Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad
Se oficializó la salida de Omar Yepes de la presidencia del Partido Conservador, luego de que se conociera la intención de la bancada elegida del Congreso de no ser oposición al gobierno de Gustavo Petro, pues a su juicio eso riñe con los principios que defiende el partido.
Su reemplazo es Carlos Andrés Trujillo, el segundo elector del conservatismo, quien habría liderado los acercamientos con Petro durante la campaña de la segunda vuelta presidencial y posteriormente para hacer parte del acuerdo nacional del Pacto Histórico. Trujillo se hizo reelegir como senador y pasó de ser la cuarta votación del partido en 2018 a la segunda en 2022, por detrás de la heredera de la parapolítica, Nadya Blel. Ha ido construyendo una carrera política que hoy lo pone a ser la cabeza de la segunda bancada más numerosa del Congreso. Pero, ¿quién es Carlos Andrés Trujillo?
Trujillo es antioqueño, contador público de profesión y llegó al Congreso en 2018, después de ser alcalde de Itagüí entre 2012 y 2015. Al Congreso llegó con casi 89.000 votos y en 2022 obtuvo casi el doble: 162.165, un crecimiento impresionante para cualquier congresista. Su fortín electoral, por supuesto, está en el municipio del que fue alcalde, Itagüí. Allí ha obtenido en ambas elecciones un poco más de 24.000 votos. Y para aumentar su votación entre 2018 y 2022, se concentró en algunos nichos electorales en La Guajira, Sucre y Norte de Santander, donde en 2018 obtuvo muy pocos votos.
Así, por ejemplo, en La Guajira pasó de 514 a 21.628 votos. Un comportamiento altamente atípico. Allí tuvo como fórmula en Cámara a Juan Loreto Gómez Soto, el hijo de la exrepresentante (2018-2022) conservadora María Cristina Soto, investigada por presunta compra de votos, y particularmente en Uribia, donde Trujillo pasó de 55 a 10.743 votos. Caracol Radio denunció que durante la campaña se habrían prometido tierras a cambio de votos para Loreto y Trujillo. Allí Trujillo habría hecho gestiones para la asignación de recursos por parte del Invías, para pavimentación.
En Sucre pasó de 695 a 11.747 votos y allí su fórmula para Cámara fue Luis Suárez Chadid, a quien el propio alcalde de Sincelejo le hizo campaña. En Norte de Santander, por su parte, pasó de 2.560 a 8.772 votos, en esta región su fórmula fue Ciro Rodríguez, quien resultó salpicado en el escándalo de Odebrecht por declaraciones del condenado senador Bernardo “el Ñoño” Elías.
Ahora bien, Trujillo lleva años haciendo de Itagüí el municipio de su entero dominio. Con su apoyo se han hecho elegir los dos siguientes alcaldes, León Mario Bedoya, quien se ha distanciado recientemente de él; y el actual alcalde José Fernando Escobar, su gerente de campaña en 2012 y quien fue el secretario de infraestructura de su administración. Escobar renunció a la secretaría para ser el gerente de campaña de León Mario y después volvió a ocupar la misma secretaría. Más adelante se convirtió en alcalde.
El poder de Trujillo se ha extendido dentro y fuera de las fronteras itagüiseñas. Como lo señaló La W, las cuotas de Trujillo en la alcaldía de Itagüí son muy visibles. Su primo, Daniel Esteban González, es director de Desarrollo Económico y Natalia Trujillo González, quien sería su hermana, fue asesora TIC de León Mario Bedoya y hoy sigue siendo asesora de la Alcaldía de Itagüí.
De su cuerda política también hacen parte: el diputado Jaime Cano, el concejal Lucas Cañas y la contralora departamental de Antioquia, quien antes fue contralora de Itagüí, Enedith del Carmen González. Casualmente, en el concurso para contralor en Antioquia se denunciaron presuntas irregularidades en la custodia de exámenes. La anterior contralora de Antioquia, Elsa Yasmín González, también es cercana a Trujillo y hoy hace parte de la lista de diez personas que aspiran a ser la o el próximo contralor de la República.
Aunque son múltiples las denuncias que reposan en los organismos judiciales contra el senador Trujillo, la mayoría por sus actuaciones siendo alcalde de Itagüí, en al menos dos los fiscales hicieron la solicitud de imputación de cargos (y al menos en una solicitud de medida de aseguramiento), pero se echaron para atrás. Uno de los procesos es por el delito de prevaricato por omisión y el otro por interés indebido en la celebración de contratos. En ambos casos la imputación se solicitó en octubre de 2015, pero a las semanas los fiscales retiraron la solicitud.
La defensa de Trujillo alegó falta de garantías y logró que se trasladaran los casos a Bogotá, donde quedaron inactivos en 2017. Según Caracol Radio, detrás de los traslados habría estado el entonces fiscal Eduardo Montealegre.
Los principales denunciantes de Trujillo en su paso por la Alcaldía de Itagüí fueron concejales que durante su mandato se opusieron a su gobierno, algunos de los cuales incluso denunciaron amenazas de muerte en su contra, pero la astucia del ahora hombre más poderoso del conservatismo ha hecho que algunos de sus detractores políticos acaben trabajando con o para él. Es el caso de Carlos Mario Martínez, quien había interpuesto al menos dos denuncias contra Trujillo y acabó haciéndole campaña al Congreso:
Una de las denuncias que se hizo contra Trujillo fue la de utilizar dineros públicos para beneficiar presuntamente a miembros de la Policía Nacional. Para ello, la Alcaldía de Itagüí, siendo Trujillo alcalde, habría contratado el alquiler de una casa en uno de los sectores más exclusivos del municipio “para promover asuntos de seguridad ciudadana”. En esa casa acabaron viviendo dos mayores de la Policía, el mayor Quintero y el mayor Obando.
El historial del mayor Quintero es particularmente preocupante. Fue capturado en 2014 por presuntos nexos con grupos paramilitares mientras ejercía en Santander y al momento de su captura había dejado Itagüí dos meses antes para llevar a cabo el curso de ascenso. Según El Tiempo, un mes después recobró la libertad, pero quedó vinculado a la investigación. En 2016, una Fiscalía adscrita a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario lo vinculó con un caso por “falsos positivos”, pues profirió medida de aseguramiento contra Quintero Salazar por presunto homicidio agravado. Los hechos por los que se le acusó están relacionados con las muertes de Johnny Eduardo Soto y Robinson Cala, cuando Quintero era subteniente en el municipio de Sabana de Torres, Santander. Hoy Quintero Salazar es el subcomandante de la Policía de Cali.
Del mismo modo, otra denuncia es acerca de la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí (ADELI). ADELI fue creada “a la carrera” por Luis Guillermo Pérez, alcalde encargado de Itagüí en 2011, en el penúltimo día de su mandato y quien en ese entonces ya se consideraba cercano a Trujillo. El nombramiento de Pérez en su momento causó polémica en el municipio antioqueño, pues se consideró como un guiño a la candidatura de Trujillo (después sería su secretario de salud).
Cuando llegó a la alcaldía en 2012, Trujillo le solicitó al Concejo facultades pro témpore para transformar ADELI. Con el decreto 1309 de 2012 la hizo una empresa industrial y comercial del Estado del nivel descentralizado, lo que le permitiría firmar convenios y vender bienes del municipio mediante la entidad, así como desarrollar proyectos de renovación urbana. La transformación de ADELI a la postre fue declarada nula en fallos de primera y segunda instancia.
Finalmente, hay que señalar la cercanía ya conocida entre Carlos Andrés Trujillo y el coordinador del empalme del sector justicia del gobierno entrante, quien suena como próximo ministro de Justicia, y a quien se le han hecho acusaciones por presunto plagio, Guillermo Reyes. Como denunció Yohir Akerman, Reyes, a través de su firma y como persona natural, ha tenido varios contratos por años con la Alcaldía de Itagüí, tanto cuando Trujillo fue alcalde, como con sus sucesores lo fuerom, que le responden políticamente a él.