Por: Guillermo Segovia. Columnista Pares.
Los recientes resultados políticos y electorales en América Latina parecieran indicar que, antes de lo esperado, la izquierda está retornando al manejo del gobierno luego de la, en apariencia, avasalladora reacción de la derecha para cortar el ciclo progresista de comienzos de siglo, que sin distingo de caracterizaciones y radicalidad, los medios y propagandistas adversos de aquella corriente con acento social englobaron en la denominación imprecisa y confusa de “Socialismo del Siglo XXI”, que reivindicaron Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, e, incluso, Ecuador bajo Correa, pero, a pesar de su cercanía, menos beligerantes, no asumieron Luis ‘Lula’ Da Silva y su sucesora Dilma Rouseff en Brasil, la pareja de los Kitchner en Argentina, Vásquez-Mujica en Uruguay y la moderada Michelle Bachellet en Chile.
En este último país, con un imponente respaldo del 78% de los votantes al Sí en el referéndum por la derogatoria de la Constitución herencia de la dictadura de Pinochet, con la que gobernaron sucesivamente derecha y centro durante cuatro décadas, el movimiento social -dinamizado por los estudiantes desde comienzos de siglo- luego de la insubordinación de octubre de 2019, dio un primer campanazo de despedida al modelo neoliberal de crecimiento económico con desigualdad, democracia contralada y futuro incierto, imperante.
Un triunfo con enormes expectativas puesto que, si bien, el actual Congreso queda marginado de la Convención Constituyente paritaria que elaborará la nueva carta magna, los partidos tradicionales, adeptos de la dictadura o los que integraron la concertación posterior, están habilitados para la competencia por escaños frente a una representación popular juvenil activa en las calles pero ahora impelida de organizarse en función de traducir el descontento nacional en fuerza electoral que imponga mayorías para orientar el proceso y cumplir las expectativas de transformaciones que anima el espíritu de los últimos meses.
Existe el riesgo que las organizaciones partidarias, duchas en eventos electorales y manejos mediáticos, logren hacerse al escenario o constituirse en freno a propuestas de cambios de carácter político, social y económico, más aun cuando los acuerdos políticos impulsados por el gobierno derechista de Sebastián Piñera -quien al inicio reprimiera y denostará acremente la protestas y ahora se proclama promotor de la renovación- para la convocatoria el referéndum implicaron la imposición de varias limitaciones al alcance del ejercicio constituyente. Pero una salida así, con un pueblo empoderado, será un sainete que los “cabros” no se dejarán montar.
La contundente victoria de Luis Arce y David Choquehuanca en Bolivia, tras un año de gobierno espurio nacido de una conjura de la derecha interna y continental -con simpatía en Colombia- en contubernio con el secretario de la OEA, que manipuló los resultados electorales de año 2019 que dieron como ganador a Evo Morales para un cuarto período continuo, demostró, a diferencia de lo pretendido por la alianza golpista, la fuerza del proceso de cambio de raigambre popular que incorpora a los pueblos indígenas y sectores subalternos resueltos a profundizar el proyecto de nación pluriétnica, anticolonial y de justicia social iniciado por Morales, en medio de las dificultades económicas provocadas por la pandemia y los posibles manejos antinacionales del mandato dictatorial transitorio que cogió relajado al movimiento popular.
En Argentina, ahogada por la deuda externa, la quiebra y la crítica herencia social del gris liderazgo neoliberal de Mauricio Macri, el peronista de Alberto Fernández en fórmula con la expresidenta Cristina Kitchner, tras una arrolladora y sorpresiva victoria con un programa popular, se posesionó para lidiar la pandemia el Covid 19, con uno de los más largos confinamientos del mundo y sus implicaciones, y afrontar negociaciones favorables con el FMI. Las cifras iniciales de su aceptación han ido cediendo por efectos de la crisis, ante la cual es escaso su margen de maniobra, pero se le reconoce el acento social de su gestión, a prueba en un trance difícil.
En el extremo norte Andrés Manuel López Obrador (AMLO) del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cumple su segundo año del sexenio de gobierno acosado por demandas de cambios acordes con las expectativas generadas por el primer gobierno de izquierda de México, el acoso de una prensa empresarial adversa y las consecuencias del manejo de la pandemia, frente a la cual fue reticente en sus inicios, evitando imponer confinamientos que afectaran a la alta población que vive de la informalidad, pero con una caída notoria de la economía.
Persiste en su cruzada anticorrupción que inició con gestos de austeridad en el gasto público, continuo con la inclusión constitucional de la extinción de domino y por la que promueve una consulta nacional que apruebe el enjuiciamiento de sus antecesores. Un robusto pero progresivamente aminorado plan de transferencias directas a jóvenes, ancianos, madres cabeza de hogar y personas con habilidades especiales, convertidos en derechos constitucionalizados, conforman su política social “Desde abajo” para enfrentar la pobreza sin implicar hasta ahora cambios estructurales, no obstante que prometió sepultar el neoliberalismo.
