciller, Claudia Blum, que el informe no es objetivo ni integral en temas como:
“la supuesta criminalización estatal de los defensores de DD.HH. en Colombia, acusación inadmisible que desconoce nuestras garantías […]; las versiones sobre empresas estatales y privadas que presuntamente intimidan, criminalizan o estigmatizan a defensores y la supuesta connivencia de cuerpos de seguridad estatales con grupos ilegales: acusaciones graves que se lanzan sin sustento […]”.
Este video, colgado en el Twitter oficial de la Cancillería muestra el nulo interés del gobierno por escuchar investigaciones que no aplaudan su labor así vengan de organismos internacionales y legítimos como la Organización de Naciones Unidas:
Todo parece indicar que la política pública para la seguridad y protección de líderes, lideresas y personas defensoras de DD.HH. saldrá con o sin la aprobación de esta población y bajo la perspectiva limitada de la seguridad militar y policiva.
Empezando de cero la política de protección
En el documento titulado Plan de Acción Oportuna de prevención y protección para los defensores de Derechos Humanos, líderes sociales, comunales y periodistas publicado a finales de 2018 por el Ministerio de Interior, el gobierno comunica las razones por las que es necesario un proceso de «articulación y reingeniería institucional» para dar respuesta a la situación de violencia contra líderes, lideresas, defensores y defensoras de DD.HH.
Se explica que, entre 1997 hasta la actualidad, “se identifica la existencia de catorce cuerpos normativos del derecho interno en rango de leyes nacionales y decretos ley que regulan los temas de prevención y protección ante situaciones de violación de derechos humanos (…)” (MinInterior, 2018, p. 19).
Llama la atención que, dentro de los catorce cuerpos normativos, se citan ocho leyes, decretos o actos legislativos expedidos después de la firma del Acuerdo de paz. Entre ellos se encuentra el Decreto 660 de 2018, cuyo fin fue crear y reglamentar el Programa propuesto en el Acuerdo —y que, por tanto, que hace parte de la Constitución Política— para la seguridad y protección de comunidades y organizaciones en los territorios.
Según el documento, debido a toda esa cantidad de cuerpos normativos “se evidencia la urgencia de articular los esfuerzos institucionales, optimizando los recursos disponibles y mejorando la efectividad de los mecanismos implementados” (MinInterior, 2018, p. 22). Es inquietante que, a pesar de que el Decreto 660 fue expedido en abril de 2018, siete meses después el gobierno Duque tuviera tanta claridad de su ineficacia y también del supuesto despilfarro de recursos. El documento aparenta la intención de reducir los recursos destinados para la seguridad y protección de esta población a pesar del aumento significativo de violencia selectiva en su contra.
A finales de 2019, el Gobierno Nacional anunció que la política pública sería adoptada en agosto de 2020. Hoy no se conoce el estado de avance. Lo que resulta claro es que el proceso de formulación de esta no fue suficientemente socializado ni debatido con la población objeto de protección.
Teniendo en cuenta que los talleres de participación solo se realizaron en un semestre y que en 2020 no se realizaron —por lo que no quedaron suspendidos sino cancelados—, se materializan las dudas sobre la exclusión de la sociedad civil en la Política de protección a líderes, lideresas, defensores y defensoras de DD.HH. y pone en tela de juicio que el proceso cumpla con lo pactado en los Acuerdos de Paz.