Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
En las últimas tres décadas Medellín se ha convertido en el laboratorio de paz urbana en Colombia. Inició su experiencia en 1994, cuando vivió la desmovilización de tres estructuras armadas, agrupadas en las Milicias Populares de Medellín (MPM). Continuó en 2003, cuando sirvió de escenario para la desmovilización, primero, del Bloque Cacique Nutibara, y luego, en 2006, del Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Y hoy, de nuevo, se propone a la capital antioqueña como el lugar para realizar una prueba piloto para la construcción de la paz urbana durante el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026). Iniciativa que comenzó a cuajar desde noviembre de 2022, cuando se aprobó la Ley 2272 o Ley de Paz Total, la cual tiene, entre sus pilares, el sometimiento a la justicia de las estructuras criminales de alto impacto en el país.
Entre las razones para su elección están que en su territorialidad se concentra aproximadamente el 45% de las estructuras armadas de crimen organizado del país —allí tienen sede organizaciones ilegales tan importantes como La Oficina, Los Pachelly, Los Pesebreros, Los Mesa, La Terraza, Los Triana y Doce de Octubre—. Estructuras criminales que debido a su permanencia en el tiempo, el tamaño de sus rentas ilegales y la experiencia acumulada en negocios ilícitos tiene gran impacto en este y otros territorios, incluso, por fuera del país.
Precisamente, debido a estas características —que les permite tener una visión panorámica y de largo plazo sobre el conflicto y las dañinas consecuencias en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá— es que la mayoría de los cabecillas de estas organizaciones —que están recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí, como alias Tom, Carlos Pesebre y Duglas— decidieron nombrar a unos representantes —abogados que actúan como facilitadores— y manifestarle al Gobierno Nacional, en un comunicado suscrito por las “Estructuras Armadas Ilegales de Medellín y el Valle de Aburrá”, su intención de quererse acercar a la propuesta y buscar el diálogo para el sometimiento.
Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, dirigida por Danilo Rueda, hasta la primera semana de mayo las manifestaciones de interés que se tienen son de 16 empresarios criminales, equivalen al 90% de todas las estructuras de la ciudad. Siendo el grupo delincuencial La Agonía —con presencia en la Comuna 13, sector San Javier— una de las últimas organizaciones criminales que se ha unido a estos acercamientos. Justo en el momento en el que se habla de estar conformándose, por parte del Gobierno, una mesa de diálogo con estas organizaciones en el Valle de Aburrá.
De tener éxito estos acercamientos, en las próximas semanas se pasará a un segundo momento del diálogo, en el que representantes del Gobierno y los implicados en el sometimiento estarían reunidos en una mesa para discutir los asuntos socio-jurídicos que permitirían un acuerdo de paz. Con esta noticia se estaría ad portas de concretar un diálogo de paz urbano histórico, de grande envergadura para la ciudad, pues serían más de 12 mil las personas —agrupados en 350 bandas y 17 grandes estructuras criminales— que podrían integrarse a las economías legales y con ello reducir la violencia criminal de forma significativa.
A pesar de la buena noticia, en torno a este proceso existen muchas dudas y retos. El primero se relaciona con la inseguridad jurídica que enfrenta el proceso. A la fecha se viene trabajando en la negociación con una propuesta de Ley de Sometimiento que está en debate en el Congreso de la República y que busca “la sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición, y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”. Propuesta que de no aprobarse, o cambiarse mucho, dejaría en el limbo jurídico a estos acercamientos y motivaría la desbandada o el retiro de sus cabecillas.
El segundo problema se halla en el sistema de incentivos que ofrece la propuesta de ley. Esta indica un sometimiento a la justicia en la que las penas o castigos son, en buena parte, de privación de la libertad —no se les brinda ni beneficios como excarcelaciones o la eliminación de extradiciones—. El único incentivo visible es que los líderes, si cumplen con las exigencias de la Ley, pueden tener una vejez más tranquila, al lado de sus familias y disfrutando de un pequeño porcentaje de sus riquezas legalizadas. Y aquí surge la pregunta por si esta “tranquilidad” sería suficiente para quitarle al mundo delincuencial estos grandes empresarios del crimen.
Tercero, es el diálogo jurídico-social que se les propone. En ellos se buscará discutir asuntos sobre incorporación de una población que hoy está en la ilegalidad. Son jóvenes, en su mayoría, que no tienen oportunidades de realizar estudios superiores o de emplearse formalmente en el mundo laboral y que encuentran en estas actividades ilegales opciones de conseguir trabajo con buenos ingresos y sin muchas exigencias técnicas. Ahora los miembros de los mandos medios y la base —que se calculan son 7 mil en armas y otros 7 mil en redes de apoyo— tendrían que entrar a competir en el mercado laboral para el que no están debidamente preparados.
Finalmente, el mayor reto está para el Gobierno Nacional y el local. Si algo ha tenido la ciudad de Medellín es una disposición a pactar paces con grupos armados e iniciar programas de acompañamiento a los desarmados y firmantes de la paz. Pero estas experiencias han tenido muchos problemas, en especial, han sufrido del mal acompañamiento del Gobierno central. Tanto en el posconflicto con las milicias en los noventa como en la desmovilización paramilitar, se le ha dejado a la ciudad la mayoría de la responsabilidad. Y aunque las administraciones han intentado hacer lo mejor, el resultado ha sido ineficaz, hoy se tiene una dinámica criminal cada vez más grande.
Ante esta realidad, de posibilidad de diálogo regional, hay que decir sí. La ciudad requiere iniciativas y esfuerzos que ayuden a reducir la violencia, las tasas de homicidio, las extorsiones y el desplazamiento forzado intraurbano. Hay que trabajar en arrebatarle al mundo criminal a la mayor cantidad de personas. Pero esta meta exige programas que vayan mucho más allá de la simple dejación de un arma o la firma de un acuerdo. Se requiere un consenso entre las élites económicas y la dirigencia política para incluir a una población —muchos de ellos procedentes de familias desplazadas por el conflicto armado— que no tiene oportunidades y que ven en el crimen una opción de vida.
Es necesario trabajar en grandes acuerdos territoriales entre los que tiene los negocios ilícitos con el Estado —gobiernos nacional, departamental y municipal, además de la Defensoría, Personería, Fiscalía y Policía— para ofrecer programas de seguridad, educación y acompañamientos sociales y comunitarios. Pero también poner al sector privado y los dueños del capital en las ciudades para explorar opciones de incorporación de las economías ilegales a la cadena de producción y comercialización de bienes y servicios en estos espacios.
Hay que elaborar un gran programa de incorporación de toda la población para que participe de las dinámicas del desarrollo económico, para que se aproveche el potencial que tiene la ciudad de Medellín, al ser la nueva capital turística del país o el nuevo Distrito de Ciencia y Tecnología. Hay que poner al servicio del territorio la imaginación y creatividad de las personas que están en ilícito desarrollando negocios como prostitución o estafas para que se trasladen al mundo lícito y —en lugar de violencia— generen valor y bienestar colectivo. Convirtiendo a esta ciudad piloto de metamorfosis de criminalidad en legalidad y que sirva a otras ciudades —como Bogotá, Cali o Barranquilla— como ejemplo para enfrentar la criminalidad organizada que también es uno de sus mayores problemas.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.