Por: Guillermo Linero Montes
Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda.
La semana pasada, el 20 de enero de 2022, se reanudó la audiencia de preclusión contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien se le acusa por presunto fraude procesal y soborno a testigos. Se trata de una noticia ya bastante rayada, pero todavía lo es y lo seguirá siendo hasta cuando en Colombia deje de existir la simbiosis entre la política y la justicia. Se trata de una suerte de mutualismo negativo que ha trastocado los valores más elementales de nuestra sociedad, como el respeto a la vida (hasta la fecha y durante este gobierno han asesinado a más de mil líderes sociales); por la misma causa se ha descontado el respeto a la propiedad privada (los llamados desplazados son dueños de tierras a quienes se las arrebataron); y se ha perdido, desde luego, el respeto a los bienes públicos (basta pensar en los setenta mil millones perdidos en el ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones).
En consecuencia, en su corriente actividad sociopolítica, Colombia es un país de robos, asesinatos y masacres; un país de gobernantes corruptos y de una arisca e incómoda convivencia cívica, producto de la poca importancia que los colombianos le dan a la ética –es decir, al seguimiento de las normas legales y morales- y a la moral misma -es decir, al buen comportamiento-.
Ahora mismo, también en esta semana trascurrida, buena parte de los colombianos se abstrajeron, para no decir distrajeron -como lo hacían los asistentes al antiguo circo romano- siguiendo por los medios de comunicación y por las redes sociales los pormenores de una audiencia penal previa a un juicio donde deberán resolverse las muertes violentas ocasionadas por el ciudadano Jhonier Leal a su hermano, el reconocido estilista Mauricio Leal, y a su madre, la señora Marleny Hernández. Y aunque esta noticia contenga las características que los periodistas exigen a las noticias (novedad e interés social) lo cierto es que al tiempo ocurrieron otras más relevantes, al menos desde el punto de vista del daño ocasionado al llamado “bien jurídico nacional” o lo que es igual, el daño a la vida y a los bienes de todos y de cada uno de los colombianos. Me refiero a otros hechos que siendo noticiosos parecieran haberle importado poco o nada al público en general, como las continuas masacres y el incesante homicidio de ciudadanos (e incluso de menores de edad) por el solo hecho de ser líderes de su comunidad.
Por ser “Líderes sociales”, quién lo creyera, un “perfil” admirable en el mundo civilizado, que en Colombia les resulta mortificante a los políticos tradicionales y a los propagadores del miedo al cambio. En Colombia, que existan líderes sociales mortifica a los poderosos empresarios regionales, casi siempre capitalistas salvajes, y mortifica también a la llamada clase política dirigente, tanto a la empoderada legalmente por el estado (gobernantes, funcionarios públicos, congresistas y jefes de partidos políticos), como a la que se desenvuelve en sus márgenes ilegales (los llamados traquetos y los narcotraficantes, aunque muchos de ellos son a la vez gobernantes, funcionarios públicos, congresistas y jefes de partidos políticos).
Con todo, ese fenómeno perverso de la violencia, el de la injusticia y el de los gobernantes corruptos, tiene sus raíces en esa tradición inculta, contraria a las buenas maneras constitucionales, como es el ejercicio en yunta del poder judicial y la política. De hecho, en una verdadera democracia esas dos fuerzas se repelen, no alcanzan a rozarse siquiera, pese a ser el poder judicial consecuencia de la política. En Colombia se han convertido en un solo ente: la rama judicial y el poder político andan tan unidos como siameses.
De esa yunta entre justicia y política se surte la barbarie que a diario vivimos los colombianos; y tiene que ver con el caso del expresidente Uribe, porque precisamente su prontuario ilustra con palmaria nitidez dichos nexos. De hecho, no hay colombiano ajeno al entendimiento de cómo –al menos desde los presupuestos jurídicos y desde las valoraciones de la justicia natural que nos brinda el sentido común- Uribe es plenamente culpable de lo que se le acusa. Y tiene que ver con el caso Uribe, además, porque los procesos y decisiones judiciales contra él suelen sucumbir por cuenta de las argucias de su clase política, lo que es posible gracias a que los políticos –que hacen parte integral de la estructura siamés “política-justicia”- se encargan a toda costa de mantenerlo impune. No otra cosa ha demostrado hasta ahora la Fiscalía que, desde el inicio de este caso específico, mostró su rabiosa decisión de defender a ultranza al imputado; o, lo que es igual, echó mano de la perversa liga justicia-política, cuando debía actuar sólo y estrictamente con la justicia y el derecho.
