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Ilegalidad en elecciones del 25 de octubre

Por: EL Espectador

Un informe realizado por la Fundación Paz y Reconciliación en 21 departamentos del país dejó una conclusión más que preocupante: 152 candidatos para las elecciones locales y regionales del próximo 25 de octubre tienen presuntos vínculos con la ilegalidad, y de estos, más del 80 % tienen altas posibilidades de ser elegidos.

Entre las conclusiones está el fenómeno de la parapolítica, que convulsionó al país hace una década y que, según el estudio, se mantiene vigente a través de los herederos de aquellos dirigentes que fueron condenados o procesados por vínculos con grupos de autodefensa.

Tal es el caso del departamento del Magdalena, donde Rosa Cotes, esposa del condenado parapolítico Chico Zúñiga, es candidata a la Gobernación. En La Guajira, Oneida Pinto representa los intereses del detenido Kiko Gómez y además cuenta con el respaldo del confeso narcotraficante Gervasio Valdeblánquez, quien fue miembro del desaparecido cartel de Medellín.

También hay candidatos vinculados a organizaciones criminales o que fueron condenados por participar en ellas y hoy están en la disputa electoral. Un ejemplo es el del aspirante a la Gobernación del PutumayoJorge Coral Rivas, capturado hace dos días, quien fue alcalde de Puerto Asís y en 2011 se conoció una grabación en la que hablaba con alias Gárgola, jefe de una bacrim conocida como “La Constru”, quien decía que le entregaría $200 millones para la campaña.

A diferencia de otros procesos electorales donde los candidatos cuestionados se concentraban en pequeños partidos o en movimientos avalados por firmas, en esta ocasión son las colectividades tradicionales las que más respaldaron a aspirantes de dudosa procedencia. Es decir, los partidos han dado avales de forma irresponsable y en algunos casos a candidatos investigados por la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía; otros, incluso han sido condenados.

También se ha hecho evidente el vínculo entre contratistas y candidatos. Uno de esos casos es el del aspirante a la Gobernación de Santander Hólger Díaz, investigado por el delito de concusión por presuntamente haber recibido comisiones del grupo Saludcoop con el fin de actuar a su favor en el trámite de la reforma a la salud en el Congreso. También tráfico de influencias y conflicto de intereses, puesto que su esposa hacía parte de la Regional Santander de Saludcoop.