Por: Luis Eduardo Celis
El pasado 26 de noviembre, la mesa de diálogo y negociaciones entre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Plataforma Nacional Unitaria, que agrupa a buena parte de la oposición venezolana, llegaron a un importante acuerdo que le da impulso a este proceso de concertación.
Los activos económicos del estado venezolano que han estado congelados fundamentalmente en los Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, podrán ser utilizados de común acuerdo entre Gobierno y oposición en un conjunto de programas sociales.
La política de congelamiento de recursos económicos del Estado venezolano, fue parte de la acción para tumbar al gobierno del presidente Maduro durante los años más álgidos de la crisis, entre 2017 y 2021. Colombia participó de esta política durante el gobierno del expresidente Duque, mediante la confiscación de Monómeros (saqueada por los opositores venezolanos, que la llevaron casi a la quiebra), empresa que el gobierno del presidente Gustavo Petro, ha retornado al control del gobierno Maduro, en el marco de la nueva política de diálogo y entendimiento diplomático, que es la única que les conviene a los dos gobiernos y a las dos sociedades.
Con este acuerdo para recuperar los activos económicos hoy congelados, el gobierno Maduro y la oposición se comprometen, con el apoyo de la ONU, a constituir un fondo fiduciario que las dos partes gestionarán para promover cuatro prioridades sociales: alimentación, salud, sistema eléctrico y atención a comunidades afectadas por la ola invernal.
Se calcula que podrían ser tres mil millones de dólares los recursos hoy bajo control de terceros países en sus sistemas financieros, que al volver al control del Estado venezolano, vendrían a darle impulso a un proceso de recuperación de las condiciones sociales duramente afectadas en medio de la crisis vivida en Venezuela y de la cual ha habido signos de recuperación, aún lentos pero sostenidos.
Si esta política de recuperación de esos activos es exitosa y su inversión llega a quienes lo necesitan, Gobierno y oposición habrán logrado una importante acción conjunta para beneficio de la sociedad venezolana, frente a la cual ambas partes tienen responsabilidades que asumir.
La continuidad del diálogo y las negociaciones entre el Gobierno Maduro y la Plataforma Unitaria, ahora se debe enfocar en los temas de derechos humanos y garantías para la competencia política y las condiciones para el desarrollo de las elecciones presidenciales de 2024, que son el escenario político a la vista para dirimir quién estará al frente del gobierno en Venezuela, que no puede seguir bajo un estado de cuestionamiento, la raíz de esta crisis por superar.
Luego de más de un año de interrupción del proceso de negociación entre el Gobierno y la oposición, facilitado por el gobierno de Noruega, las partes han encontrado un clima de mayor distensión, gracias al acercamiento con la administración Biden. Con la firma de este acuerdo, vuelve a haber un centro de trabajo conjunto, no solo importante para Venezuela, sino también para Colombia, en tanto los intereses compartidos que tenemos y la importancia de estabilidad en los dos países.
Buena noticia que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha animado este proceso de diálogos y negociaciones, siguiendo el mensaje que el presidente ha pronunciado en reiteradas ocasiones: los conflictos en Colombia, la región y el mundo deben ser tratados de manera pacífica y civilizada.
El 2023 será un año clave para que Gobierno Venezolano y la Plataforma Unitaria lleguen a acuerdos para el desarrollo de unas elecciones presidenciales con credibilidad y garantías para todas las partes que competirán.
Aquí puede ver el acuerdo:
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