Por: Luis Eduardo Celis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de Pares
Colombia ha vivido en toda su historia republicana una persistencia de una acción violenta organizada que tiene profundas raíces en nuestro ordenamiento social y político, caracterizado por lógicas autoritarias, excluyentes y por su incapacidad de lograr, al menos hasta el presente, un pacto de convivencia democrático. Salir de exclusiones y autoritarismos, y tener realmente un Estado democrático y de derecho —como el formulado hace treinta años en el proceso constituyente del 91, que firmado un 4 de julio de ese año— sigue siendo un reto presente.
La semana pasada fue atacado el helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque junto a los ministros de Defensa y del Interior. Si hubiera sido un ataque efectivo, no imaginamos las profundas consecuencias que esto habría tenido en esta precaria democracia. Con seguridad estaríamos en un escenario de caos y profundización de las violencias. Afortunadamente, este es un llamado a la seguridad del presidente, que, por supuesto es una prioridad de interés nacional, así como lo es la seguridad y la vida de todas las personas líderes de primera línea sin importar su postura política. Todo ataque contra la dirigencia social y política debe ser prevenido.
Las dinámicas de violencia organizada se mantienen de manera preocupante en cerca de doscientos municipios: allí están los desafíos más delicados en materia de seguridad, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y construcción de democracia. Esas regiones coinciden con la geografía de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que quedaron en el Acuerdo de Paz firmado, en el 2016, entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, y que este gobierno no cumple de manera cabal. Como ya se ha dicho, hay una simulación de cumplimiento, pero los recursos invertidos y la acción del Gobierno no se corresponde con la tarea que hay que hacer.
Sigue siendo un reto superar las violencias organizadas que persisten en Colombia y que, afortunadamente, hoy son mucho menores a las que existían hace veinte años cuando teníamos una geografía de la violencia que representaba el doble o más de lo que hoy tenemos. Y también la intensidad de la victimización era, por mucho, de mayores proporciones: solo recordemos que, en la época de mayor intensidad de la lucha contra las FARC-EP, teníamos quinientos militares y policías muertos, y mil quinientos heridos. Hoy esa situación no se da en esa intensidad: estamos en menos de setenta militares y policías asesinados, y en cerca de ciento cincuenta heridos, lo cual sigue siendo, de todas formas, preocupante.
Superar las violencias organizadas implica asumir las raíces en que ellas mantienen sus vigencias. Hace décadas sabemos lo que hay que hacer, pero hay una fuerza política que se ha opuesto a ello de manera tenaz y decidida: esa fuerza hoy se llama el “uribismo” y la conforman quienes no tienen interés en hacer las tareas que hay que hacer y que van contra sus intereses. Ya lo hemos dicho: el uribismo no tiene interés en transformar el desigual mundo rural ni en transformar la forma autoritaria y llena de corrupción y ventajismos en que se desarrolla la competencia política, y mucho menos en cerrar la fracasada guerra contra las drogas, que promueve la multiplicidad de mafias que están involucradas con las violencias pasadas y presentes. En estas dinámicas es que persiste la violencia organizada. Y aunque poco a poco hemos ido tratando de hacer las tareas necesarias para su superación, falta una fuerza social y política que haga las tareas que el uribismo no asume y que explican su persistencia en un discurso de seguridad y supuesta legalidad democrática que evade las raíces de todos estos desafíos.
Ahora que se cumplen cincuenta años desde que el presidente lanzó la fracasada guerra contra las drogas, debemos seguir insistiendo en que para Colombia lo prioritario es liderar con quienes coincidimos, en el mundo, en la necesidad del cierre de esta fracasada política y escuchar el mensaje que las drogas nos han enviado hace ya un buen tiempo: “las drogas mandan a decir que ya ganaron la guerra”.
Ahora que estamos entrando de lleno en el debate presidencial, debemos insistir en que hay muchas guerras por cerrar y un Estado que debe crecer en medio de un ambiente democrático, saliendo de este aire de autoritarismos y violencias persistentes que cada día aniquilan vidas en esta dura Colombia.