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Los costos de proponer una Constituyente

De: Juan Alejandro Pérez Montañez,

Investigador Programático de la Línea de Democracia y Gobernabilidad.




El viernes 15 de marzo Gustavo Petro, presidente de Colombia, propuso una Asamblea Nacional Constituyente. Ante la imposibilidad de una Acuerdo Nacional luego de casi dos años en el poder, el presidente decidió lanzar la propuesta de Constituyente para la “materialización del paquete de reformas sociales”. La propuesta, así no se materialice, desde el minuto uno logró darle gasolina a la oposición y aumentó la imposibilidad de aprobar las reformas sociales en el Congreso, especialmente en Senado.


Marzo ha sido un mes convulso para el Gobierno. Durante la primera parte de marzo el Gobierno en su relación con el Congreso enfrentó su séptima (MinSalud-Cámara) y octava (MinDefensa-Senado) Moción de Censura, ambas negadas. En la Comisión Séptima de Senado se conformó un bloque de ocho senadores contra la Reforma a la Salud.


Respecto a la Paz Total en su componente de Paz Urbana, además de no tener piso jurídico para los diálogos socio-jurídicos, el laboratorio de esta apuesta, Buenaventura, tuvo un revés luego de que los Espartanos, uno de los dos Grupos de Delincuencia Organizado (GDO) se levantara de la mesa también compuesta por los Shottas, el otro GDO. Además, la mesa de negociación con el Estado Mayor Central (EMC) entró en crisis luego de la suspensión del cese al fuego bilateral por parte del Gobierno tras los hechos presentados en Toribío, Cauca.

Estos hechos junto con la baja ejecución presupuestal y una opinión pública implacable cuando se trata de cubrir al Gobierno llevaron a que Gustavo Petro lanzara la propuesta de Constituyente. Ahora bien, ¿qué se viene políticamente para el Gobierno luego de la propuesta?


¿Qué pasará con las reformas sociales?


La operación tortuga ha sido la constante durante la segunda legislatura en el Congreso de la República en especial en el Senado, donde a diferencia de la Cámara, el Gobierno Nacional no tiene un presidente a fin ni mayorías.


Durante la primera parte de la segunda legislatura, al haber elecciones regionales, la agenda legislativa no avanzó, quedándose proyectos de Actos Legislativo como el Cannabis de Uso Adulto. En este segundo periodo la operación tortuga ha continuado con impedimentos y rompiendo el quorum decisorio, especialmente en Senado.


La semana del 11 de marzo luego de varios días votando impedimentos de la Reforma Pensional se había logrado destrabar la votación de estos, lo que dejaba libre el camino para empezar la discusión. Sin embargo, las declaraciones de una Constituyente ralentizaron el debate en plenaria de Senado.


Por derecho, antes de votar el orden del día los congresistas pueden dejar constancias. Para esta semana del 18 de marzo tanto, lunes como martes, la reacciones sobre la Constituyente mediante constancias fueron la norma en plenaria, haciendo que el debate de Reforma Pensional quedara para el miércoles 20 de marzo.


Este 20 de marzo tampoco se pudo iniciar el debate de Reforma Pensional y quedó para la primera la última semana de marzo, pero ¿por qué no se pudo votar? Hubo tres hechos que retrasaron, de nuevo, el debate.


El primero de ellos fue la proposición radicada por el senador del Partido de La U, Antonio José Correa, aliado del Gobierno, para que se creara una subcomisión para la concertación entre diferentes fuerzas políticas y ayudar a destrabar la agenda legislativa del Gobierno. La proposición fue debatida, luego votada. Esta se negó, mostrando el poco apoyo que tiene hoy Gobierno en el Senado.


Proposición para creación de Subcomisión


Fuente: Propia


Luego reaparecieron los impedimentos, esta vez no se votaron por bloques sino uno por uno, por orden de quien presidía la plenaria, Iván Name. Cuando se llegó al impedimento del senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa la plenaria, contrario a la votación de los impedimentos pasados, aprobó el impedimento de Motoa.


