Por: Laura Cano
Periodista Pares
En agosto se conoció el escándalo relacionado a un contrato firmado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), para ese momento dirigido por Karen Abudinen, por más de un billón de pesos, con el cual se pretendía llevar conectividad a 7.277 puntos en lugares apartados del país. Esto se haría a través de una Unión Temporal, la cual debía comprometerse a garantizar todo el proceso de arquitectura, diseño, solución tecnológica, instalación y funcionamiento hasta diciembre de 2031. Del total del dinero, un 6.55% le fue entregado a los contratistas como adelanto.
El proceso de investigación inició en diciembre de 2020, pero a mediados de 2021 se habían empezado a alertar de una serie de inconsistencias. Por una parte, el consorcio (Unión Temporal Centros Poblados) presentó una garantía que no había sido expedida por el Banco Itaú, situación que fue advertida por la ministra Karen Abudinen el pasado 25 de junio. Además, a esta situación se sumaba el preaviso de la falta de experiencia, capacidad técnica y financiera del consorcio para poder ejecutar el contrato.
Tras esto, el 19 de julio de 2021 se anunció la declaratoria de caducidad del contrato que se había firmado con la Unión Temporal Centros Poblados y que cubría la región denominada “B”, la cual estaba conformada por los departamentos de Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada. Además, la situación llevó a la cartera a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.
Justamente, ante este último ente este miércoles, en el marco del juicio disciplinario que se sigue en contra de exfuncionarios del Ministerio de las TIC, la exministra, Karen Abudinen, testificó ante el Procurador delegado contra Adriana Vanessa Meza Consuegra, secretaria general de MinTIC; Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual MinTIC; Camilo Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura MinTIC; Luis Fernando Duque Torres, representante legal UT Centros Poblados 2020; y Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del Consorcio PE 2020 C Digitales, quienes trabajaron en el contrato de Centros Poblados.
Ante la Procuraduría, la exministra aseguró que nunca dio una orden para beneficiar a ningún operador. "Aunque luego de la adjudicación del contrato recibimos muchas cartas haciendo advertencias, ninguna tenía una prueba contundente, y es que para poder tomar decisiones en derecho uno tiene que tener las pruebas para denunciar. (...) Nunca ningún funcionario del Ministerio, ni mi secretaria, ni mi directora de contratación, me dio ninguna alerta frente a los habilitados. Nunca después de que quedaron habilitados ninguno de los otros operadores, ni ningún ciudadano mandó ninguna carta de alguna alerta de alguno de los habilitados para la adjudicación del proceso", indicó la exfuncionaria.
Hay que resaltar que Abudinen se defendió ante su presunta responsabilidad en los hechos, diciendo que una vez conocieron que la garantía bancaria que presentó Centros Poblados no fue expedida por el banco Itaú, desde la cartera se tomaron medidas al respecto, y aseguró que antes de este hecho puntual era muy difícil poder determinar los hechos irregulares que se estaban presentando. Vale la pena anotar que durante la diligencia se resaltó que el caso fue denunciado el 25 de junio de 2021 ante la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría.
"El día de la audiencia pública, porque la Unión Temporal Centros Poblados no cumplió con la primera fase de instalación de los centros digitales, y se llama a audiencia de incumplimiento y ahí se presenta el Banco Itaú diciendo que ellos no expidieron la garantía, y ese mismo día, una vez fui informada, tomé la decisión de que se denunciara de manera inmediata. (...) A nosotros nos engañaron, acá hay una fábrica de corrupción”, dijo la exministra.
Este proceso aún está en curso, y seguramente lo testificado por Abudinen entrará dentro de las investigaciones que la Procuraduría adelanta para establecer los responsables de este hecho, que dejó en un vaivén la posibilidad de llevar el servicio de internet a poblaciones donde urge.