Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
En Colombia, según el artículo 22 de la Constitución Política de 1991, el inicio, continuidad o finalización de un proceso de paz, con las estructuras armadas ilegales, le corresponde a la Presidencia de la República. Es el presidente, como Jefe de Estado, quien determina si se sienta o no a negociar, y además, si firma o no un acuerdo de paz.
También, la normatividad le permite al presidente delegar o entregar a otras organizaciones o agencias la ejecución de las diversas tareas que exige la construcción de la paz —como las asociadas al acercamiento, negociación o implementación—. Como ejemplo tenemos a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) o las distintas comisiones de negociación que hoy buscan la paz en variados procesos.
En este sentido, es la Presidencia de la República y no las agencias u organizaciones que se les ha delegado las tareas de la paz —como la OACP o las mesas de negociación— la que tiene la última palabra en materia de paz en el país. Por eso, fue correcto que Vera Grave, la Jefa de la Delegación del Gobierno Nacional, le enviara un comunicado, este 27 de abril de 2004, al presidente Gustavo Petro para solicitarle:
“tomar la decisión que considere en torno a continuar desarrollando los trabajos de la mesa nacional de diálogos con el ELN, o adelantar una mesa de diálogo con la estructura de Nariño, o determinar que dicha estructura ha dejado de ser parte de la organización con la que se está negociando a nivel nacional, para desarrollar con ella un proceso autónomo” (punto 3 del comunicado).
Este comunicado tiene de positivo que lo firma la Jefa de la Delegación del Gobierno en la Mesa con el ELN. Lo que significa que la misma representante del Estado está reconociendo la dificultad que se tiene en el proceso por culpa de que Petro haya permitido abrir dos frentes de trabajo con la misma agrupación. Lo cual está poniendo en riesgo la continuidad del proceso que se viene adelantando con el Comando Central (COCE) del ELN y, por tanto, el cumplimiento de la tarea que se le ha encomendado a Grave como agente del Gobierno.
Igualmente, es muy significativo el comunicado porque también lo firma Iván Cepeda, otro miembro delegado del Gobierno ante la Mesa de Negociación y uno de los artífices de la política pública de Paz Total. Quien, con esta carta, le está diciendo al presidente que dé respuesta a la solicitud de aclaración que le realizó la Delegación del ELN sobre los diálogos regionales que se tienen en el departamento de Nariño y donde una disidencia de ellos participa.
Finalmente, llama la atención que se deje por fuera del comunicado a Otty Patiño, el Alto Comisionado para la Paz, quien fuera, hasta hace varios meses, el Jefe Negociador del Gobierno en la Mesa de Diálogos con el ELN. Y a quien se le veía poniendo todo su esfuerzo para que este proceso de paz saliera adelante, incluso olvidando los demás frentes de trabajo de la Paz Total, como los diálogos socio-jurídicos con las estructuras armadas criminales.
Ante este comunicado el presidente Petro tendrá que responder. Pues, como le dicen Vera Grave e Iván Cepeda en el comunicado: “es claro que el Gobierno no puede adelantar un proceso de negociación en dos instancias con una misma organización: en este caso, una mesa nacional de diálogos como la que hoy existe con el ELN, y otra en un proceso con un frente guerrillero”.
En este sentido Petro está obligado a sentar posición, pero está tomándose su tiempo y además podrá sorprender con la respuesta. Él sabe muy bien que debe tomar un camino: o negociar con el Comando Central del ELN, quien representa a la mayoría de la organización armada subversiva —actualmente cuenta con más de cinco mil miembros— y tiene la Mesa de Negociación parada. O negociar con una fracción al sur del país, que, aunque ha ido creciendo, su accionar está focalizado en un pequeño territorio y sus integrantes son relativamente pocos —se habla de 200 combatientes—.
En su balanza pondrá todo lo negativo y positivo de ambos procesos. Reconocerá que el proceso con el COCE avanza lento y tiene riesgos de no llegar a un acuerdo final durante su período presidencial. Pero también es consciente que los beneficios totales de la negociación con el COCE son mayores, además, es un proceso que cuenta con mayor legitimidad, tanto entre la comunidad internacional como entre la sociedad.
Ante este balance, lo más probable es que la opción de continuar con los diálogos la gane la Mesa con el COCE. A este proceso el Gobierno le ha invertido muchos recursos —sobre todo políticos—: desde el primer día de gobierno Petro le apostó a negociar con ELN en pleno, lo puso como prioridad en la agenda de la Paz Total y le ha entregado sus mejores fichas o al menos las más cercanas ideológicamente —los excamaradas del M-19 Otty y Vera—.
Frente a otra dinámica que —aunque está considerado como otro pilar de la Paz Total— la ha explorado poco. La iniciativa y desarrollo de los diálogos regionales la ponen los mandatarios locales, además es un proceso con pocas claridades operativas y bajos desarrollos legales. En breve, a pesar de la disposición a negociar la desmovilización como lo sostiene Gabriel Yepes, alias “HH”, el jefe del Frente Comuneros del Sur del ELN, es el proceso más incierto tanto política como jurídicamente.
En conclusión, Petro le apostará a la paz grande con el Comando Central. Pero no renunciará a los otros componentes de la Paz Total. A regañadientes, el presidente decidirá continuar con el COCE, pero le hará exigencias; además, no olvidará la puerta medio cerrada con los Comuneros del Sur. Petro mantendrá el tono de presionar a la Mesa para exigir mayor celeridad en el proceso de paz, en especial, en un mandato que cruza por la mitad. Y recordará los esfuerzos que el mismo Gobierno está realizando para invertir en las transformaciones de los territorios, como parte de los acuerdos parciales de Mesa.
Por último, Petro aprovechará la coyuntura para, por un lado, activar los otros componentes olvidados de la Paz Total —como la paz con estructuras criminales y los diálogos regionales—. Y, por el otro, presionar la discusión de los puntos 2 y 3 de la agenda de negociación con el ELN: Democracia para la paz y Transformaciones para la paz, luego del proceso que se ha vivido en el últimos meses donde las organizaciones de la sociedad civil han construido una metodología para su participación en este proceso de paz.
*Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.