La Comunidad Internacional frente al Acuerdo de Paz

Por: Germán Valencia

Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia

El 22 de abril de 2025, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recibió, en su sede en Nueva York, a la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia. El objetivo fue escuchar, de la boca del mismo Gobierno, la evolución y situación actual en que va la implementación del Acuerdo Final de Paz firmado con las extintas FARC en 2016.

El mismo encuentro sirvió también para que Carlos Ruiz Massieu, quien es el Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, presentara a los 15 miembros que componen el Consejo de Seguridad el informe trimestral, —correspondiente a los meses de enero a marzo de 2025—, un diagnóstico sobre lo acontecido en este último período.

Frente a la primera intervención, la canciller identificó los avances sustanciales que durante el gobierno de Gustavo Petro se han logrado. Como fue, según Sanabria, la adjudicación de “133 000 hectáreas de tierras, el financiamiento territorial por más de 2 400 millones de dólares para municipios históricamente afectados por la guerra, y la reincorporación activa de más de 12 000 firmantes del Acuerdo.”

Igualmente, aprovechó la intervención la representante del Gobierno, para criticar al gobierno Duque quien, según Sanabria, actuó con desidia frente al proceso de implementación. Finalmente, solicitó a los miembros del Consejo la ratificación del apoyo al país y al proceso y que continúe con la Misión de Verificación.

En cuanto a la intervención del Representante Especial y Jefe de la Misión, este reconoció los avances logrados en estos tres meses, pero aprovechó la intervención para destacar el aumento del conflicto armado en el país. Dejó planteada la tesis de que el aumento de la violencia en regiones como el Catatumbo o el Chocó en Colombia se debe, en parte, a la no implementación efectiva del Acuerdo Final de Paz.

Con estas dos intervenciones quedó claro el gran interés que ha tenido y que tiene la comunidad internacional en la construcción de paz del país. Para el conjunto de miembros del Consejo de Seguridad la implementación del Acuerdo Final de Paz es un ejemplo muy positivo de lo que debe ser la tarea de trabajar por la paz en el mundo.

De allí que en los ocho años que lleva la Misión, luego de la firma del Acuerdo, este componente internacional esté siempre atento y comprometido con destinar recursos, mantener el apoyo a los programas y acciones, y presionar como actor político colectivo a los diversos gobiernos para que se mantengan en el compromiso de implementar lo acordado.

El balance que se puede hacer de la participación de la comunidad internacional en la construcción de paz en el país es muy positivo. Primero, apoyando el proceso de paz en la fase final de las negociaciones, en calidad de acompañante, con Chile y Venezuela, y luego de garante, con Cuba y Noruega, lo que permitió construir un acuerdo comprensivo y muy bien estructurado de seis puntos.

Segundo, apoyando la implementación con la conformación, luego de la firma del Acuerdo Final de Paz, de la Misión de Verificación. Este acompañamiento internacional ha servido para que se presione a las partes implicadas en la implementación de los dispositivos que contiene el Acuerdo, como son la reforma rural integral y en ella la adjudicación de tierra y los planes de intervención en el campo colombiano.

Ha sido muy importante la presión del Consejo de Seguridad de la ONU para que el Gobierno nacional realice un giro en la dinámica de implementación. En 2024, por ejemplo, le pidió al gobierno Petro que elaborara un Plan de Aceleración o Plan de Choque para la implementación del Acuerdo de Paz; el cual hizo caso y trató de ejecutar con los “Pactos Territoriales”, en las zonas más afectadas por el conflicto armado.

Tercero, resaltando y valorando muchos de los componentes del Acuerdo Final. Como ocurre con el capítulo étnico, que ha servido para que países, como México o Estados Unidos, apoyen la garantía de derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Además, recursos para buscar la reducción de la pobreza en los territorios marginados.

Cuarto, ha servido para que los gobiernos, aunque critiquen el contenido del tratado de paz o no estén de acuerdo con la paz negociada —como ocurrió durante la presidencia de Iván Duque entre 2018 y 2022— se acojan a avanzar en el cumplimiento de lo pactado. La comunidad internacional siempre ha defendido la constitucionalidad del Acuerdo Final y hablan de la obligatoriedad en su ejecución.

Y quinto, a que se realicen correctivos en los programas y acciones. Llaman de manera recurrente la atención al Estado colombiano para que corrijan las fallas que se tienen en la implementación, en especial, en asuntos como el aislamiento que se tiene de ciertos programas, los pocos recursos que se destinan a la ejecución de las disposiciones y la falta de voluntad política que se observa en múltiples espacios de toma de decisiones para cumplir lo pactado.

También la necesidad de avanzar en programas de protección de los firmantes de la paz, que en lo que se lleva del 2025 son ya 23 los asesinados en el país. Y la protección de los líderes y lideresas de las comunidades, pues por cada Firmante caído son 3.5 los miembros de la sociedad civil que son asesinados en Colombia.

Presión que continuará por parte de cada uno de los miembros del Consejo de Seguridad, tal como lo hizo el Reino Unido en este encuentro del 22 de abril, donde llamó a acelerar la ejecución. También de la República de Corea del Sur quien apoya los otros procesos de desmovilización y desarme que llevan a cabo en el país, como se viene dando con Comuneros del Sur. O de la cancillería de Pakistán, sobre la necesidad de atender con más urgencia las comunidades afectadas por el conflicto.

En definitiva, la comunidad internacional, ya sea de manera conjunta, como el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde la Comisión de Consolidación de la Paz de ONU —compuesta por 30 embajadores— y del Consejo de Seguridad —donde tienen presencia 15 miembros— o de forma individual, como lo han hecho Cuba o Venezuela, se ha convertido en el actor más importante para la construcción de la paz en el país.

A estos actores internacionales se les ha visto de manera muy activa y comprometida con el proceso de paz que se tiene con las desmovilizadas ex Farc. Apoyando programas, y entregando recursos para la realización de programas. Y finalmente, poniendo la mira de forma periódica para que el Estado colombiano cumpla con lo pactado.

* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.