Por: Katerin Erazo, Periodista
En el complejo entramado de las disidencias de las FARC, el frente Dagoberto Ramos emerge como una fuerza desafiante y despiadada. Conocidos por su violencia desmedida, este grupo ha sido la pesadilla de las comunidades en varios municipios clave del país.
Desde los primeros intentos de alcanzar la paz, el frente Dagoberto Ramos se ha negado obstinadamente a poner fin a sus acciones terroristas contra la población civil. Compuesto por exmiembros del antiguo sexto frente de las FARC, junto con las columnas Gabriel Galvis y Jacobo Arenas.
Según la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el frente Dagoberto Ramos ha consolidado su presencia principalmente en el departamento del Huila. Se ha observado un aumento significativo en su capacidad de acción, como indica el registro de incidentes en los municipios de Neiva, Campo Alegre, La Argentina, La Plata, Natagá y Tesalia.
Su modus operandi es tan brutal como efectivo: ráfagas de fusil, secuestros, asesinatos públicos y torturas son moneda corriente en su accionar. En palabras de un habitante local, las conversaciones con ellos giran exclusivamente en torno a la violencia, mientras que las palabras de conciliación o negociación son ajenas a su vocabulario.
El frente Dagoberto Ramos ha dejado una estela de violencia a su paso. A pesar de los intentos por establecer ceses al fuego, sus acciones solo se han intensificado. Tras la muerte de cuatro menores en Putumayo en mayo de 2023, se desató una ola de violencia que incluyó secuestros, asesinatos y la instalación de carros bomba en varios municipios.
¿Cuál es su objetivo principal?: Proteger y controlar los vastos campos de cultivos ilícitos, así como supervisar la producción de drogas en laboratorios clandestinos. Además, reclutan a menores en los resguardos indígenas bajo su control, perpetuando así su ciclo de violencia y reclutamiento forzado.
La reciente muerte de la líder indígena Carmelina Yule en Toribío, Cauca, quien intentaba rescatar a un menor reclutado por el grupo, fue el detonante para que el presidente Gustavo Petro levantara el cese al fuego en varias regiones clave.
En cuanto a su liderazgo, las autoridades identifican a Wilmar Pazu Rivera, alias Cholinga, como el principal cabecilla, quien está implicado en delitos como extorsión, porte de armas y reclutamiento de menores, seguido de cerca por alias Fito y alias Maicol, quienes controlan zonas específicas y son responsables del reclutamiento y la seguridad de los cargamentos.
Con más de 245 miembros armados y una red de apoyo que supera los 100 colaboradores, el frente Dagoberto Ramos se ha convertido en un objetivo prioritario para las autoridades. El ministro de Defensa ha ofrecido una recompensa sustancial para quien brinde información que conduzca a la captura de estos delincuentes, en un esfuerzo por poner fin a su reinado de terror.
El frente Dagoberto Ramos ha estado involucrado en disputas no solo con otros actores armados, como el ELN, sino también con fuerzas estatales. Como parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas, la estructura opera en el suroccidente del país, abarcando regiones como Valle del Cauca, Cauca, Huila, Tolima y Nariño. Los enfrentamientos históricos con el ELN han tenido lugar principalmente en los municipios de Florida y Pradera en el Valle, así como en el norte del Cauca, incluyendo localidades como Silvia, Toribío, Miranda, Caloto, Calondo y Corinto.
Sin embargo, el Estado Mayor Central ha emergido como un actor hegemónico en el norte del Cauca, lo que ha desencadenado una serie de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad tras la ruptura del cese al fuego.
El accionar del frente Dagoberto Ramos se caracteriza por su extrema violencia, especialmente en el Cauca, donde se han reportado homicidios y amenazas dirigidas a organizaciones sociales, particularmente comunidades indígenas y afrocolombianas. Ver: (Silvia, Cauca, una población condenada al horror de la guerra)
En términos económicos, el frente ejerce un fuerte control sobre las rutas del narcotráfico en el Cauca, imponiendo impuestos a las transacciones de pasta de coca y cocaína, e incluso comprando directamente estos productos. Este control económico se extiende a través de los territorios donde operan, destacando lugares como el Cañón del Micay.