Con el petróleo y las remesas de migrantes en EE.UU. como principales fuentes de ingresos y proyectos como “El tren maya”, que atravesaría importantes centros arqueológicos, causas como la lucha contra el cambio climático, el ecologismo y las energías alternativas son consideradas por AMLO “izquierdismo radical”, distanciando a este sui géneris líder popular de concepciones más avanzadas del campo progresista en el continente. Con EE.UU. mantiene una solución pragmática en materia económica, al costo de dar la espalda a la emigración centroamericana pero garantizar la supervivencia de 30 millones de compatriotas al norte del río Bravo.
No obstante la agresividad en el desconocimiento de derechos, el despliegue machista, militarista y armamentista, el impulso a la depredación de la Amazonía, el desafío atorrante de la pandemia, en el Brasil de Bolsonaro no se asoma con fuerza la conjunción de fuerzas que reivindique y empuje al Partido de los Trabajadores, luego que las tácticas de la guerra jurídica de la derecha pusieron en la cárcel a ‘Lula’ y fuera de la presidencia a Dilma Rousseff. Consecuencia también del alejamiento del PT en el gobierno de sus bases, de haber generado desencanto y no provocar aun nuevos entusiasmos.
En Ecuador, el impacto social de un acuerdo de estabilización pactado con el FMI tensiona el ambiente. Antes de la pandemia y en coincidencia con los levantamientos sociales de Colombia y Chile, los indígenas con sus ponchos rojos se hicieron sentir llevando su palabra al palacio de gobierno para rechazar medidas económicas neoliberales. Un debilitado, desprestigiado y supeditado Lenín Moreno, en el gobierno gracias a la traición al respaldo de la revolución ciudadana de su antecesor y mentor Rafael Correa, por ahora inhabilitado por los tribunales pero con respaldo popular, podría haber sido una interrupción amarga, en un proceso de cambio que augura nuevos rumbos con protagonismo de los pueblos originarios.
Cuba exhibe la fortaleza institucional y social de su proceso socialista, único en América, pero no dejan de generar preocupación los efectos del endurecimiento del bloqueo por Trump en la búsqueda de abrir espacio al descontento por carencias a lo que se suma el cada vez más reducido apoyo petrolero y en los intercambios de Venezuela. No obstante, ha sido admirable como enfrentó los efectos de la pandemia y huracanes preservando la vida de los suyos, apoyando a otros países con su personal sanitario e intentando contribuir con la búsqueda científica de alternativas y soluciones.
Colombia se acerca a las elecciones presidenciales de 2022 con inmensas expectativas de una inflexión histórica en el gobierno. El descontento económico y social, agudizado por los efectos de la pandemia en el empleo y las condiciones de vida, el comportamiento del gobierno como una administración en favor del gran capital, demagógica, dependiente e insensible, el desprestigio y caída de popularidad de Uribe y su corriente política. Imagen: Pares.
Venezuela intenta relegitimar su opción a través de un nuevo proceso electoral en el que un sector de la oposición agotado y hastiado de una confrontación contra el régimen que, a pesar de sanciones económicas y diplomáticas, con el liderazgo insidioso de Colombia, ha resultado infructuosa. Nicolás Maduro se sostiene con el respaldo de las Fuerzas Armadas, concentración de poder, déficit democrático, represión, enormes dificultades económicas, escases de combustibles en un país petrolero, pero con apoyo popular derivado de programas sociales y adherencia al legado ideológico y político del chavismo. A diferencia del resto de Latinoamérica, Argentina y México son adversos a salidas a la apremiante situación, distintas a las que establezcan los venezolanos con el concurso del gobierno actual.
En la consolidación, trasegar y posibilidades de ese viraje latinoamericano hacia opciones con objetivos sociales y participativos se torna determinante el resultado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Pareciera que la procacidad supremacista y los desafiantes desvaríos pendencieros de Donald Trump a los derechos, la mujer, las minorías, la ciencia y las instituciones democráticas, no obstante el apoyo de la derecha racista, han desatado la reacción electoral democrática en apoyo a la agenda liberal de Joe Biden. Del relevo en EE.UU. dependen, en buena medida, las posibilidades de nuevos horizontes o la dependencia inestable y virulenta de América Latina.
Venezuela intenta relegitimar su opción a través de un nuevo proceso electoral en el que un sector de la oposición agotado y hastiado de una confrontación contra el régimen que, a pesar de sanciones económicas y diplomáticas, con el liderazgo insidioso de Colombia, ha resultado infructuosa. Imagen: Pares.
En este panorama, Colombia se acerca a las elecciones presidenciales de 2022 con inmensas expectativas de una inflexión histórica en el gobierno. El descontento económico y social, agudizado por los efectos de la pandemia en el empleo y las condiciones de vida, el comportamiento del gobierno como una administración en favor del gran capital, demagógica, dependiente e insensible, el desprestigio y caída de popularidad de Uribe y su corriente política, parecen augurar que, tras la disputa en segunda vuelta en las elecciones de 2018, los cambios en las grandes capitales y el Paro N21 en 2019, y la movilización social en curso, será la hora de una gran alianza progresista.