Sin embargo, tal vez esto sea así porque ambas fuerzas, justicia y política, constituyen el soporte de toda sociedad. De hecho, la justicia no es otra cosa que política pública. De tal suerte, resulta muy difícil deslindar la política de la justicia y es inevitable que los hechos políticos –cualquiera que estos sean- no tengan consecuencias en el ámbito del Poder Judicial, aunque en la tríada del poder que compone nuestro sistema constitucional, sea precisamente la rama judicial la más ajena a la arena política.
Quiérase o no, en todo Estado, las ramas del poder funcionan en un espacio y ambiente compuesto y contaminado por la política. Antes de la existencia de las sociedades, y distinto a lo que hacen hoy en día la mayoría de los políticos -dados a explotar salvajemente los recursos del planeta y a las personas- la política fue el medio que encontraron las hordas de humanos para saltar de un nivel caótico salvaje -basado en el individualismo y donde se maltrataba al planeta y a las personas- a un nivel civilizado -basado en el interés colectivo-.
Paradójicamente, siendo sobre evidente el carácter colectivo de lo social, ese proceso fue liderado unipersonalmente por las ideas de personas individuales (los políticos). A fuerza de pelearse con palabras, e incluso con estrategias armamentísticas, los políticos eran obedecidos por la mayoría y eran replicadas sus ideas no importando si estas rayaban con la injusticia, como por ejemplo las disposiciones del rey Hammurabi, dado a mandar bajos criterios de una lógica a raja tabla, plegada estrictamente al sentido común primario o mejor, a la Ley del Talión: “ojo por ojo, diente por diente”.
De esas políticas y de esos políticos, nació la justicia, siempre plegada a las maneras impuestas por un líder. Pese a ello la democracia se activa y empieza a funcionar cuando la justicia se desprende de su origen político unipersonal y rige como le corresponde, sin miramientos ideológicos de orden político. Cuando una democracia decae, lo primero que ocurre en su interior es la politización de la justicia, o lo que es lo mismo, los políticos comienzan a administrarla a su favor o, en el peor de los casos, empiezan a intervenirla, como en nuestro país lo están haciendo con los numerosos delitos que se les endilgan, con pruebas fehacientes, al expresidente Uribe.
Pero, como todo en la naturaleza es perfecto, en contraprestación ocurre la judicialización de la política: los jueces y los investigadores judiciales sacan provecho de los políticos, bien enjuiciándolos –al mejor estilo de Néstor Humberto Martínez Neira- o bien absolviéndolos, como en nuestro país hasta hace muy poco lo hacía el cartel de la toga.
En realidad, el comportamiento formal de estas dos anomalías de la democracia –la politización de la justicia y la judicialización de la política- orbitan mutuamente alrededor de un centro común que se disputan: el poder absoluto. No en vano en el antiguo modelo de división de los poderes de Hobbes ya se privilegiaba la liga justicia y política.
Por fortuna, lo verdaderamente cierto es que hoy en Colombia no hace falta consultar encuestadoras, ni analizar estadísticas para saber que la mayoría de los colombianos tiene una percepción negativa de la justicia y de la política; porque consideran que la justicia está politizada o que no es del todo independiente. Desde las revelaciones del ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, así lo dejaron ver, y las acciones –subterráneas o no- del presidente Duque para proteger a su “presidente eterno” son un ejemplo palmario, aunque de baja estofa. En efecto, la Fiscalía, en el presente, hace parte de las cartas de bolsillo del presidente, de su partido político e impúdicamente de su jefe mentor.
En fin, la Fiscalía es el ejemplo más diciente de la politización de la justicia, que a la luz de los informes de la ONU y de organizaciones internacionales de Derechos Humanos, poco hace por frenar la desbocada violencia contra los líderes sociales (ahí están las escandalosas cifras de los niños, hombres y mujeres que han dado su vida en defensa de la naturaleza) y contra todos aquellos que muestren valores distintos al traquetismo (ahí están las cifras de quienes han sido asesinados por oponerse a las explotaciones mineras indiscriminadas y a los desalojadores de tierras) y tampoco hace nada el gobierno por detener a quienes asesinaron a los jóvenes por criticar con protestas sus programas (ahí están las cifras de los jóvenes que perdieron los ojos, las de quienes perdieron la vida y la de quienes todavía permanecen desaparecidos).
Y para completar el ejemplo de la parcialidad delictual de la Fiscalía, por causa de la liga justicia y política, basta observar su expreso compromiso, no con las causas del gobierno –lo cual se esperaría- sino con las del Centro Democrático y con las de su líder supremo. Y sin duda, el más paupérrimo ejemplo de eso es que ahora la Fiscalía saca pecho, o mejor, reclama créditos de victoria investigativa, en casos de atroz talante doméstico, como la muerte de Mauricio Leal; o saca pecho anunciando la creación de un equipo investigativo para saber si el bus contra el que se estrelló Egan Bernal estaba mal o bien parqueado.
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