Por: Laura Cano Periodista – Pares
Hace unas semanas se conoció el escándalo relacionado a un contrato firmado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), por más de un billón de pesos, con el cual se pretende llevar conectividad a 7.277 puntos en lugares apartados del país. Esto se haría a través de una Unión Temporal, la cual debía comprometerse a garantizar todo el proceso de arquitectura, diseño, solución tecnológica, instalación y funcionamiento hasta diciembre de 2031. Del total del dinero, un 6.55% le fue entregado a los contratistas como adelanto.
El proceso inició en diciembre de 2020, pero en los últimos meses habían empezado a ser alertadas una serie de inconsistencias. Por una parte, el consorcio (Unión Temporal Centros Poblados) presentó una garantía que no había sido expedida por el Banco Itaú, situación que fue advertida por la ministra Karen Abudinen el pasado 25 de junio. Además, a esta situación se sumaba el preaviso de la falta de experiencia, capacidad técnica y financiera del consorcio para poder ejecutar el contrato.
Tras esto, el pasado 19 de julio se anunció la declaratoria de caducidad del contrato que se había firmado con la Unión Temporal Centros Poblados y que cubría la región denominada “B”, la cual estaba conformada por los departamentos de Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada. Además, la situación llevó a la cartera a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.
Dado esto, el pasado 13 de agosto se conoció que había quedado en firme la caducidad del contrato entre el MinTic y la Unión Temporal Centros Poblados por $1,07 billones. Esto luego que Adriana Vivas Robles, delegada de la ministra de las TIC, Karen Abudinen, rechazara el recurso de reposición presentado por Centros Poblados. En respuesta a esto, el abogado de este consorcio, Jorge Pino Ricci, aseveró que a la Unión Temporal se le había violado el debido proceso y que solo un juez de la república podía decidir o no la caducidad del contrato.
En efecto, la defensa de la Unión Temporal presentó una acción de tutela y esta fue analizada por un juez de Puerto Colombia (Atlántico), quien decidió frenar el proceso de caducidad y de embargo que había iniciado la cartera que dirige Karen Abudinen. Hay que señalar que, además, la Unión Temporal había afirmado que actuaron de buena fe y que tienen cómo probar que no tienen nada que ver con la emisión de pólizas falsas.
Con esta decisión judicial, las resoluciones del 19 de julio de 2021 y del 13 de agosto de 2021 quedarían suspendidas, así como cualquier decisión que hubiese sido tomada en los últimos meses, lo que incluye también los pagos que le habían sido impuestos a la Unión Temporal.
Asimismo, se pondría freno a la decisión que se había tomado desde el MinTic de entregar a ETB el contrato por $1,07 billones que le había sido caducado a la Unión Temporal Centros Poblados.
Hay que señalar que el anuncio sobre ETB lo hizo Abudinen durante el debate de control político al que fue citada en la Comisión Sexta del Senado. Allí, además, la ministra afirmó que la Unión Temporal le hizo trampa al Estado, y que los $70.000 millones (el 6,2% del valor del contrato) dados en anticipo para la ejecución no fueron entregados por ella o el Ministerio, sino por la fiducia del contrato. Adicionalmente, aseveró que se lograron entregar $25.000 millones.
Este panorama indicaba que se abría otro capítulo en este caso. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el juez Alberto Mario Ospino, quien había ordenado frenar la caducidad del contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados y el MinTic, decidió revertir la decisión dejando en firme las acciones tomadas por el MinTic.
Por otro lado, hay que recordar que el proceso está siendo investigado por la Procuraduría desde el pasado 27 de julio: “actualmente se encuentra en etapa probatoria para determinar eventual apertura de investigación”, comunicó el organismo. Y desde la Fiscalía se ha aseverado que se están realizando investigaciones a los funcionarios públicos del MinTic que participaron en el proceso de evaluación del contrato, así como en la elaboración de las pólizas y los documentos del acuerdo. Mientras que en la tarde de este 24 de agosto el organismo realizó una inspección en la sede de MinTic para recaudar la documentación relacionada con el contrato suscrito.
Los ojos seguirán puestos sobre este caso, el cual ha dado varias vueltas y ha sumado distintas versiones. Asimismo, se seguirá ejerciendo presión para que se implemente alguna solución al problema que pretendía tener respuesta con el contrato en cuestión: la conexión de internet en las zonas más apartadas del país.