El primero en reaccionar fue David Luna, compañero de bancada de Motoa, exigiendo que se volviera a votar el impedimento de su colega o que se reabriera la votación de todos los impedimentos anteriormente votados. Luna apoyado por senadores del Centro Democrático justificaban que, si los impedimentos pasados se votaron negativamente por qué este sí. Al final se puso en consideración de la plenaria reabrir la votación de Motoa y no el total de impedimentos votados, algo que habría retrasado aún más el debate de la reforma. Esta vez se negó el impedimento.


Hay que decir que los votos que faltaron para que el impedimento de Motoa fuera negado en la primera votación eran los de miembros del Centro Democrático y de Cambio Radical, partidos que lideran la operación tortuga con el rompimiento del quorum. No esperaban que algún impedimento fuera negado.


El tercer hecho que no solo retrasó el debate el miércoles, sino que también hace que la votación se retrase, al menos, una sesión más fue la proposición una sesión informal, más no una audiencia pública, para escuchar a expertos y representantes de los fondos de pensiones. La plenaria aprobó la proposición y ahí se levantó la sesión hasta semana santa. Sin embargo, luego de la presión de varios congresistas Iván Name, presidente del Senado, citó sesión para el martes de semana santa.


Por otro lado, el panorama de la Reforma a la Salud es más preocupante para el Gobierno, pues se logró afianzar el bloque de 8 congresistas que firmaron la ponencia de archivo. Este bloque surge luego de que Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres y Berenice Bedoya, de ASI se sumarán a la ponencia negativa de Nadia Blel del Partido Conservador. Luego Bedoya logró llevar al senador del Partido Liberal, Miguel Ángel Pinto. Norma Hurtado, de La U, última en firmar, terminó allí gracias al trabajo de las senadoras de ASI y Colombia Justa Libres.


Ya afianzado es bloque, la propuesta de Constituyente sumado a hechos denunciados por senadores como Norma Hurtado y Miguel Ángel Pinto deja la Reforma a la Salud virtualmente hundida.



Sobre Reforma Laboral, aún no ha superado su primer debate en Comisión Séptima de Cámara. Si bien en Cámara hay un ambiente más favorable para el Gobierno, en caso de aprobarse allí deberá pasar a Senado, donde, como pasaría con las otras dos reformas sociales, podría caerse.


Reacomodo en el mapa político


Por un lado, la propuesta de Constituyente revivió a un político, que no deja de ser hábil, como Germán Vargas Lleras. El exvicepresidente se subió los primeros días después de la propuesta al bus de la Constituyente anticipando una candidatura presidencial para el 2026 y así tratar de capitalizar la mayor cantidad de votos posibles. Votos que en el 2018 se fueron para la campaña presidencial de Iván Duque gracias al clan Char. Luego de varios días Vargas Lleras se bajó del bus.


Por otro lado, la propuesta logró mostrar, de nuevo, las fracturas dentro del Pacto Histórico. Mientras algunos congresistas salieron a defenderla como Alberto Benavides, del Polo Democrático, otras figuras como María José Pizarro se alejaron de la propuesta.


Adicional a esto hay congresistas del Pacto Histórico que están empezando a ser críticos del Gobierno ante la opinión pública. Caso como el de la presidenta de MAIS, Martha Peralta, quien es presidenta de la Comisión Séptima de Senado y ponente de la Reforma Pensional.



La gran conclusión que deja la propuesta de Constituyente es que, si bien puede no materializarse, Gustavo Petro con esta propuesta enterró alguna posibilidad de retomar el Acuerdo Nacional, el Frente Amplio, del que a inicios de periodo presidencial hablaban figuras como Roy Barreras o Alfonso Prada. Con ello sacrifica parte de la gobernabilidad que le quedaba, especialmente en Senado. En Cámara el ambiente aun no es tan adverso como en Senado, por ejemplo, parece haber ambiente de debate para Reforma a la Educación.


De igual manera los dos años que vendrán antes de acabar su periodo parece que Petro no tomará otro camino que continuar con la radicalización democrática. Esto es llamar a las calles, posiblemente desgastando cada vez más a sus bases sociales, cerrando también las puertas de su gobernabilidad en el Congreso.

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