Por: Redacción Pares
Foto tomada de: El Nacional
El viernes 9 de febrero la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel estaba a punto de dejar Venezuela, se disponía a tomar un avión en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas cuando fue detenida por el régimen de Maduro. Durante 72 horas no se supo de ella. Estuvo incomunicada. Sin demasiadas pruebas fue acusada de encabezar un golpe que buscaba asesinar a Nicolás Maduro. Su familia también fue detenida por unas horas.
Este atropello levantó las voces de Aminstía Internacional y de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. La respuesta del régimen no pudo ser más violenta. A través del canciller Yvan Gil, se anunció que el gobierno venezolano suspendería las actividades de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos en Venezuela. Esta oficina estaba desde el 2019 en el país, arrancó con dos funcionarios y ahora ya tenía trece. Era una oficina con muy bajo perfil, con limitaciones en cuanto a trabajo en terreno y en la efectividad que podría tener a la hora de resolverle los problemas a las víctimas.
Y con las uñas igual trabajaban. Se hizo un recorrido por varias cárceles del país ya que el hacinamiento en ellas es otro de los males en materia de derechos humanos que tiene ahora Venezuela. Se mantenía un contacto directo con funcionarios, voceros y representantes de las Instituciones Públicas.
Oscar Murillo, nuevo coordinador general de Provea, da su opinión sobre este nuevo golpe a las libertades en el vecino país: “Esta salida abrupta profundiza la desprotección de las victimas en el país y genera un corto circuito de mediación con el sistema de desprotección con derechos humanos. Evidentemente es un retroceso, más allá de las diferencias y el desempeño de la oficina”.
Para el canciller Gil esta oficina “es una caja de resonancia de la oposición más extrema del país”. Y además se refirió a la ONU como una institución “colonialista”.
Mientras tanto esta oficina contestó ante esta nueva afrenta: “Seguimos colaborando con las autoridades y otras partes interesadas. Nuestro principio rector ha sido y sigue siendo la promoción y protección de los derechos humanos del pueblo de Venezuela”.
La persecución hacia la oposición política y civil a lo que ellos llaman Revolución Bolivaria es una constante en Venezuela. El caso de la detención arbitraria de Rocío Sanmiguel y la posterior expulsión de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, es una muestra de su talante autoritario y déspota.