Las elecciones de Consejos de Juventud: Algunas conclusiones

Por: Daniela Garzón

Investigadora Nacional

Foto: El Espectador

El domingo 5 de diciembre, después de varios cambios en el calendario, se llevaron a cabo las elecciones de los Consejos de Juventud, nuevas instancias de consulta en las que se espera que las y los jóvenes entre 14 y 28 años tengan más participación en la agenda de los entes territoriales.

Los Consejos de Juventud surgieron de la Ley estatutaria 1885 de 2018, que modificó la ley 1622 de 2013, por medio de la cual se expidió el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, reglamentando lo que respecta al Sistema Nacional de Juventudes. En este sentido, son “mecanismos autónomos de participación y concertación, vigilancia y control de la gestión pública” y buscan ayudar a la juventud en la interlocución entre sus agendas territoriales y las instituciones públicas.

A pesar de que se inscribieron 8.592 listas, la primera jornada electoral, que convocaba a personas entre los 14 y los 28 años, no puede calificarse de exitosa si se analizan los niveles de participación, pues apenas un poco más del 10% del censo electoral habilitado para hacerlo acudió a las urnas. De los 12.282.273 jóvenes habilitados para votar, según los resultados del preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), votaron 1.279.961, una de las abstenciones más grandes de la historia de los eventos electorales en Colombia y, sin duda, la más alta de un evento nacional de la última época. ¿Qué se puede concluir de los resultados?

1. El abstencionismo es una constante en Colombia

A pesar de que es histórico el abstencionismo de esta jornada, Colombia, usualmente, ha tenido cifras de abstención más altas que sus pares latinoamericanos. Según cifras de la RNEC, desde 1958 hasta 2010 el promedio de asistencia a elecciones presidenciales fluctuó alrededor del 56,52%. Por ejemplo, en el plebiscito, convocado para refrendar el acuerdo firmado entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, la participación no superó el 38%. El abstencionismo es un problema porque si la mayoría no participa la legitimidad política de quienes salen elegidos se pone en tela de juicio.

El abstencionismo, por supuesto, es un fenómeno que responde a diversas variables, como decir: desinterés en la política; una posición militante, asumida como una forma de protesta, que cree que votar no funciona porque el ejercicio electoral ya está “amañado” o no cambia en mayor cosa los sucesos de la vida política; el cálculo cuando se reconoce que los costos de votar superan los beneficios para quien elige; o cuando, simplemente, no se tiene información de que va a haber un proceso electoral. La última encuesta de cultura política del DANE, publicada en 2019, que utiliza una muestra de mayores de 18 años, mostró entre otras cosas que:

1. Para el 80,7% es importante vivir en un país democrático.

2. El 47,1% está muy insatisfecho con la manera en la que funciona la democracia en Colombia.

3. El 71,4% ha oído hablar de mecanismos de participación ciudadana.

4. Solo el 32,6% considera que el conteo de votos en su municipio es transparente.

Esto hace evidente que muchas personas sí consideran importante vivir en una democracia, pero que a la vez desconfían de los procesos electorales. Por lo cual, es probable que por ello no participen.

2. Los jóvenes no se enteraron ni confían en los mecanismos de participación electoral

Ahora bien, en el caso específico de los jóvenes, lo sucedido con los Consejos de Juventud sorprende, en parte, porque fueron ellos quienes tuvieron especial protagonismo en las sucesivas protestas que se han dado en Colombia desde 2019, incluso con la organización de grupos como las primeras líneas, por lo cual podría haberse esperado una participación mayor.

¿Por qué la participación no fue masiva? En primer lugar, puede decirse que los jóvenes, a pesar de ser los mayores entusiastas en las marchas, paros, plantones, etc, son de las poblaciones que menos acuden a las urnas. Esto se ha explicado usualmente con una apatía electoral, pero al ver que en efecto han impulsado procesos de democracia directa como las marchas no puede explicarlo todo el desinterés.

En este sentido, es evidente que muy pocas personas sabían que el proceso electoral se llevaría a cabo el domingo 5 de diciembre. De hecho, según la Ley 1885 de 2018 el proceso electoral debería haberse realizado a más tardar dentro de los dos años posteriores a la promulgación de la misma, pero por la pandemia y los cambios sucesivos en el calendario hechos por el registrador Alexander Vega, finalmente el proceso se llevó a cabo en un mes en el que no son usuales las elecciones en Colombia y con un despliegue de información mínimo.

Al mismo tiempo, hay que preguntarse por los beneficios de la votación vs. sus costos. Los Consejos serán órganos de carácter consultivo, no se les pagará a sus miembros por su participación y sus funciones, como consta en la Ley 1885, dependen principalmente de la buena voluntad y el diálogo que las instancias que están encargadas de los planes, programas y proyectos que afectan a la juventud quieran tener. En pocas palabras, los Consejos tienen muy pocos dientes para llevar a cabo su tarea de veeduría pública y su tarea se limita a emitir recomendaciones, que no serán de carácter vinculante, para las dependencias encargadas de sus asuntos. Esto, por supuesto, desestimula la participación, pues no hace expresos los beneficios de la existencia de estos órganos.

A la vez, los jóvenes que han protestado no tienen necesariamente que ver en la política electoral una vía para encauzar sus demandas; justamente utilizan otras formas porque no ven en las urnas posibilidades de encontrar respuestas a problemas como el desempleo, el acceso a la educación superior o a ser las principales víctimas de la represión policial. De hecho, en las tareas de los consejos no es claro que estos temas hagan parte de la conversación.

3. El vergonzoso papel de la Registraduría

En estos comicios fue evidente la falta de experiencia de la RNEC. En primer lugar, debido a los sucesivos aplazamientos para realizarlos, sumado a los cambios en el calendario electoral para la inscripción de candidaturas que acabaron beneficiando a los partidos políticos tradicionales. Aún cuando la conformación inicial de los consejos trata de beneficiar a las listas independientes, los hechos mostraron que la Registraduría no se los tomó suficientemente en serio. A la vez, los cambios en el despliegue del aparato electoral y de la logística necesaria para el proceso electoral se hicieron sin previo aviso ni información suficiente para los votantes.

Como no era posible extender la misma cantidad de puestos de votación que en una elección nacional de Congreso o Presidenciales, se asignaron nuevos puestos de votación sin informar a los participantes, lo que hace más difícil que las personas supieran a dónde debían acudir para poder votar. Como la información solo puede consultarse por internet, en las páginas de la registraduría, esto supone serias limitaciones para los jóvenes que no cuentan con fácil acceso a la red y que no saben que es allí donde tal información se encuentra.

La improvisación del registrador Alexander Vega llegó al punto de emitir la resolución 15881 de 2021 el 4 de diciembre, un día antes de las elecciones, para autorizar que los jóvenes de 14 a 17 años pudieran votar en el puesto más cercano a la residencia y no en el que estaban inscritos, con el registro del documento de identidad en un formulario E-10. Esto implica abrir una puerta enorme a un posible fraude electoral, pues la verificación sobre si una persona votó dos veces o se inventaron números de documento para poner votos se hace prácticamente imposible.

Siguiendo esta misma línea, es diciente que una denuncia en Twitter haya mostrado que una persona mayor de edad, es decir no cobijada por la resolución anterior, presuntamente haya podido votar en dos mesas distintas en la misma zona de votación: