Por: Camilo Díaz Suárez, Investigador nacional
Línea Democracia y Gobernabilidad
Tras un proceso lleno de vicios y con varios tropiezos, la Comisión Accidental Conjunta de Senado y Cámara de Representantes eligió, por tercera vez, una lista de 10 aspirantes para definir quién ocupará el cargo de contralor general.
Pese a que el pasado mes de julio un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó que se debía rehacer la lista de los 10 finalistas, por no cumplir los principios de mérito y equidad de género, y que esta lista se volvió a diseñar, nuevamente, por la Comisión Accidental encargada de este tema del Congreso 2018-2022; el presidente del Senado, Roy Barreras, emitió una resolución para rehacer, otra vez, la lista de los 10 aspirantes.
De acuerdo con Barreras, el proceso contaba con irregularidades y para la conformación de la lista no se tomaron los principios establecidos en la Resolución 001 de 2022 de transparencia, mérito y género para la conformación de la lista de finalistas.
Por esa decisión el Pacto Histórico recibió críticas de diversos sectores, al considerar que la reconfiguración de la lista es irregular y tendría el propósito de garantizar un contralor afín al gobierno de Gustavo Petro. Incluso desde el interior del Pacto Histórico hubo críticas a la conformación de una nueva Comisión Accidental.
La irregularidad respecto a la recomposición de la lista de 10 aspirantes a contralor general tiene que ver con que la Ley 1904 de 2018, que establece las reglas de elección del contralor general, dicta que esta debe ser conformada por una Comisión Accidental del Congreso del periodo anterior al que debe hacer la elección. En este caso, por una Comisión Accidental del Congreso que terminó sus funciones el pasado 20 de julio.
Pese a ello, con la Resolución 001 del 01-08-2022, se reintegró una Comisión Accidental para reconformar la lista de 10 aspirantes a contralor general. Ante el llamado a algunos senadores y representantes a la Cámara para conformar esta Comisión, varios renunciaron a ello por el temor a incurrir en un prevaricato, es decir, actuar de forma arbitraria a pesar de ir contra la ley o ser injustos. Además de ello, directamente los partidos de Cambio Radical y Centro Democrático se negaron a participar del proceso de conformación de la Comisión Accidental.
A pesar de esto, Roy Barreras y el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, hicieron la conformación de la Comisión Accidental que ayer, 4 de agosto, eligió la lista de 10 finalistas para el cargo de contralor general. Sin embargo, por las posiciones de algunos congresistas y de los partidos políticos mencionados en el anterior párrafo, esta elección se hizo con la participación de 25 congresistas de 36 que lo debían hacer. Sumado a ello, de los 20 preseleccionados, entre 4 renuncias y algunos que no se presentaron, la selección se hizo sobre 13 posibles opcionados.
Miembros del Senado en la Comisión Accidental
Por el Pacto Histórico estaban Alexander López, Gloria Inés Flórez, Isabel Cristina Zuleta y Clara López; por la Alianza Verde estaban Gustavo Adolfo Moreno e Inti Asprilla; por el Partido Conservador, Germán Blanco y Liliana Benavides; por el Partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón y John Jairo Roldán; por el Partido de la U, Berner León Zambrano y Norma Hurtado Sánchez; por Comunes estaba Sandra Ramírez y por la ASI, Berenice Bedoya.
De Cambio Radical estaban citados Jorge Enrique Benedetti y Carlos Abraham Jiménez, mientras que del Centro Democrático se citaron Honorio Henríquez y Enrique Cabrales Vaquero, los cuales no asistieron a la sesión y, por tanto, no emitieron su voto.
Miembros de la Cámara de Representantes en la Comisión Accidental
En cuanto a la Cámara, estuvieron presentes 14 representantes de los 18 que conformaban la Comisión. Los representantes Carlos Edward Osorio, del Centro Democrático; Bayardo Betancourt, de Cambio Radical; Jorge Cerchiaro, de Colombia Renaciente y Miguel Polo Polo, del Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo, no se presentaron a la elección de los finalistas. Cabe mencionar, que la representante Jennifer Pedraza hizo presencia, pero se abstuvo de participar del proceso. De esta forma, en total participaron solo 13 representantes, de 18 que estaban designados para hacerlo.
Los 10 aspirantes a Contralor General
Pese al cuestionado proceso de reconformación de la lista de 10 aspirantes, de acuerdo a la ponderación de experiencia laboral, publicaciones, prueba de conocimientos y entrevista, el listado de finalistas para ocupar el cargo de Contralor General quedó así:
Carlos Hernán Rodríguez Becerra: 89.87
Andrés Castro Franco: 89.21
Víctor Andrés Salcedo Fuentes: 85.45
Carlos Fernando Pérez Gélvez: 84.26
Elsa Yazmín González Vega: 83.11
Luis Fernando Bueno: 81.91
Luis Carlos Pineda Téllez: 81.41
María Fernanda Rangel Esparza: 81.10
Diana Carolina Torres García: 72.56
Mónica Elsy Certain Palma: 72.24
Como ya había señalado la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), de la lista de final destacan algunos nombres por irregularidades que los acompañan. Uno de ellos es Andrés Castro, excontralor de Bogotá y cercano a Juan Carlos Granados, señalado de beneficiar a Odebrecht; y Carlos Fernando Pérez, excontralor de Santander, señalado de ser hombre de confianza y cercano a Hugo Aguilar, condenado por parapolítica, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, y al clan Aguilar. Además, la Fiscalía notificó que tiene procesos inactivos por los delitos de concierto para delinquir, inasistencia alimentaria y amenazas.
