Por: Natalia reina
Mientras el Chocó enfrenta una grave crisis de seguridad y requiere acciones estructurales urgentes, Jhoany Carlos Alberto Palacios, uno de sus dos representantes a la Cámara, sigue ejerciendo su cargo a pesar de estar inhabilitado por la Contraloría para ocupar funciones públicas y ser investigado por la Procuraduria. Así las cosas, continúa disfrutando de privilegios de su investidura, como un sueldo de más de 40 millones, tiquetes nacionales y un equipo de asesores para su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL); al tiempo que, en su paso por la Corporación ha radicado proyectos de ley de carácter simbólico, como homenajes a figuras religiosas, lo que conduce a preguntarse sobre la pertinencia de su gestión en medio de las crisis que afronta su departamento.
Desde hace un par de semanas la gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba ha insistido en la necesidad de poner el foco de atención en su departamento. En febrero de 2025 en medio de la Cumbre de Gobernadores la mandataria en cuestión manifestó su preocupación por la crisis humanitaria que atravesaba el Chocó. Recientemente, la defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó de al menos 11 focos de emergencia humanitaria en el país a raíz del accionar de grupos armados, siendo la subregión del San Juan, en Chocó, uno de los puntos críticos. Incluso, desde la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, ya se han hecho advertencias sobre la situación.
Por otra parte, los indicadores económicos del departamento no mejoran. Para el trimestre móvil de noviembre de 2024- enero 2025, Quibdó, capital del Chocó, registró la tasa de desocupación más alta del país, alcanzando el 30,9%; que además, fue superior al reporte de ese mismo municipio para el trimestre móvil octubre- diciembre de 2024, que había registrado 28,2%.
Posicionar las agendas regionales, como asuntos de priorización y atención por parte de las entidades nacionales es uno de los principales retos de los alcaldes, gobernadores, y representantes a la Cámara. Sin embargo, para el caso de Chocó, la representatividad con la que cuenta en corporaciones como la Cámara de Representantes es poca, pues únicamente dispone de dos curules, en contraste con otros departamentos como el Valle del Cauca, que posee 15 representantes. Si bien es cierto que el número de curules responde a la configuración del sistema electoral la realidad es que pese a la multiplicidad de obstáculos que presenta el Chocó y la atención pública que requiere, las voces de políticos chocoanos en el legislativo son pocas y con cuestionamientos a sus espaldas.
Chocó cuenta con dos representantes a la Cámara, ambos pertenecientes a clanes políticos relevantes. En primer lugar, se encuentra Astrid Sánchez Montes de Oca, abogada de la Universidad de la Sabana y especialista en derecho procesal penal y en derecho administrativo. Pertenece al Partido de La U, fue senadora de la República para el periodo 2010-2014; y ha sido elegida consecutivamente como representante a la Cámara (2018-2022; y 2022-2026). La congresista ha sido señalada por presuntamente haber cometido fraude electoral en las elecciones de 2010, pues el Consejo Nacional Electoral determinó la anulación de 4.000 votos a su favor.
Sánchez Montes de Oca, pertenece a un clan político que lleva su mismo apellido; debido a que su familia tiene importante trayectoria en las contiendas electorales. Por un lado, su hermano Odín Sánchez, exconcejal de Quibdó, exdiputado y excongresista, condenado en 2010 por la Corte Suprema de Justicia por parapolítica; puntualmente por presuntamente hacer parte del proyecto “Por una Urabá Grande Unida y en Paz”.
Del mismo modo, su otro hermano Patrocinio Sánchez es un líder político de la región, fue elegido gobernador de Chocó para el periodo 2008- 2011; sin embargo, en 2011 fue destituido tras ser condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de peculado culposo, por presuntas irregularidades en contratos del sector salud mientras ejercía como alcalde de Quibdó entre 2001- 2003. En las pasadas elecciones locales de 2023, Patrocinio fue candidato a la Gobernación de Chocó, siendo derrotado por la actual gobernadora, Nubia Córdoba, del Clan Cordobismo.
El segundo representante a la Cámara por el Chocó es Jhoany Carlos Alberto Palacios, perteneciente al Partido Liberal y al Clan Cordobismo, el cual posee gran relevancia en la política local y se le asocia con el liberalismo. Palacios es abogado y especialista en derecho laboral; fue alcalde de Istmina y previo a su llegada al Congreso fue asesor del ex representante a la Cámara, Nilton Córdoba -condenado en enero de 2024 por su presunta participación en el “Cartel de la Toga”- .
Adicionalmente, el actual representante fue gobernador del Chocó en el periodo 2016-2019, cargo que le ha suscitado múltiples investigaciones. Según la W Radio, hasta noviembre de 2024 en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia había 11 procesos abiertos en contra de Palacios. En ese mismo sentido, algunos de los cuestionamientos están asociados a presuntas irregularidades en la construcción de la primera etapa de la Universidad Tecnológica del Chocó en Istmina; presuntas irregularidades en una licitación pública dirigida a pescadores artesanales; y presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato por más de 13 mil millones de pesos que tenía por objeto rehabilitar cuatro kilómetros de vía entre Riosucio-Belén de Bajirá- Caucheras en Chocó; entre otras.
El 11 de junio de 2023 la Contraloría General de la República emitió un fallo de responsabilidad fiscal contra Palacios, quien además fue sancionado con una multa de 18.333 millones por presuntas irregularidades cometidas cuando fungió como gobernador; puntualmente, el hoy congresista habría estado involucrado en la pérdida de recursos públicos, al aprobar actas de pago que contribuyeron al abandono de una obra por 24 mil millones de pesos, para la construcción de un sistema de gas natural en Istmina, Tadó, Unión Panamericana y Condoto.
