Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
En la primera semana de marzo, el expresidente, Álvaro Uribe, lanzó a la opinión pública la propuesta de que, al menos “un millón de antioqueños” deberían comprometerse a donar o prestar “un millón de pesos” para financiar las vías del departamento de Antioquia. El exmandatario le propuso a la ciudadanía que “enfrentara este desafío cívico” con determinación, como una manera de hacerle frente a las dificultades financieras que tiene el territorio hoy para finalizar algunas obras de infraestructura.
Esto se traduce, en términos de cifras, que una séptima parte de las antioqueñas y antioqueños —según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) en 2024 los habitantes de Antioquia suman 6.90 millones— aporten un billón de pesos en recursos. Los cuáles serán utilizados para concluir las inversiones en las autopistas de cuarta generación (4G) del departamento, en especial, en dos tramos del Túnel del Toyo, que es la vía que comunica a Medellín con el Urabá Antioqueño.
Esta idea, a la que le falta aún estudios de viabilidad y mucho realismo —pues ignora las condiciones socioeconómicas de la población que habita el departamento de Antioquia en pobreza y desigualdad—, viene siendo apoyada por varias personas. El primero fue el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, quien dijo que la consideraba una “Excelente iniciativa” y que sin duda “la sacaremos adelante”. Además, por el partido Centro Democrático y por algunos empresarios de la región.
A pesar de que está idea del exmandatario, según los que apoyan esta propuesta, “no es para nada descabellada”, hay que decir que su opinión se basa en un sesgo mental. Aquel que se produce cuando pensamos rápido —como lo advierte el nobel de economía Daniel Kahneman—. Para la gente resulta muy sencillo pedir “un milloncito de pesos, que es casi nada”, sobre todo a una población rica como la antioqueña, la cual aporta el 15,1% del Producto Interno Bruto (PIB) —ocupando el segundo puesto después de Bogotá—; además, en un territorio donde es tan fácil encontrar familias con altos ingresos y muy atentas a escuchar la sugerencia del líder político.
Pero cómo lo advierto estamos ante un engaño mental, que con facilidad se puede desvirtuar acudiendo a la realidad. Cuando se revisan las cifras del departamento podemos ver que nos encontramos frente a un territorio con altos niveles de pobreza y desigualdad. En términos de pobreza monetaria, Antioquia presentó en 2023 un porcentaje de las personas o familias del 28,8% en incapacidad de alcanzar ingresos adecuados para cubrir sus necesidades básicas, como alimentación, vivienda, educación y atención médica.
Y si consideramos solo la alimentación, veremos como el porcentaje de hogares en situación crítica se eleva. Según las cifras de Antioquia Cómo Vamos —que son las mismas que usó los miembros de la Asamblea Departamental de Antioquia para cambiar recientemente la destinación del impuesto vehicular a programas de alimentos—, este territorio albergó en 2023 a 490.000 hogares bajo inseguridad alimentaria, lo que equivale al 60% de los hogares, o en términos proporcionales siete, de cada diez hogares antioqueños, sufrieron de hambre. Además, 400 mil adultos mayores se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
En cuanto a la desigualdad, que se mide generalmente usando el Coeficiente Gini —este se mide con valores que van entre 0 y 1, siendo 0 una distribución totalmente igualitaria (todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos) y 1 una distribución totalmente desigual (todos los ingresos los tiene una sola persona)— el departamento tiene uno de las medidas más altas inequitativas del país, tanto en ingresos y riqueza como tierra.
En la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), que se realizó en 2022, Antioquia ocupó el sexto departamento con más desigual de Colombia, en términos de ingresos según el Coeficiente de Gini. La cifra para el departamento fue de 0.4645. Lo que significa que en Antioquia hay municipios como Envigado —que es el segundo más rico en Colombia, después de Chía, Cundinamarca, con un ingreso, por 20 mil (USD 4 millones) millones de pesos (USD 20 millones) en 2020— con mucha abundancia; pero también, municipios muy pobres, en el Bajo Cauca, el Urabá y el Magdalena Medio, como Vigía del Fuerte o Murindó
donde la inseguridad alimentaria está por encima del 70%.
Es decir, la evidencia empírica muestra a un departamento de Antioquia que se caracteriza por tener una situación crítica de pobreza y desigualdad. Donde habita una población que, incluso en su capital —el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín—, el 59% de la gente carece de al menos una comida diaria. Un departamento que a pesar de dar la apariencia de contar con una población con riqueza material alta —pensar rápido— se presenta con serias carencias en alimentación, educación, salud y servicios públicos, entre otros bienes y servicios.
De allí que cabe la pregunta a los proponentes del millón de pesos para la vías 4G: ¿de dónde sacarán los donantes? Pues restando los 5 millones de personas que aguantan hambre en el departamento —con los cuales sería injusto contar en esta propuesta—, quedan menos de dos millones de antioqueñas y antioqueños que, aunque no están en situación de inseguridad alimentaria, muchos de ellos se caracterizan por tener empleos precarios, con ingresos cercanos al salario mínimo y con bajos estándares en calidad de vida.
Reconocer esta realidad les permitiría a los proponentes de la donación aterrizar su propuesta, concretar el estudio de prefactibilidad y darse cuenta que el “milloncito de pesos” es una cifra descabellada para una población donde la mayoría de las familias sufren de hambre. Además, es una propuesta inoportuna, en especial, en un año como estos, donde el crecimiento económico será muy bajo y la pobreza monetaria extrema aumentará en las zonas rurales debido al cambio climático que estará provocando estragos.
Finalmente, la propuesta del millón de pesos es populista. Estamos frente a una pelea política entre el gobierno departamental y el nacional, entre una postura por fortalecer el federalismo fiscal y debilitar el centralismo. El dinero que se está invirtiendo en los 10 megaproyectos 4G que hoy pasan por Antioquia es enorme —según el Gobierno Nacional entre este año y 2040 se proyecta una inversión de $31,1 billones en las vías que se construyen en el departamento—, en comparación el billón de pesos que aportarían los antioqueños para cubrir el sobrecostos de los 700 mil millones que tiene el Túnel del Toyo.
*Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.