Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
En el imaginario de los usuarios de los servicios públicos en Colombia se encuentra instalada la idea de que el gas natural es uno de los servicios más baratos y abundantes del país. Además que, debido a los bajos niveles de contaminación, su producción y uso es fomentado por el Estado, vía subsidios y apoyo a las inversiones.
Sin embargo, no hay idea más errónea. Por un lado, el servicio de gas natural en Colombia se viene convirtiendo en uno de los más costosos en la canasta familiar. Entre abril de 2022 y 2023, según lo estima el Dane, la variación anual de este servicio ha aumentado por encima del 27,39%; y en ciudades como Bogotá o Riohacha ha sido superior al 40%.
Y por el otro, este servicio es prestado y pagado como cualquier otro bien privado. Los precios están determinados por las leyes que rigen el mercado: sube o baja considerando el precio de acuerdo a la oferta y la demanda. No cuentan con la especial protección que se le da a otros bienes meritorios por parte del Estado, ni con los subsidios, como si lo tiene la gasolina corriente o el ACPM con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
Una situación que es aún más compleja cuando se observa el comportamiento del mercado. Hay un aumento creciente de la demanda de gas en el país: en tan solo cinco años los usuarios en Colombia –que lo componen: hogares, industria y comercio– pasaron de 9.2 millones en 2018 a 10,7 millones. Lo que ha generado una presión alta y creciente por la prestación del servicio.
Se ha dado una caída en la producción y autoabastecimiento nacional. En departamentos como la Guajira, la producción de gas se ha reducido: pasó de 187 millones de pies cúbicos (MMC) en 2018 a tan solo 48 MMC en 2021. Lo mismo pasa en Córdoba donde –a causa de que Canacol Energy no opera al 100%– la producción de gas está disminuida.
Se viene generando una dependencia cada vez mayor de las importaciones de gas natural licuado (GNL). Según las cifras del Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), el país se ha convertido en un importador neto de este combustible. En agosto de este año, las importaciones habían aumentado en un 60% más que el año pasado, triplicando los niveles de 2021.
Se está afectando con el incremento en los precios del gas natural a otros sectores y servicios de la economía. Este bien, además de prestar el servicio a los hogares, sirve de insumo para la generación de energía eléctrica, en el componente de generación térmica. El incremento en los precios está presionando la inflación y afectando las proyecciones del Banco de la República.
Se está golpeando duramente el bolsillo de la clase más desfavorecida. Los hogares pobres están viendo cómo la energía limpia y barata que era el gas, ahora aumenta su precio y amenaza con ser impagable. Lo mismo pasa con el servicio de transporte, que observa, sin poder hacer nada, como el gas combustible sube incluso más que de la gasolina corriente, en términos porcentuales.
Fenómeno inflacionario que podría aumentar aún más este año y en 2024, debido al fenómeno climático de El Niño, cuyas condiciones especiales de aridez, harán que la probabilidad de importación de gas natural licuado (GNL) aumente para mantener las operaciones de las empresas hidroeléctricas y con ello el precio de la generación térmica.
Ante esta situación el Gobierno Nacional viene proponiendo una intervención en el mercado del gas natural. Primero siendo más ágil en la implementación del Plan de Abastecimiento de Gas Natural para aprobar las inversiones en los proyectos establecidos allí. Es necesario en las inversiones en infraestructura de producción e interconexión de gas que permita transportar el insumo en las redes de transporte de la Costa Atlántica al interior.
Segundo, introduciendo cambios en la fórmula actual del servicio de electricidad, en el componente de importación de gas, que es el componente de generación eléctrica más costoso. En palabras del presidente de la República, se intentará, con el decreto que “ya está listo”: “reducir las tarifas cambiando la fórmula en sus partes cambiables que están generando una transferencia de riqueza masiva de los bolsillos de los colombianos a seis generadoras”.
Y tercero, le está proponiendo a la ciudadanía que se organicen y avancen en la transición energética. Le ha propuesto a los barrios de algunas ciudades como Bogotá, la instalación de paneles solares en los techos de sus hogares, con el fin de generar parte de su energía eléctrica. Y como Comunidades Energéticas hacerle frente al incremento en los costos de los hogares y una transición energética justa en Colombia.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.