La tormenta perfecta sobre Gina



Era cuestión de tiempo. Desde cuando la ministra de Educación, Gina Parody, en un acto de valentía y honestidad, hizo pública su condición gay y su relación marital con su compañera de gabinete Cecilia Álvarez, personas y organizaciones homofóbicas esperaban ansiosas la oportunidad para cobrarle la osadía. La encontraron en las últimas semanas. La revisión de los manuales escolares que había ordenado la Corte Constitucional motivada por hechos como el doloroso suicidio, por discriminación y acoso, de Sergio Urrego fue el esperado pretexto.

Con montajes, con mentiras, o con verdades a medias, se abalanzaron sobre la ministra. Primero fue la diputada Ángela Hernández del Partido de la U, en Santander, quien señaló que en los colegios estaban induciendo los niños a la homosexualidad. Luego fue la circulación de un video sucio y mentiroso para desacreditar las decisiones de la corte. Después fue la crítica desde las Iglesias a un documento de recomendaciones sobre los manuales, elaborado por expertos contratados en un convenio entre el Ministerio de Educación y el PNUD. La cosa pasó a mayores con las movilizaciones y las protestas en algunas ciudades.

No es el único ingrediente que atiza el fuego contra la ministra. El empeño de Viviane Morales en la promoción de un referendo para echar al suelo el derecho de adopción de las parejas del mismo sexo, la cruzada del procurador contra todo lo que huela a reconocimiento y derechos para minorías sexuales, y las graves dificultades que afrontan Santos y el gobierno nacional con la opinión pública configuran un entorno muy adverso a la talentosa ministra.

Pero no es el momento para amilanarse, para esconderse, para eludir el debate, sobre temas que están en el corazón de la época y que para fortuna del país tienen recibo en una Corte Constitucional que ha puesto los ojos en los cambios que vive el mundo. La heterosexualidad y la separación tajante entre las estéticas femeninas y masculinas han perdido el monopolio de la legitimidad. La educación, las redes sociales, los medios de comunicación y las estructuras políticas y religiosas están obligados a dar cuenta de esta realidad.