Por: Redacción Pares
Foto tomada de: Radio Nacional
La denuncia tuvo la potencia de una bomba. La actual directora del ICBF, Astrid Cáceres, explicó en redes sociales que después de una auditoria se descubrieron irregularidades en 220 contratos expedidos desde esa entidad. Además habrían nominas reportadas al instituto por un valor más alto que el pagado a los colaboradores. Las cuentas entre el número de niños atendidos no coincidían. Este tipo de situaciones estarían detrás de los casos de niños y niñas fallecidos por desnutrición en el país.
A la hora de hablar del hambre de los niños en el país hay un departamento que es el reflejo de este problema, es La Guajira. Los números no pueden ser más dramáticos. Entre enero y septiembre del 2023 murieron de hambre 53 niños en ese departamento. Semanalmente son internados centenares de niños en centros de salud para afrontar tratamientos que les permita alcanzar su peso y su talla ideal. En el 2023 fueron reportados 1993 casos de desnutrición aguda y moderada. Las comunidades más afectadas en el departamento son los Wayuu con 46 fallecimientos, a Wiwa con 3 muertes, la Kogui con dos fallecimientos y la Arhuaco con un caso.
Desde hace una década las capturas por corrupción de contratistas del ICBF en la Guajira han sido una constante. En octubre del 2016 fueron expedidas 14 ordenes de captura en ese departamento entre los que se incluían a la representante legal de la fundación Alimentando a mi región, Deicy Villar, la coordinadora del centro zonal del ICBF Leyla Montalvo. Los delitos por los que tenían que responder eran los de peculado por apropiación, concierto para delinquir, celebración indebida de contratos, entre otros.
En el año 2023 la red de veedurías hizo una denuncia sobre casos de corrupción del ICBF en La Guajira. En un informe publicado en el portal La Otra Cara, revelaron la manipulación de los contratos de los operadores que brindan el servicio de alimentación a los niños pobres de la zona. Convirtieron una máquina de hacer plata con uno de los peores crímenes que se pueden concebir: el hambre de los niños.
Los funcionarios que aventaron en este informe fueron estos funcionarios: Luis Gómez Pimienta, Luis Lobo, Edwin Ceballos, Astrid Cáceres, Wilder Navarro, Tais Romero, Martha Tovar Turmequé, Claudia González Rodríguez, Gloria Sampayo, Rodrigo Daza, Margarita Dcoff, Gloria Brito, Yosbelis Vega, Leonides Forero, Pedro Manjarrés y el pediatra Dasuki, entre otros.
La denuncia concreta hacía referencia a lo siguiente: Enfáticamente, la denuncia se encamina a exponer a los funcionarios que han hecho de esta seccional su caja menor a través de movimientos administrativos obscuros. Ha de iniciarse con el hecho que quien se autodenomina el gerente de la Regional, LUIS GÓMEZ PIMIENTA, no cuenta con un acto administrativo que lo designe como tal y no habrá, pues la presidencia de la República, en respuesta a la solicitud realizada por el Dr. (abogado) José Abuchaibe indicó que la vinculación del señor se está tramitando y será una orden por prestación de servicios.
La actuación del señor Gómez, se vincula con los bloqueos y la promoción de manifestaciones sociales por parte del señor LUIS LOBO. El objetivo ha sido ejercer presión social, pero no desde el derecho constitucional legítimo que les asiste a los ciudadanos y, especialmente, a las comunidades Wayuu, para exponer su situación, sino que han sido manipulados para poner contra las cuerdas a los operadores, buscando rescindir sus contratos y poder así vender la idea que se contratará directamente con las entidades sugeridas por los líderes de las comunidades, las cuales, como es de esperarse, deben contribuir a las expectativas económicas del grupo de “líderes” de la regional.
La denuncia de la actual directora del ICBF Astrid Caceres demuestra la actitud de este gobierno a la hora de denunciar irregularidades está claro con la publicación que hizo en la red social X, antigua Twitter.