A estos nombres hay que sumar el de Carlos Hernán Rodríguez Becerra, que sería el aspirante más cuestionado. Abogado de la Universidad Santiago de Cali, especializado en derecho administrativo y magíster en derecho constitucional, ha sido concejal de Palmira, diputado de la Asamblea Departamental del Valle (2001-2003), miembro del consejo directivo de la Caja de Compensación Familiar del Valle, secretario de planeación de la Gobernación del Valle, contralor departamental del Valle, defensor regional del Pueblo, director nacional de defensoría pública de la Defensoría del Pueblo. Su cargo más importante fue cuando fue nombrado como auditor general en 2017.
Durante su trayectoria se destaca la cercanía política que ha tenido con Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle, destituido e inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos por 10 años. En 2008, Carlos Hernán Rodríguez inscribió la candidatura de Abadía por el movimiento ‘Por un Valle seguro’, de la mano con Juan Carlos Martínez, condenado por parapolítica. Tras el apoyo de la candidatura de Abadía fue cuando llegó a ser contralor departamental del Valle (2008-2011), investigando a quien había apoyado. Esa cercanía cobra relevancia al tener Abadía procesos en la Contraloría General, como señaló Yohir Akerman.
Tiene un proceso por peculado por apropiación que lo halló culpable e inhabilitó en 2016 para ejercer como abogado por 9 meses, aunque no se pudo consultar el motivo, al que habría que sumarle otro proceso penal con número 52835310400219950722601, por falsedad, hurto y abuso de confianza y que se resolvió en etapa de casación.
Otro nombre que ha sido cuestionado es el de María Fernanda Rangel, quien es la más opcionada en este momento para llegar a ser contralora general, ya que cuenta con el apoyo de los partidos tradicionales: Partido Conservador, el Partido Liberal, Cambio Radical y el Partido de la U, además de 15 de los 16 representantes de la curules de paz.
Sobre Rangel pesa un posible conflicto de intereses, toda vez que, como señala Luz Amanda Camacho, la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá (UAESP), Carlos Rangel Esparza, hermano de María Fernanda, es el accionista mayoritario del consorcio CGR-Bogotá, que desde 2010 ha prestado el servicio de operación en el relleno sanitario Doña Juana.
Según Camacho, en la Contraloría Distrital está vigente una auditoría por una denuncia penal interpuesta por la UAESP en contra de CGR-Bogotá, por peculado por apropiación, fraude a resolución y fraude procesal. Dicha auditoría fue confirmada por la Contraloría General el pasado mes de julio, señalando que, por ahora, es competencia de la Contraloría Distrital, por la concesión 344 de 2010. Sin embargo, es un caso que podría escalar, de acuerdo a los hallazgos, a la Contraloría General.
Sumado a ello, el senador Ariel Ávila la señaló por su inacción como directora de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría General, cuya función es “identificar el ciclo integral, desde la fuente hasta la ejecución, de los bienes, fondos o recursos públicos, del orden nacional y territorial”, en el escándalo de los Ocad-Paz. De acuerdo con el senador, no hubo acciones desde la DIARI sobre los recursos de las regalías. Respecto a esto, Rangel ha sostenido que se han emitido desde la dirección 300 alertas en proyectos que se encuentran en ejecución del Ocad-Paz.
Por otra parte destacan nombre que son cercanos a personajes cuestionados, como Elsa Yazmín González, quien desempeñó diferentes cargos administrativos en la Alcaldía de Itagüí, la Personería del mismo municipio y en la Auditoría General. Además, hizo parte de la Unidad de Trabajo Administrativo (UTL) del exalcalde de Itagüí, Andrés Trujillo, cuestionado por Pares por las múltiples irregularidades que acompañaron su administración. Esa cercanía con Trujillo es la que habría llevado a González a ser la contralora departamental de Medellín en 2020, fortín clave para el actual jefe del Partido Conservador.
A la lista de cuestionados también se añade Luis Carlos Pineda, señalado de ser uno de los candidatos del actual contralor, Felipe Córdoba. Tiene dos procesos por prevaricato por acción, de acuerdo con la Fiscalía, aunque él señaló que no ha sido notificado de ningún proceso.
Con este contexto de candidatos cuestionados, el próximo 19 de agosto en plenaria del Congreso, a saber, con la presencia de Senado y Cámara, se debe elegir al próximo contralor general. La elección se debe hacer por mayoría absoluta, es decir, por la votación de la mitad de los miembros del Congreso más uno. Esto implica que, al menos, el próximo contralor debe asegurarse 148 votos.