Adicionalmente, el ente de control inhabilito a Palacios para contratar con el Estado, así como para desempeñar cargos públicos por cinco años, iniciando en 2023 y finalizando en 2028. Pese a todo lo anterior, Palacios continúa fungiendo como congresista, pues no existe un proceso formal que determine la pérdida de investidura .
En algunos sectores de la región, Palacios es conocido como “el bagre enjabonado” pues ha sido objeto de múltiples señalamientos e investigaciones y siempre logra “resbalarse” en medio de ellos sin mayores complicaciones. De hecho, en 2022, Caracol Radio afirmó que Jhoany Carlos Alberto Palacios era el congresista más investigado por la Procuraduría. Sin embargo, el 10 de diciembre 2024 el Consejo de Estado admitió una demanda que podría dejar en entredicho el apodo atribuido al congresista; se trata una demanda por pérdida de investidura, la cual ya surtió la etapa probatoria.
En el marco de dicho proceso, el pasado 26 de febrero de 2025 el Consejo de Estado llevó a cabo la audiencia pública del caso, en la que se presentaron los alegatos de conclusión de las partes. El principal argumento de la demanda sostiene que es causal de pérdida de investidura que: “El numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 296 de la ley 5 de 1992, consagran que los congresistas perderán su investidura por violación del régimen de inhabilidades y, en ese mismo sentido, el numeral 4 de la ley 1952 de 2019, por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, consagra como otras inhabilidades, haber sido declarado responsable fiscalmente”. Así como, la inhabilidad para desempeñar cargos públicos impuesta por la Contraloría.
Sin embargo, la defensa del demandado y el procurador quinto delegado ante el Consejo de Estado mencionaron en la audiencia, que la inhabilidad emitida no se encontraba vigente en el momento de elección del Representante, pues esta empezó a regir en agosto de 2023, y Palacios se posesiono en julio de 2022.
El proceso de la demanda prosigue y mientras tanto, transcurrido más de un año posterior a la inhabilidad impuesta por la Contraloría, Palacios continúa sesionando en la Cámara de Representantes. Sin embargo, ¿Qué ha hecho el congresista por su departamento? Según el informe de gestión 2023-2024 publicado por el mismo representante en la página de la Corporación, se menciona que, durante el período en cuestión, Palacios fue autor únicamente de tres proyectos de ley:
Cuasimodo del Santo Eccehomo, el cual tenía como propósito que la Nación rindiera homenaje por la contribución al corregimiento de Raspadura y sus habitantes que desde el año 1802 se cimentó en su historia religiosa las acciones milagrosas del Santo Eccehomo de Raspadura.
Campeonato Amistades de San Juan, este proyecto de ley pretendía declarar evento de interés deportivo, cultural y turístico el campeonato de fútbol amistades de San Juan, realizado en el municipio de Medio San Juan.
Quibdó Distrito Ambiental, dicho proyecto buscaba elevar a Quibdó a la categoría de Distrito Ambiental, Biodiverso, Pluriétnico y Ecoturístico, con el fin de proteger la diversidad biológica de la región.
Teniendo en cuenta, las pocas curules que disponen departamentos como Chocó, cabe preguntarse ¿Cuál es la pertinencia e incidencia real que poseen proyectos de ley como los presentados por Palacios, en medio de la compleja situación de su región? ¿Los cargos de representación en efecto están representado las necesidades e intereses actuales de los electores? ¿Quiénes deberían posicionar las agendas alrededor de la situación de seguridad, atención en salud, construcción de vías, reducción del desempleo, entre múltiples problemáticas en el Chocó?
Tan solo en el año 2024, Pares dejó en evidencia las presuntas irregularidades en el PAE en diferentes municipios de Chocó, como presuntos vínculos de algunos contratistas y operadores del programa en Alto Baudó, con políticos de la región; incumplimientos y retrasos de hasta 3 meses en el pago de las manipuladoras de alimentos en Quibdó; e incluso municipios como Bagadó, que no poseen la totalidad de documentos públicos porque “se la llevó el río”, y mientras tanto no existen mecanismos para hacer veeduría a programas sociales altamente cuestionados en dicho departamento. Sin embargo, son lo chocoanos quienes tienen la última palabra frente a la gestión de sus representantes.
Ahora bien, la continuidad o no de Jhoany Carlos Alberto Palacios en la Cámara de Representantes, está en las manos del Consejo de Estado. Por el momento el Consejero Ponente, Luis Antonio Rodríguez deberá estudiar el caso para posteriormente discutir en conjunto con la Sala Especial de Investidura, la ponencia que presente Rodríguez. La fecha de citación aún no ha sido definida. Así las cosas, el congresista sigue ocupando su curul hasta que se emita una notificación formal ante la Corporación en cuestión.
En caso de presentarse dicho escenario, el escaño de Palacios sería ocupado por el siguiente candidato con mayor número de votos obtenidos en las legislativas y perteneciente al Partido Liberal, en tanto que esta fue la agrupación política que avaló al representante; este sería, Omar Francisco Vidal Rojas, quien actualmente es secretario del Interior de Chocó, cargo al que tendría que renunciar en caso de aceptar una silla en el legislativo.
Por lo pronto, con dos curules en la Cámara de Representantes y múltiples obstáculos por mitigar, el Chocó enfrenta un doble desafío: uno, el posicionamiento de agendas regionales en la esfera nacional a través de representantes que incidan efectivamente; y dos, la presencia de políticos cuestionados e incluso con inhabilidades impuestas por entes de control, cuya labor parlamentaria podría quedar en entredicho, en términos del impacto real para el departamento.
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