Por: Iván Gallo
Foto tomada de: El Heraldo
A Edwin Ariel López Granados diez hombres armados le rompieron la puerta de su casa en la ciudadela Juan Atalaya, lo sacaron a rastas y lo metieron en una camioneta. A pesar de los gritos ningún vecino miró para afuera. Fue en la madrugada del 13 de abril del 2003. Los paracos mandaban en Cúcuta. A Edwin todos lo conocían. Era director de teatro, actor y hasta coreógrafo. Escribía poesía y era terco cuando opinaba. Era el artista de la Universidad Francisco de Paula Santander. El contestatario, el corazón del movimiento estudiantil. Y por eso los paracos lo tenían en la mira.
Edwin apareció muerto dos meses después. Lo encontraron junto a otro estudiante, su amigo Gerson Gallardo Niño, ambos metidos en un cajón pintado con los colores del ELN en el ardiente kilómetro 18 de la vía Tibú-La Gabarra. Los dos tenían 23 años. Todos sabían lo que pasaba pero nadie hizo nada. Todos sabían que el que mandaba era el Bloque Fronteras de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Su jefe era Jorge Iván Laverde. Le decían el Iguano, pero también le podrían decir Satanás. Llenaba lagunas artificiales con babillas y allí echaba a sus enemigos. Hizo algo peor, adecuó dos ladrilleras que encontró en el municipio de Juan Frío, en Villa del Rosario, y las convirtió en hornos crematorios. Quemó más de 500 cuerpos allí.
El punto de quiebre del horror en Norte de Santander fue el 21 de agosto de 1999. Ya las AUC habían entrado con todo a Tibú en mayo, haciendo una de sus masacres. Pero se quitaron la máscara en La Gabarra. Los sobrevivientes aún recuerdan esa madrugada. Se fue la luz desde temprano. Todo estaba oscuro cuando los paras entraron. La base militar, que quedaba al lado del río Catatumbo, a unos cuantos metros del casco urbano, no se movió. Bueno, sí se movió. Empezó a lanzar bengalas que estallaban sobre el pueblo iluminándole el paso a los paras que, lista en mano, iban sacando a la gente de las casas, los ponían bocabajo en su propio antejardín y le estallaban la cabeza de un balazo. La dueña del hostal que aún presta su servicio frente a la cancha central recuerda que las cabezas sonaban “como las guanábanas que caen al piso cuando maduran del árbol”. Como sucede con la mayoría de masacres en Colombia nadie sabe la cifra exacta. Unos hablan de 39, otros de más de setenta. Es que no se contaron los que, desesperados, se botaron al río Catatumbo porque preferían morir ahogados a ser torturados por los hombres de Mancuso.
Porque fue orden de Mancuso establecerse en Cúcuta y quitarle a las FARC y a otros carteles el monopolio de la droga. Se estima que en la Gabarra se podrían mover 30 millones de dólares al año en coca. Su cercanía a Venezuela, por el Catatumbo, lo convertía en un corredor de oro para llevar y traer gasolina, alimentos, licores y droga, todo de contrabando. La reunión clave se dio en 1997, en un prostíbulo llamado Rumichaca, cerca de San Antonio del Táchira. Allí, en medio de tragos y vallenatos, se estableció la meta de convertir a Norte de Santander en un fortín paramilitar. Se inauguraba el Bloque Fronteras de las AUC.
La Gabarra sólo fue un punto más en el mapa. Al Tarra le dieron durísimo, a Herrán, el Carmen, Ocaña, Lourdes, San Calixto, Puerto Santander, Cornejo y Cúcuta. Las cifras son escalofriantes. Según el diario La Opinión existe un archivo en donde están reseñadas 13.919 personas muertas entre los años 1997 y 2005, plena hegemonía paramilitar. Fueron más de 1.000 hombres de las Autodefensas. El Iguano no fue el único comandante. Son muchos los habitantes del Catatumbo y Norte de Santander que recuerdan con horror los nombres de Albeiro Valderrama Machado, alias Piedras Blancas; Lenin Giovanni Palma Bermúdez, alias Álex y José Mauricio Moncada, alias Mocoseco, quienes estuvieron al frente del despojo, las desapariciones, las masacres, las torturas, los desmembramientos que vivió Norte de Santander y su capital.
En Cúcuta mataron a líderes políticos como el poeta Tirso Vélez, aspirante a la gobernación de Norte de Santander quien fue baleado por sicarios en pleno centro, un mediodía. En Cúcuta desaparecieron estudiantes, torturaron líderes barriales, violaron mujeres, extorsionaban el comercio y controlaban a los políticos.
Lo que ha pasado esta semana en el Cementerio de Cúcuta se explica en esos años de horror absoluto. La JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, hicieron una inspección en el cementerio central de la ciudad. Lo que encontraron les heló la sangre. 3.800 cuerpos metidos de manera irregular en bolsas de polietileno. La UBD constató que hasta el momento se han logrado identificar 211 restos de personas que figuraban como desaparecidas. En Norte de Santander hay reportadas más de 4.000 personas como desaparecidas. El hallazgo en el cementerio central demuestra no sólo las malas prácticas administrativas de la ciudad sino la complicidad que hubo entre alcaldía, gobernación y las Autodefensas.
El cementerio central de Cúcuta es uno de los 20 en los que JEP y la UBD han intervenido para lograr encontrar los cerca de 80 mil desaparecidos que dejó el conflicto en Colombia. La búsqueda continúa. Se espera tener resultados tangibles el próximo 9 de abril, en el marco del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto armado. Es hora de que los familiares de los desaparecidos apaguen su dolor y puedan tener el derecho a llorar sobre sus muertos.