Por: Katerin Erazo, Periodista
El pasado 27 de abril las estructuras armadas ilegales de Medellín y El Valle de Aburrá emitieron un comunicado público en el que reiteran su apoyo al propósito del Gobierno Nacional de construir la Paz Total en Colombia, un anhelo que, según ellos, requiere del concurso de todos los ciudadanos, sin distinción alguna.
En el comunicado, los voceros de estas estructuras armadas, que se encuentran en reclusión en la Cárcel-La Paz de Itagüí, declaran la suspensión de todo tipo de hostilidades, confrontación o disputas, un gesto que esperan sea evidente y verificable por la ciudadanía y las autoridades.
La suspensión de hostilidades es un aporte significativo a la humanización del conflicto armado urbano que, según ellos, tendrá un impacto en la reducción de algunos indicadores significativos de la inseguridad en el territorio, como los homicidios y el desplazamiento forzado intraurbano.
Asimismo, estas estructuras armadas manifestaron su disposición para coadyuvar en la lucha contra amenazas a la sociedad, como la producción, comercialización y consumo de drogas químicas como el Fentanilo y la Heroína, y hacen un llamado a las autoridades y a la institucionalidad en general para prevenir el involucramiento de menores, niños, niñas y adolescentes de Medellín y el Valle de Aburrá en estructuras ilegales y actividades delincuenciales.
Isaac Morales, coordinador de la Línea Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), destacó que existen diferencias en el lenguaje utilizado por las bandas y el Gobierno en lo referente a las negociaciones o sometimiento. Morales señaló que mientras algunas bandas hablan de negociación, el Gobierno se refiere a sometimiento, lo que podría generar incertidumbre en torno a las condiciones y términos de estos procesos. Asimismo, agregó que aunque la ley establece el sometimiento, aún existen muchos interrogantes al respecto.
En el comunicado realizado por algunas estructuras ilegales, también hicieron un llamado al Estado, la Iglesia y los entes internacionales para trabajar juntos en el empeño de lograr la Paz Urbana, y reiteraron su compromiso con la misma. Un día después, el pasado 28 de abril, el Gobierno Nacional oficializó el inicio de los diálogos con las bandas armadas de Medellín, el cual se llevará a cabo en el marco del programa “Paz Urbana”, que busca la participación activa de las comunidades en la construcción de la paz en sus territorios.
En una rueda de prensa a las afueras de la cárcel de Itagüí, en Antioquia, en donde estaba el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, junto a la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, y el gestor de paz y analista del conflicto urbano, Fernando Quijano, el alto funcionario declaró que el objetivo de los diálogos es la desmovilización de más de 12.000 personas bajo el marco de la Paz Total. Desde septiembre, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz está haciendo acercamientos con al menos 12 grupos armados urbanos de esta ciudad y del área metropolitana, tras una fase de acercamiento, se inició una fase dialógica con grupos criminales que buscan llevar paz a las comunas de la ciudad y al Área Metropolitana. Ver: (Medellín: ciudad piloto de la paz urbana)
En caso de que se logren concretar los diálogos con los 350 grupos criminales que buscan la paz en las comunas de Medellín y el Área Metropolitana, se estima que podrían ser entre 12.000 y 14.000 personas desmovilizadas, aunque aún no se ha determinado una cifra exacta. Estas comunidades incluyen municipios como La Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagüí y Bello, entre otros.
Rueda destacó la disposición de estas estructuras armadas de dar pasos concretos en la dirección de la Paz Total, lo que ha sido corroborado por una reducción en la violencia en la ciudad. El proceso ha sido trabajado durante ocho meses, y se espera la desmovilización de grupos ilegales como “La Oficina”, que surgió en los años 80 como parte del cartel de Medellín, “Los Pachelly”, que operan en el municipio de Bello y en el noroccidente de la capital antioqueña, y “Los Triana”, una banda que también tiene presencia en Bello y otros barrios del nororiente de Medellín. A pesar de esto, los nombres específicos de los grupos involucrados en este proceso aún no han sido revelados públicamente.
“Se puede corroborar en las cifras oficiales una reducción en hechos que atentan contra la vida de ciudadanos de Medellín y el área metropolitana. Es insuficiente, aparentemente, pero es una muestra de voluntad. El inicio de una fase de acercamientos nos permitirá abordar otros temas que aquejan a los ciudadanos en sus derechos fundamentales y por eso hoy queremos compartir el compromiso público que han asumido estas estructuras armadas de dar pasos ciertos en la dirección de la Paz Total”, dijo Rueda al inicio de la conferencia.
Pares conversó con la Policía Metropolitana de Valle de Aburrá para abordar el tema, pero mencionaron que no podían pronunciarse al respecto debido a una política del Gobierno Nacional. El informe más reciente de la Línea de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Pares presenta las cifras de los delitos de alto impacto en la región del Valle de Aburrá durante el año 2022. En dicho periodo, se registraron 560 casos de homicidio, 856 de extorsión, 450 de amenazas, 28,414 de hurto a personas y 6,055 de lesiones personales. Ver: (Balance anual de seguridad y convivencia ciudadana)
La mesa de diálogo se centrará en tres puntos principales: la suspensión definitiva de las hostilidades, la dejación de armas y la reincorporación a la sociedad de los miembros de las bandas que decidan sumarse al proceso. Además, se espera que el Gobierno Nacional establezca medidas concretas para garantizar la seguridad y la protección de los líderes y miembros de estas estructuras armadas ilegales que decidan dejar las armas.
La Línea Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha planteado que aún no está claro cómo se va a implementar la idea de Paz Urbana dentro del marco de Paz Total. En algunos casos, se entiende que Paz Urbana implica el sometimiento de organizaciones delictivas en áreas urbanas. Sin embargo, es posible que algunas de estas organizaciones no se sometan sin obtener algo a cambio. Los detalles técnicos se definirán con la aprobación de la ley de sometimiento de justicia, que comenzará a tramitarse en el Congreso de la República. Por lo tanto, esta situación plantea más incertidumbres que certezas.
Por esa razón, la Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana ha estado recopilando información sobre la Paz Urbana en diferentes regiones del país, centrándose principalmente en Buenaventura, Medellín y en cierta medida, Barranquilla. En las próximas semanas, espere un documento más detallado sobre este tema.
El coordinador de la Línea, Isaac Morales, destacó que estos diálogos seguramente comenzarán a generar cambios, pero es importante tener en cuenta que estos cambios no serán inmediatos. Requerirán un tiempo determinado para implementarse, lo cual implica el compromiso de coordinación entre diversas instituciones en general.