Por: Katerin Erazo, Periodista
Foto tomada de: Centrodememoriahistórica
En horas de la noche del pasado lunes, 18 de marzo, un nuevo episodio de violencia sacudió a la comunidad indígena Nasa en Toribío, Cauca. La caravana que transportaba el cuerpo de la lideres indígena Carmelina Yule hacia su lugar de descanso fue atacada por lo que al parecer sería el frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC, así lo denunció la Asociación de Cabildos Indígenas.
El ataque armado, reportado por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca a través de sus redes sociales, representa un grave riesgo para la vida de los comuneros. Según relató Jhoe Sauca, consejero Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, los disparos se produjeron mientras la caravana se encontraba en La Despensa. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, y el cuerpo de la lideresa fue trasladado al casco urbano de Toribío para su velación.
Este acto violento se enmarca en un contexto de emergencia humanitaria y territorial declarada por las comunidades indígenas del norte del Cauca. La Jurisdicción Especial Indígena ha ordenado la captura de los principales cabecillas de la columna Dagoberto Ramos, a quienes se atribuyen estos hechos.
El ataque contra la comunidad de Toribío se produce días después de que el presidente Gustavo Petro suspendiera el cese al fuego con las Disidencias de las FARC. Cabe recordar, que el sábado 16 de marzo, este grupo armado perpetró otro ataque contra la comunidad indígena de Toribío, dejando herida a la lideresa Carmelina Yule Pavi, quien lamentablemente falleció posteriormente en un centro médico de Cali.
La lideresa indígena formaba parte de un grupo que intentaba rescatar a un estudiante retenido por las disidencias en la vereda La Bodega en Toribío. Este acto heroico desencadenó una serie de ataques por parte de grupos armados, poniendo en peligro la vida de los comuneros.
Estos incidentes violentos evidencian el desprecio de los grupos armados hacia las comunidades indígenas, que luchan por la defensa de sus territorios y la protección de sus líderes. El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, han condenado enérgicamente estos ataques, que representan una clara violación al cese al fuego pactado. Las autoridades continúan trabajando para garantizar la seguridad de las comunidades indígenas y llevar a los responsables de estos actos ante la justicia.
En medio de este clima de violencia, la comunidad indígena de Toribío se mantiene firme en su lucha por la paz y la justicia, resistiendo los embates de quienes intentan someterlos mediante la fuerza y la intimidación.
Según Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), es fundamental destacar el contexto que rodea la suspensión del Cese al Fuego. Varias organizaciones indígenas han estado denunciando el reclutamiento llevado a cabo por el Estado Mayor. Específicamente, las organizaciones nasa en Toribío denunciaron que en el año 2023 se reclutaron 153 menores de edad. El incidente del fin de semana está relacionado con la recuperación de uno de los niños que estaba siendo reclutado.
Marín subrayó que la suspensión del cese al fuego también está vinculada con un aumento de los enfrentamientos en los departamentos del Cauca, Antioquia y Nariño. Aunque no se ha observado un incremento similar en acciones en el Valle del Cauca, se ha generado una situación de control territorial bastante compleja. Es crucial reconocer que la falta de unificación en los mandos con respecto a la voluntad de participar en los diálogos de paz frente al Estado Mayor es un problema. No se puede permitir que este espacio se convierta en un lugar para fortalecerse y cometer más crímenes contra las comunidades que están protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Además, los dos picos de noviembre y febrero, que marcaron un aumento en los enfrentamientos y acciones armadas del Estado Mayor, se relacionan con conflictos territoriales, como los ocurridos en el cañón del Micaí. En febrero, hubo confrontaciones con organizaciones indígenas que están resistiendo las violencias del Estado Mayor. Esta diferencia entre los picos resalta la evolución de la situación. Hasta ese momento, la violencia no se había manifestado con la misma intensidad que en el asesinato de líderes indígenas.
Registro de acciones hasta el 29 de febrero
Finalmente, Marín destacó la importancia de considerar qué sucederá después del cese al fuego y la necesidad de involucrar a las comunidades en los diálogos, especialmente en lugares problemáticos como Toribío en el Cauca. Allí, las organizaciones indígenas han denunciado actividades de reclutamiento, persecución y asesinato de líderes sociales, lo que refleja la violencia sistemática hacia estos líderes, en particular los indígenas.